El decano del periodismo colombiano, el maestro Javier Darío Restrepo, dice que: » Son colombianos condenados a muerte sin que haya quien lo impida… En otra de sus memorables tentativas de tapar la luz de los hechos con mentiras, el Ministro de Defensa atribuyó a líos de faldas la muerte de un líder social; y […]
El decano del periodismo colombiano, el maestro Javier Darío Restrepo, dice que:
» Son colombianos condenados a muerte sin que haya quien lo impida… En otra de sus memorables tentativas de tapar la luz de los hechos con mentiras, el Ministro de Defensa atribuyó a líos de faldas la muerte de un líder social; y alguna columnista quiso restarle importancia a las matanzas aconsejando a los líderes ‘poner de su parte para que no los maten’.
Uno repasa la lista de esas víctimas y encuentra que se trata de personas que, saliéndose de lo común, viven en función de los demás. Francia Márquez, que escapó del atentado, corresponde a ese perfil. La mayoría de ellos daban su voz o su actividad para reclamar respeto de los derechos de las personas o de su dignidad, o condiciones justas de vida y de trabajo. ¿Esto los ha hecho peligrosos, acaso?
Es un hecho innegable que buena parte de nuestra historia en los últimos 200 años ha sido escrita por el odio; hasta el punto de que puede plantearse como hipótesis que el odio ha llegado a ser parte de nuestra cultura. Además, ese odio como parte del arsenal de políticos en campaña, ha producido y sigue produciendo votos.
La trivialización de estas muertes o el intento de explicarlas como acciones de la criminalidad común, impide llegar al hecho de fondo: los matan porque piensan distinto; y esto, dentro de una cultura contaminada por la intolerancia y la exclusión, que pone a los diversos en listas de sentenciados a muerte. Cambiar esa aberración equivale a cambiar una cultura. Pero hay que hacerlo» [1].
«Todos los nombres, Todos los rostros»
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Movimiento Marcha Patriótica, presentaron recientemente la actualización del Informe ‘Todos los nombres, Todos los rostros’, que comprende el periodo entre el 2016 y el 22 de mayo de 2019 [2]. En él denuncian un aumento de sistemático de los asesinatos desde la firma de los Acuerdos de Paz, documentan el asesinato de 702 líderes sociales y 135 ex combatiente de las FARC.
El Informe muestra que en el Gobierno de Iván Duque ha asesinado 236 líderes sociales, de los cuales 88 han muerto en el transcurso de este año. Esto muestra el escalamiento del Genocidio contra los líderes sociales y deja en evidencia que este tema no es prioridad para la agenda del mandatario.
Para INDEPAZ los Departamentos donde más se registraron estos crímenes fueron Cauca, Nariño y Antioquia; la causa que más incide en este exterminio es el conflicto de tierras, el 71 por ciento de los asesinados defendían el territorio y los recursos naturales; Por otro lado, gran cantidad de los asesinatos están relacionados con líderes comprometidos enprogramas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
A determinadores y sicarios nadie los detiene
En el país existe la llamada Unidad Nacional de Protección (UNP) encargada de proteger a los líderes sociales, por lo que llama la atención el vertiginoso aumento del asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, al igual que las amenazas y asesinatos ocurren en sitios y regiones de alta concentración de las Fuerzas Armadas estatales. Como en los siguientes casos recientes:
Henry Chaverra, líder social con más de 18 años de trayectoria en temas ambientales, afros y territoriales, además, defiende la pertenencia del Corregimiento de Belén de Bajirá al Chocó. Venia siendo amenazado y el 21 de mayo sufrió un ataque cuando se transportaba entre Nuevo Oriente y Belén de Bajirá.
Mayerlis Angarita es la directora de Narrar para Vivir, una organización de mujeres víctimas del conflicto armado en los Montes de María; el sábado 19 de mayo sufrió un atentado mientras se movilizaba por el centro de Barranquilla.
Luz Mary Ortiz, Gobernadora del Resguardo Vegas Chagüí Chimbuza del Cabildo Mayor Awá de Ricaute, denuncia que la banda paraestatal Águilas Negras declaró como «objetivo militar» a los Gobernadores, líderes, coordinadores y todos los integrantes de esta organización indígena.
La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) denunció la aparición de grafitis intimidatorios a nombre de la banda paraestatal AUC; llama la atención que en el lugar donde aparecen estas amenazas, las patrullas del Ejército de la Fuerza de Tarea Vulcano llevan más de 14 años acantonadas allí.
En la Universidad de Antioquia las tales Águilas Negras distribuyeron panfletos donde amenazan a defensores de derechos humanos, estudiantes, organizaciones estudiantiles y sociales.
Paula Andrea Rosero Ordóñez de 46 años, se desempeñaba como defensora de Derechos Humanos y Personera de Samaniego, Nariño; venia siendo amenazada por denunciar hechos de corrupción, razón por la cual había solicitado protección. El pasado 20 de mayo fue asesinada por sicarios en ese municipio.
Jader Polo y Jader Pertuz eran beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y hacían parte de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba; fueron asesinados frente a la comunidad el 23 de mayo en una incursión de la banda paraestatal de los Caparros, en el corregimiento Brazo Izquierdo de San José de Uré, Córdoba.
Luís Fernando Velásquez era participante de los programas del PNIS; fue asesinado el 23 de mayo por el grupo paraestatal de los Carrapos en el corregimiento Batatalito de San José de Uré, Córdoba.
Notas
[1] «Condenados a muerte». Javier Darío Restrepo, EL Heraldo, 13-05-2019.
[2] http://www.indepaz.org.co/
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