Héctor Vega Tapia (Chile) es egresado como Abogado de la Universidad de Chile, Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille y Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Vega Tapia ha sido docente-investigador en varias universidades en […]
Héctor Vega Tapia (Chile) es egresado como Abogado de la Universidad de Chile, Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille y Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Vega Tapia ha sido docente-investigador en varias universidades en Inglaterra (1962-1964), India (1969-1971) y Chile (1964-1968, 1964-1968, 1974 y 1997-2013). Bajo el Gobierno del derrocado expresidente Salvador Allende, trabajó en el Ministerio de Agricultura, Chile. En la dictadura militar de Pinochet, Héctor fue secuestrado por los golpistas en campos de torturas y concentración, logrando salir al exilio en el 1976. Vega Tapia tiene publicados una docena de libros en Bélgica, Chile, España y Venezuela . Héctor me ha dado la oportunidad de entrevistarle en relación a la situación económica, política y social que actualmente vive Chile. Sus respuestas son para compartirlas con todos vosotros.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) -¿Cómo comprende o entiende la situación económica que atraviesa Chile? ¿Qué la agrava? ¿Cómo era la economía de Chile previo al inicio de la presente situación?
– Héctor Vega Tapia (HVT, en adelante): Después del acuerdo con la dictadura de Pinochet, en la mal llamada transición a la democracia con el presidente Aylwin en 1990, se abrió materialmente la economía a las transnacionales y a los poderes financieros internacionales. Durante la dictadura de 16 años se promulgó el entramado legal para entregar la explotación de las riquezas naturales al capital extranjero. A comienzos de los años 80 se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) que consagraba la concesión plena sobre los yacimientos mineros mediante la que el Estado conservaba la propiedad eminente pero la disposición, uso y goce del yacimiento quedaba en manos del concesionario. Esta particular concepción de la concesión, por lo demás única en el mundo, va contra la misma Constitución aprobada por la dictadura en 1980 que estipula que «el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas».
A comienzos de los ’90 las ventas de la principal industria minera en manos del Estado, CODELCO, representaban 70% del total, casi 30 años después estas se han reducido a un 26%. De hecho los gobiernos que desnacionalizaron los yacimientos de cobre fueron los gobiernos de la Concertación pos dictadura. Durante la dictadura los inversores extranjeros no concretaron sus inversiones pues temían que el estatus negociado con esta no pudiera mantenerse con gobiernos en democracia. Vano temor, pues los gobiernos de la izquierda oficial, conversos al neoliberalismo, otorgaron toda clase de franquicias tributarias en contra de los intereses nacionales a los inversores que llegaron después de 1990.
Pocos se explican la explosión social que se desató el 18 de octubre de este año en Santiago y que en una semana se expandió por el territorio de la República. Sin embargo, esto se venía venir. Han sido 46 años -16 de dictadura y 30 de una transición traicionada- de abusos e injusticias que en algún momento tenían que explotar. Estadísticas de CEPAL revelan que el 1% de los más altos ingresos acapara 33% de los ingresos anuales. Para poner esto en contexto, basta saber que en países como Holanda y Australia esos mismos altos ingresos no representan sino 6% y 9%, respectivamente.
Más de 4 millones 500 mil trabajadores, la mitad de la fuerza de trabajo, gana menos de 490 dólares al mes. Actualmente el salario mínimo bruto legal es de 432 dólares, que neto no representa sino 310 dólares mensuales. En las protestas sociales se exige un salario mínimo neto de 617 dólares, esto es el doble de lo que ofrece el gobierno.
Una de las demandas sociales más voceadas es la de fijar un precio de los medicamentos acordes con el presupuesto de las personas más vulnerables de la economía. El experimento de las farmacias populares de reciente creación por algunos Alcaldes de barrios populares de Santiago, revela diferencias de precios abismantes, de 10 y 20 veces, entre dichas farmacias y las tres de cadenas que monopolizan el mercado en el territorio.
No es extraño entonces que 75% de los receptores de ingreso se encuentre endeudado. De esos, 24% tiene un nivel de endeudamiento 6 veces su ingreso mensual.
Los bancos comerciales han mercantilizado la educación superior de los estudiantes de menores ingresos. Según cifras de la Fundación Sol, cinco de entre ellos se adjudicaron 95% de los créditos. Entre los años 2006 y 2017 el endeudamiento -de 377 mil estudiantes en ese período- con los bancos, mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE), se elevó a 5.802 millones de dólares. El Estado recompró 52,2% de los créditos con un sobreprecio de 6%, con lo cual el Estado aportó al negocio de los bancos en la educación con un 66%. Con este sistema los estudiantes se han transformado en deudores vitalicios.
La sumatoria de estos casos y muchos otros derivó en una situación que venía incubándose por más de cuatro décadas. Lo sorprendente es que no haya estallado antes.
– WRS – ¿Qué políticas públicas permitió aplicar en Chile el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2019)? ¿Cómo afectaron la resiliencia institucional de Chile desde el 2018 al 2019?
– HVT – Existen políticas en algunos bienes públicos a saber, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Para quienes pueden pagar elevadas tarifas en la prestación de servicios existe educación, salud, vivienda privadas de calidad y pensiones con respaldo de una cuenta de capitalización que le permite acceder a una jubilación cómoda. El resto está condenado a jubilaciones de miseria que en parte se trata de mejorar mediante pensiones asistenciales y básicas solidarias del gobierno anterior. Actualmente el gobierno pretende calmar la situación mediante reajustes a las pensiones básicas solidarias. En salud existen prolongadas listas de esperas en hospitales públicos y precios monopólicos en los medicamentos; una educación de menor calidad en colegios que no son de excelencia, etcétera.
Nótese que las presiones de la calle, particularmente los atentados contra la propiedad, actos de vandalismo, saqueos, reacciones contra los DDHH de quienes se manifiestan en las calles, muertes, torturas y vejaciones al interior de las comisarías de la policía, han impulsado a proponer soluciones rápidas, y obtener recursos donde antes «no existían».
Nuestros gobernantes y la clase política en general, han despertado aguijoneados por el clima de violencia que se ha desatado. En mi último libro, «Capitalismo del siglo XXI. Una mirada desde los Bienes Públicos» (2018), planteo que la economía, al no hacerse cargo de gastos sociales o bienes públicos, inherentes a la actividad productiva, propios de la salud, pensiones, vivienda, educación, mejores salarios, medio ambiente, etc., y además agregar sobreprecios, generan una Cuasi-renta para los empresarios o, monto adicional a las utilidades de la actividad productiva.
De ahí la necesidad de recuperar esa Cuasi-renta para destinarla a gasto, hasta ahora insuficiente, de los trabajadores, e inversión productiva. Eso requiere cambios estructurales en la economía y en la sociedad. Por ello, como una reacción de corto plazo, voces se han levantado para sugerir la necesidad de endeudamiento del sector privado empresarial o del Estado vía presupuestaria. No son desdeñables las presiones inflacionarias pero, es uno de los costos que deberá asumirse a saber, un equilibrio inestable.
– WRS – ¿Qué pasaría con la economía de Chile si se cambia de gobierno y se modifican las políticas públicas aplicadas hasta ahora? ¿Quién debe financiar la deuda de Chile que hoy financia el Gobierno de Chile? ¿Quién debe financiarla? ¿A dónde se debe destinar lo que el Gobierno de Chile destina ahora a la deuda? ¿Por qué?
– HVT -Eso significa hacerse cargo de la deuda social que dictadura y gobiernos pos 1990 se han rehusado a hacer. Para ello es necesario endeudarse. Aquí entramos a un fenómeno interesante. Todos los gobiernos, en 46 años, se han rehusado a utilizar el endeudamiento como mecanismo de solución de la deuda social.
Si se asume la deuda social estaríamos reconociendo, nuestro real grado de desarrollo pues, deberíamos incurrir en gastos e inversiones de un orden no menor a 6 puntos del PIB. Este es el resultado de haber privatizado la salud, la educación, los puertos, aeropuertos, el transporte urbano, las carreteras, etcétera, sin haber tomado en cuenta los costos sociales que el libre mercado impone cuando impera la regla del actor dominante.
Parte de esos fondos pueden provenir del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) que son fondos soberanos invertidos en el extranjero y que ascienden a 14 mil millones de dólares; adicionalmente se impone una reforma tributaria, en discusión hace 2 años, y el cobro de royalty a la minería del cobre y el litio.
– WRS -¿Cómo considera deben definirse o establecerse los servicios esenciales en Chile? ¿Por qué?
– HVT – El Estado debe afrontar en el corto plazo todo aquello que se refiere al déficit de los Bienes Públicos para lo cual en una primera etapa debe recurrirse a los Fondos Soberanos del Estado. Pues las necesidades esenciales no esperan. El gobierno ha reaccionado mediante gastos ordinarios del Presupuesto de la Nación. Seguidamente deberá planificarse un gasto estructural esto es, basado en recursos permanentes. Nada de eso es posible si no entendemos el papel de la Cuasi-renta ya citada en la economía. Gran parte de la crisis social proviene de lo que los economistas llaman fallas de mercado que es una s ituación en que el mercado no reconoce el Bien Público, dichas fallas se expresan en una Cuasi-renta , que como he dicho, se agrega a la ganancia obtenida en el mercado. Esa ganancia, es una ganancia virtual puesto que no aparece en ninguna contabilidad de empresas, debería ser tributable, para que el Estado, a través de impuestos y regulaciones, recupere los Bienes Públicos, y que estos sirvan de base a un salario social de los trabajadores; salario en el que se asumen gastos indispensables en educación, salud y vivienda social y el ahorro forzoso que significan los fondos de pensiones. El salario fijado por el mercado hace caso omiso de lo que el trabajador, o el Estado, invirtieron en la formación por la que se le contrata. Por eso planteamos un salario social que toma en cuenta los Bienes Públicos que entraron en la capacitación del trabajador. La valorización social del trabajo no es aquella que consagra el mercado, pues no asegura necesariamente su reproducción. La regulación necesaria para incorporar los Bienes Públicos mencionados a la remuneración de los trabajadores es parte de un proyecto político, pues reconocer la legitimidad social del salario implica asignarle el carácter de factor de distribución del ingreso.
– WRS – ¿Qué es lo que ha permitido que la economía de Chile se haya mantenido relativamente a flote en este momento? ¿La intervención del FMI?
– HVT -No es un buen negocio endeudarse con el FMI. Es más, no es recomendable endeudarse con el FMI pues sus préstamos son caros. La misma institución lo desaconseja. Ya lo he dicho, la economía está a flote pues reposa, hasta ahora, sobre remuneraciones de hambre, escatima fondos que debieran ser utilizados en la reproducción del mismo trabajador y no en utilidades especulativas.
– WRS – ¿Qué ha causado que definitivamente la economía de Chile atraviese por un período de crecimiento y desigualdad en el ingreso tan prolongado?
– HVT -La tasa de crecimiento es un indicador relativo pues el «chorreo» (trickle down effect) no está asegurado. Entre 2017 y 2014 la economía creció entre 1,3% y 1,8% con un repunte en 2018 de 4%, pero las cifras de desigualdad social y concentración del ingreso se mantuvieron. Esto es un fenómeno político con graves incidencias sociales, no es solo la incidencia de una escuela económica neoliberal. Por supuesto sus acciones están avaladas por una lógica neoliberal la que ha profundizado las desigualdades.
Según la medición Gini de 2016 del Banco Mundial, Chile se encuentra entre los 10 países más desiguales del mundo. El coeficiente de Gini es una medición que va entre 0 y 1 en donde 0 es equivalente a la completa igualdad. Aparece en esa lista Sudáfrica como el país más desigual del mundo con un índice de 0,63; Chile, acompañado por Ruanda aparece con un índice de 0,50.
Según datos de 2013 de la Fundación Sol y Encuesta CASEN (Microdatos) e Instituto Nacional de Estadística del año 2014, el ingreso mensual per cápita del 1% más rico era de 18.474 dólares, a la época, en ese tramo había 178 mil personas; en el tramo del 0,1% 17.800 personas beneficiaban de 102 mil 367 dólares; ¡el tramo máximo 0,01% estaba representado por 1.780 personas que tenía un ingreso mensual por persona de 567 mil 218 dólares!
– WRS – ¿En qué poder de Chile o internacional recae la responsabilidad política de realizar los cambios estructurales que requiere la economía de Chile? ¿Por qué?
– HVT – El gobierno actual no está en condiciones de resolver. Deberán llegar otros hombres con otras políticas. En las actuales circunstancias no veo cambios estructurales. Una opción sería que la clase política de centro izquierda resuelva darle una mano al actual presidente Piñera para que termine su período en 2021, lapso de dos años que de no haber cambios urgentes habrá una secuela de graves crisis sociales. Reina la desconfianza. En un ambiente donde muchos piden la renuncia del presidente. Es más, el gobierno afronta una crisis cambiaria que ubica al peso chileno como la moneda más devaluada en el mundo (noviembre 29, 2019)! La crisis social siembra la desconfianza en el mercado. Dos semanas atrás el dólar se transaba a 710 pesos el 28 de noviembre subió a 830 pesos. Para afrontar esta emergencia el Banco Central subastó 2000 millones de dólares de sus reservas. Hay en perspectivas un monto de 18 mil millones de dólares adicionales que saldrá paulatinamente al mercado -intervención dirigida a aminorar el impacto en la canasta de la dueña de casa que en un 70% depende de productos importados.
El mediano plazo es aleatorio pues la opinión pública no solo repudia a la clase política, sospecha además que esta busca manipular el proceso de la constituyente y Nueva Constitución.
La ecuación política actual no permite prever un próximo gobierno. Los intereses económico-financieros son demasiado poderosos y su compromiso con la clase política no admite cambios radicales. En las actuales circunstancias no cabe sino una economía social solidaria de emergencia. Sin embargo, lo que venga después es fruto de lo que consigamos en ese período de transición, con otros hombres, otras políticas y otras sensibilidades.
En el presente reina una política de parches que se resuelve en aprobar gastos ordinarios en el Presupuesto para de esta manera paliar la situación en el corto plazo. Pero esto es recurrente y el próximo año tendremos exactamente el mismo problema esta vez con caracteres de gravedad.
– WRS – ¿Cómo el Gobierno actual puede enfrentar la economía de Chile? ¿Qué cambios considera indispensables en un próximo gobierno?
– HVT Sólo puedo describir una economía y una sociedad en estado de emergencia dirigida hacia una transición que califico de carácter social-solidaria. El viejo modelo no da respuestas. Peor aún, profundiza las desigualdades. Frente a ello no cabe sino realizar cambios estructurales capaces de sostener en un futuro próximo los nuevos objetivos. Comienzo por enfocar una recuperación de los recursos naturales y la integración de los Bienes Públicos (salud, educación, vivienda, pensiones, agua, medio ambiente) en dos áreas de la economía a saber el sector de Propiedad Social (APS) y un Área Social Solidaria (ASS).
En relación a los recursos naturales (cobre, litio, pesca, madera) en el estado actual de compromisos internacionales no caben sino dos alternativas. Nacionalización pura y simple, o negociación basada en 51% del recurso natural en manos del Estado esto es, control en su manejo y administración.
La integración de las dos áreas mencionadas, APS y ASS, involucra dos aspectos, uno se refiere al mercado del sector productivo y otro a las leyes sociales. El primero, tiene relación con lo que llamo, «mesas de mercado» presididas por el Estado, esto es en ejercicio de simulación de un punto de mercado para la producción de bienes y servicios entre sectores participantes, productores de insumos para el producto final. Productores, nacionales y extranjeros, participarán en dichas negociaciones. El Estado será parte activa con sus empresas públicas y semi públicas. Esto no es menor, sobre todo en el caso de áreas contaminadas por el embarque y desembarque de materiales tóxicos en puertos del territorio. En dichas «mesas» se discute entre los participantes, precios, cantidades, calidades, tiempos y modalidades de entrega al sector productor, modalidades de transporte, habilitaciones administrativas necesarias y precios fijados por el Estado, etc. Esto propugna la transparencia del mercado, la «verdad de precios», el abordaje de los cuellos de botella y por sobre todo la previsión que es un elemento indispensable a considerar en la economía. Esa previsión es crucial para la inversión así como para la planificación de los medios de pago.
En economías castigadas por la especulación, el sobreprecio, lo incierto de las entregas, las fallas de calidad, la contaminación del medio ambiente, la debilidad de los Estados en la imposición de reglas, este método ofrece la posibilidad de crear, afrontar y llevar a buen término metas en la economía difíciles de evaluar en el momento actual.
Algunos me han dicho que esto es una suerte de «economía de guerra». Respondo. Así es. A estas alturas ¿no está acaso nuestra economía seriamente dañada? El saqueo y el vandalismo han destruido, en un mes, no solo parte de la infraestructura de la ciudad de Santiago sino además las principales ciudades del territorio. Agréguese a ello la necesidad de otorgar confianza al sector productor. En las circunstancias actuales, se prevé desde ya una baja brutal en la inversión productiva, un alza del desempleo que puede llegar fácilmente al 9% de la fuerza de trabajo. A circunstancias extraordinarias soluciones extraordinarias.
El área de las leyes sociales es la que llamo el Área Social Solidaria y abarca los bienes públicos básicos. En el área de las pensiones propongo el sistema del reparto con una tasa de reemplazo de 80% del sueldo al momento de jubilarse. Actualmente, las AFP (administradoras de fondos de pensiones) mediante un sistema de capitalización otorgan pensiones miserables con una tasa de reemplazo de apenas 35%. La esperanza de vida involucrada en los cálculos no puede ser superior a 75 años para los hombres y 80 para las mujeres. Nótese que actualmente éstos se realizan sobre la base inexistente de 100 años con las consecuencias sobre las jubilaciones que se entregan. En el área de Salud propongo un Fondo Único de Salud. Aquellos que poseen los medios podrán pagarse un pilar suplementario. Actualmente los programas del sector privado (ISAPRES) ofrecen pólizas inalcanzables para la mayoría de la población que se afilia al Fondo Nacional de Salud (FONASA). La vivienda popular debe integrarse dentro de un medio ambiente amigable y áreas equipadas de la ciudad. El déficit de viviendas tiende a paliarse en la actualidad con edificios en altura, en ambientes contaminados. La población que carece de ese estándar está obligada a vivir en la periferia de las grandes ciudades con medios de fortuna y sin equipamiento. Eso no puede seguir. Es profundizar la desigualdad y las consecuencias sociales para una población que nace pobre y está condenada a vivir en la pobreza.
En el presente desactivar las protestas implica que el presidente, un político de derecha y hombre de negocios, asuma un programa absolutamente contrario a aquel por el cual fue elegido. Es un contrasentido absoluto. Tú puedes exculparte por lo que has hecho pero no puedes entrar en casa ajena a administrar un proyecto en el cual no crees.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.