Declaramos, como parte de la comunidad y habitantes de la Región de Aysén, nuestra solidaridad con las Comunidades Indígenas afectadas en el ejercicio de sus derechos, por una campaña de desprestigios construidas desde la desinformación y rechazamos tales declaraciones y acciones
Las organizaciones que suscriben, todas representadas por habitantes de la Región de Aysén, declaramos nuestro profundo rechazo a la forma en que, desde el sector empresarial y económico, se ha venido enfrentando la discusión sobre la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el litoral aysenino, desplazando del discurso público el real objetivo de la Ley 20.249 y el contenido del expediente de tramitación de estas solicitudes; propiciando un escenario de amenaza y transgresión de los derechos de las comunidades y personas indígenas solicitantes.
Ante el discurso que se ha querido instalar a propósito de las solicitudes ECMPO Cisnes e Islas Huichas, las organizaciones firmantes declaramos lo siguiente:
- El procedimiento para aprobar una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios se encuentra normado mediante la Ley N° 20.249 y su reglamento:
Es de conocimiento público que las Comunidades Indígenas solicitantes, han seguido y han cumplido con los pasos requeridos por ley en este procedimiento, los cuales involucran la participación, observación y aprobación de múltiples organismos del Estado con competencia en la materia. Por ello, hablar de “arbitrariedad”, como desde ciertos sectores se ha pretendido instalar, es erróneo y deshonesto, puesto que la actual extensión de los ECMPOs en trámite se encuentran fundamentadas es en antecedentes y estudios elaborados por el propio Estado de Chile a través de los Informes de Usos Consuetudinarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y conforme a un procedimiento desarrollado por más de 10 años, en conformidad a la Ley.
- Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios no constituyen un derecho de propiedad.
Se ha querido instalar en el discurso público que los ECMPOs, como figura normativa que resguarda usos consuetudinarios, limitaría todo otro uso o posibilidad de desarrollo de actividades económicas en el área declarada como tal. Al respecto, las organizaciones firmantes declaramos preocupación ante la falsedad de dicha afirmación y su contribución a la desinformación pública. Los ECMPO por definición tienen por objeto el resguardo de los usos consuetudinarios de pueblos originarios, entre los cuales se consideran las actividades productivas que éstos desarrollan. Sumado a ello, la Normativa que regula los ECMPO establece claramente en sus artículo 3° y 5° que las Comunidades Indígenas suscriben un convenio de uso con la Subsecretaría de Pesca – previa destinación del Ministerio de Defensa, y no adquieren un derecho de propiedad sobre el espacio. Además, tanto la Ley como el Reglamento establecen que la administración del ECMPO reconoce a otros usuarios del maritorio. De esta manera los ECMPO son una herramienta de conservación marina y no excluyen a otros usos del maritorio que tengan por objeto su uso de manera respetuosa con los ecosistemas.
- El proceso de tramitación de los ECMPOs ha respetado plenamente las concesiones de acuicultura anteriores a la solicitud
A diferencia de lo que se ha querido instalar, por expreso mandato de la Ley, los Espacios Marinos de Pueblos Originarios están obligados a respetar, en este caso, las concesiones salmoneras y los proyectos de cultivo existentes con anterioridad a la solicitud de ECMPO.
En el caso de la ECMPO Islas Huichas se “respetaron” las 230 concesiones de acuicultura con las que se advirtió superposición, traducido en la aceptación de propuesta de modificación elaborada por SUBPESCA. Asimismo, en el caso de la ECMPO Cisnes se “respetaron” 145 concesiones de acuicultura; traducido en la aceptación de propuesta de modificación elaborada por SUBPESCA.
De igual forma, cabe tener en consideración que tampoco radica en los ECMPO la imposibilidad de la industria salmonera para constituir nuevas concesiones en la Región de Aysén. Ello, dado que por leyes dictadas luego del desastre socio-ambiental provocado por el virus ISA, desde el año 2010 se impuso una moratoria que impidió el otorgamiento de nuevas concesiones acuícolas en la Región de Aysén. Moratoria legal que, no obstante perder vigencia en el año 2020, fue seguida por Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que declara la NO disponibilidad de las Áreas Apropiadas para la Acuicultura de la Región de Aysén para nuevas concesiones acuícolas (Res. Ex. 902 del 31 de marzo de 2020).
- Sobre la compatibilidad de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y la Pesca Artesanal y otros usos sustentables de bienes naturales de comunidades que habitan el litoral
Se ha querido instalar en el discurso público que los ECMPOs y solicitudes ECMPOs, actualmente en trámite en la región de Aysén, podrían tener algún efecto negativo sobre la actividad pesquera artesanal. Ello es completamente falso, puesto que, los usos consuetudinarios definidos por el legislador y aquellos usos fundadamente reconocidos por CONADI en cada uno de sus Informes de Uso Consuetudinario de las ECMPOs cuestionadas, precisamente reconocen y destacan a la pesca artesanal.
A mayor abundamiento, según expresamente se establece en la Ley Lafkenche, uno de los objetivos de toda ECMPO -y que debe garantizarse por medio de su Plan de Administración- es el respeto de otros usos del maritorio (como la pesca artesanal de grupos que no pertenecen a pueblos originarios) y la utilización sustentable de bienes naturales para las comunidades que habitan el litoral (dentro de los cuales, igualmente, está la pesca artesanal).
Por lo mismo, aplicando la normativa vigente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura recomendó modificar el espacio solicitado en las ECMPOs, en tanto inicialmente se superponían con Áreas de Manejo para la pesca artesanal, lo cual fue aceptado por las Comunidades Indígenas. Todo esto está refrendado por el acuerdo suscrito en noviembre de 2021 entre múltiples sindicatos de pescadores de la Región de Aysén y dirigentes de las comunidades indígenas, expresando su voluntad en avanzar en estos procesos.
En atención a los puntos planteados, las organizaciones y habitantes de Aysén, constatamos que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, o ECMPO como se les conoce, se crearon el año 2008 a partir de la Ley N° 20.249, más conocida como la “Ley Lafkenche” con el espíritu de promover el desarrollo colectivo, inclusivo y local en el borde costero, no siendo un impedimento para derechos adquiridos previamente y las concesiones existentes, tanto de las industrias como de las comunidades de pesca.
Declaramos, como parte de la comunidad y habitantes de la Región de Aysén, nuestra solidaridad con las Comunidades Indígenas afectadas en el ejercicio de sus derechos, por una campaña de desprestigios construidas desde la desinformación y rechazamos tales declaraciones y acciones, aclarando que no estamos disponibles a proceso de movilización alguno, como sí lo estuvimos en años anteriores, que respalde estas intenciones, que van en contra del bien común y la sustentabilidad.
ADHIEREN ORGANIZACIONES/DIRIGENTES DESDE AYSÉN:
- Agrupación Social y Cultural Aisén Reserva de Vida
- Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA)
- Corporación pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) – Filial Aysén
- Comunidad Indígena Fotun Mapu
- Fundación Aysén Mira el Mar
- AG Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Cisnes
- Agrupación Social y Productiva Trinchera Utopía
- Asociación Indígena Rakiduamtun
- Sociedad de Historia y Geografía de Aysén
- Carlos Torres, miembro del Comité Bentónico de la Región de Aysén y del Comité de Crustáceos de la Región de Aysén
- Juan Carlos Soto Uribe, miembro titular del Comité Bentónico de la Región de Aysén
- Fabián Teca Fuentealba, miembro titular del Comité Bentónico de la Región de Aysén
- Fundación Centro de Investigación y Transferencia Científica de Aysén (AyCiencia)
- Agrupación Cultural Gestores de Coyhaique
- CODEMAIH (Islas Huichas)
- Agrupación cultural y social Rayminewen
- Nelson Matissine – Sindicato de pescadores n° 3 de Islas Huichas
- Gerhard Edgard Neserke Candia – Asociación Gremial de Comercio y Turismo de Islas Huichas
Operación contra ley ECMPO y ataques a comunidades indígenas serán abordados por Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizará en marzo de este 2024, el examen periódico relativo al cumplimiento e implementación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado chileno y entre los puntos que asoman, aparecen varios aspectos críticos relativos a los derechos indígenas, entre ellos, la situación de amenaza que enfrenta Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”
La última vez que Chile presentó un informe ante dicho Comité, fue el año 2021, en el gobierno de Sebastián Piñera, en noviembre de 2021, dando cuenta de una serie de avances del Estado en el cumplimiento e implementación del pacto, en virtud de una lista de preguntas efectuadas por dicho organismo.
Entre los temas destacados, como un avance en materia de reconocimiento de derechos indígenas, el gobierno de Piñera destacaba la Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”.
En su informe, el Ejecutivo mencionaba:“Otro importante mecanismo de protección de los recursos y medio de sustento tradicional para los pueblos indígenas es la Ley Nº 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de 2008. Su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”.
En el presente, comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, han hecho ver al Comité, que en poco más de dos años, el escenario que se describía, ha cambiado radicalmente y hoy, ésta ley enfrenta una serie de ataques y amenazas, así como la generación de un ambiente que promueve el odio racial.
Para la Plataforma Educativa Fên, existen numerosos antecedentes registrados, sobre prácticas de hostigamiento y discriminación contra comunidades en Chiloé y la Patagonia que defienden sus territorios.
En esa línea, desde diversas comunidades por medio de un informe sombra, se ha afirmado que hay una sistemática campaña de desinformación y de hostilidad levantada desde ciertos sectores vinculados a intereses industriales y transnacionales, junto a grupos políticos, amenaza la integridad de los defensores en la Región de Los Lagos y Aysén, que tienen como propósito cercenar la ley de Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO), campaña, que incluye a una serie de exfuncionarios del gobierno de Sebastián Piñera, a través de militancias políticas o bien, a través de empresas y transnacionales ligadas a la salmonicultura.
“A pesar de la gravedad y lo peligroso, de acuerdo a los antecedentes que se están manejando, ningún organismo del Estado está velando ni garantizando por la integridad de quienes son objeto de estos ataques. Entre los puntos críticos, no se está implementando el Acuerdo de Escazú. Tampoco existe pronunciamiento y acciones formales de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el ministerio público no está investigando, considerando que existen antecedentes públicos de eventuales delitos”, se señala en uno de los informes.
También, se ha hecho eco que existe una moción parlamentaria para «perfeccionar» la ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) o también denominada Ley Lafkenche, presentada por un grupo de senadores, la que ha sido calificada por diversas comunidades indígenas y organizaciones como «racista», ya que se estima, que este intento de modificación plantea reestructurar la legislación, para supuestamente “compatibilizar” las actividades en el borde costero, generando controversias sobre sus reales intenciones y sus implicancias en los derechos indígenas, ya que justamente, lo que hace la ley es armonizar actividades sustentables y genera una herramienta de protección frente a actividades industriales dañinas.
Se ha resaltado, el papel crucial de los ECMPO en la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, para sostener trabajos y recursos bentónicos, en particular ante los impactos industriales, razón por lo que se ha hecho el llamado a cumplir con la legislación que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.
Organizaciones y comunidades denunciantes, en el marco del examen al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos, consideran insólito una eventual modificación de la Ley Lafkenche y que se permitan campañas racistas contra defensores ambientales y de espacios costeros marinos de Pueblo Originarios.
Uno de los puntos controversiales, es que este jueves 29 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén, se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), de conformidad a ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, denominadas como “Cisnes” y “Huichas”, en medio de una violenta campaña de grupos transnacionales y sectores políticos defensores de los intereses transnacionales, esto ocurrirá a tan solo días del inicio del examen periódico al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Estado chileno deberá dar respuesta ante el Comité, el cómo garantizará los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y se respeten sus usos consuetudinarios frente a las amenazas y campañas de boicot contra la ley lafkenche, así como cuáles son las medidas concretas que se implementarán para agilizar la tramitación de las solicitudes de ECMPO y evitar demoras injustificadas. Otro punto de urgencia, es cómo se abordarán los ataques racistas denunciados por las comunidades indígenas y qué acciones tomará para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche.
La denominada Ley Lafkenche, en el marco de su aprobación, fue aplaudida transversalmente por todas las bancadas parlamentarias, iniciativa considerada como un mínimo de reconocimiento de derechos de uso ancestral.