El diputado Marco Enríquez-Ominami, junto a representantes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), interpeló hoy al gobierno en el Palacio Ariztía por su silencio frente al proyecto de ley que permitirá la liberación de semillas transgénicas y sus derivados, cuya discusión se iniciará próximamente en la Cámara Baja. María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-AL y Camila Montecinos, experta en el tema y consultora de ANAMURI y de organizaciones campesinas latinoamericanas, llamaron a los parlamentarios a rechazar la iniciativa aplicando el principio de precaución.
Enríquez-Ominami consideró inaceptable que la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, haya omitido el tema transgénicos al dar a conocer el plan de trabajo de su cartera, considerando que Chile pretende ser una potencia agroalimentaria. Sostuvo que la falta de rigor del gobierno en materia agrícola perjudica a los productores agrícolas, ya que en este caso la inoperancia abre camino al ingreso de cultivos transgénicos al país y que «éste es un camino sin retorno», debido a los efectos irreversibles de los transgénicos en la agricultura y el medio ambiente. Aseguró que este tema se debate en todo el mundo, mientras en Chile hay desconocimiento sobre los efectos y riesgos de la introducción de transgénicos.
María Elena Rozas denunció que la moción parlamentaria de liberación de los transgénicos ha sido reimpulsada como resultado de presiones ilegítimas de corporaciones como Monsanto, con un historial de engaños en todo el mundo. Demandó a los parlamentarios dejar de ser una correa de transmisión de los intereses de ésta y otras transnacionales cuyas ganancias aumentarán con la liberación de los transgénicos. Actualmente en Chile sólo está autorizada la producción de semillas transgénicas para la exportación. Alertó sobre las evidencias que existen respecto de los daños que producen los transgénicos en la salud de los consumidores. La ambientalista alertó sobre los resultados de un nuevo estudio científico en ratas de laboratorio, las que fueron alimentadas durante la gestación con soya transgénica (RR, de Monsanto): más de la mitad de sus crías murió en las tres primeras semanas de vida. Asimismo, expresó preocupación por los efectos de la contaminación de los cultivos convencionales con los transgénicos y por los daños que ello acarreará a los agricultores orgánicos. «En países como España y México la coexistencia entre ambos tipos de cultivos se ha demostrado imposible», afirmó.
Por su parte, Camila Montecinos expuso los riesgos económicos que enfrentará el sector exportador si Chile adquiere «fama» de país contaminado por transgénicos, ya que los consumidores de postres y vinos -que constituyen el grueso de los destinatarios de las exportaciones chilenas- son sectores acomodados informados sobre esos riesgos y no aceptarán estas exportaciones. Entre las críticas a la ley que se discutirá próximamente en la Cámara, la experta mencionó que el proyecto no incluye sanciones por la contaminación de cultivos convencionales con transgénicos. La autoridad nacional tendría apenas 60 días para aprobar la introducción de un cultivo transgénico, sobre la base de información entregada por las propias empresas interesadas. «Lo más grave es que se incluye un mecanismo por el cual las transnacionales pueden cuestionar los decretos de la autoridad», declaró. Por todo esto, dijo, aunque la ley se denomina «de bioseguridad», de seguridad no tiene nada, y debería denominarse claramente «Ley de Introducción de Transgénicos». Agregó que en lugar de traer un avance tecnológico para el país, proporcionará mano de obra barata local para las transnacionales, tanto a nivel de productores como de investigadores que trabajarán para las empresas.
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