Se sostiene que en la democracia, como se entiende y se sostiene en las sociedades capitalistas, las leyes son iguales para todos sus ciudadanos, indistintamente de su clase por que nadie con un mínimo de inteligencia puede negar de que hay diferentes clases sociales o del lugar que ocupa en la sociedad. Negar que la […]
Se sostiene que en la democracia, como se entiende y se sostiene en las sociedades capitalistas, las leyes son iguales para todos sus ciudadanos, indistintamente de su clase por que nadie con un mínimo de inteligencia puede negar de que hay diferentes clases sociales o del lugar que ocupa en la sociedad. Negar que la democracia burguesa es la base de la sociedad capitalista, es negar los principios que emanaron de la revolución burguesa (Revolución Francesa) y que se sostienen desde entonces. Pero una cosa es que se sostengan estos principios (los igualdad, libertad y fraternidad) y otra, muy diferente y equidistante, es que se apliquen como debe ser. Antes de entrar al tema de fondo, la democracia y la aplicación de la justicia en Chile, me voy a referir a casos ocurridos en todo el planeta.
Como todos sabemos, los nazis fueron juzgados por sus crímenes de lesa humanidad en Nüremberg, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. A muchos de los responsables nazis se les aplicó la pena capital. A los responsables norteamericanos por los crímenes cometidos contra la población civil indefensa de Vietnam jamás se les ha llevado a una corte internacional de justicia y tampoco se les llevará. Y los crímenes contra la población de Vietnam todavía cobran víctimas entre los recién nacidos. Deformaciones, cáncer y otras dolencias son el resultado de las acciones criminales de los yanquis en general y en particular de los presidentes norteamericanos Nixon y Lindon Johnson. La guerra química (prohibida por la Convención de Ginebra) fue una acción criminal desde cualquier punto de vista. Ni siquiera los nazis llegaron a aplicar un arma de esa naturaleza. Los japoneses emplearon la guerra bacteriológica en gran escala contra el pueblo chino, pero la guerra química no la emp learon con tanta profusión como los yanquis. ¿Por qué razón estos criminales con mayúscula nunca son llevados frente a la justicia internacional? La respuesta la dejamos para más adelante. Ahora tenemos noticias de los crímenes cometidos por estos «hermanos del norte» contra los prisioneros en Afganistán y en Irak. Las torturas contra los prisioneros relegados en Guantánamo y en prisiones en esos dos países, amén de otras prisiones secretas escondidas en lugares que nadie conoce, así no puedan ser denunciados por las organizaciones que defienden los derechos humanos. Recientemente, Bush, uno de los peores canallas que ha tenido la humanidad, ha confirmado que apoya ese tratamiento inhumano a los prisioneros políticos relegados en esas cárceles.
El tratamiento a los crímenes cometidos por los miembros de los aparatos represivos del estado, es decir, las fuerzas armadas, policía y sistema carcelario y judicial, también tienen un trato preferencial. O bien se les libera de toda responsabilidad «por falta de pruebas» o se les declara inocentes de los crímenes y solamente culpables de «errores» técnicos. Tenemos el caso del asesinato de Vejllo, un joven drogadicto finlandés que fue ultimado por un policía sueco, el cual le quebró las costillas de su espalda al saltar sobre el cuerpo de su víctima con sus noventa kilos de peso, en circunstancias de que la víctima estaba esposado y tendido en el suelo. Se hizo la abducción del cadáver y el médico forense «no se percató» de las costillas quebradas que le habían dañado órganos vitales. Una segunda abducción por otro forense tampoco «vio» esto que estaba a la vista y nada de eso se escribió en el informe. Sólo una tercera abducción realizado por un nuevo forense y ante la pr esión de los familiares de la víctima «ubicó» las costillas quebradas. Los antiguos informes decían que no se podía establecer la causa de la muerte. ¡Muy curioso! ¿No? Después hubo que determinar las responsabilidades. El policía criminal fue sancionado en forma muy leve por «acción errónea en cumplimiento de su cargo». ¡Qué justicia! Admirable justicia en un país que dice ser uno de los más democráticos del mundo.
El asesinato del Mayor Iván Lavanderos Lataste ocurrido el 18 de octubre de 1973 en el casino de oficiales de la Academia de Guerra del ejército chileno es otro caso clásico de estos crímenes que «son errores técnicos o accidente» como quedó establecido en el sumario judicial hecho por una fiscalía de la justicia militar de Santiago de Chile. Lo extraño de la conclusión de la fiscalía militar está en que, hecho el peritaje del uso de la pistola que se usó para asesinar a Lavanderos, éste no tenía residuos de pólvora en sus manos, lo que demostraba que en ningún caso el Mayor Lavanderos había empuñado el arma que provocó su muerte. En cuanto al oficial de alta graduación y posteriormente miembro de la DINA, que se encontraba presente junto a Lavanderos y que era el dueño del arma, no se le hizo ningún tipo de peritaje, de manera que el asunto quedó totalmente en la penumbra, como un caso más de aquellos crímenes ocultos por los miembros del aparato represivo. Valga decir que I ván Lavanderos era un hombre contrario al golpe militar y que gracias a su ayuda más de 58 personas, todos ellos extranjeros exiliados en Chile, pudieron salir de su encierro en el Estadio Nacional, todo esto sin la autorización de la jefatura del Estadio. Jamás se supo el nombre del asesino porque fue ocultado a la opinión pública y sólo se habló de un lamentable accidente. ¿Y cómo es posible que ocurra un accidente de esa naturaleza sin que la víctima empuñe el arma homicida? Algo imposible de ocurrir. Ni siquiera podría explicarse en una novela de ciencia-ficción.
Otro caso extraño es el juicio que le siguió un consejo de guerra al Mayor Reveco que se encontraba a cargo de la zona de emergencia de Calama el día 11 de septiembre de 1973. Se le acusó de ser marxista porque el comienzo del gobierno de la Unidad Popular dijo simpatizar con esa agrupación política. Eso fue todo. Además que en calidad de fiscal militar en el consejo de guerra que se le siguió al ingeniero jefe de Calama Silverman, Reveco lo condenó a 16 años de prisión y no a muerte como quería Pinochet. Esos eran sus delitos. Reveco fue torturado en varias ocasiones y se le vejó en su condición de jefe para quebrar su psique. Después se le condenó a prisión por delitos que nunca existieron. Estos tribunales militares cometieron innumerables crímenes y la Corte Suprema se negó a actuar cuando fue requerida. Una aparato del estado protegía al otro aparato. Hay una cantidad enorme de ejemplos de como tanto la justicia militar como la civil se sentaron en las leyes que ellos mi smos promulgaron. Y todos servían a los mismos amos: Los capitalistas chilenos y los inversionistas norteamericanos.
Los crímenes cometidos por la famosa «Caravana de la Muerte» tampoco han sido aclarados. Los responsables cobardemente se han culpado mutuamente para evitar reconocer su participación en aquellos monstruosos crímenes. Uno de los peores y de mayor responsabilidad, el general Sergio Arellano Stark, nunca reconoció que estaba en conocimiento de esos hechos, cuando él era, nada menos, que el jefe de la Caravana. De manera que no sólo tenía que estar en conocimiento de esos abominables crímenes, sino que el mismo tiene que haber dado las órdenes de ejecución. De la forma como fueron ejecutados puede caber una ligera duda, ya que es totalmente inusitado ejecutar a un prisionero cortándolo en pedazos antes de darle muerte. El que más se ensañó con esa gente fue el que era mayor en ese tiempo, me refiero a Marcelo Moren Brito, más tarde jefe del campo de torturas «Villa Grimaldi». Allí se torturó y se asesinó a mucha gente. Sin embargo este criminal, cumple una pena minúscula compara da con los delitos cometidos por él. Todos aquellos que asesinaron, maltrataron de obra u de otra forma, violaron a mujeres, niñas y muchachos jóvenes, torturaron psíquica y físicamente son culpables ante la ley. Y culpables ante la ley militar. El código militar que regía en 1973 decía en uno de sus artículos (creo que era el artículo 240, para el caso no importa) que cualquier orden que diese un superior debía cumplirse a no ser que la orden entrañara la comisión de una falta o de un delito. El subordinado o subalterno podía rehusar cumplir la orden y si se le insistía hasta tres veces debía cumplirla, de otra forma, si cumplía sin rechistar era considerado cómplice del delito en cuestión, pero el que daba la orden pasaba a ser el culpable y, por tanto, debía aplicársele la pena mayor. Ahora nosotros sabemos que fueron muy escasos los oficiales y suboficiales que se negaron a cumplir esas órdenes criminales. La mayoría cumplió sin abrir la boca, sin pronunciarse. En el cas o de la «Caravana de la Muerte», el principal culpable es, sin lugar a dudas, el mismo Pinochet. Cómplices de estos crímenes son también, el general Arellano, el mayor Moren, el general Pedro Espinoza, el teniente Armando Fernández Larios, el teniente Chiminelli y los otros de la comitiva. Para esos crímenes el código militar era muy severo y las penas eran superiores a 20 años de prisión. Ninguno de ellos ha sido condenado a esas penas y algunos como Arellano, Pinochet y otros viven tranquilos en sus casas, rodeados de comodidades y gozando de sus crímenes, sin haber sido llevados ante la justicia. ¿Por qué razón?, nos volvemos a preguntar de nuevo. Todos ellos son fervientes católicos y a lo mejor ni siquiera han sido capaces de aliviar sus conciencias con el cura de su iglesia. Me pregunto si esos bellacos, en verdad, tendrán algún tipo de conciencia.
La razón fundamental está en que en una sociedad de clases como la son todas las sociedades capitalistas, la justicia tiene varias caras. Se aplica un tipo de justicia a cada cual dependiendo del lugar que ocupas en la sociedad. Por ejemplo tenemos el caso de una estrella pop (en USA) que tenía relación sexual con menores de edad. Es un multimillonario, fue absuelto a pesar de que todas las pruebas estaban en su contra. Otro famoso deportista millonario acusado de asesinar a su mujer y a el amante de ella, también fue declarado inocente a pesar de las pruebas. Otro criminal, un sacerdote norteamericano, miembro del Ku Klux Klan, una organización racista y criminal de la ultraderecha norteamericana, culpable de haber organizado el linchamiento de tres jóvenes defensores de los derechos civiles por la década del 60 del siglo XX, fue absuelto hace algunos años. Ahora, hace sólo unos días, una nueva corte lo enjuició y le condenó, pero no por asesinato y por haber organizado el c rimen, sino como si hubiese actuado sin premeditación y alevosía. En el juicio anterior muchos de los miembros del jurado no quisieron declararlo culpable por su condición de sacerdote. Eso muestra la esencia del problema. La justicia es clasista. La justicia clasista protege a su gente, y entre ellos a los miembros del aparato represivo del estado, porque sin este aparato no podrían ejercer el poder. La justicia no es la misma para la gente de condición humilde que para los que ocupan puestos prominentes dentro de la sociedad. Por un lado existe «la gente bien» y por el otro lado los que no lo somos. ¿Cuándo se ha visto entre rejas a un millonario, a un general, o a un prominente político capitalista? Llegamos a la conclusión inevitable que la justicia en estas sociedades burguesas tiene el carácter de clase. No es igual para todos. Así hay que entenderlo, de otra manera vamos a seguir persiguiendo una quimera.
Después del golpe de estado de 1973, en el poder judicial ocurrió algo muy notorio que tiene que ver con la justicia clasista. Los ascensos quedaron reservados para aquellos jueces que eran incondicionales a la dictadura. Denuncias patéticas sobre el comportamiento corrupto y singular de los jueces tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Apelaciones hizo la periodista chilena Alejandra Matus (que no era una representante de la izquierda) en su obra: «El libro negro de la justicia chilena». En este libro describe como la tal llamada justicia militar reclamó para sí el juicio al coronel de la DINA Krasnoff para evitar que fuese enjuiciado y la Corte Suprema «dio su consentimiento» sin rechistar, porque se trataba de un oficial del aparato represivo del estado, un criminal que después ha sido procesado por diferentes crímenes, pero el ejército no hizo nada en el caso por el cual estaba acusado: el secuestro y «desaparición» de Alfonso Chanfreau, miembro y dirigente del MIR .
El otro aspecto del problema está en las penas que se aplican a los criminales cuando ya es imposible no destapar la olla. Si es un miserable ladrón que roba por necesidad, las penas pueden variar de uno a varios años. Cuando se trata de ladrones con mayúscula, es decir, aquellos que roban enormes fortunas, como Pinochet, la pena puede ser uno o dos años, pero nunca cumplida en la cárcel, sino en su domicilio (si es que a Pinochet se le logra llevar a juicio, lo que es muy dudosos).
La sociedad capitalista está constituida por diversas clases sociales. Las principales son la clase burguesa y la clase proletaria. Una es dueña de los medios de producción y la otra sólo de su persona. Los proletarios venden su fuerza de trabajo a los capitalistas, los que viven a expensas de éstos sin necesidad de trabajar. De manera que entre estas dos clases no puede haber identidad de intereses. Y lo que mueve a la gente es, principalmente, sus intereses. Dejando a un lado los intereses particulares de cada uno, están los intereses de clase. Unos quieren conservar sus privilegios y los otros sobrevivir como puedan. Sobrevivir no es fácil, porque no siempre hay oferta de trabajo y, además, a los capitalistas les interesa que exista una cierta cantidad de proletarios sin trabajo para reemplazar a los que vayan a una huelga o que perezcan en un accidente o renuncien por razones particulares. Toda la sociedad burguesa está estructurada piramidalmente y esta clase que tiene e l poder económico, tiene, también, el poder político, a través de sus partidos y a través de la influencia que ejerce sobre las fuerzas armadas. Aun cuando las fuerzas armadas son teóricamente parte de toda la nación, su jefatura no es parte de la clase proletaria y, por tanto, sus intereses no están vinculados a esa clase. Como institución sirven a la continuidad del sistema. Jamás los jefes de las fuerzas armadas van a cambiar de lado porque ellos están alienados y enajenados por el sistema capitalista. Lo que vemos hoy en día en Venezuela es un caso particular muy especial, pero no hay que hacerse ilusiones: lo que allí vemos es que muchos jefes han estado y están en contra del proyecto socialista del comandante Chávez. Es una situación muy incierta y muy inestable. Lo que tiene a su favor Chávez es que el mismo es un militar de carrera y cuenta con la simpatía de muchos oficiales jóvenes y de la tropa que proviene, en su gran mayoría, de la clase proletaria. Pero lo qu e ocurre en Venezuela no es lo mismo que ocurre en Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, etc.
Si queremos identificar las clases en Chile basta con viajar a Santiago y recorrerlo de un extremo a otro. Santiago no es una ciudad, sino dos ciudades. Dos ciudades muy juntas y muy distantes. Una ciudad muy hermosa, muy desarrollada, con amplios jardines, con mansiones lujosas, con edificios mejores que los de las capitales europeas. Sus habitantes poseen autos y viven rodeados de cercos, alarmas y guardias. Visten muy bien y sus hijos van a colegios en donde toda la enseñanza se hace en el idioma inglés. El castellano lo dominan a medias. El otro Santiago es muy diferente. Es sucio, decrépito, sin jardines, sus casas siguen como hace cuarenta años. Hay algunos edificios, pero no son nada comparados con los del Santiago número uno. Algunos tienen autos, pero no autos nuevos, son otra cosa. Las escuelas no son como las del otro Santiago. Para que hablar de los hospitales y de sus medios. Pasar una alameda, una calle y entra uno del mundo del pasado al mundo del futuro. Y hay algunos políticos de la derecha que dicen, tal vez burlándose, que en Chile no hay clases sociales.
¿Qué camino nos queda para hacer justicia? Desde luego que tenemos que insistir en tratar de llevarlos a la justicia, aunque sea la justicia de clase, aunque no los condenen, al menos que sea un castigo de orden moral. Ahora bien, si queremos que se haga una justicia verdadera, entonces es otro cuento: tenemos que transformar la sociedad, tenemos que eliminar las clases, tenemos que emancipar a la fuerza de trabajo humana de su condición de mercancía, como tan bien lo expresó Federico Engels. No hay otro camino.
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