Economista, abogado, auditor y técnico de Hacienda en excedencia, el fiscalista Antón Beiras (Vigo, 1954) es delegado en Pontevedra de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y miembro del Círculo de Empresarios de Galicia. Colaborador habitual en revistas especializadas de derecho tributario y autor del libro ‘La Verdad Jurídica, el Pensamiento Zombi y la Tradición Republicana’, Beiras va a querellarse, en nombre de la Asamblea Republicana de Vigo, contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, por presunta prevaricación ante lo que califica de dejación «intolerable» de sus obligaciones.
Según Beiras, ambas instituciones han «regalado a Juan Carlos I el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en el ámbito penal». En una entrevista telefónica con elDiario.es, admite que «no es fácil» que prospere la querella, que prepara en nombre de una entidad a la que define como «una asociación cívica, cultural y de defensa de los valores republicanos». Pero «el derecho no es una ciencia exacta» y cree que la sociedad civil debe rebelarse ante una conducta «inimaginable en Bélgica, Holanda, o Inglaterra, que son sistemas monárquicos parlamentarios» y donde ya habría «dimisiones en el Gobierno» ante una situación similar.
Beiras cree que «es absolutamente falso que la Agencia Tributaria esté atada de pies y manos» por su papel de auxilio judicial en este caso. «La Agencia Tributaria ha cometido posiblemente un delito de prevaricación por omisión. Y en el caso de que todos estos meses llevase negociando la regularización del Rey con sus abogados, sería un delito de prevaricación por omisión en concurso real con otro de negociaciones prohibidas».
El pasado viernes, tras trascender la nueva regularización del emérito, usted publicó en el blog especializado Taxlandia un duro artículo con el expresivo título de: «¡Pero qué cojones está pasando aquí! La Fiscalía, la Agencia Tributaria y los impuestos del Rey». Hablaba del «privilegio» del que ha disfrutado ante una regularización «impensable para cualquier otro ciudadano». ¿Hay razones para indignarse?
Todas. El principio de igualdad ante la ley en las democracias avanzadas es, en lo económico, un principio de igualdad ante la ley tributaria: la obligación que todos tenemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a un sistema tributario justo, progresivo y no confiscatorio. Ese principio de igualdad, que está en los fundamentos de la obligación de contribuir, ha sido quebrado por una conducta absolutamente criminal.
La Fiscalía lleva trece meses investigando al rey por tres causas distintas y no le ha notificado que está siendo investigado. La Agencia Tributaria ha estado investigando al rey desde hace también un año y en lugar de hacer como con cualquier ciudadano, presentar denuncia al Ministerio Fiscal, ha hecho informes. Como si fueran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o un órgano consultivo del Estado. El Consejo del Estado hace informes; la Agencia Tributaria, no. Tiene que formular denuncias, y no lo ha hecho. Como consecuencia de todo ello, le han regalado a su majestad el rey el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en el ámbito penal, e incluso sancionador administrativo.
¿Cuándo tendría que haber actuado la Agencia Tributaria?
Desde el primer momento en que tuvo sospechas de que había negocios y patrimonios y rentas no declarados por parte de su majestad e, indudablemente, desde que hizo la primera regularización.
¿Cree que en esa primera regularización ya había indicios para sospechar de un posible trato de favor al monarca?
Sí. El trato de favor existe desde el momento en que toda la sociedad civil española, el Gobierno y el propio presidente del Gobierno estaban alarmados e indignados con las noticias sobre los patrimonios y las rentas del rey emérito. Esto es muy sencillo. Desde el momento en que la Fiscalía se pone a investigar porque cree que hay algo, tenía que notificar formalmente la condición de investigado a su majestad el rey. Eso es lo que habría hecho con usted. Es lo que habría hecho conmigo. Yo, como abogado tributarista, tengo muchos clientes en el penal provincial de Pontevedra de A Lama por muchísimo menos fraude que esos 4,4 millones de euros. A ver con qué ética unos padecen condena y otro regularizan y salen de rositas.
En esta nueva regularización, esos cuatro millones y pico se han pagado con aportaciones de empresarios y amigos del Rey. ¿Debe aclararse el origen de esos fondos? ¿puede haber delitos detrás de esos préstamos o donaciones?
Habría delito si ese préstamo fuese una donación disimulada. Sin embargo, esta solo se confirma si con el transcurso de los años no se devuelve el principal, por lo que es muy difícil combatir ese fraude, en caso de que exista y su majestad no devuelva el dinero. El sindicato Gestha de técnicos de Hacienda así lo sospecha. Pero la realidad es que en este punto sería infundado acusar de un nuevo delito. En ese caso, el ciudadano Juan Carlos de Borbón estaría entrando en bucle, porque para pagar y omitir un delito estaría cometiendo otro, que es percibir sin pagar impuestos un regalo de 4,4 millones de euros. Pero yo no tengo ninguna certeza, ni he leído los contratos, que creo se han legalizado en la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de Madrid. Supongo que tendrán buenos abogados y habrán hecho todos los trámites. Por ahí creo que es infundado indignarse y acusar a esos empresarios y su majestad de un delito. El rey emérito ya se ha retratado.
Aquí la indignación no es con el ciudadano Juan Carlos, que ha hecho uso de un derecho. ¿Quién le ha dado ese derecho? Se lo han dado por omisión la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Y por eso voy a presentar querella criminal contra Dolores Delgado y Jesús Gascón. Tengo el encargo de la Asamblea Republicana de Vigo para formular esa querella, que tiene sus problemas jurídicos, como si la prevaricación es por omisión y no sólo por acción. Además, doña Dolores Delgado está aforada en el Tribunal Supremo y don Jesús Gascón, no… En definitiva, hay que estudiarla, pero esto no puede quedar así. Aquí el problema, lo lesivo, lo absolutamente demoledor en este caso no es la conducta de Juan Carlos de Borbón. Es la conducta de dos instituciones básicas en cualquier sociedad democrática.
Aquí no estamos hablando de una pandilla de golfos, ni de una policía patriótica que sustrae pruebas a la justicia para proteger al partido que está en el Gobierno. Estamos hablando de dos de las principales instituciones de una sociedad democrática: la Fiscalía, que tiene que velar por el principio de legalidad; y la Agencia Tributaria, que tiene que velar por la contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos. Esto es inimaginable en Bélgica, Holanda, o Inglaterra, que son sistemas monárquicos parlamentarios. Allí tendrían ya dimisiones en el Gobierno y cientos de denuncias. Aquí en España habrá la mía o alguna más. Pero esto es absolutamente intolerable.
El argumento que da la Asociación de Inspectores de Hacienda es que están «atados de pies y manos» al trabajar como auxilio judicial.
Falso. El auxilio judicial nace de la denuncia. En el momento en que yo investigo a un ciudadano y llego a la convicción de que hay un fraude superior a 120.000 euros, le denuncio a la Fiscalía y en ese momento me convierto en órgano auxiliar de la Fiscalía. Pero previamente he investigado al ciudadano y le he notificado el inicio de actuaciones inspectoras por el IRPF de 2015, 2016, 2017 y 2018. Es decir, yo me convierto en esclavo de un servicio de auxilio judicial desde el momento en que ya he notificado al ciudadano del inicio de actuaciones inspectoras y tengo unos indicios probatorios suficientes como para determinar un fraude que es constitutivo de delito. Y el tipo objetivo del delito es defraudar a las arcas públicas más de 120.000 euros por ejercicio y por tributo. De manera que es absolutamente falso que la Agencia Tributaria esté atada de pies y manos. La Agencia Tributaria ha cometido posiblemente un delito de prevaricación por omisión. Y en el caso de que todos estos meses llevase negociando la regularización del Rey con sus abogados, sería un delito de prevaricación por omisión en concurso real con otro de negociaciones prohibidas.
¿Cuándo prevén presentar la denuncia y ante qué instancias se presentaría?
Estoy en ello. La noticia salió el jueves a la noche. Eso dependerá también de la Asamblea Republicana de Vigo. Dolores Delgado está aforada, así que se tendría que presentar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y al no estar don Jesús Gascón aforado, posiblemente tendría que desgajarse. Es muy lamentable. Aunque no trato personalmente a Jesús Gascón, tengo la mejor de las opiniones de él. Es un gran funcionario. No trato tampoco a Dolores Delgado pero tengo la mejor de las impresiones de su valentía y su servicio al país persiguiendo tramas criminales. Pero cuando se orilla la ley de semejante manera, creando unos efectos devastadores para la cultura de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en un país que tiene endémicamente un porcentaje de PIB oculto muy superior a nuestros socios comunitarios, esto no puede quedar impune. Y si queda impune, será porque un juez diga que no hay delito. No porque la sociedad civil no se rebele contra ello.