Hacer el ejercicio de reflexionar, como víctimas del paramilitarismo y del Estado, sobre el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez en la Oficina para las Víctimas del Ministerio del Interior, nos lleva a plantear, en primer lugar, que la “reconciliación” no debe estar basada en el olvido y la impunidad.
Por tanto, las contradicciones generadas con la designación de Rodrigo Tovar simplemente hacen referencia a la incompatibilidad de su perfil con los objetivos del trabajo con las víctimas por motivos éticos, en tanto que el Gobierno ultraderechista de Duque-Uribe, designa a uno de sus “hijos” en un cargo público con una sensibilidad política evidente.
Es legítimo ver otra traba más a la implementación de los Acuerdos de la Habana, porque no debemos renunciar al planteamiento clásico de “Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, que implica aceptar que las víctimas somos sujetos de derechos. La operación de designación es una maniobra clara de “puertas giratorias” entre el paramilitarismo y el Gobierno, dentro del mismo escenario ideológico, que pretende blanquear, validar y silenciar los crímenes del terror paramilitar. Así, la impunidad se revela simultáneamente como compensación de la legalidad.
Nombrar al hijo del señor de la guerra en el Caribe, señala una infiltración mafiosa de las estructuras del poder político, sin olvidar que el “paramilitarismo” sigue asesinando liderazgos sociales a diario en Colombia. En base a dicha infiltración, se identifica una transición de grupos armados subordinados a las fuerzas de seguridad estatales, ejércitos privados dedicados a ejercer coerción y protección a prácticas depredadoras, y a influir las dinámicas de las políticas públicas estatales y locales: leyes de víctimas, caracterización de estas, procesos de reconocimiento de responsabilidad, etc. Por tal motivo, esta decisión de la ministra, se hace a espaldas de las víctimas y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Con el nombramiento se desconocen las peticiones, las demandas de las víctimas (también las exiliadas), frente al contexto del paramilitarismo en el país, que obviamente tiene nexos con la clase política. Rodrigo Tovar debería quedar impedido para desarrollar un trabajo con las víctimas puesto que su padre no ha contribuido a la verdad sobre el paramilitarismo en la región Caribe y la connivencia con políticos, militares y empresarios.
Quedan muchas preguntas por hacer: ¿de dónde surge el dinero para la formación de este joven? ¿Qué hay detrás de esa voluntad de blanqueo con la imagen de “padre malo, hijo bueno”?
Presionaban, a través de las armas del Bloque Norte, para que los votos fueran a parar a congresistas del mismo partido que designa a su hijo. No podemos olvidarnos, la toma a sangre y fuego de las universidades públicas de la región Caribe, donde nombraban rectores y decanos; sumando los hospitales públicos, cuyas economías fueron a financiar la guerra; al igual que el negocio del narcotráfico que lideraba Jorge 40.
El día 9 de junio, termina la condena en los Estados Unidos, y como víctimas del paramilitarismo y el Estado, queremos que cuente al país cómo se desarrolló toda esa lucha contrainsurgente en la región Caribe, y cómo han sido las alianzas con parapolíticos y empresarios desde los años ochenta hasta la fecha. ¿El nombramiento de su hijo nos acerca a esos objetivos?
Adenda: Recomiendo el libro de Vilma Liliana Franco Restrepo, Orden contrainsurgente y dominación, para acercarnos a este y otros temas.
Fuente original: Las puertas giratorias – Semanario Voz