El frondoso árbol del caso Lavandero no deja ver el bosque de los montajes comunicacionales y las operaciones psicopolíticas con que los poderes reales administran y regulan la dirección de los acontecimientos políticos del país. A pesar de que comparte la mayoría de los rasgos distintivos de tales montajes, contiene una nota singular: la fruición […]
El frondoso árbol del caso Lavandero no deja ver el bosque de los montajes comunicacionales y las operaciones psicopolíticas con que los poderes reales administran y regulan la dirección de los acontecimientos políticos del país.
A pesar de que comparte la mayoría de los rasgos distintivos de tales montajes, contiene una nota singular: la fruición con que el yanaconaje criollo disfruta la masacre de la imagen pública de uno de los pocos políticos que ha osado desafiar a las poderosas transnacionales del cobre en defensa de los intereses de Chile.
El listado de estas operaciones político comunicacionales es de suyo elocuente. Aparte del caso Lavandero, entre los más recientes cabe consignar la captura de Galvarino Apablaza en Buenos Aires, el bizarro caso Spiniak, con sus múltiples esquirlas, y el caso MOP-Gate, cuyos reales alcances están todavía pendientes. Un peldaño atrás en el tiempo, se sitúan la conspiración que hizo saltar a Nelson Mery de la dirección de Investigaciones; la que hizo lo propio con su antecesor, el general Horacio Toro, y las que han obstruido sistemáticamente las ambiciones políticas de Sebastián Piñera. Una sorprendente relación con las transnacionales del cobre tuvo la caída del entonces Ministro de Minería, Juan Hamilton, a propósito del escándalo por el desmalezamiento en RPC, en el primer gobierno de la Concertación.
La dictadura escenificó un verdadero festival de montajes psicopolíticos, cuando abundaban los septiembres «rojos», los diciembres «negros» y las conjuras del «marzismo lininismo» internacional para alterar el orden público y la paz ciudadana, que tenían por objetivo encubrir las políticas genocidas del terrorismo de Estado. De seguir la flecha por el lado de la pluma, se llega a la matriz que prohijó esta clase de operaciones: la conspiración maestra que orquestó el clima propicio para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, iniciada aun antes de que asumiera el Presidente Allende, tal como está documentalmente establecido.
Condena sin prueba
En el drama particular que afecta al senador Lavandero resalta la unanimidad de la condena versus la debilidad de la prueba.
Curiosamente, el delito imputado tiene gran efecto mediático, pero no deja huellas físicas que lo puedan comprobar, sin perjuicio de que no calza con las tipificaciones clínicas y etiológicas de la conducta reprochada.
Luego, se funda en acusaciones de personas que tienen motivos particulares para agredirlo, o bien, son susceptibles de recompensa económica, y de menores fácilmente influenciables, cuyas versiones presentan notorias inconsistencias y contradicciones.
El articulador de la denuncia es un canal de televisión que se ha distinguido por su participación en montajes de semejante ralea. Los recursos humanos y materiales empleados, así como la permanencia en el tiempo del equipo «investigador» en terreno, exceden sobradamente las posibilidades de un programa informativo normal. El programa mismo se limitó a explotar con habilidad ciertos golpes de efecto, pero no presentó una sola prueba incontrovertible o distinta a las versiones de la parte acusadora.
La actuación judicial, en el marco de la reforma procesal penal, se reduce al cambio de tres fiscales, hasta encontrar uno dispuesto a avalar las imputaciones. El mismo que ha recurrido a una exposición mediática del acusado que no se condice con el mérito de la prueba, y que ha atropellado impunemente el principio de la inocencia jurídica del imputado mientras no se demuestre lo contrario. Las agrias disputas intestinas entre el Fiscal Nacional y los fiscales regionales no hacen sino rubricar la sospecha. Aparte del notorio vacío legal de su competencia, el fiscal inquisidor ha soslayado las numerosas contradicciones de las versiones de la parte acusadora, y ha omitido sistemáticamente todo antecedente favorable al acusado.
En el proceso, sólo hay dichos contra dichos, asunto que plantea una inquietante interrogante respecto al nuevo sistema procesal: la acumulación cuantitativa de versiones ¿basta para la condena?.
En rigor, todo lo que hay es un procesamiento público a través de los medios de comunicación, fundado en la moralina pequeñoburguesa que juzga sin reparar en la viga en el ojo propio y condena sin necesidad de prueba.
El circuito se completa con la temeraria actuación de los medios de comunicación, que en la práctica se han comportado como el instrumento ejecutor del asesinato público de la imagen de Lavandero.
Si el día de mañana se demuestra su inocencia ¿cómo podrían restituirle el honor?.
Reglas básicas del montaje comunicacional
En el caso del senador Lavandero, se cumplen todas y cada una de las premisas de los montajes psicopolíticos que se valen del poder multiplicador de los medios de comunicación, desentrañadas por Jean Marie Domenach, en el clásico libro La Propaganda Política. De entrada, ésta se define como el intento deliberado y sistemático de inducir percepciones y preconstituir escenarios para obtener una respuesta del público en consonancia con la voluntad intencionada del emisor. Para el efecto, los manuales de inteligencia prescriben técnicas de sorprendente vigencia en el caso Lavandero. Entre ellas:
1) La ley de simplicidad, que recomienda la organización de los mensajes propagandísticos con enunciados primarios y símbolos o imágenes fácilmente asimilables por el público; 2) la ley de la empatía, que establece la necesidad de condicionar al público no por la vía racional, sino por la emotiva y la perceptivo-sensorial; 3) la ley de la sorpresa, según la cual las más eficaces de las mentiras son las verdades a medias; 4) la ley de la repetición, en virtud de la cual las afirmaciones sin prueba y las verdades parciales terminan por ser aceptadas y asumidas por la audiencia; 5) la ley de la saturación, en que la reiteración sistemática y programada busca la implantación de ideas y conceptos en el imaginario colectivo; 6) la ley de dosificación, a través de la cual se administran, relacionan y jerarquizan los contenidos del mensaje propagandístico, y 7) la ley de la orquestación, por la que el propagandista regula la coherencia de la campaña, su ritmo, secuenciación y plazos, conforme al plan diseñado previamente.
De manera consciente o consuetudinaria, la información pública sobre el caso Lavandero, así como de los otros montajes previamente consignados, se atiene estrictamente a las reglas y premisas reseñadas.
El partido orgánico
Otro patrón invariable de los casos consignados consiste en la confluencia e imbricación de autores, motivos e instrumentos, en un cambalache que articula medios de comunicación, aparatos policiales y de inteligencia, empresarios prominentes, políticos funcionales, funcionarios de potencias imperiales y jerarquías religiosas, orquestados por los intereses de los ocultos poderes del gran capital.
En la hipótesis gramsciana, el conjunto de estos actores configura lo que éste denomina partido orgánico, entendido como una compacta estructura de redes de poder cuya función consiste en preservar los lineamientos básicos de determinado sistema político y económico de dominación, predominantemente de clase.
En tal sentido, montajes como los descritos cumplen con el profiláctico objetivo de prevenir y regular potenciales riesgos o amenazas capaces de alterar el equilibrio homeostático del sistema, sea que provengan desde el exterior o se incuben en las entrañas del mismo.
Autores, motivos e instrumentos
El análisis de motivos e instrumentos proporciona pistas para remontar hasta los autores últimos y sus intereses, los que por definición, permanecen agazapados en las sombras.
En el caso Lavandero, los motivos son obvios: liquidar al exponente más visible de la confrontación contra las grandes transnacionales mineras, y por esa vía, inhibir y desprestigiar la propia lucha que se propone recuperar el cobre para los chilenos, o al menos, obligarlas a compartir una parte de sus fabulosas utilidades. El instrumento ha sido la aquiescente batería de los medios de comunicación, y dentro de ellos, uno que se distingue particularmente por su dudoso historial en montajes de esta índole. ¿Recursos para financiar la operación?. Todos los que sean necesarios. La autoría intelectual queda librada a la deducción del lector.
La captura en Buenos Aires de Galvarino Apablaza, líder histórico del FPMR es el caso fallido de una operación psicopolítica que se proponía empatar las repercusiones públicas del informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Aunque en definitiva no lo consiguió, es un hecho de la causa que los aparatos de inteligencia de Argentina y Chile tenían localizada su presencia con meses de antelación.
A palos con la UDI
El caso Spiniak presenta una característica recurrente de este tipo de montajes. El paroxístico clímax del ciclo del escándalo contrasta con los menguados resultados de la investigación judicial, que se limitó a procesar al propio Spiniak y su red de proxenetas, así como a Gema Bueno y al sacerdote José Luis Arteagagoitía, entre los casos colaterales; al paso que la prensa ya casi no lo menciona. Pero eso carece de importancia, toda vez que los objetivos fueron ampliamente cumplidos: Pablo Longueira salió de la presidencia de la UDI, Jovino Novoa no consigue desprenderse del estigma, y el partido como tal sufrió un castigo electoral. Para los efectos buscados, poco importa que las imputaciones fueran verdaderas o falsas, pues su prolongada exposición en el ámbito mediático las dejó sólidamente implantadas en el imaginario colectivo; una característica perversa de estos montajes, por lo demás.
Resta indagar por qué el partido orgánico montó esa operación contra la UDI.
En el terreno de la hipótesis, porque su crecimiento electoral amenazaba con desequilibrar las correlaciones que estabilizan al sistema. Pero en lo fundamental, porque los poderes reales consideran mejor resguardados sus intereses de largo plazo bajo la administración de la Concertación.
En aval de lo anterior concurre el análisis de los instrumentos utilizados. Por lo pronto el origen de la maniobra no estuvo en la inteligencia nacional, ni menos en los operadores de la Concertación. Luego, no queda sino mirar hacia el norte, donde reside el verdadero patrón del fundo.
El iniciador de la maniobra fue un periodista de sospechosas relaciones, con antecedentes de actuaciones semejantes en los Estados Unidos, mientras que los instrumentos mediatos fueron una parlamentaria ligada a connotados lobbystas de la barra norteamericana, y llamativamente, el propio Canal Trece, cuya entrevista a Gema Bueno desencadenó la fase frenética de la trama.
Un caso de autorregulación
Con el caso MOP-Gate-CIADE, los poderes reales consiguieron poner de rodillas al gobierno, y de hecho, la exposición mediática de los escándalos cesó casi por ensalmo una vez que lograron imponerle su proyecto de largo plazo, un paquete que incluyó la agenda pro-crecimiento, limitaciones al Poder Ejecutivo en la designación de los altos cargos de la burocracia estatal y la agenda de probidad administrativa.
En este caso, la capacidad de autorregulación del partido orgánico funcionó de manera inversa. A pesar de que no es un misterio para nadie que el objetivo de la maniobra apuntaba al propio Ricardo Lagos, Ministro de Obras Públicas a la fecha de los hechos reprochados; o más bien por lo mismo, la intensidad de la ofensiva decayó de modo inversamente proporcional a la constatación de que no tiene rivales en cuanto a la eficiencia en la administración del sistema, antecedente corroborado por desusados niveles de aprobación pública en las encuestas.
Sin embargo, se trata de una factura que permanece pendiente.
A diferencia de otras operaciones parecidas, en este caso hay contundente evidencia probatoria, si no de enriquecimiento ilícito, al menos de malversación de caudales públicos y desviación de recursos hacia la faltriquera electoral de la Concertación.
No es aventurado anticipar que, tal como le ocurrió al propio Pinochet, a Lagos se le cobrará la cuenta una vez que abandone el poder, deje de ser funcional al sistema e ingrese a la condición de producto desechable.
En el interior del sistema las cosas no son en blanco y negro. El partido orgánico es implacable. Dentro de sus contornos coexiste un coto de caza, donde compiten brutalmente intereses contrapuestos.
Pero las crisis suelen ofrecer oportunidades donde extraer beneficios.
Durante meses, el diario El Mercurio ofició de cancerbero de la conexión MOP-CIADE, éste último, organismo de fachada constituido al alero de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, cuyo decano era el actual Rector, pieza clave en las operaciones de triangulación de recursos que desembocaron en los sobresueldos percibidos por la elite de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y probablemente en la caja electoral del oficialismo. De hecho, el director del CIADE, Nassir Sapag, es uno de los numerosos procesados por esos hechos. Sin embargo, en determinado momento, se produjo lo que en la jerga del arbitraje pugilístico se denomina «atrás sin golpes». El Mercurio sacó de su pauta informativa el caso MOP-CIADE, pero a la inversa, obtuvo la exclusividad en la impresión y publicaciones de la nueva Prueba de Selección Universitaria, PSU, anteriormente asignada al estatal diario La Nación. El convenio se firmó el 8 de abril de 2004, y fue anunciado en estos términos por el boletín oficial de la «Casa de Bello»:
«Gracias a la firma de un acuerdo previo entre la Universidad de Chile y este conocido medio de comunicación, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), organismo técnico de la Casa de Bello, podrá difundir informaciones, calendarios, folletos, ensayos y los ejemplares oficiales de las pruebas de selección universitaria a todos los establecimientos de enseñanza media del país». (Boletín Unoticias, 8/04/94). A confesión de partes, relevo de pruebas.
Uno que sabía demasiado
La conspiración que derribó a Nelson Mery de la dirección de la policía de Investigaciones, en septiembre de 2003, se ajusta a los perfiles clásicos de estas operaciones digitadas desde las sombras.
Bastó una denuncia de escaso fundamento, presentada por una sospechosa ex prisionera política, desconocida para sus supuestos compañeros, dirigenta por demás, de una organización de ex-presos políticos montada para el efecto, y lo demás corrió por cuenta del efecto amplificador de un complaciente sistema de medios de comunicación que ha abdicado definitivamente del imperativo ético y profesional de chequear las fuentes, corroborar los hechos y contrastar las versiones.
Para los efectos del montaje, carece de importancia que Mery fuera exonerado de cargos en el proceso que se le instruyó por supuestas torturas. Tampoco que, a la inversa, Odette Alegría haya sido condenada por injurias contra Nelson Mery. Total, el objetivo ya había sido cumplido.
¿Por qué se resolvió, en la esfera donde se toman las decisiones del partido orgánico, la salida de Mery?. Porque su larga permanencia en el cargo le permitió una acumulación de información que lo tornaba un poder en sí mismo, y por tanto, una potencial amenaza contra el equilibrio interno del sistema. Como fuere, es un hecho que el gobierno no lo defendió.
Las torpezas de la inteligencia
Dos de los montajes inicialmente consignados presentan el antecedente común de la probada participación de los aparatos de inteligencia. La filtración de los Planes Halcón, que hizo saltar al general Horacio Toro de la dirección de Investigaciones, en abril de 1992, tenía por objetivo inhibir la colaboración que le estaba prestando a los tribunales de justicia, en las investigaciones por violaciones de los derechos humanos, que afectaban a uniformados activos o en retiro.
En la operación contra Sebastián Piñera, en agosto de 1992, quedó establecido que la cinta difundida por el empresario Ricardo Claro, connotado exponente del partido orgánico, en su canal privado de televisión, había sido grabada por un oficial en servicio activo, vinculado a la inteligencia militar. Aparte de que Piñera es aborrecido por la derecha cavernaria, la sistemática obstrucción a sus ambiciones políticas obedece a un perfil liberal que tiene puntos de contacto y coincidencia con la coalición gobernante, y por tanto, excede los marcos implícitos que regulan la competencia dentro del sistema.
La mano negra del cobre
El último caso consignado, las acusaciones contra Juan Hamilton por el caso del desmalezamiento en RPC, iniciado en abril de 1993, se imbrica con el primero, el caso Lavandero, en la medida en que en ambos tienen como telón de fondo los intereses de las grandes transnacionales del cobre.
Es innecesario abundar sobre los motivos que impulsan el montaje contra Lavandero. Pero ¿por qué Hamilton?. Porque como primer Ministro de Minería de los gobiernos de la Concertación, se permitió opinar que la inversión extranjera en la gran minería sólo debía admitirse en la medida en que el cobre explotado por ésta, fuera fundido y refinado en Chile. Ya como senador, abandonó esa postura. Tal parece que aprendió la lección de lo poderosas que son las transnacionales del cobre.
La Cofradía de Casa Piedra
En el terreno de las conclusiones, cabe aclarar que el concepto de partido orgánico no remite a una categoría absoluta o excluyente. Es sólo una hipótesis o instrumento de análisis que permite desentrañar la lógica interna del actual sistema de dominación, en función de los intereses predominantes, es decir, los del capitalismo realmente existente.
Para los efectos prácticos, poco importa que tenga o no una estructura formal o tome sus decisiones alrededor de la mesa de una suerte de Estado Mayor. Evidentemente no lo necesita. Para eso dispone del control de los medios de comunicación, y de probados nexos entre la alta dirección de la burocracia estatal, la oligarquía empresarial y la diplomacia abierta o encubierta de la potencia imperial. Sus representantes se reúnen y comparten en la nutrida agenda de actividades sociales, o en seminarios y eventos de diversa índole, realizados en Casa Piedra, verdadero asiento del poder en Chile. Pero ni siquiera requieren del contacto interpersonal. Para eso cuentan con las orientaciones que vienen del norte, con un consenso básico sobre la dirección de la economía y con un complejo código no verbal de «gestos» y «señales» que esgrimen y se intercambian a través de sus medios de comunicación.
Quizá el rasgo más notable de la situación descrita, es que los chilenos no se percatan, y ni siquiera sospechan, de la manera sibilina como se manipulan y controlan las decisiones políticas que los afectan. Muchos siguen creyendo que en el país impera un sistema democrático.
(*) Taller de Coyuntura del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Participaron en la elaboración de este informe: Francisco Herreros, Pablo Monje, Juan Cristóbal Moreno, Leandro Torchio e Iván Valdés. Redacción de Francisco Herreros.