El campo político de Bogotá, incluso el de toda la nación, se mueve, en la fase inicial del año 2014, influido por la crisis derivada del golpe institucional orquestado por el Procurador Alejandro Ordoñez contra el Alcalde popular de Bogotá, Gustavo Petro. El burgomaestre de la Capital de la República ha debido recurrir a recursos […]
El campo político de Bogotá, incluso el de toda la nación, se mueve, en la fase inicial del año 2014, influido por la crisis derivada del golpe institucional orquestado por el Procurador Alejandro Ordoñez contra el Alcalde popular de Bogotá, Gustavo Petro.
El burgomaestre de la Capital de la República ha debido recurrir a recursos jurídicos, políticos, internacionales y mediáticos para sortear una feroz arremetida de grupos mafiosos y de ultraderecha empeñados, desde hace más de 24 meses, en bloquear y colapsar su gobierno y la ejecución del Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.
En principio se activó una revocatoria del mandato mediante la compra de miles de firmas con dineros aportados por los empresarios propietarios mayoritarios de la contratación oficial y los políticos de la misma cuerda. Posteriormente se apalancó una acción disciplinaria desde la Procuraduría General de la Nación, cuya cabeza es un personaje muy retrogrado, aduciendo supuestas irregularidades en la implementación de un nuevo modelo de basuras que rescataba este servicio público para la gestión del Estado, controlado por cuatro monopolios asociados a grupos del paramilitarismo uribista.
Las votaciones para una eventual revocatoria han sido convocadas por la Registraduría para el día dos de marzo del 2014 y las diferentes encuestas están indicando que el Alcalde saldrá adelante en dicha prueba.
La destitución proferida por el Procurador Alejando Ordoñez, desde el 9 de diciembre, consumó un decisión política con las características de un «golpe de Estado» al que se le ha pretendido dar un manto de juridicidad, pues con el argumento de castigar una estrategia gubernamental, que a todas luces indica una ampliación de competencias en la función disciplinaria, se destituye y ordena la muerte política a un Alcalde que para Ordoñez representa un afrenta al consenso moral del pueblo colombiano y a las sagradas instituciones que nos rigen. El Procurador ha consolidado un verdadero golpe de Estado en estricto sentido. Todo dizque para proteger lo que según su criterio son valores esenciales y superiores de la sociedad, omitiendo de esa manera los principios constitucionales y políticos del Estado social y democrático de derecho. Ordoñez piensa que la Carta Constitucional es un protocolo muy humano, bajo en la estructura de valores sociales, que debe sujetarse a las disposiciones bíblicas trazadas por un ser superior. Omitiendo que un Estado de Derecho contemporáneo se apoya en la sujeción a las normas que los seres humanos se dan ellos mismos.
Prevalido de las ínfulas que le agregó la politiquería clientelar, Ordoñez, ejemplo del oscurantismo feudal en el siglo XXI, orquestó una cruzada dogmática contra manifestaciones y decisiones que son conquistas de la civilización humana. Las parejas y matrimonios del mismo sexo, el aborto, la diversidad sexual y de género, los derechos de la mujer sobre su cuerpo, son hechos sociales, culturales y jurídicos con plena validez así muchos en la sociedad no los hayan admitido en sus patrones de comportamiento cotidiano. La Carta del 91 incluyó como derechos esenciales la diversidad, la multiculturalidad, el libre desarrollo de la personalidad y el pluralismo. No obstante Ordoñez los ignora, descalificando las agrupaciones comunitarias minoritarias pretendiendo implantar sus creencias religiosas oscurantistas.
La destitución del Alcalde Petro desconoció aspectos esenciales del derecho moderno: el debido proceso, la doble instancia, el derecho a la defensa, la garantía de la imparcialidad del juez. Igualmente lesiona gran parte de los valores constitucionales: sanciona una política pública que sería la más apropiada en un Estado Social de Derecho que prioriza los más débiles y se enfoca al interés general, elimina el principio democrático del Estado.
Ordoñez, mediante una versión abusiva y dictatorial de sus funciones, ejecuta un abundante régimen disciplinario, muy publicitado, sesgado y dogmático para silenciar contradictores así como para diluir o dilatar la ilegalidad de sus socios políticos, despojadores del Estado, parapolíticos o militares violadores de los derechos humanos, con uno que otro sancionado para distraer la opinión. Comportamiento autoritario al que le agregó el pacto desvergonzado de su reelección con legisladores y magistrados a quienes ha retribuido con abundantes cuotas burocráticas de alta remuneración.
Hoy es claro que sus determinaciones disciplinarias sobre los funcionarios de mayor jerarquía son la materialización de una artimaña oscura para quitar del camino a sus eventuales contradictores en la campaña presidencial de 2018, que tendrá como propósito imponer un régimen super oscurantista coaligado con el uribismo. En ese sentido, Gustavo Petro y un avance exitosos de su gestión son un formidable obstáculo. Lo de la crisis por el cambio en el modelo de basuras -si este no es la razón habría sido otra cualquiera- superada en escasos 3 días, pero que a criterio de la Procuraduría demostró la «incapacidad absoluta del Alcalde para superarla» es un mediocre pretexto – E. Tapia criminalizado por el cartel de la contratación en la ciudad y para nada cercano a Petro, desnudó el complot de los empresarios para producir el desorden caótico (El Espectador 11.12.2012). Con tal montaje, ampliando sus competencias y distorsionando el proceso, Ordoñez se planteó la destrucción política de Petro en un pronunciamiento que sintetiza una coartada y una posición ideológica/doctrinaria, seguro en que la respuesta a tan descomunal arbitrariedad apenas sería una inocua manifestación, y no la potente movilización registrada desde diciembre del 2013, como nunca había ocurrido en la historia republicana, que algunos quieren minimizar para apuntalar ya una campaña electoral express en la que los ganadores serían o German Vargas o Pacho Santos, en nombre de la parapolítica o del establecimiento oligárquico.
Es, ni más ni menos, lo que se conoce como una justicia política o sea el uso de procedimientos legales con fines politiqueros o, en otras palabras, el uso de la ley para influenciar la lucha por el poder político.
Lo de Ordoñez es un abuso con fines políticos.
El Alcalde Petro se ha desplazado en tres escenarios jurídicos con el fin de realizar su defensa exponiendo los argumentos adecuados a los fines de las medidas dictadas para favorecer los intereses comunales de los bogotanos y que la Procuraduría califica como desacertadas e ilegales. Recientemente han sido acciones de tutela contra el fallo y una demanda de nulidad ante el contencioso-administrativo para pedir la suspensión del fallo disciplinario. Tareas que se suman a la solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la defensa con el recurso de única instancia y la petición al Presidente Santos para que se abstenga de consumar el procedimiento ilegal de Ordoñez.
Sin embargo, el escenario central para el Alcalde Petro es el cuarto. Me refiero a la movilización popular y a la potencia del poder constituyente que se ha desplegado en el centro de la ciudad y en la Plaza de Bolívar, con repercusiones por todo el territorio de la Nación. Es el terreno que los columnistas afectos a Ordoñez desconocen y subestiman mediante una rebuscada discursividad jurídica o sesgada valoración de la manifestación del 10 de enero, que en realidad reflejan el temor por la capacidad histórica de la multitud para incidir en regímenes jurídicos obsoletos y arbitrarios como el que le sirve de soporte a la tropelía del Procurador. Las experiencias recientes en América Latina han sido exactamente esas. Así se dio en Argentina en el 2001 cuando las masas destituyeron 5 mandatarios en cosa de días, a raíz del famoso corralito financiero para favorecer el modelo neoliberal que termino con 10 muertos y espectaculares acciones en el centro de Buenos Aires. No me extiendo en lo de Bolivia, Venezuela, Brasil, México, Ecuador y Chile, donde la airada presión de las masas ha liquidado una institucionalidad vaciada de legitimidad, como es el caso que nos ocupa de la Procuraduría y su insolente representante.
El golpe de la Procuraduría crea un nuevo campo de conflicto para la lucha política en tanto que la ofensiva de los núcleos retardatarios, autoritarios y violentos, obliga también a una recomposición de las fuerzas democráticas y progresistas en Bogotá en defensa de la paz y la democracia con evidente incidencia en todo el país.
Las movilizaciones deben seguir en defensa del Alcalde Petro y de la Bogotá Humana. Es la proyección del potente 10 de enero que debe mutar hacia Asambleas permanentes, paros cívicos en red humana y más organización popular como lo sugiere Fernando Dorado desde el Cauca con los Comités Democráticos allí organizados que, además, demandan una Asamblea Constituyente que surja de la acción de masas multitudinaria para que sus tareas tengan el sentido radical que la coyuntura demanda. Propuesta que recibió amplio apoyo en el último discurso del Alcalde Petro.
Petro debe seguir adelante con su obra, más ahora que se dará inicio a un ciclo de grandes proyectos para mejorar la movilidad de la ciudad, que son fruto de la gestión progresista.
Hay que saber que en el 2014 se realizarán o contrataran trascendentales obras relacionadas con la movilidad y con la competitividad de la región y la calidad de vida de los ciudadanos. La agenda de la administración distrital señala que en septiembre del presente año estén terminados los estudios del Metro pesado, primera línea, que despegara su construcción en 2015.
Dicha línea subterránea de metro tendrá 27 Kms, con una estación cada kilómetro en promedio, entre El Tintal al sur-occidente de Bogotá, el centro y el borde oriental de la ciudad, hasta la calle 127 al norte. Cada kilómetro puede valer 100 millones de dólares americanos. Además, como los cables aéreos de Medellín, están programadas dos líneas, una en Ciudad Bolívar y otra en San Cristóbal, en el sur de Bogotá.
Los proyectos en materia de transporte son de mucho espesor, cuentan con nuevas vías en el occidente y en el sur, ampliación de la avenida carrera 11 al norte, mejoras en la NQS, la avenida carrera 7 podría tener tranvía, es evidente la ampliación de Transmilenio, movidos sus buses con fluido eléctrico. Total, habrá obras para mejorar la movilidad por más de $2,5 billones para este año y la iniciación de importantes proyectos para 2015.
Obras que complementan el amplio y fluido gasto social de la Bogotá Humana con palpables beneficios para la población en situación de segregación y discriminació
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