Queremos una educación gratuita que sea financiada por la Renacionalización del Cobre, han sostenido y exigido los estudiantes secundarios. Que se financie con una reforma tributaria han sostenido los universitarios. Con cualquiera de estas dos medidas se podría financiar una educación totalmente gratuita, y con mayor razón si ambas se realizan a la vez. Si […]
Queremos una educación gratuita que sea financiada por la Renacionalización del Cobre, han sostenido y exigido los estudiantes secundarios. Que se financie con una reforma tributaria han sostenido los universitarios. Con cualquiera de estas dos medidas se podría financiar una educación totalmente gratuita, y con mayor razón si ambas se realizan a la vez.
Si bien estamos de acuerdo con estas dos medidas y sobretodo con la Renacionalización, queremos proponer a los estudiantes, para que a su vez lo propongan al gobierno y a los parlamentarios de la Oposición, una inusual y particular reforma tributaria: financiar la educación gratuita mediante la Ley Reservada de las Fuerza Armadas.
Esta ley ha aportado un promedio de 1.200 millones de dólares anuales desde el año 2005, que es mucho más de los que realmente necesitan las Fuerzas Armadas para la compra de armas, y por ello la disminución del gasto militar ha sido uno de los falsos pretextos del gobierno para derogar esta ley. Mantener esta ley, puede servir para financiar la educación gratuita desde la parvularia hasta la Universidad. Veamos como.
Esta ley contempla un piso. Esto quiere decir que si con el 10% de las ventas de Codelco no se alcanza ese piso, se debe complementar desde el Presupuesto Nacional lo que falte para completar ese piso, que en la actualidad es de alrededor de 280 millones de dólares. Con el actual precio del cobre, el 10% de las ventas de Codelco casi quintuplica ese piso, Por ello, para evitar un gasto excesivo en armamento y a la vez financiar la educación, en vez de derogar la Ley Reservada bastaría con ponerle un techo a los aportes de Codelco a las FFAA, y todo lo que sobrepase ese techo iría directamente a la educación. Si el piso es de 280 millones de dólares en la actualidad, el techo podría ser el doble, 560 millones de dólares, con lo cual ya quedarían cerca de 700 millones de dólares anuales para la educación.
Pero es más, no existe ningún impedimento legal o constitucional para que el 10% de las ventas que afecta únicamente a Codelco no se extienda también a toda la Gran Minería. Jurídicamente nada impide que este tributo en favor de la Defensa Nacional no se pueda aplicar a las grandes mineras. Se trata de un tributo autorizado expresamente por el Nº 20 del art. 19 de la Constitución, y por esta misma razón, no le afecta la invariabilidad tributaria del DL 600. En consecuencia es de plena justicia que toda la gran minería quede afecta a este impuesto, lo que permitiría captar más de 4 mil millones de dólares al año, y gracias al techo que se le impondría a la ley, más de 3 mil 400 millones de dólares anuales se podrían destinar a la educación. Más que suficiente para implementar una educación pública absolutamente gratuita. Y si con esto no alcanzara para financiarla, nada impide que en vez del 10% de las ventas, Codelco y la gran minería extranjera paguen el 11, el 12 o más por ciento de las ventas.
Pero que se puedan obtener estos recursos, no se debe derogar por ningún motivo la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas. Solo se debe modificar para que además de un piso contemple un techo, y todo lo que sobre de ese techo, se destine al financiamiento de la educación gratuita. El tributo tiene que ir primeramente a las Fuerzas Armadas y desde ahí destinarse a la educación. Tiene que ser así, puesto que este es el único tributo que la Constitución permite que tenga un destino determinado: La Defensa Nacional.
En consecuencia, sin derogar la Ley Reservada, con la implementación de un techo se disminuiría considerablemente el gasto en armamento: Al mismo tiempo se puede modificar la ley para sea el Congreso Nacional el que discuta y apruebe el gasto en defensa. Estudios previos de comisiones tripartitas de las Fuerzas Armadas, del gobierno y del Congreso Nacional, planificarían a largo plazo las inversiones en armamento y fijarían las prioridades entre sus diversas ramas.
Un poderoso argumento que se ha utilizado para justificar la derogación de esta ley, es que es discriminatoria porque la paga solo Codelco, y su costo le resta competitividad frente a su competencia. Al hacer pagar a todas las mineras extranjeras el 10% de sus ventas a favor de las Fuerzas Armadas, este argumento desaparece.
Los escolares y los estudiantes tienen la ardua tarea de convencer al gobierno y al parlamento, para que no deroguen la Ley Reservada, y solo la modifiquen en el sentido ya señalado.
Julián Alcayaga O. – Economista – www.defensadelcobre.cl
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