Entre los liberados se encuentra Alexander Guzmán, edil de la localidad de Sumapaz, quien tuvo un destacado papel en la denuncia de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en la región.
El pasado 22 de diciembre, el juzgado octavo del complejo judicial de Paloquemao dejó en libertad a quince campesinos acusados de rebelión y otros delitos.
Entre los liberados se encuentra Alexander Guzmán, edil de la localidad de Sumapaz, quien tuvo un destacado papel en la denuncia de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en la región del Sumapaz.
Los quince detenidos se encontraban privados de su libertad desde el pasado 17 de diciembre de 2014 luego de un grave montaje judicial en su contra; actualmente dos de los campesinos se encuentran en centros carcelarios a la espera de salida.
Fueron dejados en libertad condicional por vencimiento de términos, más de 330 días esperando por una audiencia de imputación que viene siendo aplazada desde el mes de julio.
El proceso sigue y se espera tenga un final feliz gracias a la agilidad de los defensores y el equipo jurídico, entre los que se encuentran abogados del CPDH; gracias a la defensa, varios de los capturados no tuvieron detención intramural.
En este caso queda en evidencia la inoperancia y torpeza de la justicia, el alargamiento de los plazos y las detenciones arbitrarias en establecimientos no adecuados para la retención y las condiciones degradantes a las que estuvieron expuestos al inicio de la captura gracias al paro de la rama judicial.
Varios de los liberados habitan el corregimiento de San Juan, también hay campesinos de las veredas Lagunitas y Chorreras; quienes son trabajadores del campo.
Durante el proceso, los campesinos fueron estigmatizados y revictimizados; fueron señalados por falsos testigos como colaboradores de la insurgencia sin tener pruebas que lo demostraran.
Recordemos que Sumapaz, ha sido una localidad muy golpeada por el conflicto armado y agresiones por parte de las fuerzas militares. Se han asesinado líderes e intimidado a organizaciones y campesinos que han defendido su territorio de la explotación minera y el agotamiento de los recursos naturales; así como de la fuerte militarización que hay en la localidad 20 de Bogotá y sus municipios aledaños.
El próximo 15 de febrero se espera la presencia del fiscal para dar lugar a la audiencia de acusación que se ha dilatado desde el 30 de julio.
El Comité Permanente por la defensa de los derechos Humanos saluda la libertad de estos campesinos y líderes comunales, privados injustamente de su libertad, y celebra que puedan volver a sus casas para estas fechas de recogimiento. Seguiremos en la ardua defensa de los campesinos, el territorio y la paz.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article18407