Diversas investigaciones y estudios de opinión constatan la disonancia que existe entre el discurso conservador y la realidad que se vive con la interrupción del embarazo y sus circunstancias. En este sentido, el dominio que ejercen las jerarquías religiosas y el poder económico, sumado a la incapacidad y falta de voluntad política, ha impedido que […]
Diversas investigaciones y estudios de opinión constatan la disonancia que existe entre el discurso conservador y la realidad que se vive con la interrupción del embarazo y sus circunstancias. En este sentido, el dominio que ejercen las jerarquías religiosas y el poder económico, sumado a la incapacidad y falta de voluntad política, ha impedido que prevalezcan derechos elementales en materia de sexualidad y reproductividad.
Según el diagnóstico del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles) en el 70 por ciento de los colegios no hay educación sexual; se producen 40 mil embarazos adolescentes, y de ellos, han aumentado seiscientos casos de segundo y tercer embarazo, correspondiendo a niñas de 10 a 14 años. Asimismo, se practican entre 100 y 150 mil abortos al año. Por otra parte, datos del Ministerio Público de 2010, indican que en el país un promedio de 17 mujeres son violadas diariamente y 34 son víctimas de otros abusos sexuales. Señala además, que de las 51 víctimas que dejan estos delitos, 38 son menores de edad. Aunque la información oficial no lo establece, muchas de esas menores quedan embarazadas en estos actos de violencia sexual.
A pesar de este desalentador panorama, Chile es uno de los pocos Estados del mundo, junto con El Salvador, Honduras, Filipinas, el Vaticano, Luxemburgo e Irlanda, donde el aborto se sanciona de modo total y sin excepción. Para Claudia Dides, vocera de Miles, este antecedente constituye «una vergüenza y una injusticia. Refleja una falta de equidad inaceptable, porque las mujeres que tenemos acceso a médicos podemos hacernos abortos seguros, mientras la mujer que no trabaja o cuenta con pocos recursos, queda embarazada y con su sueldo es imposible que pueda acceder a una clínica y pagar dos millones de pesos por un aborto». Con molestia, la profesional expresa que en Chile «es más fácil comprar una botella de whisky que un anticonceptivo de emergencia».
Socióloga y magister en estudios de género y cultura en América Latina, de la Universidad de Chile, Claudia Dides explica que el movimiento pro aborto legal que encabeza, se formó para defender la salud y vida de la mujer. Destaca que la violación debe ser una causa de aborto terapéutico «en la medida que una mujer tenga la posibilidad y derecho a elegir si sigue o no con un embarazo producto de violencia sexual, porque hay que tomar una acción para salvar la salud mental de una niña, adolescente o una mujer».
La vocera de Miles subraya que su organización pertenece a una asociación latinoamericana que «está por el aborto seguro, sin clandestinidad y en condiciones higiénicas saludables». Añade que el aborto inducido es el que se acostumbra a ver cuando mujeres llegan a los hospitales, en cuyos casos tienen derecho a ser tratadas con antibióticos y anestesias, independiente que por ley los médicos tengan que denunciar el aborto. «Esto de acuerdo con un reglamento -poco conocido- que se estableció en el gobierno de Michelle Bachelet para el tratamiento humanizado del aborto», agrega.
ABORTOS CLANDESTINOS
En relación con la cantidad de abortos inducidos que se producen anualmente, expresa, hay dos tipos de cifras: «Los egresos hospitalarios por aborto, alrededor de 38 mil al año; también se calcula entre 70 a 120 mil abortos. La diferencia depende de la proyección estadística. Me quedo con una cifra más actual, que habla de alrededor de 150 mil abortos anuales. A esta cifra hay que sumarle el Misoprostol, un medicamento que lo podemos utilizar en la casa, sin ningún problema, bajo vigilancia médica, para ver si no ha quedado algo en el útero. Por tanto, ahí hay una ‘cifra negra’, pero calculamos que, en general, estamos entre los 100 mil y los 150 mil abortos anuales».
Respecto al nivel social de las mujeres que recurren a prácticas abortivas, Claudia Dides menciona un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de 2011. Establece que 87 por ciento de los encuestados considera que las mujeres pobres están más expuestas a abortos riesgosos. «El embarazo adolescente -enfatiza- está en Alto Hospicio, Cerro Navia o en La Pintana. Pero el embarazo adolescente en Vitacura, o Las Condes o La Reina, es bajísimo. Entonces, este tema se asocia a la pobreza».
Entre 1931 y 1989 el aborto terapéutico era aceptado legal y socialmente. ¿Qué ocurrió entonces?
«En 1989, en plena dictadura militar, la Comisión Ortúzar, entre cuatro paredes, decidió sacar el aborto de la legislación por influencia de Jaime Guzmán, que era un ferviente católico conservador. Hay algunos dichos de ellos que a mi juicio son horrorosos. La mujer, decían, tiene que aceptar cualquier monstruosidad que ‘Dios haya mandado’. Se derogó la disposición que permitía el aborto terapéutico. Por tanto, los abortos que se realizan en Chile ocurren en la clandestinidad, ya que está penalizado sin excepción».
Claudia Dides señala que en el contexto de la dictadura, la derogación del aborto terapéutico fue una imposición y desde su perspectiva «es una de las leyes de amarre de la transición democrática, así como hubo otras que tienen que ver con la Constitución y los senadores designados». Afirma que por eso «ahora hay espacios de clandestinidad en la vida de las mujeres. El tema se lleva en las redes de mujeres: como pasarse los datos para buscar quién haga abortos, y tratar de aconsejar a la mujer para que no se sienta culpable».
EL VETO CATOLICO
¿Por qué cree que la derecha y otros sectores conservadores consideran que el tema del aborto es valórico?
«Porque son religiosos: si uno ve la historia de la Iglesia Católica, ha sido una historia de dominación sobre los cuerpos de los otros. Ha tenido excepciones respecto de la pobreza, de los sueldos éticos, etc., pero siempre con una mirada asistencialista de la relación que tienen los seres humanos con el mundo».
Dides sostiene que la hegemonía valórica católica se impone de múltiples maneras: «Se hace caso omiso al hecho que el Estado se separó de la Iglesia en 1925, año de la última Constitución elaborada en democracia».
En ese marco, asegura que Miles plantea la posibilidad de que los seres humanos decidan respecto de qué hacer como proyecto de vida. «Hay que partir de la base que a nadie le gusta abortar. Esto no es fácil, es una situación dura y compleja; pero nadie puede ponerse en el papel y en la historia de vida de las personas, sobre todo mujeres o niñas. Toda persona, inclusive una niña, tiene la capacidad de discernir cuando tiene información, cuando tiene apoyo sicológico. Creo que obligar a una niña o a una mujer a seguir embarazada después de una violación, es un acto de tortura».
En el caso de una menor de 11 años, embarazada producto de las reiteradas violaciones de su padrastro, el presidente de la República dijo que esa niña estaba «madura para ser madre». ¿Cuál es su opinión?
«Me parece que es de una ignorancia absoluta. Se trata de una niña en una familia descompuesta, en que la madre dice que la niñita incitaba al padre. Una niña de esa edad no está lista mentalmente, no tiene las herramientas para entregar a su guagüita las condiciones de cariño, no tiene la infraestructura, trabajo, etc. Es una niña que va al Sename y es una nueva posibilidad de abuso sexual. Yo les digo a los políticos conservadores, ¿qué pasaría si sus niñas de 11 años fueran violadas? No sé si tomarían la misma actitud, porque el dolor que produce esto es inmenso, se acaba el proyecto de vida. Podría ser que el caso de una mujer de 30 años sea distinto. Conozco mujeres de esa edad que han decidido tener sus hijos y han logrado perdonar al violador. Pero eso también es un acto de resiliencia muy profundo y no todas las mujeres son iguales».
¿Cuál debe ser la tarea del Estado en estas situaciones?
«Debe garantizar información. Se debe permitir toda la consejería necesaria en el proceso. Si por razones religiosas una mujer no quiere abortar aunque se trate de un feto anencefálico, el Estado debe dar las mismas garantías y apoyar sicológicamente. Sin embargo, hoy el Estado niega toda posibilidad, no se hace cargo ni de lo uno ni de lo otro, quienes intervienen son instituciones apoyadas por el Opus Dei o Legionarios de Cristo. Nuevamente tenemos la irrupción de la Iglesia en asuntos del Estado».
DEUDAS DE LA CONCERTACION
De acuerdo con un estudio de Flacso, el 67 por ciento de los hombres y mujeres está de acuerdo con el aborto terapéutico. ¿Por qué los parlamentarios y la sociedad en su conjunto no toman en cuenta este antecedente?
«Eso tiene que ver con los temas adeudados en Chile. Si vemos qué porcentaje de personas está de acuerdo con que el agua sea de los chilenos o con la nacionalización del cobre y la Asamblea Constituyente, entonces el aborto terapéutico y los derechos reproductivos son otra deuda más de los partidos políticos que no fueron capaces ni tuvieron la voluntad para escuchar estas demandas. Creo que eso está dado por el neoliberalismo que nos domina, nos ordena, nos dice qué hacer y qué no hacer. Claramente aquí hay una opción política».
En el caso de la Nueva Mayoría, señala que esa coalición está complicada con el tema. «No dudo que Michelle Bachelet sepa las implicancias de esto y creo que tiene conciencia al respecto, pero no le creo mucho a sus acompañantes. Hay mujeres de la DC que apoyan el aborto terapéutico, pero su sector dominante está en contra. Hay una tensión en la Nueva Mayoría y no sé cómo la van a resolver en el gobierno».
LEY DE ABORTO
¿Qué espera que ocurra respecto de las iniciativas sobre aborto en el próximo gobierno?
«Esperamos que se retomen dos proyectos que están en el Parlamento, que fueron hechos por la sociedad civil, y que el nuevo gobierno le dé urgencia a estas iniciativas. Necesitamos que una ley se apruebe ahora, no se requieren más estudios. En esto hemos sido bastante pragmáticas: volver al artículo 119 del Código Sanitario, vigente entre 1931 y 1989, que permitía efectuar el aborto terapéutico en los casos en que la vida de la embarazada estuviera en peligro, si contaba con la aprobación de dos médicos».
¿Cómo sensibilizar a la sociedad respecto a este tema, cuando es quizás una de las más conservadoras de América Latina?
«Con mucho trabajo con las mujeres y los movimientos sociales. En el último año ha aumentado el porcentaje de la población que está en favor del aborto en todas las circunstancias. Esto tiene que ver con la información y educación sobre el aborto. Se trata de informar y educar, muchas charlas y seminarios, mucha ayuda del Colegio de Matronas, trabajar con los gremios. La sociedad va a comprender que el aborto es un derecho. La diversidad es parte de nuestra cultura, aunque no queramos reconocerlo. Desde nuestra perspectiva, esta situación se puede superar con voluntad política, con políticas públicas, y con participación ciudadana. Se necesita una transformación mayor. Que se incluyan en la nueva Constitución -mediante Asamblea Constituyente- los derechos sexuales y reproductivos. No es posible que la educación sexual se venda como oferta en el mercado. Tengo la esperanza de que en Chile las cosas van a cambiar. Pero será una pelea larga y difícil».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 797, 10 de enero, 2014