Hace poco, en medio del fragor social y legislativo, el ministro de Economía, Pablo Longueira, auspiciador de su ley homónima, dijo que ninguna ley de pesca en ninguna parte del mundo había sido de fácil tramitación. Aun cuando no nos consta aseveración tan rotunda, podemos concederle que por lo menos en Chile, el trámite a […]
Hace poco, en medio del fragor social y legislativo, el ministro de Economía, Pablo Longueira, auspiciador de su ley homónima, dijo que ninguna ley de pesca en ninguna parte del mundo había sido de fácil tramitación. Aun cuando no nos consta aseveración tan rotunda, podemos concederle que por lo menos en Chile, el trámite a la actual ley a inicios de la década pasada generó gran rechazo en muchos de los sectores involucrados y relacionados.
Lo que Longueira ocultó en su declaración fue lo principal: una mala ley de pesca siempre tendrá opositores. Porque si recordamos el clima político y social de hace diez años, la reacción de los pescadores artesanales y activistas medioambientales contra la aprobación de esa ley durante el gobierno de Ricardo Lagos, estuvo plenamente justificada. Las consecuencias de aquella legislación han sido peores que las entonces anunciadas, con efectos dramáticos en los recursos marinos, en los pescadores artesanales y en la distribución de la riqueza. La Ley de Pesca vigente fue concebida bajo criterios mercantiles, los mismos aplicados en tantas otras áreas de la economía y la vida social, desde la salud, la educación o el transporte, que han convertido a Chile en uno de los países más desiguales del mundo.
El problema con la Ley de Pesca es su núcleo, su concepción, que es traspasar a la lógica del mercado -vía un sistema similar a las concesiones- un recurso natural tan sensible como es la fauna marina. Esta creencia neoliberal, compartida con fe ciega por los dos grandes bloques políticos, dio cuerpo a la legislación vigente, la que de cierta manera privatizó los recursos pesqueros al entregar arbitraria e interesadamente cuotas de captura a determinadas empresas. La ley, cuya vigencia a modo de prueba era por diez años, será reemplazada por la que saldrá en estos días del Congreso para entrar en vigencia en 2013.
La actual ley ha fracasado, lo demuestran no pocos antecedentes. Pese a ello, el gobierno envió el año pasado un proyecto que con ciertos ajustes la reafirma: los recursos pesqueros los entrega ahora no por diez sino por 25 años a las mismas pesquerías que, movidas por el deleite de la acumulación financiera, han depredado las especies marinas de la costa chilena. Si ello ha ocurrido en diez años, la entrega a 25 años significa el fin de la mayoría de los peces de este litoral.
Algunos datos sobre el estado de la fauna marina entregados por Anapesca señalan que el total de la pesca de sardinas, anchoas y gran parte del jurel fueron capturados para ser transformados en harina de pescado para la alimentación de cerdos, pollos y salmones. Hoy están desaparecidos. El 99 por ciento de la pesca demersal -merluza austral, merluza común, merluza tres aletas, congrio y otros- ha terminado a manos del Complejo Industrial de la Pesca Demersal y al igual que la acuicultura industrial de salmón y trucha, se encuentra destinada casi en un cien por ciento a la exportación con precios que dejan sin acceso a las familias chilenas.
DEPREDADORES Y NEOLIBERALES
La Ley de Pesca, cuyos criterios no difieren en mucho de los que han llevado a la creación de las abusadoras Isapres, de la educación en manos de sostenedores e inversionistas, de la banca usurera, y de los oligopolios en la mayoría de los sectores de la economía, desde las farmacias a los supermercados, recoge la idea de que el fin primordial y último de cualquier actividad productiva es generar riqueza financiera.
El sector pesquero ha asimilado muy bien esta premisa. Es un negocio que en 2011 aumentó sus ganancias en 30 por ciento, superando los dos mil millones de dólares, pero también reproduce la misma estructura de las otras áreas de la economía chilena: el 90 por ciento de esta actividad está en manos de pocos grupos económicos, lo que los pescadores han llamado «las siete familias».
¿Cómo se ha llegado a esta irracionalidad, considerando que hablamos de un recurso natural, libre, que debiera pertenecer a todos los chilenos? Tras un sistema de libertad total, que favoreció a las grandes compañías y condujo a una explotación indiscriminada de los recursos marinos, la Ley de Pesca de 2002 -en vigencia- definió un sistema de cuotas que se determinó sobre la base de las capturas históricas de las empresas, lo que consolidó y proyectó el negocio para los operadores ya establecidos. Si antes de esta ley existía la denominada «carrera olímpica», una manera de llamar a la entrega de manera libre y gratuita de los peces a las grandes pesqueras, el sistema de cuotas lo que hace es entregárselos de manera más regulada pero también gratuita. El proyecto de ley de Longueira busca una mayor regulación sobre el sector, pero sobre la base del mercado. En teoría, hacerlo un poco más competitivo, abrir espacios a nuevos operadores. Pero en medio de esta disputa legal, las cuotas de pesca están muy por encima de la capacidad de regeneración de los ecosistemas: en poco más de diez años la biomasa se ha reducido en 60 por ciento. A este ritmo, que tanto ha favorecido a las grandes compañías, no quedarán peces en la próxima década.
QUIENES PESCAN PARA VIVIR
Hay otro grupo al interior del sector pesquero que son los 86 mil pescadores artesanales. Ellos navegan en unas 15 mil naves en las zonas costeras, con embarcaciones desde once metros a botes a remo. Aunque el gobierno, los legisladores y la mano oculta de las grandes empresas intentan con diversas fórmulas reducir las inquietudes de este sector, aumentándoles las cuotas de captura, lo cierto es que con el ritmo que lleva la pesca industrial sólo deja sobras a los artesanales. Por más que se les otorguen cuotas de captura, éstas serán sólo papeles si en el corto plazo desaparecen los peces. La diferencia en el inminente colapso es que los industriales invertirán en otros sectores, en tanto los pescadores artesanales, para quienes la pesca es una actividad tradicional, un modo de vida, morirán de hambre.
Cosme Caracciolo, dirigente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), en una conversación con PF dice con claridad: «Los que pescamos para comer somos los artesanales, quienes vemos a los peces como especies que deben ser usadas de buena manera; en cambio los industriales generan capital con la pesca para hacer harina de pescado y hacer alimentos para cerdos, pollos y salmones. Estamos hablando de soberanía alimentaria. Entonces el Estado tiene que ver quiénes cumplen esa función».
Del mismo modo como los países europeos han sostenido su agricultura, también lo han hecho con sus pesquerías, bases de la identidad cultural. Un documento de Anapesca dice: «España ha realizado una fuerte protección e inversión de recursos públicos para dar forma a una competitiva flota artesanal de pequeña escala a la que ha favorecido con un acceso preferente a las cuotas de pesca. Además, ha creado un moderno sistema de comercialización de las capturas de la pesca artesanal, que se traduce en un centenar de mercados de subastas en todo el territorio de España, abierto y transparente, que facilitan y aseguran el abastecimiento de productos del mar a las familias españolas en forma directa y a los miles de restaurantes y cientos de pymes procesadoras que abastecen de innumerables preparaciones a su mercado interno. Estos esfuerzos los han realizado porque han llegado al convencimiento que tanto la pesca artesanal como las pymes son estratégicas e imprescindibles para sostener el consumo humano de productos del mar».
En Chile se ha hecho justamente lo contrario. Se le ha entregado todo al libre mercado, en los hechos, a los más poderosos. Un efecto más del libre mercado recae en los mismos hábitos alimentarios de la población. Pese al gran litoral de Chile, consumimos siete kilos de pescado per cápita al año, cifra muy lejana a los 40 kilos de los españoles o a los 70 kilos de los japoneses. Con la concentración de las capturas en pocas manos y con la desaparición de tantas especies, el alza en los precios lo ha convertido en un alimento prohibido para la mayoría de las familias.
FUTURO ALIMENTARIO
Como vemos, la Ley de Pesca trasciende el espacio económico y se introduce en áreas relacionadas con la sustentabilidad alimentaria de las próximas generaciones. En la soberanía alimentaria de la actual generación y la sustentabilidad de una actividad fundamental para nuestra identidad cultural, como es la pesca, presente a lo largo de toda nuestra historia y geografía costera. Las ramificaciones y consecuencias de la privatización del mar, de la transmutación de nuestros recursos marinos en materia prima de especuladores pesqueros es de extrema importancia para que unos pocos legisladores mal elegidos tengan en sus manos el futuro alimentario del país.
Es por ello que el debate pesquero ha trascendido a los actores del sector y se ha instalado no solo entre activistas ambientales, sino entre numerosos grupos de la sociedad civil. En Internet y Twitter, por ejemplo, hay una importante presión hacia los legisladores que tienen en sus manos el futuro de esta actividad.
La actual tramitación huele a corrupción. Durante estos meses ha salido a flote el desastre que significa la extinción de muchas especies marinas debido a su sobreexplotación por el sistema de pesca de arrastre, prohibido en no pocos países; la extrema concentración de la actividad y las ganancias en unas pocas manos; la explotación y mal trato de la tripulación y marineros; la creciente exclusión de la actividad pesquera que sufren los pescadores artesanales así como el oscuro lobbying de las compañías pesqueras sobre los legisladores, que finalmente se traduce en donaciones para las campañas electorales o en la relación entre senadores y la propiedad de las empresas pesqueras.
La tramitación y negociación con los sectores afectados ha sido también muy oblicua. La complejidad de las materias y la multiplicidad de intereses contrapuestos ha llevado a enfrentamientos entre gremios y al interior de esos mismos gremios, en no pocos casos estimulados interesadamente por las grandes empresas y las mismas autoridades de gobierno.
POLITICOS SIN REPRESENTACION
EN EXTINCION
Hay un dato que esta clase política y empresarial parece no haber comprendido. El Chile de 2012 es otro que el de 2002. El desprestigio hoy no es sólo del sistema económico de mercado sino del modelo político binominal. Si durante los últimos dos años cada día ha habido protestas contra el statu quo económico, en las últimas elecciones municipales quedó claro el abierto rechazo al sistema político.
Un reciente artículo del sociólogo Felipe Portales entrega una visión sobre la real representación ciudadana que tienen los partidos políticos. Con la enorme abstención en las últimas elecciones municipales, los partidos del sistema binominal registran una representación irrisoria. Si la Alianza tenía el 32,9 por ciento de los votos válidamente emitidos, ahora tiene solo un trece por ciento, en tanto la Concertación baja desde un 42 a un 17 por ciento. «Y respecto de cada partido tenemos también una gigantesca disminución: RN desciende de 15,70% a 6,24%; la UDI, de 17,24% a 6,84%; el PDC, de 15,11% a 6,0%; el PS, de 12,24% a 4,96%; el PPD, de 9,94% a 3,95%; y el PR, de 5,73% a 2,28%».
Esta es la clase política que pretende entregar los recursos marinos a perpetuidad a sus propios mecenas. Si este acto es una obscenidad, una burla y una inmoralidad, lo que pretende hacer con los recursos pesqueros es también un delito no sólo contra la naturaleza, sino contra las actuales y futuras generaciones.
Lo que tenemos es una Ley de Pesca que reconoce la disminución y extinción de la biomasa, pero insiste, pese a su inminente colapso, en entregar los últimos recursos al gran capital. Se privatiza lo que queda del mar y se consolida el proceso de concentración económica. El poder no sólo está entre los que gobiernan y los que legislan. La «mano invisible» ordena al país.
Una mano invisible que entrega «donaciones» millonarias a los senadores y siembra la cizaña entre los trabajadores de la industria pesquera. A tal grado llegan estos «incentivos», que los sindicatos de tripulantes pesqueros llamaron a los senadores a aprobar sin más la Ley de Pesca «para evitar la inestabilidad que conllevaría volver a la carrera olímpica por la pesca a más de 65.000 familias que viven de la industria pesquera. Este importante grupo de actores tiene demandas legitimadas por sus respectivas organizaciones, tales como implementación de una plataforma social digna, rechazo a la licitación de las cuotas pesqueras, rechazo a la indicación que cambia la forma de medir las cinco millas y que les quita sus caladeros históricos, además del rechazo a la eliminación de la pesca de arrastre».
Ante esta manipulación de los trabajadores por el gran capital, el dirigente Cosme Caracciolo dice: «Los empleados de la industria pesquera deben entender que los peces son especies naturales renovables, y seguirán siéndolo siempre y cuando sean explotados en forma sustentable y racional. Bastaría un poco de sentido común para apoyar una iniciativa que vaya en la dirección correcta y ésta, obviamente, no es la que impulsa el ministro Longueira a través de su propuesta de Ley de Pesca.
Una opción que realmente apunte hacia la sustentabilidad de las especies en el tiempo es la que debe ser respaldada por quienes dependemos de la existencia de los peces para sobrevivir. Esto es, por toda la sociedad chilena». De lo contrario, ha repetido Caracciolo, los pescadores artesanales no respetarán una ley que salga de un Parlamento no representativo y cooptado por los grandes intereses pesqueros.
Los pescadores harán lo que siempre han hecho: salir a pescar.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 771, 23 de noviembre, 2012