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Entrevista a Piedad Córdoba, ex Senadora y miembro de Colombianos por la Paz

«Le decimos al presidente Santos que la guerra no abre la puerta de la paz»

Fuentes: Gara

«Mientras ellos estaban asesinando a los mismos soldados y policías, nosotros teníamos en la mano la posibilidad de sacarlos y recibirlos con vida. Ésa es una derrota de la política del Gobierno, que nos da toda la autoridad moral y ética para exigirle un paso diferente en relación al canje humanitario y que se acabe la guerra. El presidente es responsable de lo que ha pasado porque había otras formas y maneras de hacer. Yo, personalmente, le envié una carta para reunirme con él y decirle que se iba a entregar a soldados y policías».

El nombre de Piedad Córdoba va ligado al movimiento por la búsqueda de la paz en una convulsa y militarizada Colombia. La Procuraduría Generla del Estado la inhabilitó como senadora acusándola de tener vínculos con las FARC. Pero sigue trabajando y estos días está en Euskal Herria, donde GARA ha podido recabar su opinión sobre el conflicto de su país y también el de éste.

Piedad Córdoba ha venido a Donostia de la mano de Mundubat para buscar apoyos y exponer la situación de Colombia. La entrevista concedida a GARA se realiza un día después de conocerse la muerte cuatro soldados y policías secuestrados (1) por las FARC, al parecer durante una fallida operación de rescate.

El viernes, el presidente Juan Manuel Santos anunciaba el golpe final a las FARC. El sábado trascendía la muerte de estos cuatro uniformados. Justamente el viernes también, Colombianas y Colombianos por la Paz, organismo al que pertenece, recibía una misiva de las FARC en la que expresaban su disposición a entregar de forma unilateral a seis cautivos. ¿Qué se puede esperar ahora?

Se puede esperar mucho por parte de quienes, como Colombianas y Colombianos por la Paz, hacemos un esfuerzo muy grande, que va más allá de las liberaciones y que significa abogar claramente por la salida política y negociada al conflicto. Estamos muy descontentos y doloridos por lo ocurrido, porque veníamos trabajando la liberación a partir de una carta enviada a las FARC por un grupo de mujeres comprometidas con la paz. Antes de viajar al País Vasco ya habíamos nombrado unos delegados porque estábamos seguros de que la carta iba a llegar en cualquier momento, pero tampoco queríamos perder la oportunidad de aprender de la experiencia de ustedes. Una vez aquí, nos enteramos de la carta y del operativo militar. Mientras ellos estaban asesinando a los mismos soldados y policías, nosotros teníamos en la mano la posibilidad de sacarlos y recibirlos con vida. Ésa es una derrota de la política del Gobierno, que nos da toda la autoridad moral y ética para exigirle un paso diferente en relación al canje humanitario y que se acabe la guerra.

El presidente es responsable de lo que ha pasado porque había otras formas y maneras de hacer. Yo, personalmente, le envié una carta para reunirme con él y decirle que se iba a entregar a soldados y policías. Si les hubiera ido «muy bien» en el rescate, lo hubieran utilizado para ridiculizar nuestra labor y decirle al país que lo que nosotros hacemos es una apología al terrorismo cuando logramos entregas unilaterales.

Han sido golpes muy fuertes, como el asesinato del comandante Alfonso Cano, con quien teníamos un muy fluido diálogo y de quien habíamos obtenido decisiones muy claras y contundentes de avanzar hacia la negociación política. Se mantuvieron pese a su muerte, por lo que nosotros también debemos mantener la esperanza, aprendiendo de la experiencia del País Vasco. Estando aquí no podemos decir que tiramos la toalla, sino que mantenemos en alto la bandera, los principios y dignidad de un país que, finalmente, sea para los colombianos y colombianas.

El 4 de noviembre, el Ejército mató a Alfonso Cano. Días después, el nuevo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, denunció la actitud «amenazante y brutal» de Santos. ¿Cabe ahora espacio para el diálogo?

En febrero recibimos el primer video por parte del comandante Alfonso Cano de las FARC y del también comandante Nicolás Rodríguez, del ELN. Las dos fuerzas insurgentes plantearon las circunstancias por las cuales están en la lucha armada y caracterizaron el momento de pobreza y miseria que vive el país. En un lenguaje muy coloquial, plantearon un escenario de diálogo. Durante el transcurso del año, recibimos unas cuatro o cinco apuestas de las guerrillas en ese sentido, pero el Gobierno no ha mostrado ningún interés.

Ni los que están alzados en armas ni los que no lo estamos somos el peligro, el terrorismo o quienes amenazan la estabilidad y gobernabilidad; son las circunstancias que vive Colombia. Las cifras son incontestables cuando un país tiene 20 millones de personas viviendo en la más absoluta pobreza, 7 u 8 millones de indigentes, 5,3 millones de desplazados internos desde hace 18 años, 6 millones de hectáreas arrebatadas a campesinos y también a personas de clase media, y cuando tenemos el mayor ejército de toda la región, superando incluso al de Brasil o cuando informes de la ONU sitúan a Colombia como el segundo país más desigual dentro de la región.

¿Cuál sería el punto de partida para desbloquear la situación y poder avanzar hacia un proceso de resolución?

El País Vasco está dando muchas lecciones, y una de las principales es cómo la sociedad civil se impone a pesar de todo lo que significa un régimen militarista y «facha» que invade la vida de las personas, sus conciencias, sus gustos, y al final logra consolidar una propuesta. Ésa debe ser nuestra apuesta. Otro de los elementos fundamentales es la unidad entre los sectores que defendemos la democracia radical, que estamos en la izquierda y que no podemos seguir pensando que cada uno de nosotros va a producir la claridad del día.

En procesos como el de El Salvador o Guatemala, la comunidad internacional y, en concreto, la ONU jugaron un papel importante reconociendo la existencia de un conflicto interno y dando legitimidad a actores como la guerrilla. ¿Cómo podría ayudar en el caso colombiano?

El presidente ha dicho que no quiere la interferencia de ningún país. Pero, paralelamente, llama a EEUU, a sus fuerzas militares y de inteligencia, y al Mossad para que ayuden a aniquilar a colombianos. La comunidad internacional debería hacer una reflexión por una sencilla razón; vivimos en una sociedad de humanos y nadie puede ser indiferente al dolor de un pueblo, a su miseria, a su profunda pobreza ética.

Algunos analistas han marcado distancias entre el anterior presidente, Alvaro Uribe, y el actual, Juan Manuel Santos. ¿Lo comparte?

No hay ninguna diferencia. Eso responde a una muy buena estrategia mediática que busca convertir un brujo en un ángel. No le puedes tocar la puerta al diáblo para decirle que seguiréis siendo amigos; eso significa que algo me gusta del diablo o que yo también soy el diablo. Para mí son la misma cara de una moneda. Uno no puede ser diferente a una máquina de muerte como la que se vivió en el periodo del presidente Uribe cuando es capaz de salir ante un país, del cual es su presidente, a decir que lloró de la emoción al saber que habían matado a Cano. Yo no creo que eso sea un éxito.

En su conferencia del sábado anunció la creación de una comisión para visitar a los presos políticos. ¿Son los grandes desconocidos del conflicto?

En una de las discusiones con el anterior Comisionado para las Liberaciones, sostuvimos que era muy importante establecer una comisión para que el país sepa por qué se están suicidando, que presos con enfermedades terminales no son atendidos, que se persigue a las fami- lias cuando van a las visitas… Es muy importante que podamos conformar esa comisión y plantear correcciones al sistema penitenciario. La situación de las personas presas es realmente espantosa e insufrible. No son tenidos en cuenta como seres humanos. En la reunión que vamos a tener con el diputado general de Gipuzkoa y el alcalde vamos a pedirles que nos ayuden a conformar una comisión de abogados que revise el proceso de los 7.500 presos.

Queremos convocar un gran movimiento ciudadano en la búsqueda de la paz y, por eso, vamos a lanzar una campaña para decirle al presidente que la llave la tiene el pueblo y que la guerra no abre la puerta de la paz. Nosotros queremos tener país, porque somos un país invadido, y queremos defender la patria, lo que significa defender nuestra soberanía.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación?

Lo primero que debemos aclarar es que no son compartimentos estancos dentro del país. Muchos de los empresarios, algunos españoles, tienen una profunda incidencia en ellos porque son sus propietarios y tienen fuertes intereses en los mercados. Por eso son tan proclives a desnaturalizar el conflicto, a presentar las protestas sociales como protestas avaladas por el terrorismo.

Esta es la primera entrevista que concedemos hace mucho tiempo. En Colombia, prácticamente, no las damos por la tergiversación y manipulación para asemejarnos al terrorismo.

«La sociedad vasca es un ejemplo de repolitización»

La Procuraduría General de Colombia la inhabilitó para 18 años, acusándola de «promoción y colaboración» con las FARC. En el Estado español también está vigente el «todo es ETA». ¿Conoce la situación del líder independentista Arnaldo Otegi?

Es lo que le decía sobre el papel de los medios de comunicación. A la gente le venden un libreto y le hacen creer que todo lo que no sea lo que ellos defienden es tremendo, y la gente se lo cree. Y el miedo y el terror que eso les genera es tan fácil de pulsar que los medios basan toda su estrategia en eso. Conozco claramente la situación del compañero Arnaldo Otegi. Que sea liberado es un mínimo que deberían tener la sociedad en su conjunto y las instituciones, porque ha inspirado gran parte del trabajo que se ha logrado, y puede hacer mucho más si la sociedad reconoce la capacidad de reconstruir y de avanzar en la construcción de una sociedad mucho más igualitaria y paritaria. Muchos «señalamientos», como los que hemos visto de conexiones entre las FARC y ETA, pretenden paralizar e impedir la acción política, y van dando como resultado que personas estén en las cárceles como presos políticos y no puedan ejercitar esa acción. Deberían ser liberados y puestos al servicio de la construcción de Euskadi y para poder alimentar la esperanza y, sobre todo, alimentar el hecho de que valga la pena hacer política.

Si uno puede poner un ejemplo de la repolitización de la sociedad es la sociedad vasca. Yo también quisiera para Colombia el derecho a decidir que merece el pueblo vasco sin ser encarcelado, perseguido, señalado, desaparecido, torturado… Nos acerca el miedo al cambio de una parte de la sociedad y la insatisfacción. Pero hay cosas que son imposibles de desarraigar del alma de las personas, y eso es el derecho a decidir, a tener un idioma y a una acción política. Yo sé qué es trabajar a contracorriente.

¿Qué les diría a quienes desde el Estado español se niegan a hablar con ETA?

Mariano Rajoy debería conocer la situación en Colombia. No creo que sea positivo para nadie no querer hablar, oír y escuchar. Hablando en términos deportivos, el balón no está sólo en la cancha de Madrid; también los vascos han chutado y han llegado precisamente hasta el Congreso en Madrid.

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20111128/306383/es/Le-decimos-presidente-Santos-que-guerra-no-abre-puerta-paz

NOTA DE REBELIÓN: 

(1) Los integrantes de la fuerza pública, policías y soldados, que están en poder de la insurgencia no son «secuestrados», sino presos de guerra, en virtud del Derecho Internacional Humanitario que regula el comportamiento de las partes en un conflicto armado interno, como el que vive Colombia, y que contempla el Intercambio Humanitario de Presos para que salgan libres en intercambio de los Presos de Guerra insurgentes. Pero el Estado colombiano se niega al intercambio humanitario. El intercambio humanitario es una medida de paz que clama a gritos Colombia, particularmente que piden los presos y los familiares de los presos de ambos bandos, tanto de las decenas de soldados que están en la selva, como de los aproximadamente 800 guerrilleros presos en las cárceles colombianas. Además de ellos, existen más de 7.500 ciudadanos presos en las cárceles colombianas por motivos políticos, acusados de cargos como el de «rebelión» con montajes judiciales y falsos testigos, y que sufren, ellos sí, un auténtico secuestro en condiciones insalubres cuando no son sometidos a trato cruel y degradante y tortura.