En la recta final del surgimiento de la organización política de las FARC-EP, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, continúa desvirtuando el informe entregado por esta agrupación en torno a los bienes que poseían durante el desarrollo de la confrontación armada. Las acusaciones del fiscal parten de la premisa de que en medio de la lucha […]
En la recta final del surgimiento de la organización política de las FARC-EP, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, continúa desvirtuando el informe entregado por esta agrupación en torno a los bienes que poseían durante el desarrollo de la confrontación armada.
Las acusaciones del fiscal parten de la premisa de que en medio de la lucha la insurgencia logró acumular miles de millones de dólares, como lo afirmó la revista The Economist, que calculó los bienes de las FARC en 10.000 millones de dólares y que en este informe entregado no están todos los bienes, ni las cuentas y activos en el exterior.
Los miembros de la guerrilla han manifestado que las finanzas de la organización no se pueden leer bajo la óptica de la acumulación personal y el enriquecimiento, sino bajo la economía de guerra donde esta organización se levantó contra el poder instituido y financió por más de 50 años a sus hombres.
Según la revista Semana, Colombia es unos de los países en el mundo donde más se gasta presupuesto en defensa. En Latinoamérica ocupa el cuarto lugar, además tiene una de las fuerzas militares más grandes de la región. La inversión en la dotación de un soldado es de alrededor de 3 millones de pesos.
El Tiempo, retomando un informe de Indepaz, dice que el «gasto estatal en lo que tiene que ver con la guerra fue de $ 7,6 billones por año, lo que significa que fue de 22.000 millones de pesos por día», algo que al contrastar con las cifras que entregó la guerrilla da una idea del presupuesto que se maneja en la guerra y mucho más cuando se está en la clandestinidad y subvirtiendo el orden.
Por su parte, Pastor Alape afirmó que la organización entregó un listado por $963 mil millones en bienes.
A continuación, el comunicado entregado por las FARC – EP sobre este asunto:
Comunicado a la opinión pública
Acerca del debate público que ha generado la carta del Señor Fiscal General de la Nación en la que se emiten valoraciones sobre el inventario de bienes y activos que hemos entregado el 15 de agosto del presente año a la Misión de las Naciones Unidas y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, nos permitimos manifestar lo siguiente:
1. Reconocemos la celeridad del Fiscal para emitir un concepto técnico sobre un inventario que,según el Decreto 1364 del pasado 15 de agosto, «el Ministro del Interior deberá mantener en custodia, con la debida diligencia y cuidado y vigilancia hasta el momento en el que se constituye el patrimonio autónomo». Esperamos que ese misma diligencia se exprese en las precarias investigaciones de la Fiscalía acerca del asesinato de hombres y mujeres, líderes sociales.
2. Los conceptos, cuando más rigurosos y ajustados a la realidad, mejores. Lamentablemente no es el caso de concepto del Fiscal. Falla en la consideración del carácter excepcional y único del inventario presentado por una organización guerrillera; falla en el entendimiento de lo que es un inventario; falla al realizar una presentación amañada de la información.
3. Todo ello conduce a que se induzca a la opinión pública a una valoración distorsionada de un hecho que es cierto: Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC-EP hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado. Ello nos lleva a pensar, que tras la misiva del Fiscal existe en realidad una intención política de continuar entorpeciendo la implementación de los acuerdos, de ambientar sus previsibles interferencias en el trámite que se viene en el Congreso de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de ser primera plana en los medios de comunicación. Es evidente que el Fiscal siente que su poder se ha visto menguado con los diseños de la JEP. Le cuesta trabajo aceptarlo.
4. El inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando condiciones excepcionales y únicas. No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente; la información de la organización ha sido compartimentada; la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario. Esa es la razón por la que tomamos además la decisión de aceptar como nuestros los bienes que haya identificado el Estado, principalmente por cuenta de la Fiscalía, y que no se encuentren en nuestro inventario, por carecer nosotros de información sobre ellos.
5. Hemos sido exhaustivos en la presentación de la información. La discriminamos por los bloques y los frentes que conformaron nuestra organización. Donde fue posible, la información, por ejemplo, de los bienes inmuebles rurales se presentó atendiendo normas técnicas; donde no lo fue, está se suministró ofreciendo los datos que permiten su plena identificación y localización geográfica, en los términos que se utilizan en el campo. Las condiciones de la sociedad rural, se caracterizan por el desinterés histórico del propio Estado de aclarar los derechos de propiedad, razón por la cual se han desarrollado múltiples modalidades informales de su regulación con ausencia de registros catastrales o de registros inmobiliarios, muchas veces expresadas en documentos privados que constituyen ley para las partes. El inventario da cuenta de esa realidad objetiva.
6. Somos conscientes que será preciso adelantar una tarea en terreno que cualifique la información entregada y para ello hemos manifestado nuestra disposición de colaborar. Entregado el inventario, le corresponde al Gobierno proceder a la identificación plena y al aseguramiento de lo reportado.
7. Los componentes del inventario que entregamos dan cuenta de ítems de general aceptación. No es extraño en absoluto a un inventario el registro de utensilios o existencias. Por ello no procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada. También parece sin sentido desconocer que las obras de construcción, particularmente de vías, hagan parte del inventario. Para comprender porqué fueron incluidas es necesario considerar que con nuestra presencia territorial ejercimos funciones de Estado y que ellas fueron componente esencial de nuestra economía de guerra. Gracias a ellas, además, miles de compatriotas de la Colombia olvidada pueden comunicarse entre sí e incluso sacar sus productos al mercado.
8. No se debe confundir el inventario con el fondo autónomo que habrá de constituirse en los términos establecidos por del Decreto-Ley 903 de 2017. Entregado el inventario, se inicia el complejo proceso de incorporación de los diferentes bienes y activos. Será necesario hacer un ejercicio técnico de depuración, que seguramente tendrá como consecuencia el descargue de diferente bienes que conforman el inventario. Realizada tal depuración, tarea que le corresponde al Gobierno nacional, tendrán que definirse la rutas de incorporación de los diferentes bienes al inventario, incluido lo correspondiente al proceso de monetización.
9. Solo en ese momento se podrá hablar con certeza de la destinación del Fondo a ser administrado a través de la Fiducia que se conformará para tal efecto. La destinación del Fondo está definida en sus componentes esenciales por el señalado decreto 903 de 2017.
10. Para ilustrar mejor los alcances del inventario, presentamos el cuadro-resumen, que entregamos a Naciones Unidas:
11. Es bueno recordar que quienes menos interés tienen de incumplir los acuerdos somos nosotros mismos. Primero, por cuanto consideramos que si los firmamos es para garantizar que se cumplan; demanda que en forma reiterada le tenemos que hacer al Gobierno. Y segundo, por cuanto incumplirlos nos pondría por fuera del acuerdo, con todas las consecuencias que ellos trae, incluida la acción penal del Estado.
12. Hacemos un llamado a evitar toda demagogia con las víctimas del conflicto. Y ello empieza por reconocer con sinceridad, que el inventario que hemos entregado apenas representa una contribución modesta a la reparación material. Si se considera el universo de víctimas y en verdad se quiere responder a sus exigencias de reparación material, será preciso un esfuerzo fiscal inmenso, que consideramos debe en efecto realizar la sociedad colombiana.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21973