Hace aproximadamente tres años nos encontrábamos en la blindada oficina de la ACVC (en el primer edificio que se construyó en toda Barrancabermeja, La Tora). Mientras despachábamos un viudo de doncella, la forma más exquisita de preparar este pez con nombre de virgen que necesita ríos limpios para vivir, nos enteramos de la llegada al […]
Hace aproximadamente tres años nos encontrábamos en la blindada oficina de la ACVC (en el primer edificio que se construyó en toda Barrancabermeja, La Tora). Mientras despachábamos un viudo de doncella, la forma más exquisita de preparar este pez con nombre de virgen que necesita ríos limpios para vivir, nos enteramos de la llegada al Magdalena Medio de un nuevo oficial de la Segunda División del ejército colombiano. Según la fuente, el hombre venía con un nuevo discurso y traía como misión «acabar con el brazo político de las FARC en el Magdalena Medio».
Con el paso de las semanas supimos que el nuevo oficial era el coronel Alberto Castillo Urquijo. Su nuevo discurso era viejo pero renovado y foráneo como casi todo lo malo que nos sucede. Se llamaba «doctrina de la acción integral», una asesoría de la embajada estadounidense y del Comando Sur y una nueva forma menos escabrosa de denominar el accionar contra el «enemigo interno». Pero eso no era lo más preocupante: según esta neo-doctrina, el brazo político de la guerrilla éramos nosotros, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, la ACVC.
La misión la inició formalmente el coronel el 24 de abril de 2005, día en que fue detenido ilegalmente, sin orden de captura, por el Batallón Nueva Granada el ex presidente de la ACVC, Álvaro Manzano, quien después de varias semanas de cautiverio ilegal, bajo fuertes interrogatorios y presiones psicológicas, fue conminado a firmar documentos de reinserción. Uno de los interrogadores era precisamente el coronel Castillo. Después de regresar al Valle del río Cimitarra, en junio de 2005, Manzano fue detenido nuevamente, esta vez con orden de captura, y trasladado a la Cárcel Modelo de Bucaramanga, de donde sería liberado 15 días después, básicamente por falta de pruebas y por la reacción nacional e internacional que suscitó el caso.
Durante estos años la Acción Integral del ejército (que entre otras cosas, según el Comando Sur, debe ser una coordinación interagencial civil-militar) en el territorio del valle del río Cimitarra había consistido en organizar actividades paralelas a las que gestiona la ACVC, una manera sutil de boicotearlas cuando no ha podido impedir que se realicen del todo. Todavía recuerdo la mina antipersonal que los militares «encontraron» en la vereda Cañaveral, donde tenían una base de tiempo atrás, y al grupo de músicos militares, vestidos de payaso, convocando a la Acción Humanitaria del Ejército a realizarse en la sede de la escuela (releer por favor el derecho internacional humanitario), cuando apenas nos estábamos bajando de «las chivas» para participar en la verdadera acción humanitaria al Nordeste Antioqueño convocada por los campesinos.
El Ejército se ha dedicado también a participar de manera deliberante en cuanta actividad de interlocución hemos realizado con las instituciones estatales y gubernamentales. Últimamente, se ha centrado en oponerse a la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, papel que antes desempeñaban los alcaldes puestos por el paramilitarismo, el senador Carlos Arturo Clavijo, vinculado recientemente a lo que llaman «el caso de la parapolítica» y los jefes de las bandas paramilitares.
Su interés no es extraño: la cuestión de la reforma agraria en nuestro país siempre ha tenido muchos «dolientes» y, además, aquí tener tierra significa hacer política, casi siempre de manera violenta. Siempre hemos dicho que la tierra está en el origen del conflicto colombiano y que la solución del problema que significa la concentración en pocas manos de la tenencia de la tierra será garante de la estabilidad, el desarrollo, la justicia y la paz en nuestro país.
Pero la Acción Integral no paró ahí: el 29 de septiembre de 2007 eran allanadas nuestras sedes y detenidos por agentes del DAS y efectivos del Ejército Nacional nuestros compañeros Andrés Gil, Evaristo Mena, Óscar Duque y Mario Martínez, actualmente recluidos en la cárcel Modelo de Bucaramanga. Al mismo tiempo eran emitidas otras órdenes de captura contra el resto de dirigentes y miembros de la junta directiva de la ACVC: Luis Carlos Ariza, Gilberto Guerra, Miguel Cifuentes, Miguel González Huepa, Ramiro Ortega, Wilson Vega y Eladio Polo.
Existen en el expediente de la Fiscalía otros siete nombres de personas con órdenes de captura, a quienes hacen ver como parte de la ACVC. Estas otras personas, algunas de las cuales ni siquiera conocemos, nunca han pertenecido a nuestra organización. Como caso relevante entre estas se encuentra Sandra Solano, una ex funcionaria del Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio (Pdpmm, entidad que ejecuta la estrategia de cooperación europea denominada Laboratorio de Paz) y del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que jugó un importante papel en la implementación de la cooperación europea en la región y quien debiera abandonar el país debido a los señalamientos del senador Carlos Arturo Clavijo.
En el expediente existen cuatro lineas claras de sindicaciones que se expresan en boca de 18 informantes (desertores de la guerrilla, campesinos habitantes de la región «reinsertados» e informantes a sueldo) y de informes de inteligencia del DAS y de la Policía (El Ejército se ha cuidado de aparecer en el expediente como fuente de los informes de inteligencia): 1. La ACVC es un aparato político de las FARC. 2. La ACVC calumnia y denigra del Ejército por orden de las FARC. 3. La ACVC obtiene ingresos por compra y venta de pasta de coca y 4. La ACVC financia a las FARC a través de los proyectos de cooperación del Pdpmm y del Laboratorio de Paz de la Unión Europea.
Antes de detallar las sindicaciones es necesario decir que el expediente y sus anexos no presentan ninguna prueba por las supuestas actividades ilícitas de la ACVC englobadas en la sindicación genérica de «rebelión». Afortunadamente el fiscal se abstuvo de tener en cuenta, al menos por ahora, otros absurdos contenidos en el expediente, como un caso de secuestro, el hurto de búfalos y el robo continuado de gasolina en el que estarían inmersos directivos de la ACVC, disparates que bien reflejan el grado de montaje y de maquinación que representa la actual persecución política contra la ACVC.
Frente a la primera sindicación cabe recordar que la ACVC es una organización social campesina, democrática y legalmente constituida que tiene una junta directiva y unas estructuras de trabajo (equipo administrativo, equipo de campo, equipo técnico, equipo de comunicaciones) que se eligen y designan en asambleas generales realizadas periódicamente de acuerdo a los estatutos de la organización. La ACVC es interlocutora de instituciones y organismos nacionales e internacionales. La ACVC ha firmado acuerdos con los últimos tres gobiernos de Colombia, incluso con el de Uribe Velez, después de movilizaciones campesinas realizadas para exigir el derecho a la vida e inversión social en nuestra región.
Los informantes manifiestan que «los miembros de la ACVC hablan con la guerrilla». La ACVC ha manifestado en numerosos espacios que nuestra política en pro del desarrollo, la justicia, la convivencia y la paz implica una interlocución permanente con las partes del conflicto. La sociedad regional sabe que hemos interlocutado con todas las guerrillas presentes en la región, que hemos llegado a acuerdos humanitarios necesarios para mitigar el impacto de la guerra sobre el campesinado y que cuando las guerrillas han infringido el derecho internacional humanitario la ACVC les ha denunciado públicamente.
La ACVC ha interlocutado permanentemente con el estado, con el ejército y sus instituciones, llegando a acuerdos en materia de desarrollo y derechos humanos desafortunadamente siempre incumplidos. La ACVC le ha exigido al estado colombiano desligarse de estrategias y prácticas irregulares de guerra sucia contra pobladores civiles, así como llevar a la justicia a los agenciadores y sicarios del paramilitarismo en la región. La ACVC le ha dicho al estado colombiano que mientras no respete el principio de distinción y sea un violador de derechos humanos es ilégítimo ante el campesinado. Nadie quiere a quien le mata.
En referencia a la segunda linea de sindicaciones vale anotar que una gran parte de nuestras denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y paraestatales han sido verificadas por organizaciones nacionales e internacionales. Incluso antes del gobierno de Uribe cada una de nuestras denuncias por hechos violatorios graves eran verificadas por el Ministerio del Interior. La ACVC denuncia porque se violan derechos humanos, porque es nuestro deber ético, la denuncia y el deseo de hacer justicia buscan que las atrocidades que vivimos a diario no se repitan.
En nuestro país existe un marco constitucional, unos protocolos y convenios internacionales firmados por el estado colombiano e incluso unas normas de la guerra que se deben respetar y existen unos mecanismos de impunidad institucionalizados que permiten que todo lo anterior se irrespete. Solo faltaría que las víctimas no pudiesen del todo denunciar las violaciones a las que son sometidas.
Respecto a la tercera línea de sindicaciones, que yo llamo «el pájaro tirándole a las escopetas», busca hacer ver que nosotros somos narcotraficantes: La ACVC ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales planteando una salida estructural al problema de los cultivos de coca y al narcotráfico, proponiendo una fórmula de sustitución de la coca en el corto plazo que se está ensayando en la aldea comunitaria de Puerto Matilde. La fórmula es muy sencilla para que funcione: condiciones de vida digna, proyectos productivos de autonomía alimentaria y un poco de tranquilidad, es decir sin fumigaciones ni represión militar ni calumnias. Los búfalos de Puerto Matilde, por ejemplo, no son robados, fueron adquiridos con dinero del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Repetiremos esta verdad tantas veces como se repita la mentira.
Los campesinos de nuestra región viven en gran parte de la coca porque no tienen otra alternativa y cuando han optado por una de manera autogestionada se han visto abocados al fracaso debido a la absurda intervención represiva del estado: los semilleros de cacao y algunos cultivos han sido fumigados en el proyecto de San Pablo. ¿El estado colombiano realmente quiere que se sustituyan los cultivos? Pese a la propaganda gubernamental, siempre hemos mantenido que los campesinos cocaleros no son narcotraficantes y hemos denunciado el crimen de las fumigaciones indiscriminadas que destruyen los pastos del ganado y los cultivos de pancoger, envenenan el agua, matan las gallinas, enferman a los niños y hacen abortar a las mujeres.
Según la cuarta línea de sindicaciones, todo el dinero que nosotros hemos gestionado para proyectos de desarrollo es para las FARC. Los informantes hablan de que los proyectos son realmente testaferrato para beneficiar a la guerrilla. Un informante se atreve a aseverar que el proyecto de la Cruz Roja Española, financiado con el proyecto ECHO de la Unión Europea y que consiste en brigadas de salud, sirve realmente para introducir logística, municiones y armas a la guerrilla.
Según estas sindicaciones, la Unión Europea estaría financiando a las FARC a través de la ACVC y el Pdpmm. Los informantes dicen que Francisco De Roux, director del Pdpmm y del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, es plenamente consciente de esta maniobra y se extienden contra él en una serie de señalamientos, donde lo menos que afirman es que es auxiliador de la guerrilla.
La ACVC ha sido la organización más crítica con el actual modelo de cooperación de la Unión Europea materializado en el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. Pero las cosas en su sitio. Decir que el modelo es para financiar a las FARC sólo sirve para desarticular una relación de cooperación multilateral que hace parte de un proceso que es necesario mejorar, no destruir.
El expediente de la fiscalía contra la ACVC sirve para transparentar un ataque al modelo de cooperación internacional actual en las regiones, detrás del cual es muy probable que estén las instituciones militares y el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República. Una anécdota sobre el verborreico ex ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño ayuda a ilustrar esta hipótesis. El pasado mes de noviembre el ex ministro invitó a uno de sus acostumbrados programas de Radio Súper a dos «campesinos»: a uno lo puso a denigrar de las comunidades de paz y de Javier Giraldo y al otro a denigrar de Francisco De Roux y de la ACVC. El campesino de nuestra región «informaba» que a los visitantes europeos de los proyectos del Laboratorio de Paz el cura los montaba en un avión y desde la altura les enseñaba los proyectos que obviamente no se veían. Con el programa radial el ex ministro daba a entender que los proyectos no existen y que el dinero de la cooperación europea va a parar a manos de las FARC.
Uno se pregunta: ¿De dónde sale esa afinidad de preocupación sobre los destinos supuestamente oscuros de la cooperación europea y en particular sobre la ACVC entre el ejército, el presidente y sus asesores?
A nuestro modo de ver el gobierno actual busca desvirtuar el modelo de cooperación anterior para darle un carácter abiertamente contrainsurgente a la cooperación internacional europea articulándola a la «Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social» – o mejor dicho: el Plan Colombia II- a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y de los Laboratorios de Paz. Se trata de pasar de la cooperación internacional para el desarrollo y la paz y hacia un nuevo modelo de cooperación cívico-militar que oxigene más el plan de guerra de los Estados Unidos y Uribe.
Los resultados de lo que el gobierno llama recuperación, fortalecimiento y consolidación ya los tenemos claros. El pasado 28 de diciembre era asesinado Parmenio Manuel Hernández, después de que fuera sacado de su finca por el ejército en la vereda La Poza, dejando una viuda y tres hijos. Se trata del caso más reciente de falsos positivos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra. En San Pablo, Juan Rey, campesino de la verda Las Colinas, era asesinado el 2 de enero pasado en su finca por dos encapuchados, presuntamente paramilitares. Las denuncias indican que a pocos minutos del lugar de los hechos había presencia militar.
Estos últimos hechos grafican tristemente los resultados de la operación militar desplegada en el Valle del río Cimitarra desde hace tres años de manera permanente que busca la «recuperación social y militar» de nuestro territorio. Según el Ministerio de Defensa, «El nuevo plan de guerra potencializa la experiencia adquirida en la combinación entre el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio«. Por su parte, la política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), programa del segundo mandato de Uribe, plantea que «se afiancen los importantes logros alcanzados en el primer cuatrienio y se avance en la recuperación final de las zonas donde aún persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes«.
Según el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y sus subalternos, el recuperar consta de una buena dosis de limpieza y mantenimiento: «Tenemos que ir a las zonas más apartadas donde hay narcotráfico, grupos ilegales y pobreza.’ […] Ahora alinearemos nuestros esfuerzos de modo que lo permita al estado de ir y limpiar y después mantener estas zonas -lo que los militares llaman ‘limpiar y mantener’ […] ‘»
Quería cerrar este escrito con una conclusión en clave positiva. Nada de «la masa no está para tamales». No. De pronto terminar con una luna llena saltando. ¿Quién ha visto semejante cosa? Yo. Es lo más bonito que he mirado. Una luna llena saltando de orilla a orilla sobre el río Cimitarra. Se necesita una canoa e ir acostado, paralelo al cielo, también se necesita el río y sus curvas y la luna llena, clara. Se necesita quien lleve la canoa. Y la tierra que sostenga el río y que no deje irse a la luna.
Nos necesitamos todos, ahora que quieren dejarnos sin conductores de canoas.