Libertad para Joaquín Alba Tv Joaquín Pérez Becerra se encuentra preso en las cárceles colombianas, acusado de «terrorismo». Esta injusta detención hace parte de una práctica de criminalización de la lucha social y de cualquier tipo de disidencia que denuncie la violación a los DDHH en Colombia. Esta estratégia de criminalización implica «sembrar» pruebas falsas […]
Joaquín Pérez Becerra se encuentra preso en las cárceles colombianas, acusado de «terrorismo». Esta injusta detención hace parte de una práctica de criminalización de la lucha social y de cualquier tipo de disidencia que denuncie la violación a los DDHH en Colombia. Esta estratégia de criminalización implica «sembrar» pruebas falsas y múltiples formas de manipulación judicial y mediática.
Hay que saber que solo en 2011 han sido asesinados por tortura y denegación médica 5 presos políticos en las cárceles colombianas.
El gobierno de Juan Manuel Santos afirma que las pruebas que comprometen a Pérez Becerra fueron encontradas en las computadoras del líder guerrillero Raúl Reyes, tras el ataque que violó la soberanía de Ecuador y tuvo como saldo la muerte de Reyes y de unas 20 personas más, entre las cuales un civil ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos internacionalistas. Por otro lado se rompió la cadena de custodia de dichas «pruebas», y la misma Interpol ha tenido que reconocer que hay miles de archivos creados en fechas posteriores al bombardeo. Con lo cual, o los creó el fantasma de Raúl Reyes, o algún agente de la policía colombiana. Pese a la invalidez legal de tales «pruebas», el sistema judicial las usa para enjaular al pensamiento crítico.
Lamentablemente, habiendo podido evitar la entrega del comunicador; las autoridades venezolanos, eligieron saltarse las leyes venezolanas y el DIH, y entregar al periodista al régimen colombiano, habiendo sido previamente incomunicado, privado de abogados y de acceder a la representación consular sueca. El periodista Joaquín Pérez Becerra pasa a engrosar la penosa lista de más de 7.500 presos políticos en Colombia.
Nos solidarizamos con los 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales y repudiamos los acuerdos de entrega de perseguidos políticos firmados entre Santos y Chávez. Le pedimos al gobierno venezolano que, en virtud de todo el apoyo que ha recibido de millones de revolucionarios del mundo, sea consecuente con su discurso anti-imperialista, y cancele urgentemente los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, para no involucrar más a Venezuela en la complicidad del genocidio contra el pueblo colombiano, y no reeditar una versión penosa del macabro Plan Cóndor.