El 24 de julio se cumplieron 40 años de la publicación de la «Lista de los 119» en diversos medios nacionales. Respecto a las víctimas que en ella se incluyen, la impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales. La justicia […]
El 24 de julio se cumplieron 40 años de la publicación de la «Lista de los 119» en diversos medios nacionales. Respecto a las víctimas que en ella se incluyen, la impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales. La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, iniciándose la investigación del montaje que la Dina, el servicio secreto de Pinochet, denominó «Operación Colombo». En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y militante del MIR, Jacqueline Binfa, aplicando la total prescripción de los delitos.
«Exterminados como ratones», tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y cien hombres, todos luchadores antidictatoriales. La mayoría eran menores de 30 años. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la población José María Caro, de La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR, pero también había comunistas, socialistas, del Mapu o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura en Londres 38, Villa Grimaldi, la Venda Sexy o Cuatro Alamos.
Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes «informando», en grandes titulares, que ellos habían muerto en el exterior, producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia , revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Alvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la Dina, quien firmaba como «Alexis» en la prensa mercurial. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado, en 2013, por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta ese año por miembros del Colectivo 119 contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.
PRISION EFECTIVA CON PENSIONES
Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo diez criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la Dina); Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón); Manuel Carevic (Agrupación Purén); Pedro Espinoza (ex jefe Dina); Francisco Ferrer (ex jefe Dine); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior Dina); Orlando Manzo (ex jefe de Cuatro Alamos); y Basclay Zapata (integrante de Halcón). Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la mayoría de los chilenos.
Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material del caso Degollados, Alejandro Sáez, condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff, que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence y Rubén Fiedler están prófugos, eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.
El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido. Surgen diversas iniciativas artísticas y académicas: en la Universidad de Chile se abrió un concurso de ensayos sobre «Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo»; se estrenó en 2013 un documental ( 119 esperanzas , de Luis Parra). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby «119», no acogida en Chile como proyecto; hay un libro de reportajes ( 119 de nosotros ), y tesis de grado, y en el Museo de la Memoria se expone «Hilos de Ausencia» durante 119 días.
LA MEDIA PRESCRIPCION
En diez fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007 la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a los condenados la libertad, gracias a la «media prescripción», que el ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias de los criminales. Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.
La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo «La jurisprudencia de la Corte Suprema chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos», recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de «proporcionalidad y pertinencia», que justamente no se dan en estos casos claramente contrarios al derecho internacional.
Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de historia del Pedagógico Félix de la Jara Goyeneche; del estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; del carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; del interventor de la industria Aceros Franklin, Sergio Montecinos; del estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; del estudiante de sociología Jaime Robotham; del electrónico Marcelo Salinas; del decorador Fernando Silva Camus y su hijo, Claudio Silva, estudiante de pedagogía.
SENTENCIAS A MAS DE 10 AÑOS
Sólo en catorce de las 29 sentencias analizadas los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló la Dina actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó, en 2004, la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la Dina, Manuel Contreras, fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas.
Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la Corte francesa en 2011, en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras, y a otros, a cadena perpetua. En Chile, la más alta condena en el juicio por el mismo crimen fue de 10 años. Para tener una comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (www.cels.org.ar).
Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina y rugbista, y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales, cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que, en su conjunto, los tribunales actúen consecuentemente.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 835, 21 de agosto, 2015