La recién promulgada nueva Ley de Migración y Extranjería por el mal gobierno de Sebastián Piñera, presentada con bombos y platillos en la ciudad de Iquique, puede verse como un nuevo intento de los sectores más conservadores por legalizar la estigmatización, discriminación y persecución a miles de personas que han llegado en busca de un mejor pasar y que se encuentran en la búsqueda de regularizar su situación migratoria.
Señalo esto, ya que así como lo fue con la nueva ley de Salud Mental, esta ley también fue hecha a espaldas de la ciudadanía y por fuera de un enfoque de Derechos Humanos, ya que esta ley lo que hace es criminalizar la migración, como si fuera un tema de seguridad nacional, frente a un enemigo proveniente del exterior, que pone supuestamente en peligro la convivencia en el país.
De ahí que no sorprenda que Piñera en Iquique planteara un discurso racista que vincula la migración con la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, la trata y tráfico de personas, argumentando que con esta nueva ley se pondrá orden en la casa de Chile (1).
Al parecer, al presidente no le interesa en lo más mínimo tomar en consideración la evidencia existente sobre la nula relación entre migración y delincuencia, replicando planteos xenófobos, al estilo de Trump o Bolsonaro, ya que tan solo el 2,36% de los migrantes son imputados y el 2,57% son condenados del total en Chile.
Asimismo, tampoco menciona en su relato de ultra derecha, que los inmigrantes tienen más años de escolaridad en promedio que los chilenos, según datos del mismo Instituto Nacional de Estadísticas, y que aportan a través del IVA e impuestos a la renta, de la misma manera que cualquier otro chileno, por lo que no son ninguna carga para el Estado, sino todo lo contrario.
En lo que respecta a la ley propiamente tal, distintos académicos e investigadores sobre procesos migratorios, como son los casos de María Emilia Tijoux, Fernanda Stang, Luis Eduardo Thayer y Carolina Stefoni, concuerdan, que si bien era necesaria una nueva ley de migraciones (la anterior era de 1975), lo que hará será reproducir desigualdades y empobrecer la democracia del país, ya que su énfasis está en las restricciones y los requisitos para entrar el país, y no en facilitar garantías para que los migrantes puedan regularizar su situación legal de manera oportuna.
En consecuencia, es una ley que va generar en el tiempo más personas en situación irregular y sin permanencia definitiva, lo que en la práctica hará que estén en una condición de mayor vulnerabilidad frente a procesos de explotación, abuso y discriminación en todo ámbito.
Se podrá decir que por primera vez se va generar un Servicio Nacional de Migración, pero será una institución centrada en el control fronterizo, persecución y expulsión de migrantes, no preocupándose por el acceso a la educación, salud y vivienda de estos.
En otras palabras, no será un organismo dedicado a promover políticas interculturales que busquen construir un país distinto junto a los migrantes, que valore en serio la diversidad cultural, y que no la vea como una amenaza para una supuesta chilenidad, que solo ha beneficiado a las grandes elites económicas del país.
La necesidad por tanto de impulsar el derecho a migrar en la nueva constitución que se redactará próximamente en Chile, será clave para quienes hemos apostado por construir un nuevo Estado, alejado de cualquier tipo de legislación excluyente, que deje fuera a importantes sectores de la sociedad.
Por lo mismo, apelar a una idea de plurinacionalidad amplia, que incluya a población indígena y migrante en Chile, es un horizonte que debemos impulsar entre todos, todas y todes, junto a distintas organizaciones sociales en el país, como es el caso del Movimiento Acción Migrante y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, las cuales lo que buscan es generar puentes entre las personas y no muros y zanjas, como pareciera que el gobierno de Sebastián Piñera buscará con esta nueva ley.
Por todo lo señalado anteriormente, todo nuestro apoyo a los candidatos constituyentes, provenientes de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Catalina Bosch Carcuro (distrito 9) y Manuel Hidalgo Valdivia (distrito 10), a quienes los necesitamos en la redacción de esta nueva constitución histórica de Chile, la cual debe dejar atrás siglos de xenofobia y racismo institucional.