«Riggs abrió cuentas múltiples para el Sr. Pinochet con el conocimiento y el apoyo de los jefes del banco; que aceptó millones de dólares en depósitos de su parte sin cuestionar seriamente el origen de su fortuna; que formó entidades de fachada en el extranjero y que abrió cuentas a nombre de esas entidades para […]
«Riggs abrió cuentas múltiples para el Sr. Pinochet con el conocimiento y el apoyo de los jefes del banco; que aceptó millones de dólares en depósitos de su parte sin cuestionar seriamente el origen de su fortuna; que formó entidades de fachada en el extranjero y que abrió cuentas a nombre de esas entidades para disfrazar el hecho de que el Sr. Pinochet era dueño de los fondos en esas cuentas; que alteró los nombres de su cuenta personal para disfrazar su propiedad; que transfirió secretamente 1,6 millones de dólares de Londres a los EE.UU. mientras el Sr. Pinochet estaba detenido y bajo orden judicial». (Extracto el Informe del Senado de EE.UU.)
Cuando el jueves 15 de julio estalló el escándalo del Banco Riggs, provocado por el informe del Senado norteamericano, al parecer nadie estaba preparado para ello. Su familia y allegados respondieron rápidamente con la típica monserga de «los inventos y las mentiras que buscan empañar su buen nombre», aunque luego deberían empezar a justificar los dineros como «donaciones realizadas por gente de buena voluntad para su defensa» y constituirían un comité de emergencia, integrado por los abogados Miguel Schweitzer, José María Eyzaguirre y Ambrosio Rodríguez, más el vocero oficioso Guillermo Garín. Su abogado, Pablo Rodríguez Grez, indicó que «su actual estado de salud le impide recordar las operaciones efectuadas en la entidad de Washington, por lo que no ha podido colaborar con antecedentes», mientras su hijo Marco Antonio no descartó iniciar acciones legales en contra del Banco Riggs «por revelar la información sobre las cuentas» y señaló que su padre «es un hombre que ha trabajado toda su vida, más de 60 años, y en ese período juntó dinero y tenía muchas garantías, por lo que podía ahorrar mucho dinero y administró bien sus fondos». Su hermana Lucía parecía sorprendida y afirmaba categóricamente que «no puedo pensar que mi padre, un ser humano que en materia de platas me traspasó principios de honorabilidad que llegaban casi a la exageración, pueda haber hecho algo -antes o ahora- poco honorable en este tema». Algunos señalan que puede ser producto de la recolección realizada en 1988, antes del plebiscito que terminaría con la dictadura, por el funcionario Carlos Cáceres a nombre de los «Empresarios por el Sí». Otros afirman que los dólares vienen de empresarios extranjeros que se solidarizaron con el dictador.
Ante la propuesta concertacionista de crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados la derecha respondió con ampliarla al Caso MOP-Gate, por lo que su aprobación está suspendida. La iniciativa en tribunales, en tanto, fue asumida por abogados de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Partido Comunista, a lo que se sumó el Consejo de Defensa del Estado. En representación del ente estatal, el presidente del Comité Penal del CDE, Guillermo Ruiz Pulido, y el consejero Eduardo Urrejola señalaron que presentaban la denuncia ante el ministro Sergio Muñoz, que ya había tomado la causa, «con el objetivo de que se investiguen las cuentas que mantenía en el banco Riggs para determinar el origen y la naturaleza de esos dineros».
Los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz presentaron, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una denuncia criminal contra Augusto Pinochet por los delitos de fraude al Fisco, malversación de fondos y cohecho, mientras que los abogados Hugo Gutiérrez, Fabiola Letelier, Hiram Villagra y Julia Urquieta, junto a Lorena Pizarro -presidenta de la AFDD- y Guillermo Teillier -secretario general del PC-, solicitaron al juez Juan Guzmán Tapia, que lleva entre otros casos el de la Operación Cóndor por el cual el general (R) está desaforado, una profunda investigación sobre los bines de Pinochet y la aplicación de medidas precautorias que impidan que el ex dictador realice movimientos con dichos recursos. Julia Urquieta recordó que «en la investigación por la Caravana de la Muerte no se determinó embargo alguno en su contra porque se consideraba que éste no disponía de bienes que pudieran ser utilizados con ese fin».
Los robos de «la familia»
Mientras aún no se esclarece la forma en que Pinochet y su familia hicieron fortuna, algunas pistas se pueden seguir con diversos «negocios» que realizaron mientras el dictador estaba en el poder, aunque algunos también fueron bajo la vista y paciencia de los gobiernos concertacionistas.
Entre los primeros hechos que se recuerdan en los mismos inicios del régimen militar, está la entrega de joyas y bienes que hicieron numerosos empresarios -entre ellos el propio Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para la «reconstrucción nacional» iniciada tras el golpe de Estado. Varias de estas joyas fueron lucidas luego por la «señora Lucía».
También aparece el lucrativo negocio realizado por Lucía Pinochet Hiriart con el Instituto de Seguros del Estado, donde debían asegurarse por obligación empresas como CODELCO, ENAMI, CAP y otras del Estado, a través de las empresas Storil y Metrópoli.
Algunas de sus propiedades
Usando todas las trampas que le permitía el poder total, Pinochet se hizo de numerosas propiedades. Ya en 1976, la «primera dama» compraba con sus ahorritos un piso completo en un edificio contiguo a la Rotonda Pérez Zujovic, en Vitacura, avaluado en apenas 16.690 Unidades de Fomento. En 1978, Pinochet compraba por 430 mil pesos un par de sitios urbanizados en Limache, que se extendían en 12.140 metros cuadrados, los que prontamente «vendería» a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional en 3 millones de pesos. La venta la habían hecho por que «carecía de la privacidad necesaria para la familia» y la CAPREDENA la usaría en construir una población para sus afiliados. Lo que no dicen es que el terreno, avaluado por Impuestos Internos en apenas 485 mil pesos, estaba anegado por un canal colector de lluvia y cubierto de fango.
Prontamente la familia buscó un nuevo lugar para su descanso, esta vez al interior del Cajón del Maipo. Así, primero comprando directamente y luego a través del teniente coronel Ramón Castro Ivanovic, Pinochet consiguió unos 135 mil metros cuadrados en el sector denominado El Melocotón, todo esto con dineros conseguidos en la CAPREDENA a 24 años plazo y «comprando» a Castro Ivanovic en un millón 500 mil pesos un terreno por el que el fisco había pagado 3 millones 800 mil pesos. La obra gruesa tuvo un costo de un millón de dólares. En la zona no había agua potable, electricidad, ni TV. En tiempo record, Chilectra y EMOS dotaron de servicios básicos al sector. TVN, dirigida por su yerno Hernán García Barzelatto, instaló una antena repetidora. Las obras viales excedieron los 216 millones de pesos de la época, todas financiadas por el Fisco.
Para construir su mansión en Lo Curro, hoy destinada al Club Militar, se usó el 5% del presupuesto para Obras Públicas de 1984, que en total ascendía a $ 35.400.000.000. Se erigió sobre un terreno de 80.000 metros cuadrados y la construcción de 6.000 metros cuadrados costó 20 millones de dólares. Los jardines y parques significaron un costo aparte de $15.000.000. Cuenta con canchas de tenis, gimnasio, 250 estacionamientos, sala de cine, saunas, central telefónica, estanques de agua, central eléctrica subterránea y una clínica. Debido a los gustos de la «señora Lucía» y a requerimientos de seguridad, el SERVIU debió hacer continuos desembolsos por gastos extraordinarios, sumando $5.000.000 semanales al costo total. La propiedad «obligó» a la construcción de un puente y una carretera urbana de 8 pistas por la ribera del Mapocho, desde la Av. Santa María hasta Lo Curro.
Por su «parcela» de reclusión en Los Boldos, de 510 mil metros cuadrados, el general (R) pagó unos 800 millones de pesos en 1994. Antes, en 1989, había adquirido a través de su esposa las propiedades de calle Los Flamencos 3796 y 3818, en La Dehesa, sumando otros 3.300 metros cuadrados a su haber, esta vez por la módica suma de 79 millones de pesos. El costo total de la construcción alcanzaría los 200 millones de pesos. Tampoco se deben dejar en el olvido los lujosos departamentos comprados en Arica e Iquique, y los de Reñaca y Valparaíso, todos comprados después de «abandonar el poder».
Coimas y tráfico de armas
Una de las variables que se maneja para explicar el origen de los millones de dólares del general (R) es la del uso que le dio a su cargo para realizar negociados en el área del armamento.
Sin ir muy lejos, cuando fue detenido en Londres estaba «en misión militar con el conocimiento del gobierno» -según el general de división del Ejército de Su Majestad Británica Alan Sherman-, «para coordinar los detalles de un importante negocio de armamentos con las empresas británicas Royal Ordnance y British Aerospace». El periodista argentino Rogelio García Lupo afirma que Pinochet «buscaba cobrar su comisión por la adquisición de 3 barcos ingleses para la Armada», gestión que «se traducía en una comisión personal de US$4.43 millones».
En misión similar había estado en Checoslovaquia, con nombre falso, operando con las transnacionales armamentistas para recibir «comisiones» por las compras realizadas desde Chile. Recordemos que nuestro país tiene contratos de coproducción de armas con empresas privadas de Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, Francia, China, Malasia y España, con las que comparte, entre otras, licencias de producción de material en la fabricación de fusiles SIG y de carros blindados Mowag».
En 1992 quedó al descubierto un inmenso tráfico de armas hacia Croacia, cuyos dineros habrían sido entregados en parte a la protección de los criminales de la dictadura que se encontraban escondidos en diversas partes del mundo. La cabeza visible en Chile era el general (R) de la FACH Vicente Rodríguez, socio del torturador Edgard Cevallos Jones, quien mantenía contacto con la empresa francesa IVI Finance Management, encargada de hacer los traslados en el exterior. En este tráfico aparecieron también involucrados el general de Ejército Carlos Krumm y el coronel Gerardo Huber, quien sería asesinado al poco tiempo.
Los herederos
Augusto Pinochet Hiriart recibió, en enero de 1989, un pago del Ejército por unos 3 millones de dólares. El caso, conocido como los «Pinocheques», no fue investigado luego de un «boinazo» del Ejército y aducirse «razones de Estado» por parte de la Concertación. Augusto Jr. siempre se las arregló para recibir sueldos extraños, como cuando vivía en Los Angeles, California, y estaba contratado por Lan Chile en la oficina de Sacramento. También formó parte de la empresa de pantalla de la DINA «Pedro Diet Lobos» y fue socio de la Minera Saint Etiene Ltda., de Mario Vargas y Cía., Alberto Collarle y Cía. Ltda., y la firma norteamericana Union Resources Corporation, envuelta en «transacción irregulares» de cobre en Argentina. Pinochet Hiriart vendió 120 mil toneladas métricas de cátodos, pertenecientes a COCELCO, obteniendo jugosas comisiones por una innecesaria mediación.
Su hermano, Marco Antonio, se involucró en tráfico de armas y drogas en su sociedad con Yamal Batich, en la empresa Chile Motores, a la cual se ligaría posteriormente el narcotraficante colombiano Jesús Ochoa. Batich hacia sus negocios en Europa a través de su primo Monzer Al Kassar, detenido en Londres por tráfico de drogas, mientras de las empresas de papel en Panamá se encargaba Héctor Novoa, hermano del actual presidente de la UDI.
En DICOM, la familia aclara algunas de sus pertenencias. Augusto Jr. tiene 17 protestos o morosidades, ni una sola aclarada, pero posee un bien raíz avaluado en 31 millones de pesos. Lucía, la hija mayor, no tiene protestos y sus bienes raíces declarados suman más de 320 millones de pesos. Marco Antonio tiene 16 millones en un bien, mientras Jacqueline no tiene propiedades registradas a su nombre -aunque en una entrevista a la revista Cosas dijo que vivía de las rentas de sus casas. María Verónica posee cuatro bienes, valorados en más de 165 millones de pesos. La «señora Lucía» Hiriart, cuyo único oficio declarado ha sido el de dueña de casa, registraba tres propiedades por 506 millones 891 mil pesos y no presentaba protestos o morosidades. Al menos eso era lo conocido hasta estos «penosos» días.
Partido Comunista: «Que se investiguen todos los bienes de Pinochet»
«Es algo que nos estremece», reaccionó el secretario general del PC, Guillermo Teillier, ante las revelaciones emanadas de la comisión investigadora del senado norteamericano según las cuales Augusto Pinochet, además de haber violado los derechos humanos, aparece con cuentas bancarias que oscilan entre cuatro y ocho millones de dólares en el Banco Riggs de Estados Unidos.
En conferencia de prensa efectuada el sábado 17, Teillier destacó que Pinochet aparece siendo cliente de este banco Riggs desde el año 1985. «O sea, desde ese momento comenzó a sacar fondos de algún lado para sus cuentas personales».
Preguntas abiertas
El PC abogó por que se investigue el origen de estos dineros. Si son fondos reservados de la Presidencia de la República o del Ejército, o si corresponden al 10% de las ventas de cobre y de alguna manera se trasladaron a estas cuentas, considerando que en este mismo banco tenía sus cuentas el Ejército de Chile y que Pinochet era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quien disponía la compra de armamentos. «¿Forma parte esto de coimas a Pinochet por la compra de armamentos? Hay muchas preguntas que hacerse al respecto», señaló Teillier, quien agregó que los antecedentes consignan que a estas cuentas llegaron fondos también después del año 92 -cerca de 1.600 millones de dólares-, mientras Pinochet se encontraba en Londres. «¿De dónde salió ese dinero? -preguntó. Hay quienes han tratado de decir que esto se lo regalaron los ingleses, pero también pueden haber sido fondos que se llevaron desde Chile y se hicieron pasar por Londres».
Otros miembros de la Junta
El dirigente se pronunció por la necesidad de investigar a otros altos oficiales de la época, empezando por los que constituyeron la Junta Militar, considerando que este banco, tal vez usando el canal diplomático de la embajada norteamericana en Chile, asistía no solamente a Pinochet sino también a altos oficiales del Ejército que tenían su cuenta en él.
Que se investiguen todos los bienes
«Nosotros estamos por que se haga un proceso de fondo sobre todos los bienes adquiridos por Pinochet, que incluya el caso de los pinocheques. Acordémonos que Pinochet fue sobreseído del caso de los pinocheques ‘por razones de Estado’, y eso el país no lo puede ni debe soportar. También nos parece que el Consejo de Defensa del Estado debiera plantear una precautoria sobre los bienes de Pinochet, previendo que éstos fueran fondos del Estado», señaló, acotando que si son fondos que él ha sacado de manera ilícita debieran recuperarse y dejarse para reparar en parte el daño que Pinochet le ha hecho a la sociedad chilena. El PC se comunicó expresamente con el mismo equipo de abogados de Washington que está llevando adelante una querella contra Henry Kissinger por su responsabilidad en el golpe de Estado en Chile, para solicitarles que recaben toda la información que exista en Estados Unidos para estudiar la factibilidad de iniciar nuevas acciones legales contra Pinochet tanto en Estados Unidos como en Chile.
Herencia de la dictadura
Refiriéndose genéricamente a los actos de corrupción, Teillier reiteró que la dictadura sumió al país en este tipo de actos ilícitos. «Allí parten muchos hechos de corrupción que existen hoy porque Pinochet creó la impunidad en Chile. No puede haber una sociedad sana si es que siguen produciéndose hechos de corrupción, y hay hechos de corrupción que todos conocemos», puntualizó.
Las contradicciones de Cheyre
Dos días antes de que se conociera la existencia de las cuentas de Augusto Pinochet en el banco Riggs de los Estados Unidos, por una suma que todavía se investiga, el Comandante en Jefe de Ejército, Juan Emilio Cheyre, había reiterado, que el honor militar obliga al Ejército a actuar como debe ser en materia de los juicios por violaciones a los derechos humanos, sin esperar nada a cambio y tampoco un trato diferente, pero que la institución aspiraba a que la sociedad valorase tales esfuerzos en su justa medida. Durante una reunión con la Asociación de ex Alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, Cheyre reseñó que el Ejército ha respondido más de 14.000 escritos a los tribunales, envió a declarar a 775 integrantes de sus filas y registra 146 procesados en las 383 causas abiertas por violaciones a los derechos fundamentales durante la dictadura. Agregó que el 90% de los hechos ha sido reconstruido gracias a la colaboración de los militares, enfatizando que nadie ha contribuido más a la verdad que su institución.
Sostuvo que el Ejército ha sabido asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, lo que debería ser agradecido por todos los sectores del país.
Las afirmaciones del general chocan violentamente con la realidad, demostrando que a pesar de los cambios de imagen realizados por el Ejército éstos no han tocado en su esencia a la institución que encabezó Pinochet cuando desvió las sumas de dinero descubiertas por el Senado de los EE.UU. y que se acuarteló cuando avanzaba la investigación de los «pinocheques», que inculpaban a su hijo mayor, para impedir que las indagaciones y órdenes de procesamiento siguieran su curso.
Un botón de muestra es lo obrado por altos oficiales de la institución en los procesos por la ejecución y desaparición de personas en el cerro Chena de San Bernardo, desde el 11 de septiembre de 1973. En esas causas han declarado entre otros, el general Juan Carlos Salgado (entonces teniente), actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general retirado Julio Cerda Carrasco (subteniente, a la época), hasta hace dos años comandante de la Sexta División; los entonces capitanes Juan Carlos Nielsen, actual líder del partido en formación de los ex militares; Luis Cortés Villa, vocero de la Fundación Pinochet; y Víctor Pinto Pérez, actualmente procesado por algunos de los crímenes perpetrados en el cerro Chena.
Según las declaraciones de numerosos reservistas llamados a filas tras el golpe de Estado, estos oficiales conocían de la existencia de prisioneros en el Cuartel Dos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el mencionado cerro, como también sabían de los tratos a que eran sometidos. Incluso, algunos de ellos son mencionados en el proceso que sustancia la ministra María Estela Elgarrista, por sobrevivientes del campo de prisioneros, ex conscriptos que sirvieron en el lugar y por oficiales como el general en retiro Sergio Rodríguez Rautcher, que servía también en la Escuela de Infantería de San Bernardo durante ese período, con el grado de capitán. El general Salgado declaró que sólo le correspondió participar en una unidad de allanamiento que proporcionaba apoyo perimetral a los operativos que efectuaban Carabineros e Investigaciones. Además, relató al tribunal que cumplió labores en el Cuartel Dos, en el cerro Chena, pero en la ladera norte al mando de una compañía. En el proceso consta que los prisioneros se encontraban en el sector sur del predio, por lo que no vio ni supo de la existencia de prisioneros en el lugar y tampoco tuvo conocimiento de torturas o ejecuciones, ni de traslados de cadáveres. Otro tanto afirmaron Cortés Villa, Pinto Pérez y Cerda Carrasco. Sin embargo, Sergio Rodríguez Rautcher reconoció la existencia de prisioneros en el cerro Chena y además que junto a Pinto y Cortés Villa integró una Plana Mayor cuya labor ninguno especifica, que supuestamente se abocó a labores de inteligencia al mando del mayor Jorge Lucares Robledo, lo que rechazan Pinto y Cortés.
Abogado Hugo Gutiérrez: «Pinochet no se podrá seguir escudando en el Estado»
Apenas se conoció el informe de la comisión del Senado norteamericano sobre las cuentas secretas de Pinochet en Estados Unidos, el abogado Hugo Gutiérrez junto a otros colegas, las agrupaciones de derechos humanos y el Partido Comunista concurrieron a los Tribunales para solicitar una investigación de todos los bienes de Pinochet y solicitar su embargo. Gutiérrez sostiene que con los nuevos antecedentes el desafuero es lo más probable y que se abre un escenario radicalmente distinto para Pinochet.
-¿En qué medida influyen en la situación judicial de Pinochet las revelaciones de la existencia de sus cuentas secretas en el Banco Riggs en Estados Unidos?
-«Son un antecedente que tiene que servir para que la Corte Suprema chilena apruebe el desafuero de Pinochet y así sea posible juzgarlo posteriormente para que se haga efectiva su responsabilidad civil.
Simultáneamente, creo que teniendo conocimiento de la existencia de bienes en el patrimonio de Pinochet, ahora es posible pensar en acciones entre las cuales se encuentra la presentación de demandas civiles en contra de él, porque hasta hoy la responsabilidad pecuniaria de Pinochet se había escudado detrás del Estado chileno, el Estado estaba respondiendo por la responsabilidad civil de reparar el daño moral a los familiares de las víctimas de la represión».
Investigación de sus bienes
-¿Cuáles serían los caminos para materializar esas demandas?
-«Hoy un grupo de abogados, las agrupaciones de derechos humanos y el Partido Comunista hemos presentado un escrito al ministro Guzmán solicitando que se investiguen los bienes de Pinochet y se determine a cuánto asciende su patrimonio. Ese es el camino que nos va a permitir instaurar cualquier medida precautoria en contra de los bienes de este sujeto, incluyendo desde su embargo hasta cualquier tipo de provisión que le impida enajenar dichos bienes.
Hasta tiempo atrás la responsabilidad civil de Pinochet estaba diluida en la responsabilidad estatal, al punto que el Consejo de Defensa del Estado llegó a desconocer el Informe Rettig con tal de evitar que el Estado respondiera por los crímenes cometidos por Pinochet».
-¿Hasta qué punto se puede perseguir esta responsabilidad en el tiempo?
-«Esa responsabilidad se puede mantener incluso después de la muerte de Pinochet, puesto que sus herederos quedan también expuestos a responder civilmente de las demandas que se haya interpuesto en contra de él. Lo que se presentó fue una solicitud escrita al ministro para que en virtud de las facultades que tiene para actuar de oficio, investigue y determine el real patrimonio de Pinochet, de su cónyuge y de sus hijos».
-¿Qué relación tiene esto con las acciones que ha anunciado el Consejo de Defensa del Estado?
-«El CDE va a denunciar los delitos cometidos por Pinochet a fin de que se investiguen. Esos pasos también van orientados a que se determine la existencia de delitos por parte de Pinochet o de algún integrante de su familia».
-¿De qué tipo de delitos estamos hablando?
-«Lo que interesa es que se determine el patrimonio de Pinochet a fin de trabar las respectivas medidas precautorias. En los delitos que va a investigar el ministro va a ser determinante saber el origen de los dineros para ver si se cometió o no un ilícito. Yo creo que hay que investigar los orígenes del dinero que tenía en las cuentas bancarias».
-Se ha dicho que éste sería un juicio político.
-«Se ha escuchado de algunos sujetos de la derecha que esto sería una forma que tiene el gobierno para encubrir todos los actos de corrupción cometidos por ellos, pero aquí nos encontramos ante una información que proviene de Estados Unidos, y como tal no ha sido provista por los querellantes. En consecuencia, acá hay un antecedente que amerita una investigación que viene a confirmar lo que ya en muchas ocasiones hemos dicho: que Pinochet no era un sujeto pobre ni tampoco un loco demente, y que por tanto debe ser sometido a la jurisdicción. También se está acreditando que Pinochet tenía dinero oculto».
-¿Qué valoración tiene de las medidas anunciadas?
-«Yo creo que lo que han hecho los querellantes de solicitar a los tribunales que determinen el patrimonio real de Pinochet y se investiguen los delitos cometidos por él con respecto a estas cuentas, es el camino indicado. Además que el Parlamento determine la conformación de una comisión investigadora y que el CDE vaya también a denunciar los delitos eventualmente cometidos por Pinochet, muestran que se está yendo por el camino correcto. También que el Senado norteamericano se comprometa a seguir investigando todas estas circunstancias relacionadas con el caso de Pinochet me da la impresión de que todo va bien encausado».
Gestiones en EE.UU. y España
-Y en relación al capítulo exterior de todo esto: ¿cuáles son las perspectivas?
-«Hay una serie de gestiones que se están realizando internacionalmente. He tomado conocimiento de que hoy el juez español Baltazar Garzón ha reiterado las medidas de embargo de bienes de Pinochet y de su familia, con lo que él refuerza su ánimo de asegurar la responsabilidad civil de Pinochet. Yo creo que este juez se puede sentir engañado por lo que el Banco Riggs hizo al ocultar las cuentas para evitar que se tomara conocimiento en España de la existencia de este dinero.
La solicitud de Garzón debiera llegar al ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quien lo debería poner en conocimiento de la Corte Suprema. Esta debería designar a un tribunal civil para los efectos de concretar esta medida. Yo no sé si a la Cancillería ya le llegó ese oficio y si se ha tomado alguna medida. Ahora falta que las acciones civiles se inicien en Estados Unidos, a fin de perseguir también la responsabilidad civil que le cabe al banco en el ocultamiento de la información».
-¿Y cómo opera eso?
-«El Senado norteamericano, en conocimiento de los delitos que presumiblemente cometió la gerencia del banco Riggs, tiene que poner los antecedentes en conocimiento del Departamento de Justicia, quien a su vez persigue la responsabilidad penal de ellos, y dentro de ese marco podría también investigarse la responsabilidad penal que le cabe a Pinochet».
-¿Se prevé tramitar desde Chile una demanda también en Estados Unidos?
-«Los familiares de las víctimas de la represión en Chile podrían recurrir en Estados Unidos para demandar al Riggs Bank a fin de que se hagan efectivas sus responsabilidades en cuanto a haber ocultado cuentas de Pinochet que permitían reparar el daño ocasionado».