En la tarde del miércoles 9 de septiembre de 2020 se presentaron en Colombia múltiples protestas contra la brutalidad policial en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué y Tunja. Con eje en la capital, la actividad inició con una concentración de varios centenares de personas frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) en el barrio Villa Luz de la localidad de Engativá, donde se presentó un fuerte choque con las fuerzas de seguridad. Desde allí los escenarios de denuncia y choque, con miles de participantes, se extendieron a otros sectores de la ciudad, principalmente en barrios populares, a localidades como Suba y Kennedy, y, en menor medida, Bosa, Usme, Teusaquillo, Antonio Nariño, Usaquén y Ciudad Bolívar, así como poblaciones del conurbano de Bogotá como Soacha y Madrid.
Convocada espontáneamente por redes sociales tras el cruel asesinato de Javier Ordoñez por parte de agentes de la Policía en la madrugada del mismo día miércoles, la protesta contra la acción represiva sorprenden por su magnitud y rapidez. La actividad fue catalizada por la difusión del video donde se muestra los tratos crueles a los que someten varios policías a un Javier Ordoñez ya reducido y en el suelo. La respuesta de la población parece influida por la movilización de la población negra de Estados Unidos contra la policía racista tras el asesinato de George Floyd, y la experiencia anti represiva de las jornadas de movilización de noviembre-diciembre de 2019 en el país, motorizada a su vez por el asesinato del joven Dilan Cruz.
La jornada de protesta contra la brutalidad policial del 9 de septiembre cuenta con elementos de revuelta local, y es protagonizada por jóvenes populares, habituales víctimas de la brutalidad policial y blanco principal del desempleo, el trabajo precario y la violencia urbana. La misma retoma, aunque aún sin una continuidad política clara, las protestas del movimiento de mujeres contra la violencia sexual cometidas por las Fuerzas de Seguridad en junio de este año, las movilizaciones por hambre de trabajadoras desempleadas y habitantes de barrios populares en los primeros meses de la cuarentena y las más débiles jornadas de movilización del 21 de agosto contra las masacres y el incremento de la violencia en el país.
En medio de un contexto marcado por el cansancio social y la crisis económica generada por las medidas de aislamiento obligatorio y la crisis socio sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, estas protestas se articulan con una nueva ola de denuncias por parte de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, de múltiples prácticas de brutalidad policial cometidas por las fuerzas de seguridad antes y durante la cuarentena. Su naturaleza explosiva muestra la existencia de un malestar importante entre múltiples sectores sociales y el desarrollo de una cierta identidad común entre las participantes, si bien desorganizada y fragmentada.
La lucha contra la brutalidad policial, reclamando justicia para Javier Ordoñez, Anderson Arboleda, Dilan Cruz y todas las víctimas de la represión gubernamental, resulta hoy vital. Es una lucha que debe partir del reconocimiento de la centralidad y la sensibilidad de las víctimas y sus familias, y debe hacerse analizando el especial énfasis que la represión institucional hace contra las jóvenes populares, la población negra y las disidencias sexuales. El ejemplo del caso de Nicolás Neira, asesinado hace 15 años por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), debe llevarnos a cuestionar el carácter mismo de las Fuerzas de Seguridad en el marco de un Estado represivo y una sociedad capitalista injusta, violenta y desigual, esbozando posibles alternativas de auto organización y auto cuidado, en miras al socialismo y la libertad.
¡Justicia para las víctimas de la brutalidad policial!
Grupo Libertario Vía Libre
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