El Gobierno indio ha recurrido al endurecimiento de las penas como respuesta a la indignación de la población por la salvaje violación y muerte de una niña de 8 años en la Cachemira india, una vieja solución para un problema de larga data que parece terminar siempre en el mismo viejo resultado.
Casi 20.000 de las 38.947 denuncias por violación que se presentaron a la Policía en 2016 en la India tuvieron como víctimas a menores, según datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB). Para la reconocida socióloga Katharina Poggendorf-Kakar, «no son necesariamente los números, sino el contexto sobre quién es violado y cómo, lo que obliga a mirar el contexto cultural indio». «Las violaciones en grupo están a menudo acompañadas de una horrible brutalidad, donde las mujeres son desfiguradas con botellas rotas, ácido», dijo a Efe la socióloga, al subrayar la extrema crueldad de unos actos que son cometidos con frecuencia en grupo con entera sensación de impunidad.
Pese a la recurrencia de estos crímenes, la tortura, violación y asesinato de la niña en Cachemira generó en las últimas semana una sensación de hartazgo en la India a la que el Gobierno trató de responder hace diez días con el enésimo endurecimiento de penas, aprobando la pena de muerte para los violadores de niños menores de 12 años. Ha sido la misma reacción que tuvo el anterior Gobierno tras la tortura, violación en grupo y posterior muerte de una joven universitaria en Nueva Delhi en diciembre de 2012, en un caso que dejó conmocionado al país.
Sin embargo, no son pocas las voces que consideran que en un país en el que según cifras del propio Gobierno hay más de 100.000 causas por violación pendientes de resolución en la Justicia, no hace falta endurecer las penas de prisión, sino que los agresores sepan que serán condenados. La activista Bharti Ali, cofundadora de HaQ, una ONG india centrada en los derechos de los niños, reveló a Efe en ese sentido que «existen sólo un 28 % de condenas en casos de violación de niños». «Ese alto número de casos pendientes y un número tan bajo de condenas nos preocupa si esperamos que la pena de muerte sea la solución.
Queremos que el porcentaje de condenas aumente (…) Eso es más importante que la condena a muerte», sentenció la activista. Además, los antecedentes del endurecimiento de las penas no parecen avalar su efectividad. Cinco años después de la violación de diciembre de 2012 y las reformas posteriores, «aún queda todo por hacer, porque la mayoría de las reformas deben ser implementadas», expresó a Efe la activista Jayshree Bajoria, autora del informe de Human Rights Watch «Todos me culpan», sobre víctimas de violaciones en la India.
«La pena de muerte no es la solución, se trata casi de una distracción. En este asunto parece que el Gobierno trata de apelar a la ira pública», remarcó Bajoria. Otro problema de la pena de muerte es que en la inmensa mayoría de los casos de violación, en concreto en el 94,6 % de las 38.947 violaciones denunciadas en 2016, según la NCRB, el agresor se encontraba dentro del círculo familiar de la víctima o en su vecindario.
Para la directora de Programas en la India de Amnistía Internacional (AI), Asmita Basu, eso conlleva que, ante la perspectiva de que el agresor pueda acabar en el patíbulo, la presión sobre el niño agredido se multiplique para evitar que denuncie la violación. «Se trata de casos con un nivel muy bajo de denuncia, en los que si se añade también la pena de muerte, hace que el niño sea incluso más reticente a denunciar», declaró a Efe Basu, convencida de que la horca «nunca ha demostrado ser un buen elemento disuasorio para nada».
Poggendorf-Kakar recordó que el sistema de castas que domina la India propicia, sobre todo en zonas rurales, que hombres de casta alta violen a mujeres de nivel inferior con total libertad e impunidad, sin tener en cuenta la injusticia del acto. «Para ellos violar a una mujer de casta baja no es más que un delito, no lo consideran un crimen, y muchas veces son encubiertos por la Policía y otras instituciones del poder», subraya.