Recientemente, el Subsecretario de Agricultura, Arturo Barrera, informó que el Gobierno destinará el presente año alrededor de $15.000 millones para el Programa de Forestación Campesina, lo que representa un 10% más que el año anterior. Esta cifra incluye el monto del programa de crédito de enlace forestal de INDAP que alcanza los $4.000 millones; lo […]
Recientemente, el Subsecretario de Agricultura, Arturo Barrera, informó que el Gobierno destinará el presente año alrededor de $15.000 millones para el Programa de Forestación Campesina, lo que representa un 10% más que el año anterior. Esta cifra incluye el monto del programa de crédito de enlace forestal de INDAP que alcanza los $4.000 millones; lo destinado al programa de transferencia técnica forestal en un monto de $500 millones; y el pago de las bonificaciones forestales derivadas de la Ley de Fomento Forestal, que es de alrededor de los $10.000 millones.
La medida se relaciona con lo anunciado recientemente por el propio sector industrial en un seminario desarrollado en Temuco hace algunos días organizado por Fondef y la Universidad Católica, oportunidad en que el gerente de Bosques Cautín, planteó su modelo de plantaciones forestales junto a pequeños productores, asociándose para que a la cosecha exista dinero para ambas partes, pero dando liquidez en períodos más cortos. Más enfático fue lo planteado por Emilio Guerra de Corma y académico de la UCT «el gran desafío país en lo forestal es de qué forma es posible mantener el liderazgo latinoamericano y mundial. Para eso necesitamos incorporar los 2 ó 3 millones de hectáreas más que están en suelos desnudos y que, de una u otra forma, es la única alternativa que tienen de poder aportar productivamente al país y a sus tenedores, principalmente pequeños y medianos».
Según este sector, sólo en la Región de la Araucanía hay 400 mil hectáreas en manos de medianos y pequeños propietarios. Han señalado como ejemplo, empresas como Bosques Cautín están haciendo convenios, al igual que la securitización también está creciendo.
«Hoy, la responsabilidad del Estado es mayor que cuando creó el DL701. Hoy el sujeto es el pequeño propietario y hay que hacerle mucho más rentable su operación», dice Corma.
Para CONAF y fuentes de gobierno, a través de su programa de forestación a campesinos y comunidades, en Chile existen cerca de 2.000.000 de hectáreas de aptitud forestal que disponen los pequeños propietarios, y que según ellos, al ser forestadas contribuirían de manera importante al desarrollo de este sector.
Para la agrupación de Temuco Konapewman, esta nueva estrategia, beneficia a las grandes compañías, principalmente Arauco y Mininco, siendo un subsidio para estas, ya que según dijeron, no necesitan adquirir más predios que signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos, como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones, aseveraron. Para este fin, según señala la organización, el Programa de Forestación Campesina cuenta con un fondo exclusivo y que irá aumentando paulatinamente.
El presidente de Expocorma, Jorge Serón Ferré , anticipándose a los hechos, dijo el pasado 13 de julio de 2004, que las inversiones futuras del sector forestal en términos de nuevas plantas de celulosa dependen de los niveles de crecimiento de las tasas de forestación. Agregó que el fuerte aumento en el valor de la tierra en los últimos 20 años hace muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios para comenzar proyectos de forestación como los que se iniciaron hace más de dos décadas. Las plantas de celulosa se construyen, precisó, cada 150 mil hectáreas de «bosques».
En este sentido, señaló que ahora corresponde al Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un horizonte de 15 a 25 años. Agregó que existen unos 4 millones de hectáreas en la Séptima, el norte de la Octava y la Novena Región de terrenos aptos para ser forestados.
Por otra parte, pero en el mismo contexto, desde hace años sectores privados como CORMA o la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, vienen promoviendo y exigiendo al sector público de planes que permita a los mapuche explotar sus tierras con miras a la actividad forestal, según ellos, como una forma eficiente de superar la situación de pobreza de las comunidades indígenas, para se transforme a las comunidades en pequeños forestales mediante apoyo técnico, educación y capacitación de sus miembros, todo esto tendiente a la integración de las comunidades, y frenar lo que ellos han denominado «la vía social violenta».
Para Pablo Huaiquilao, Ingeniero Forestal de la agrupación Konapewman e integrante de comisión forestal de la coordinación de organizaciones e identidades territoriales, indica «otra forma de introducción de especies exóticas en comunidades y sectores campesinos, que obviamente va en beneficio de las empresas, es suscribir convenios de forestación asociativa en el cual el pequeño propietario se compromete a aportar la superficie a forestar, mientras las compañías se encarga de financiar la mantención de ésta, para luego adquirir las cosechas en un periodo aproximado de 15 a 20 años».
Konapewman, como parte de su planteamiento formal sobre este tema, sostiene… «las empresas y servicios públicos están abocados de lleno a promocionar descaradamente las plantaciones exóticas entre comunidades Mapuche y campesinos para obtener la complicidad y neutralidad de los más desposeídos en estos territorios. Su objetivo es propiciar la integración de los pequeños propietarios campesinos al sector forestal, en especial a los contemplados en el Decreto Ley 701, operando bajo diversas modalidades que aseguren el cumplimiento del objetivo central……. Evidentemente, el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones estará a favor de las empresas madereras. Las empresas forestales hoy, tienen pocas posibilidades de extensión territorial ante su casi 1.500.000 hectáreas que controlan entre la VIII y X Regiones (2.500.000 en el País), principalmente por los potenciales conflictos que mantienen con comunidades mapuche, la existencia de reservas protegidas de bosque nativo y la prohibición de venta de tierras mapuche a personas no indígenas que establece la Ley Nº 19.253», a lo que se agrega la baja general en la tasa de forestación, que es un hecho lógico ante su fuerte crecimiento que ha sostenido esta actividad en los últimos años»…
Konapewman afirma que, el incorporar el manejo de monocultivos en campesinos y mapuche, las empresas anexan de este modo su patrimonio forestal obteniendo una alianza subrepticia, ya que para los tiempos de cosecha serán justamente ellos quienes adquirirán para sí la producción por la monopolización de la actividad. Además, adquirir minufundios no le es rentable, por eso se aprovecha de que las plantaciones de estos pequeños propietarios estará cubierta por las bonificaciones fiscales que otorga la Ley de fomento forestal.
Como efecto de esta nueva política, Huaiquilao considera que este hecho puede ocasionar en el tiempo que desaparezca aún más el poco bosque nativo y la flora y fauna que existe aún al interior de las reducciones mapuche y campesinos, como también, la pérdida de los recursos hídricos será extrema y se postrará la degradación e infertilización de las tierras, lo que generará progresivamente la emigración de gran parte de la población rural a la vida urbana, generando mayor empobrecimiento, cesantía, hacinamiento y serios trastornos sociales.