Causas, consecuencias y soluciones
El 17 de marzo en varios lugares de Cuba volvieron a estallar protestas. Las manifestaciones iniciales ocurrieron en Santiago de Cuba, la misma ciudad en la que en 1953 se realizara la primera gran acción armada de la Revolución Cubana, y que desde entonces se ha asociado a una identidad política de apoyo cuasi incondicional al proceso revolucionario y al nuevo Estado creado a partir de este.
En aquel Santiago, donde la mayoría de la población vivía en esa pobreza —que fue el principal alimento de la rebeldía popular transformada luego en fervor revolucionario— la vida cambió de forma radicalmente positiva a partir de 1959. Por tanto, era comprensible tal apoyo en un territorio bien alejado de la vitrina batistiana que el exilio, y una parte nada despreciable de los cubanos en la Isla, aún recuerda como «La Maravillosa Habana de los años 50», rodeada grandes «construcciones capitalistas», hoteles, casinos y coca cola.
En el Santiago de hoy, la cada vez más exigua canasta familiar normada —de la que dependen muchas familias pobres para mal alimentarse— tenía meses de atraso en varios productos esenciales y los apagones superaban las 12 horas diarias. Por tanto, era también de esperar que fuera ahí, o en un lugar con condiciones similares, donde el descontento popular se hiciera eco.
En la capital habanera, donde los cortes de electricidad apenas llegan las 10 horas semanales y empresas capitalistas vuelven a construir rascacielos para turistas, cubanos emigrados o dueños de mipymes exitosas que puedan pagar cientos de dólares por una noche en sus habitaciones, de manera general, reinó la tranquilidad.
A diferencia de como ocurrió en varios sitios durante el 11 de julio de 2021, hasta donde es posible ver en los vídeos que circulan en las redes sociales, en el pasado 17 de marzo los participantes evitaron atacar edificios, funcionarios o agentes del orden. Las protestas también tuvieron un alcance mucho más limitado; no obstante, las causas principales son muy parecidas.
Las causas
Desde 2021 el panorama general del país no ha sido mejor. Se mantiene un deterioro sostenido de las condiciones de vida del llamado «pueblo trabajador» cuyo salario —al menos en las organizaciones del sector presupuestado— se ha visto reducido a casi dos cartones de huevo, obligándolo a depender de las remesas de sus familiares, a delinquir, o a sobrexplotarse en dos y tres empleos, dejando un espacio mínimo para el disfrute personal.
También avanza «y eso nos duele» la privatización informal y desordenada de servicios públicos nombrados «conquistas históricas de la Revolución», como es el caso de la salud, con tiendas virtuales donde están, sin control de calidad y precios, los medicamentos que no aparecen en ninguna farmacia, por solo poner un ejemplo.
Las causas de las causas también siguen intactas.
- El contexto de subdesarrollo que nos tocó vivir en un continente saqueado durante siglos, lo que ha sido también base de otras protestas y estallidos llevados a cabo en democracias liberales, administradas tanto por gobiernos de izquierda como de derecha.
- Medidas económicas opresivas por parte de un gobierno extranjero que tiene el cinismo de afirmar preocupación por el pueblo cubano mientras sanciona bancos por aceptar las transacciones que permiten comprar su comida, persigue barcos petroleros, financia grupos opositores antidemocráticos, y limita el comercio hasta con ese «sector privado» que en algún momento nombraron como «el salvador del comunismo».
- La pésima gestión del gobierno cubano que ha
demorado reformas impostergables en la economía, como el establecimiento
de un mercado cambiario funcional que permita combatir la especulación,
el verdadero despegue de la autonomía empresarial, y un marco
regulatorio para las empresas —estatales y privadas— que estimule el
desarrollo de las áreas productivas, más que el rentismo.
Asimismo, desoyendo las recomendaciones de la mayoría de los economistas, los «gurúes» de nuestra administración pública han desbalanceado la estrategia inversionista y descuidado sectores elementales como el agroalimentario y el energético, para apostar por la construcción de hoteles —la gran mayoría mediante contratos a empresas extranjeras— que desde hace varios años nunca han superado el 30% de ocupación. - La duración en el tiempo de estructuras autoritarias y antidemocráticas que prácticamente anulan ejercicios cívicos elementales como la posibilidad de revocar desde la ciudadanía a un funcionario cuando incumple con su deber de servidor público, o fiscalizar y participar —directamente o mediante un representante que responda a sus intereses— en el trazado y gestión de políticas.
- El anquilosamiento del discurso político incapaz de reconocer con sinceridad los problemas estructurales internos, con «cuadros» que justifican con las agresiones externas su ineficiencia y su corrupción, mientras, piden «resistencia» desde mansiones en Miramar, con sus hijos viajando el mundo en Mercedes Benz y vestidos de Chanel.
El orden de prioridad estos factores dependen de la cosmovisión o posición política de cada cual, pero un ejercicio mínimo de honestidad intelectual debería al menos reconocerlos.
Si bien algunas figuras han hecho del extremismo político un modus vivendi, y por tanto resulta ingenuo pedirles que cambien el discurso que sostiene sus privilegios, en muchos de los cubanos este sesgo no constituye un acto de perversidad consciente.
Entre quienes niegan el entramado de sanciones violatorias del derecho internacional, condenadas cada año en Naciones Unidas, que configuran el llamado «bloqueo» o «embargo» —la terminología es irrelevante para mí en este caso— hay muchos cubanos que, dentro o fuera de Cuba, las padecen. Ya sea por las vicisitudes que generan o agravan en la Isla, o por tener que destinar parte de lo que obtienen con el sudor de su trabajo —con la desventaja adicional de ser emigrantes— a ayudar a sus familiares.
También hay «cubanos de a pie» entre los que evitan ver los problemas internos, o se los callan en público, ya sea por miedo, por desinterés y apatía, por un compromiso partidista de «no darle armas al enemigo» o porque confían en los «mecanismos establecidos» para «canalizar las inquietudes».
Creer que todos sacan partido de lo que dicen o están ciegos es simplificar el complejo proceso polarización, que, si bien hace mella especial en Cuba, es cada vez más visible en varios lugares del mundo y tiene como principal consecuencia el deterioro de las capacidades críticas para ver más allá de las fronteras ideológicas o los afectos políticos.
Además de las causas estructurales antes mencionadas, hay otro elemento clave que ambos polos evitan mencionar. Pese a la narrativa de consolidación del «Estado totalitario» o la «unanimidad del pueblo» la sociedad cubana hoy, es mucho más abierta, y por tanto, diversa que la de hace algunos años.
Esto se debe, principalmente a que el Estado ha perdido el monopolio absoluto en dos ámbitos esenciales sobre los que ejercía el control: el empleo y los medios de comunicación.
Según las últimas cifras disponibles, en 2022 al aproximadamente 1 010 900 personas (casi un 22% de los trabajadores) se empleaban en el sector privado de la economía, eso sin contar el trabajo informal. Hoy presumiblemente este porcentaje debe ser aún mayor. Estos espacios en la mayoría de los casos están totalmente desprovistos de los mecanismos de refuerzo ideológico del aparato estatal/partidista —como los núcleos del PCC o los sindicatos.
Asimismo, la diversificación del panorama comunicacional a partir de la expansión del acceso al Internet, con la entrada de otros medios han hecho converger —y competir— los mensajes del PCC, los de la oposición, los de Estados históricamente enemigos —como los Estados Unidos—, y los de Estados aliados, pero abiertamente capitalistas y neoliberales —como Rusia—; los últimos hasta son trasmitidos en televisión nacional.
En estos ámbitos digitales existen espacios claramente propagandísticos de alguno de los bandos, y otros que intentan mantener una postura de neutralidad o al menos acercamiento crítico a la realidad más allá de su afiliación ideológica. Pero sin dudas, todos complejizan la conversación ciudadana, como también lo hacen las redes sociales digitales en las cuales, más allá de la propaganda vertida, existe debate y confrontación de ideas con mayor o menor respeto.
Hoy un cubano tiene muchos más sectores de influencia que pudieran estar convidándolo a protestar o no que hace 20 años, también muchas más formas de organizarse o afiliarse a grupos —que trascienden la sociedad civil estatalmente reconocida— para militar políticamente.
La protesta
La protesta puede ser síntoma de salud cívica, porque implica una autoconciencia por parte de la ciudadanía de la necesidad de transformar su realidad, pero también presupone la incapacidad de la política institucional para resolver las contradicciones de forma natural.
Específicamente la protesta callejera es una de sus expresiones más confrontativas. Tiene un fin claro de incomodar para llamar la atención sobre un problema o demanda, pero también una alta sensibilidad a volverse violenta, pues tanto los que la llevan a cabo, como los representantes del Estado —dígase funcionarios o agentes policiales— están en una constante tirantez.
Esta forma de respuesta cívica a los problemas, si bien ha estado naturalizada en occidente, vuelve a hacerse recurrente —con más o menos violencia— en la Isla durante los últimos años. Sus exponentes más llamativos han sido el 11m de 2019, 27n de 2020 y 11j de 2021, aunque hay otros ejemplos puntuales de menor alcance.
En todos los casos, la tensión de quienes intentan volverla violenta desde afuera, y hasta utilizarlas como pretexto para una «intervención humanitaria» —forma «hipócrita» de decir invasión extranjera—, se entrelaza con un Estado que no está habituado a lidiar con el disenso y una ciudadanía que tampoco está acostumbrada a organizarse para hacer demandas cívicas en la calle.
La constitución cubana, si bien protege los derechos de reunión, manifestación y asociación, aclara que estos deben ejercerse «con fines lícitos y pacíficos», algo que se dificulta al no existir una Ley de Manifestaciones que permita organizar mejor estos derechos, además de que en el Código Penal y otros instrumentos jurídicos tienen artículos que directa o indirectamente criminalizan la disidencia frontal.
Pueden darse diversos tipos de protestas con diferentes objetivos. Académicos relevante cubanos y extranjeros también ha realizado análisis sobre el tema. Para este caso, me permitiré sintetizarlos en tres grandes bloques que de una forma u otra estuvieron presentes en casi todos los casos de manifestaciones:
- La protesta cívica: está encaminada a presionar al Estado para lograr una reforma o acción concreta. Por lo general se extingue totalmente cuando dicho objetivo fue conseguido. Por ejemplo, una protesta por la demora en arreglar una rotura que impide el abastecimiento de agua o corriente, o una para garantizar derechos a la comunidad LGBTIQ+ como el matrimonio igualitario.
- Protesta antigubernamental: implica la demanda por reestructuración del gobierno, puede ir directamente encaminada contra un funcionario puntual —gobernador, ministro, presidente— o contra un gabinete completo, mas no necesariamente contra el sistema político. Pudiera resolverse remplazando el funcionario o el grupo de funcionarios que genera la incomodidad.
- Protesta antiestatal/antisistema: implicaría la transformación del Estado y las estructuras del sistema político, objetivos que rara vez se logran con una protesta. Para el caso cubano pudiera verse en las consignas de «abajo el comunismo».
Si bien en las manifestaciones del 17m se ven representaciones de los tres tipos antes expuestos, la mayoría de las demandas apuntaban a entenderlas como una protesta cívica con dos reclamos claros y concretos «corriente y comida».
Las respuestas
Las protestas fueron informadas en primera instancia por los perfiles en redes sociales de algunos manifestantes, pronto se volvió una noticia de interés nacional e internacional. Aunque analizar el discurso a raíz de estas sería objetivo de otro trabajo, apuntaré datos puntuales:
- Si bien la estrategia discursiva de los medios no estatales fue diversa, era claro y recurrente el llamado era a extender las manifestaciones por todo el país de forma similar a como ocurrió el 11 de Julio.
- Los medios estatales llegaron tarde al acontecimiento y con una cobertura sumamente deficiente que violaba las reglas más elementales del periodismo. Cero entrevistas a los manifestantes, cero preguntas incisivas a los decisores.
- En la Florida, congresistas de origen cubano pronto intentaron capitalizar lo ocurrido a favor de sus intereses. La embajada norteamericana también emitió un comunicado «preocupándose» por la difícil situación que vive el pueblo cubano. Como era de esperar ambos evadieron hablar del impacto que tiene en esta situación la política del Estado al que representan.
- Los funcionarios del Estado cubano, por su parte evitaron hablar de las causas internas en el debilitamiento de la situación de bienestar en el país.
Nada nuevo bajo el sol. No obstante, lo que sí constituye un cambio importante con respecto al tratamiento de las protestas anteriores del 11j fue el discurso en torno a los manifestantes. Lejos de intentar presentarlos como vándalos, lumpen, confundidos o «grupúsculos pagados por la CIA», por lo general periodistas de medios oficiales y funcionarios reconocieron el derecho a hacer reclamos en el espacio público ante una situación asfixiante.
La figura política que encaró a los primeros manifestantes fue Beatriz Johnson Urrutia, antes gobernadora y actual secretaria del Comité Provincial del PCC en Santiago de Cuba, también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular con el menor porciento de votos en su territorio y la octava candidata menos votada en todo el país en las elecciones de 2023.
La funcionaria dialogó con los presentes de forma respetuosa desde la difícil postura de quien no tiene más nada para ofrecer que no sean explicaciones, algunos de sus interlocutores respondieron con la frase «no queremos muela».
Lo cierto es que la intervención de Johnson Urrutia y la promesa de completar inmediatamente los faltantes en la canasta familiar normada lograron aplacar las protestas en el municipio cabecera, aunque luego hubo réplicas visibles en los territorios de El Cobre (Santiago de Cuba), Santa Marta y Los Mangos (Matanzas) y Bayamo (Granma). El presidente cubano y varios periodistas más tarde expresaron que esta misma actitud había sido seguida por el resto de los representantes del gobierno y el Partido, aunque hay menos evidencia del manejo en estos otros lugares.
Las soluciones
Cuatro días después de las manifestaciones el canal de la presidencia publicó una entrevista de la periodista Arleen Rodríguez Derivet al presidente cubano Miguel Díaz-Canel junto al ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy. En el espacio se intentó explicar las razones de las protestas y las posibles soluciones a la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional.
Si bien es válido el intento de comunicación política, el mandatario cubano, volvió a centrarse en las causas externas y evitó analizar frontalmente las problemáticas internas, incluso cuando la periodista se lo preguntó directamente y algunas —como los desaciertos en el diseño e implementación de la llamada «Tarea Ordenamiento— han sido reconocidas públicamente por él mismo y su primer ministro en ocasiones anteriores.
Tampoco se mencionó el recientemente escandaloso caso de corrupción e ineptitud del exministro de economía y viceprimer ministro Alejandro Gil, ni qué hará su sucesor para solucionar los problemas que dejó en el Ministerio y el país.
Reducir las causas más complejas de las protestas a solo «bloqueo y apagones» es un ejercicio de limitadísima autocrítica que no ayuda para nada a la «confianza» que el gobernante pide al pueblo mientras se encuentran las soluciones. Si no se es capaz de, en momentos de crisis, reconocer con sinceridad y precisión los problemas, es poco probable que puedan solucionarse.
En el otro bando, la mayoría de los activistas opositores recalcaron como única salida el desmantelamiento del sistema político cubano. Sin embargo, casi ninguna manifestación destruye por sí sola un sistema político en la actualidad. Si bien las protestas pueden lograr ciertas reformas, o incluso de manera muy puntual y asilada, la renovación de un gabinete de gobierno, los Estados en casi todo el mundo tienen la suficiente tecnología para ahogar, ya sea militarmente o por otras vías, la insurrección ciudadana que pueda poner en peligro su conservación. Cuba no es la excepción.
Por tanto, una transición forzada solo podría lograrse mediante una guerra civil o la intervención extranjera, en ambos casos implicarían derramamiento de sangre y heridas en la nación cuyos efectos serán devastadores para la construcción de un desarrollo democrático posterior.
Asimismo, más allá de que el nuevo sistema debería responder a las reglas de la democracia liberal, la oposición tiene muy poco sobre la mesa que explique cómo piensan garantizar, bajo esas reglas, la soberanía nacional, y más importante aún, el bienestar y la justicia social en un contexto de subdesarrollo que trasciende a quién gobierne.
Puerto Rico —también con sus apagones— nos recuerda que ni la anexión ni el capitalismo neoliberal son el camino, por más lindo y próspero que se nos vendan. No funcionan igual en el llamado primer mundo que en el tercero, por tanto, recordar nuestra posición geopolítica es primordial para pensar de forma certera cualquier proyecto de país.
Por otro lado, es una fórmula condenada al fracaso afianzar el autoritarismo de Estado y el anacrónico intento de control ideológico, a la par que se privatizan los espacios públicos sin licitación visible ni control, se entregan terrenos al capital extranjero sin ninguna transparencia o rendición de cuentas y se descuidan algunos servicios públicos básicos y garantías ciudadanas. No funcionó en la mayoría de las exrepúblicas del llamado campo socialista, menos que menos funcionará a 90 millas de Estados Unidos.
El Estado cubano para mantener el consenso que necesita, incluso para conservar en el poder, tarde o temprano tendrá que:
- reconocer sus errores, ineficiencias, autoritarismos y el impacto que han tenido en el agravamiento de la crisis,
- cambiar el discurso de resistencia y sacrificio por una estrategia que permita desarrollar bienestar en el mediano plazo,
- asumir que las sanciones norteamericanas son una constante, y por tanto, centrarse en las variables que sí puede transformar,
- dinamizar la economía y para eso es también imprescindible mecanismos de transparencia y control popular que permitan revocar de forma rápida a los corruptos e ineptos de sus cargos, así como recuperar la confiabilidad para inversores y trabajadores,
- iniciar un proceso de diálogo y reconciliación nacional que posibilite sanar las heridas, para esto resulta esencial dejar de criminalizar el disenso y metabolizarlo con mecanismos para una verdadera participación de todos los cubanos —o al menos de los que apuesten por el desarrollo y soberanía de su país— más allá de sus formas de pensar.
Mientras eso no ocurra seguiremos peleándonos entre nosotros, y con los que sacan partido de la miseria de Cuba —ya sea poniéndola de ejemplo para asustar al mundo de «lo que provoca la izquierda» o aprovechando sus privilegios para enriquecerse en medio del caos— mirando el panorama con palomitas.
El inmovilismo por el que vamos no nos llevará a otra cosa que al agravamiento de las condiciones que están estimulando las protestas y que podrían conllevar a un estallido mayor. Si la hecatombe ocurre, podremos culpar al comunismo o al imperialismo, pero ya poco se podrá hacer.
Fuente: https://jovencuba.com/protestas-causas/
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