Tras la entrega del Informe Valech, algunos sectores civiles y militares involucrados en las violaciones a los derechos humanos, directa o indirectamente, han vuelto a insistir en el contexto histórico pre-golpe militar de 1973 y en la lucha contra el «terrorismo ejercido por los extremistas marxistas» para justificar de alguna manera (o disminuir el efecto […]
Tras la entrega del Informe Valech, algunos sectores civiles y militares involucrados en las violaciones a los derechos humanos, directa o indirectamente, han vuelto a insistir en el contexto histórico pre-golpe militar de 1973 y en la lucha contra el «terrorismo ejercido por los extremistas marxistas» para justificar de alguna manera (o disminuir el efecto público) de lo que ellos llaman «excesos». Cuando la derecha, los militares y sectores de la Concertación, hablan de terrorismo, los dardos apuntan principalmente al MIR y al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Luego de la captura de Galvarino Apablaza -comandante Salvador del FPMR- en Argentina, los argumentos contra la actuación de esta organización político-militar en nuestra historia reciente, han sido puestos nuevamente en el tapete.
Pero vamos por parte. Es cierto que en los años 60 y 70, organizaciones como el MIR y el Partido Socialista planteaban la lucha armada como una posibilidad de derrotar el poder burgués ejercido por las oligarquías chilenas y las empresas extranjeras a través de un Estado permisivo con la explotación de los trabajadores y la violencia con que eran reprimidos cuando intentaban reclamar sus derechos. Es decir, ante una violencia social, económica y cultural que desde siempre se impuso contra los trabajadores, que además fueron masacrados en muchas oportunidades por los militares luego de la guerra de independencia, era más que obvio, que grupos y partidos de vanguardia concibieran, en un momento determinado, una política de choque. Y como las oligarquías, y luego la derecha, utilizaban a su brazo armado (llámese ejército) para sustentar sus privilegios, estos partidos vieron que la única manera posible de defenderse con éxito era también con las armas. Un derecho legítimo, que ha sido ejercido a través de la historia por cientos de pueblos cuando ya no han soportado más ser tiranizados y explotados. Inmediatamente sucedido el golpe del 73 este derecho lo ejerció el MIR, ante un poder ilegítimo que se imponía. Aquí me parece oportuno citar un planteamiento de Jean-Jacques Rousseau expresado en su libro «El Contrato Social», y que nadie medianamente democrático podría no compartir: «Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos». Entonces, la actitud del MIR -de sublevarse, en armas en este caso- fue válida tanto política como moralmente. Pero no lo fue el levantamiento de los militares chilenos bajo ningún aspecto, pues derrocó a un gobierno legítimamente elegido. Y más encima amparado por un gobierno extranjero, en este caso el de Estados Unidos.
Ahora, una vez consolidados los militares en el poder, se produjo la represión más cruel y despiadada contra los partidarios de la Unidad Popular, dando paso a las más grandes aberraciones contra los derechos humanos, sobre todo entre los años 73 y 80. Estos hechos fueron denunciados desde el principio por la Izquierda, pero fue como predicar en el desierto. Ante estos desmanes abominables cometidos por la tiranía pinochetista, a principio de la década del 80, el Partido Comunista planteó la Rebelión Popular de Masas, que aspiraba a la sublevación nacional, y en 1983 sectores militantes de varias organizaciones pasaron a integrar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, creado para combatir militarmente a la tiranía como una alternativa legítima de defensa propia. El FPMR fue a la tiranía de Pinochet lo que la Resistencia Francesa y los Partisanos a Hitler y Mussolini. Tan sencillo como eso. Un acto de inmensa calidad ética y política, que de no haberse producido habría significado miles de víctimas más. Las protestas nacionales y la creación del FPMR fueron de una u otra manera una muralla de contención para evitar la perpetuación de Pinochet en el poder y crear espacios de desobediencia civil junto a otras fuerzas políticas. Cuando se acusa de terroristas a quienes simplemente ejercieron su derecho a defenderse, o se está actuando con la lógica del canalla y el cortesano pusilánime o se pretende justificar todas las atrocidades de los militares. Esa manera de argumentar desde la mentira y la distorsión histórica la llevan a cabo muchos personajes que se han entronizado en los medios de comunicación bajo una vestimenta democrática, pero que no son más que unos testaferros con tribuna pública al servicio de la derecha y las transnacionales.
Hoy la derecha y sectores de la Concertación hablan del derecho de los ciudadanos a defenderse de la delincuencia incluso con las armas. O sea que si una persona es asaltada en su casa está en su legítimo derecho a utilizar, si es necesario para salvaguardar su vida y la de su familia, un arma. Bueno, ese fue el derecho que usaron algunos de los militantes de la Unidad Popular al formar el FPMR para defenderse con las armas de los militares y la policía secreta que llegaba hasta las casas de la gente de izquierda para apresarlos y torturarlos. Era necesario oponerse -por todos los medios de lucha- a un régimen que había conculcado, por la fuerza, los derechos básicos de una sociedad democrática.
Pregunto: ¿Podría ser condenado como asesino, por ejemplo, a quien pudiera haber matado a un agente de la DINA o CNI por defender a su esposa que iba a ser torturada, asesinada o desaparecida? Me parece que no, pues habría sido un acto de defensa propia ante un criminal, ante un delincuente. Por lo tanto, acusar de terroristas o extremistas a quienes ejercieron en un momento crucial el derecho a la legítima defensa propia es un absurdo. El FPMR luchó por el pueblo y no contra el pueblo. Los sectores reaccionarios podrán seguir argumentando lo que quieran, pero jamás lograrán imponer sus falsificaciones de los acontecimientos. Tampoco lo podrán hacer «algunos y algunas» apóstatas que hoy reniegan de sus ideas y acusan a las cúpulas de Izquierda de haber mandado a la muerte a muchos jóvenes. Esa actitud, además de miserable, no posee fundamento. Jamás nadie entró al FPMR contra su voluntad, quienes lo hicieron fue debido una actitud libre y soberana. Convencidos por su compromiso político y moral. El papel jugado por el FPMR está a la altura de la dignidad del ser humano. En cambio, el de los militares golpistas y la derecha, así como quienes después del año 90 crearon el centro de delación llamado «La oficina», estarán siempre a la altura de los traidores y la bajeza humana.
– Alejandro Lavquén es poeta. Colaborador del quincenario «Punto Final» y conductor del programa «De puño y letra» en radio Nuevo Mundo.