En medio de la más profunda crisis de legitimidad que ha conocido la República neoliberal, el Gobierno ha lanzado la etapa de «participación ciudadana» del proceso constituyente, que, de acuerdo a sus planes, constituiría una vía institucional para alcanzar una Nueva Constitución. Las distintas expresiones de izquierda en el país, han mirado con justo recelo […]
En medio de la más profunda crisis de legitimidad que ha conocido la República neoliberal, el Gobierno ha lanzado la etapa de «participación ciudadana» del proceso constituyente, que, de acuerdo a sus planes, constituiría una vía institucional para alcanzar una Nueva Constitución. Las distintas expresiones de izquierda en el país, han mirado con justo recelo esta convocatoria, vacilando frente a la vieja pregunta sobre qué hacer.
«Le dije a mi mamá si me daba permiso para ir a una fiesta, me dijo que le preguntara a mi papá, mi papá me dijo que sí, que podía ir. Feliz fuí a decirle a mi mamá que mi papá me había dado permiso, entonces mi vieja riéndose me dijo que no iba a ninguna parte. Ahí entendí lo que era un proceso consultivo no vinculante.»
-volante de Facebook-
«Van a realizarse una serie de instancias participativas a lo largo y ancho del país para después proceder a reunir ese trabajo y elaborar con todos esos papeles el pene de origami más grande del mundo (posible guinnes) y te lo van a meter en el ojo mientras promulgan una constitución a la pinta de ellos y sus amigotes… ¿o qué te creías gil, que ahora sí van a trabajar por el bien común?»
-Jimmy Tapper, 2016-
En medio de la más profunda crisis de legitimidad que ha conocido la República neoliberal, el Gobierno ha lanzado la etapa de «participación ciudadana» del proceso constituyente, que, de acuerdo a sus planes, constituiría una vía institucional para alcanzar una Nueva Constitución. Las distintas expresiones de izquierda en el país, han mirado con justo recelo esta convocatoria, vacilando frente a la vieja pregunta sobre qué hacer.
Con el ánimo de contribuir a la discusión para alcanzar una respuesta común de quienes se identifican con el socialismo (nos referimos a la ancha corriente de la tradición socialista y libertaria, y no a la deteriorada estructura partidista que lleva ese nombre), queremos discutir con dos posturas que se han planteado en esta cuestión. La primera es la que representa el epígrafe que abren este artículo, o sea, la que se basa en la justificada desconfianza frente a la Nueva Mayoría y la institucionalidad antipopular y antidemocrática que ha administrado y reforzado por décadas. Por cierto, no haremos un llamado a la confianza en el proceso impulsado por el Gobierno, sino que identificaremos lo que creemos equivocado en esta postura: ignorar que en la puesta en marcha de las coyunturas de debate de cambio constitucional y potencialidad constituyente, lo que se entiende como «poder constituyente» es anterior y superior al poder constituido, y puede desbordarlo en la práctica, y la propia invocación en el debate público y su ejercicio efectivo puede potencialmente subordinarlo.
La segunda tesis que abordaremos, es aquella que critica a los defensores de la Asamblea Constituyente, acusándolos de poner un excesivo énfasis en la forma en que debe alcanzarse la nueva Constitución, y su propuesta de concentrarse en la sustancia, en particular, en las posibilidades de maniobrar un acuerdo con el gobierno en materia de educación superior. Examinaremos la defensa pública de esta postura, cuestionando su adecuación a las necesidades del presente, y terminaremos con un llamado a coordinar los esfuerzos para defender la soberanía popular en la crisis constitucional actual.
Lo constituido frente a lo constituyente: ¿regalar o disputar?
La historia de los últimos treinta años en Chile ha dado material de sobra para desconfiar profundamente en la clase política, especialmente en la Concertación. Los que en algún momento encarnaron las esperanzas de retomar el ideal igualitario, cuyo desarrollo fue abortado violentamente por el terrorismo dictatorial, terminaron convirtiéndose en un servil administrador del modelo neoliberal, o en el mejor de los casos, en su pusilánime parchador.
Esta desconfianza está particularmente justificada cuando se refiere a una invitación a la participación. Basta tener presente, los nulos efectos de la participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, o la manipulación de la consulta previa en materia indígena. Qué decir de las negociaciones cuando estallan conflictos sociales, y de la extraña «negociación pre-legislativa» de las reformas, o de las «comisiones asesoras presidenciales» frente a los temas urgentes. El patrón parece ratificarse en el proceso constituyente: observadores bypasseados, apoderados elegidos a dedo, plazos insuficientes, falta de protección y estímulo de la participación, y sobre todo, la absoluta ausencia de compromiso del Gobierno en impulsar el proceso. Sobre esto último, basta constatar la reacción del gobierno ante la negativa del CNTV a considerar la campaña como de interés público, o la prohibición explícita de que los funcionarios públicos usen su jornada laboral, o edificios públicos para la discusión.
Sin embargo, las buenas razones que justifican que no estemos dispuestos a participar en las instancias que abre el gobierno para dar un ropaje de legitimidad a sus decisiones, deben ser revisadas cuando la convocatoria se dirige al poder constituyente. Porque éste es, en esencia, una negación del poder constituido. Por eso, la regulación de su ejercicio es un contrasentido: sólo el constituyente (el pueblo) puede (auto)regularlo. Esto, en la abstracta teoría. En concreto, el gobierno ha propuesto una vía institucional eventualmente constituyente, por cierto deficitaria y sospechosa. De hecho, nos atrevemos a afirmar que está diseñada para fracasar, o, en el mejor de los casos, para terminar siendo una legitimación de un cambio constitucional gatopardista. Esto por varias razones, pero nos concentramos en dos de ellas.
La primera es de orden procedimental, pero no por ello, irrelevante. Según el propio diseño del Gobierno, a fines de este año, la continuación del proceso será sometida al Congreso, que lo puede detener con solo un tercio de los diputados o senadores en ejercicio. No hay que ser muy pesimista para pronosticar un mal resultado.
Ahora bien, la apuesta del gobierno podría ser presionar a los parlamentarios para la continuación del proceso apelando a una extensa participación ciudadana desplegada en la primera etapa. Eso sí que es difícil de imaginar en el contexto social, político e institucional actual. Es más, dicha participación está convocada en espacios que, aunque auto-convocados, están sobrerregulados, buscando acotar la discusión a las materias generales que señala, excluyendo la cuestión del modo de ejercicio del poder constituyente, y sobre todo, cualquier problematización sobre cómo llegar al momento constituyente, buscando así domesticarlo y contenerlo.
Pero esa pretensión es nada más que eso, una pretensión. Nada obliga a los (auto)convocados a ceñirse a ese diseño. Es más, desde la izquierda transformadora, lo que el gobierno denomina como participación ciudadana (la comparsa ciudadana subordinada al poder constituido), puede aspirar a convertirse en participación popular constituyente, o sea, en espacio de articulación de voluntades y capacidades para el ejercicio del poder constituyente, ampliando y desbordando el restringido proceso propuesto por la institucionalidad actual. ¿Qué otro espacio es más idóneo para aglutinar al activo social para deliberar sobre cómo avanzar hacia el momento constituyente? ¿Por qué renunciar a esta posibilidad? Una respuesta que se ha intentado es la que examinaremos (críticamente) a continuación.
Las luchas sociales como reformismo constituyente y sus límites
Un sector de la izquierda ha manifestado su rechazo participar de cualquier modo en esta instancia. Los fundamentos invocados apuntan justamente a los déficit del esquema, particularmente su carácter consultivo, y a preferir abordar la transformación democrática desde las luchas sociales concretas y en particular aquellas más visibles y organizadas, como de modo muy referencial, desde la lucha del movimiento estudiantil.
Está fuera de duda la importancia de la lucha educacional. De hecho, es estratégica, en tanto abre el campo para disputar un espacio privilegiado de reproducción de la subjetividad y de la legitimidad del capitalismo; es táctica, en tanto permite poner en evidencia los cerrojos jurídicos y políticos del modelo. Tiene también una incidencia constituyente, en la medida en que la idea de derechos sociales (solidarios y universales) puede subvertir la lógica individualista y subsidiaria de los derechos (neo)liberales.
La cuestión es aquí determinar en qué sentido la disputa por el carácter de la participación en el proceso constituyente podría ser incompatible con continuar con la lucha social por la educación o con cualquier otra de las tantas y tan plurales que se vienen desplegando en nuestro país.
A primera vista, no hay tal incompatibilidad. De hecho, es cada vez más evidente el carácter estructural y sistémico de los problemas y tensiones que agobian el mapa social y territorial del país, y su lazo con las bases de la institucionalidad reflejadas en la Constitución y el bloque de leyes constitucionales que la complementan y detallan. El debate constitucional permite aglutinar temas y demandas, y mirar a la totalidad de la construcción del Estado y la sociedad de nuestro país. Por ello, en esta coyuntura, las distintas demandas y movilizaciones tienen un espacio de oportunidad propicio para converger y madurar organizacional y programáticamente. Son precisamente esas franjas movilizadas no genuinamente expresadas en la institucionalidad constituida, quienes están mejor predispuestas a la discusión política, y cuentan con no poco tejidos sociales en sus entornos en proceso de politización. Eso vale para todas las expresiones del movimiento social y popular, pero es especialmente cierto en el caso del movimiento estudiantil. En este sentido, cabe preguntarse cuál sería el valor de preferir enfocar la atención y trabajo de los movimientos sociales hacia reivindicaciones parciales, justo ahora, en que el panorama político y social exige la politización de las luchas locales o temáticas para encarar la progresiva erosión de la legitimidad institucional y democrática del Estado.
Se ha sugerido que habría cierta incoherencia en querer cambiar la Constitución sin antes haber avanzado en esas luchas. No es fácil discernir el sentido concreto de esta afirmación, pero se puede intentar una respuesta. Lo primero es recordar que sí se han dado pasos de avance y maduración de cada una de las luchas sociales, sobre todo, en la educacional. Cualquiera que vea la historia social reciente como proceso y no como simple suma de episodios, podrá entrever que el movimiento estudiantil ha logrado resquebrajar la hegemonía neoliberal, al menos en tanto ya no ostenta el monopolio sobre la producción del sentido común que ostentó desde la transición a medias en los años 90s. Eso es un paso. También lo es la constatación de los límites que la institucionalidad y el modelo económico imponen a todo anhelo de genuina transformación. El resultado final del acuerdo por la educación posterior al pinguinazo, sumado a las débiles reformas del segundo gobierno de Bachelet, y al escaso efecto de la elección de dirigentes estudiantiles como diputados, mostrando los límites institucionales del modelo, son también parte de esos aprendizajes.
Esta última cuestión, nos lleva al problema de los candados constitucionales, ya esbozado arriba. Si concediéramos que existe margen para maniobrar con el gobierno una reforma de educación superior que implique un avance, cuestión que dudamos profundamente, cabe preguntarse de dónde sacaríamos la mayoría parlamentaria para ello. La respuesta podría ser: con forceps, esto es, con movimiento social movilizado. Vale. Ahora bien, el nivel de movilización y articulación social debería ser inédito, pues la simple mayoría no basta, como nos ha enseñado 26 años de democracia antipopular. Se requeriría una fuerza social de tal envergadura, que fuera capaz de hacer saltar el cerrojo del Tribunal Constitucional, que ha reafirmado recientemente su vocación contramayoritaria en la reforma laboral nuevomayorista.
Lo cierto es que ese nivel de movilización es indispensable para alcanzar el momento constituyente, lo que exige también acumulación dentro de las instituciones y en el debate público, controlado por las fuerzas dominantes. Es por ese conjunto de circunstancias que este esfuerzo supera con creces la capacidad de cualquier movimiento social parcial, incluyendo al por la Educación. Aprovechar los espacios que se nos presentan para articular al activo social que ha protagonizado las múltiples luchas que surgen desde las contradicciones del neoliberalismo, es condición para imaginar ese momento y hacerlo posible. La disputa del carácter de la etapa «participativa» del proceso constituyente es parte de ese esfuerzo.
Decidirse a participar en el proceso para disputar su carácter no garantiza nada. Pero restarse sí supone un regalo a la estrategia gatopardista y restauradora. Y es difícil no ver una oportunidad potente de acumulación de fuerza social y política en estos espacios. Coordinar los esfuerzos entre las diferentes organizaciones políticas y sociales con vocación transformadora, para promover una discusión amplia y popular sobre las formas de acción y movilización necesarias para defender la soberanía popular y su poder constituyente en la coyuntura actual, parece un imperativo para quienes tenemos confianza en la capacidad e imaginación política de los pueblos.
Matías Meza, Militante Izquierda Autónoma. Miembro Fundación Decide y Héctor Testa, miembro Fundación Crea