Los grandes medios de comunicación son una pieza clave en el mantenimiento del orden establecido. Su supuesta profesionalidad se pone en duda tras cada manipulación, tras cada caso de corrupción silenciado. A continuación adjuntamos un fragmento inédito en la red del último libro de Pascual Serrano publicado por Icaria Editorial Periodismo Canalla. Los medios contra […]
Los grandes medios de comunicación son una pieza clave en el mantenimiento del orden establecido. Su supuesta profesionalidad se pone en duda tras cada manipulación, tras cada caso de corrupción silenciado. A continuación adjuntamos un fragmento inédito en la red del último libro de Pascual Serrano publicado por Icaria Editorial Periodismo Canalla. Los medios contra la información.
Durante varios meses los ambientes periodísticos y políticos de todo el mundo, y de España en especial, estuvieron muy alterados por el escándalo Murdoch, su espionaje telefónico, sus connivencias con políticos y sus chanchullos financieros. Todos los medios españoles presentan lo sucedido en el Reino Unido como métodos y hábitos ajenos a nuestro país. A ninguno se le ha ocurrido recordar que prácticamente todas las tropelías del magnate australiano tienen su correspondiente formato en España. Repasemos. En 1995 la justicia procesó a Javier Godó, presidente y propietario mayoritario del Grupo Godó, editor, entre otros medios, del diario La Vanguardia, por crear una red de escuchas ilegales con el objetivo de seguir y vigilar a numerosas personalidades de la vida política y económica española. Fueron espiados el alcalde de Barcelona, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, diferentes ministros y hasta el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Aquí no se pagó a las fuerzas de seguridad por su silencio, se les encargó a ellos realizar los pinchazos telefónicos. Fue un ex agente del CESID quien terminó condenado por crear la red de escuchas. Además, en la sede del grupo Godó un ex coronel tenía un despacho en el que aparecieron 15 documentos de los servicios de inteligencia clasifi cados como secretos y confi denciales. Al fi nal nunca se supo quién hizo el encargo de espionaje.
En el Consejo de Administración del grupo Vocento (ABC) se encontraba Emilio Ybarra, quien también fue presidente del BBVA. Dimitió de sus cargos al ser procesado por apropiación indebida de fondos ocultos en Jersey en 1990. Inicialmente la Audiencia Nacional lo condenó pero el Tribunal Supremo lo absolvió.
En 1992 el grupo Prisa compró Antena 3 Radio, la cadena líder de audiencia aquellos años y principal competidora de la Ser. Contaron con la autorización del gobierno socialista y ocho años después la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo declararon la compra y autorización gubernamental anulables e improcedentes por incumplir las leyes antimonopolio contra la concentración de medios de comunicación. Como Prisa se encargó de cerrar Antena 3 Radio, nunca se pudo revertir la operación.
Sobre el grupo Zeta cuenta el periodista de Interviú Santiago Miró que, con la mediación de siete millones de pesetas, el banquero Mario Conde logró parar las rotativas de un número de la revista de 1991, del que llevaban impresos 70.000 ejemplares, porque contenía una información sobre Banesto que no era de su gusto.
En 1998 Baltasar Garzón procesó al presidente y vicepresidente de TeleCinco acusados de diversos actos raudulentos, dos años después imputó a su principal accionista Silvio Berlusconi por delitos de fraude fiscal y violación de la legislación española anticoncentración de medios. La impunidad parlamentaria de Berlusconi impidió que fuera juzgado, al igual que su mano derecha Marcello Dell’Utri, que fue presidente de Publiespaña, la empresa encargada de la publicidad de TeleCinco. Dell’Utri ha sido condenado en Italia a varios años de prisión por colaboración externa con la mafia.
El diario El Mundo pertenece a Unidad Editorial. Aquí los directivos del periódico, sabedores de que el grupo italiano Rizzoli estaba interesado en hacerse con la mayoría de las acciones de la compañía, compraron a sus compañeros de redacción sus participaciones para revenderlas a los italianos y embolsarse, en el caso de Pedro J. Ramírez, alrededor de 2.000 millones de pesetas entre 1999 y 2003.
Sobre la connivencia entre políticos y grupos de comunicación, de sobra se conocen las sinergias del PSOE con Prisa y Mediapro (Público, LaSexta), aunque con recurrentes discusiones de familia que nunca llegan a mayores. Los sindicatos de TVE han denunciado en numerosas ocasiones las millonarias contrataciones a la productora Mediapro. Y el periodista Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación con Rodríguez Zapatero y marido de la ex ministra de Defensa Carme Chacón, es consejero delegado de una multinacional británica accionista de LaSexta. En cuanto a Prisa, su principal accionista de entonces y presidente, Jesús Polanco, recibió millonarios ingresos del gobierno de Felipe González a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo, destinados a que países, en su mayoría latinoamericanos, compraran bienes y servicios de empresas españolas. Gracias al gobierno socialista Prisa fue la única empresa española que explotaba un canal de pago de televisión.
Son solo pequeños ejemplos para recordar que aquí nuestros propietarios de medios no tienen nada que aprender de Robert Murdoch. La diferencia es que en España ni dan explicaciones en el Congreso ni terminan condenados por la justicia.
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