Importantes sectores de la sociedad civil observan con expectativa el proceso que el gobierno nacional adelanta actualmente con los paramilitares y considera que el mismo representa una posibilidad para avanzar en el camino de la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano y, aun cuando tienen reservas sobre el alcance y las posibilidades […]
Importantes sectores de la sociedad civil observan con expectativa el proceso que el gobierno nacional adelanta actualmente con los paramilitares y considera que el mismo representa una posibilidad para avanzar en el camino de la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano y, aun cuando tienen reservas sobre el alcance y las posibilidades del mismo, no dejan de ponderar positivamente el hecho de que el gobierno asuma la responsabilidad de retomar el camino de ejercicio del monopolio de la ley, la fuerza y la justicia, en la reinstitucionalización de la violencia paramilitar, cuya prácticas y fundamentos han sido afines y útiles a las razones de Estado [1].
La academia considera que el proceso con los paramilitares debe construirse y llevarse a cabo con el mayor rigor y responsabilidad, por parte del Estado y la sociedad colombiana, en términos del conocimiento del fenómeno, la verdad histórica sobre el desarrollo del mismo y sus múltiples implicaciones en la vida nacional, la asunción de responsabilidades por los crímenes atroces y de lesa humanidad, la aplicación de la justicia y la reparación de las víctimas, como fundamento esencial para marchar en el camino de la reconciliación.
Se entiende la necesidad de definir sobre las realidades del país los procesos, procedimientos y agendas que contribuyan a la construcción de una sociedad democrática, soberana y con justicia social y esté dispuesta a contribuir a superar los impasses para avanzar por el camino de la construcción social de la paz. En este sentido, como académicos y ciudadanos estamos obligados a llamar la atención sobre aspectos fundamentales a tener en cuenta sobre el fenómeno paramilitar que deben ser tomados en consideración y ponderados adecuadamente para que el proceso no resulte ser lo que no es.
Sobre el fenómeno del paramilitarismo
Los orígenes del paramilitarismo están unidos a las estrategias de lucha contra la insurgencia en el marco del impulso de los principios y fundamentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los Conflictos de Baja Intensidad. El Estado, a través de sus Fuerzas Militares y conjuntamente con sectores sociales, económicos y políticos regionales, fueron promotores y agentes dinamizadores de su formación.
El fenómeno paramilitar se dio como un proceso de privatización de ejercicio de la fuerza, la ley y la justicia por sectores afines a los propósitos y razones de Estado ante la incapacidad del mismo de operar en contextos regionales en el marco de los parámetros institucionales existentes. El fenómeno paramilitar se dio como una práctica del Terrorismo de Estado.
En este sentido, el Estado y sus Fuerzas Armadas son responsables del surgimiento y desarrollo del fenómeno y de los crímenes cometidos por el mismo. El Estado tiene una verdad que confesar a este respecto y no constituye un juez imparcial en el juzgamiento del fenómeno.
Las acciones emprendidas por este fenómeno en el campo de la acción militar estuvieron dirigidas básicamente contra la población y la sociedad civil mediante el asesinato selectivo, la masacre, el genocidio, la desaparición y el desplazamiento forzado, la expropiación, crímenes en su mayoría de lesa humanidad.
El fenómeno fue cooptado por los empresarios y las lógicas de la industria del narcotráfico y se colocó a su servicio cumpliendo las tareas de protección de zonas de cultivo, laboratorios y dinámicas económicas unidas al transporte de insumos y a la comercialización de la droga.
El paramilitarismo se hizo instrumento de la confrontación entre el narcotráfico y el Estado cuando estuvo de por medio la extradición y asumió la forma de terrorismo.
El fenómeno paramilitar es mucho más que un aparato militar
Durante casi tres décadas el desarrollo de la guerra paramilitar se nutrió de distintas fuentes de financiación que le permitió a este fenómeno consolidar una economía de guerra, capaz de mantener un ejército de aproximadamente veinte mil hombres, en condición de mercenarios, que con la ayuda de las operaciones encubiertas de las Fuerzas Armadas, le permitió copar gran parte del territorio nacional y hacerse con un conjunto de recursos incalculables generando procesos de acumulación de capital y consolidación de economías locales y regionales que reconfiguraron y redefinieron los escenarios sociales y productivos dando origen a nuevas elites económicas y políticas unidas a la expansión y el desarrollo del paramilitarismo.
Esos procesos de acumulación de capital, generados en distintas fuentes, legales e ilegales, fueron fortaleciendo las elites regionales que modernizaron sus economías y transformaron las relaciones productivas consolidando un modelo de desarrollo regional que ha buscado articularse rápidamente al modelo nacional y por esa vía al mercado mundial.
Durante años la economía de guerra paramilitar se levantó sobre las prácticas de la contribución voluntaria y forzada, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, la apropiación de recursos públicos, especialmente de carácter municipal y departamental, la expropiación de tierra, la generación de economías agroindustriales mediadas por el testaferrato, entre otros mecanismos de acumulación (ganadería, transporte, apuestas permanentes, cantinas, prostitución, droguerías, tiendas, cooperativas…) que comprometieron economías regulares e ilegales, industrias regionales e incluso la presencia transnacional articulada a la explotación de recursos estratégicos.
En las dos últimas décadas, las economías campesinas han sido sin duda las más duramente golpeadas por el proceso de relatifundización generado por el paramilitarismo. Los procesos de expropiación directa e indirecta a los que fueron sometidos los pequeños y medianos propietarios, afectó sus economías familiares y generó el fenómeno del desplazamiento masivo de población rural que alcanza ya en desarraigo la considerable cifra del 10% de la población total del país. Ese proceso de concentración de tierra ha operado como una auténtica contrarreforma agraria que ha sido dirigida hacia el fortalecimiento de las economías de agroindustria y a la creación de las condiciones para el desarrollo de los grandes macroproyectos. Existe una perfecta correlación entre el mapa que define la presencia paramilitar y los recursos estratégicos sobre los cuales se desarrollarán los macroproyectos. La guerra paramilitar fue en lo esencial una guerra contra el campesinado.
En el actual proceso de desmovilización y desarme, muy seguramente los recursos entregados por las elites paramilitares para reparar a las víctimas serán ínfimos, en general, es necesario tener en consideración que el poder económico, alcanzado por el fenómeno paramilitar no se desmoviliza, sino que entra en una etapa de legalización que favorece en lo esencial a las elites paramilitares y de narcotráfico y a sus subalternos de confianza, convirtiéndose regionalmente en un poder determinante no sólo en el ámbito de lo económico, sino en los aspectos del control social y político.
El paramilitarismo y la nueva geografía institucional y política
En las últimas dos décadas se han ido reconfigurando nuevas geografías institucionales que le posibilitan al fenómeno paramilitar el manejo de los asuntos concernientes a la gobernabilidad y el desarrollo económico regional. Estas nuevas geografías establecen niveles de «soberanía-autonomía» y gobernabilidad en el ámbito de su influencia, generando auténticos «estados territoriales», como aquellos donde el ejercicio del poder del Estado está mediado por actores privados. Estos estados territoriales, cuentan con sus propias elites políticas y actores administrativos que atraviesan toda la institucionalidad «direccionalizando» la política y manejando para el proyecto de poder dominante los procesos políticos y los presupuestos públicos.
Así, las administraciones locales y departamentales quedan sometidas a consultar cómo se orientan las actividades económicas y sociales, cómo se construye el desarrollo regional, hacia dónde se dirigen las prioridades de inversión. Las regiones de influencia paramilitar se configuran como espacios territoriales «especiales» con sus propias estrategias de seguridad y con una relación con el Estado Central construida sobre su propia consolidación autónoma de estados territoriales de economías privadas.
Las viejas elites políticas han sufrido en las zonas de dominio paramilitar un proceso de reacomodación ideológica para sostenerse regionalmente o han sido sometidas por la fuerza, destruidas o desplazadas para darle paso a un modelo de poder político soportado sobre la violencia, la coerción y el temor de la población.
La influencia paramilitar en el país creó una cartografía de sometimiento político, donde el comportamiento electoral se hizo «cautivo», convirtiéndose en una fuerza de negociación importante en periodos de confrontación electoral.
Sobre el mapa administrativo institucional se construye una red de relaciones de seguridad soportada sobre el empoderamiento institucional del paramilitarismo y la consolidación de sus economías legalizadas en el proceso de desmovilización y legitimadas en los mismos procesos de desarrollo regional.
Una nueva burocracia política de origen e influencia paramilitar ha de irse consolidando con presupuestos electorales acumulados bajo el régimen de homogenización ideológica y política levantado por la violencia que se desmoviliza físicamente, pero que permanece en el imaginario de lo indeseado de las poblaciones como un referente de terror y de miedo que determina su comportamientos social y político. La consolidación de esa nueva clase dirigente en las regiones con aspiraciones a ejercer la representación política territorial, generaliza el fenómeno que ya alcanza, según sus propios cálculos, el 35% de la presencia paramilitar en el congreso.
El paramilitarismo de cuarta generación: El miedo no se desmoviliza.
El manejo del poder regional a partir de la influencia paramilitar ha de consolidar el fortalecimiento de nichos territoriales paramilitares cuya especificidad no será la guerra como tal con ejércitos visibles, sino, la «seguridad» como fundamento de la democracia, el desarrollo económico y la convivencia.
La desmovilización paramilitar no desmoviliza la unidad de propósitos y compromisos para defender los intereses sociales, económicos y políticos regionales, nuevas estrategias cubiertas por el apoyo institucional, sostienen y reproducen la lógica de dominación regional, consolidando sus relaciones de poder. Un grupo importante de congresistas se han convertido en defensores del proyecto paramilitar, encubierto en el discurso del interés nacional de paz y en su propia perspectiva política de fortalecerse en el inmediato futuro como representantes regionales.
Las zonas de influencia paramilitar viven en un extraño mundo del derecho, que interpreta el interés y la lógica regional y de grupo, no cabe allí ninguna vigilancia social sobre el poder que se ejerce en forma despótica y autoritaria. Por el contrario, en estas zonas el sistema político se cierra y queda dominado por actores que taponan todos los caminos distintos y alternos hacia el poder. El poder queda en manos de «minorías» seleccionadas que cuentan con el aval de los señores de la guerra quienes depositan en ellos la defensa nacional de sus intereses económicos locales y regionales. Se construye allí un régimen de premodernizada política guiada por un modelo de democracia restringida con un sistema de participación cooptado a través de colonias electorales que no posibilita el libre juego de la democracia e impide el acceso al poder de la diferencia.
El paramilitarismo de cuarta generación desarrolla su vida entre las dinámicas de consolidación económica regionales, el fortalecimiento de su participación política y el discurso de la seguridad democrática. Está siendo sometido a un proceso de reingeniería para retomarlo en el ámbito institucional. En las zonas de dominio e influencia paramilitar no sólo se debe desmovilizar y reinsertar los grupos armados, sino que es absolutamente necesario reinsertar la democracia como la particular forma de la acción política que se construye sobre el reconocimiento de la diferencia y respeto por la misma.
Desmovilización o reinstitucionalización
Los paramilitares no se reinsertan sino que se reinstitucionalizan. Es un esfuerzo que realiza el Estado para meter en cintura el fenómeno que se le salió de las manos por la presencia del narcotráfico y su poder de corrupción. La reinstitucionalización viene contaminada de narcotráfico.
Conviene distinguir entre quienes se desmovilizan y se reinsertan, entre elites paramilitares y bases de integrantes de los grupos paramilitares que hicieron de la guerra un oficio y se ocuparon en él. Los llamados «reinsertados» que dependen de las políticas de subsidio del Estado y de los programas de formación y desarrollo productivo. Los niveles de responsabilidad son distintos y el tratamiento debe corresponderse en justicia con el nivel de responsabilidad.
Sobre la Verdad, Justicia y la Reparación
La verdad sobre el fenómeno paramilitar y los crímenes cometidos por éste es polifónica, todos los actores comprometidos en el desarrollo de sus dinámicas, victimarios y víctimas (Estado y Fuerzas Armadas, grupos económicos, empresas transnacionales, elites económicas y políticas regionales, empresarios de la droga, movimientos sociales y políticos, población civil desplazada, huérfanos y viudas, familiares de desaparecidos y asesinados, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, administraciones locales, departamentales y regionales… y desde luego grupos paramilitares) tienen una «verdad» que colocar en conocimiento de la sociedad para construir, en contraste, «una verdad histórica» que sea el fundamento de la aplicación de la justicia, como prerrequisito de la reconciliación.
Parte de la verdad consiste en que el Estado reconozca su responsabilidad en la génesis y desarrollo del fenómeno directa, por acción directa y por omisión y que a partir de allí, sea el Estado el primero que se reinstitucionalice y reinserte.
Sin verdad no hay justicia, ni reparación, ni reconciliación. Es prerrequisito recuperar la memoria colectiva y construir con ella una verdad histórica, como fundamento de la aplicación de la justicia y de la construcción de las verdades jurídicas y procesales. La verdad no sólo se construye desde la confesión individual y colectiva de los agentes de violencia, sino desde la sindicación, la imputación y las declaraciones de las víctimas y de la población y la sociedad civil.
El protagonista fundamental de la reconciliación no es el victimario, sino la víctima, ésta debe ser reconocida y ponderada en la más alta estima, debe ser objeto de reparación integral que compromete una verdad aceptada de conformidad a lo exigido, debe ser restituida, rehabilitada, compensada económicamente, y reparada individual, colectivamente y simbólicamente. La reparación de las víctimas es responsabilidad absoluta del Estado.
Para ganar la mayor objetividad y legitimidad posible, conviene al proceso de verdad, justicia y reparación, tener una comisión alterna de verdad, conformada por las víctimas, los organismos de derechos humanos, la sociedad civil y una veeduría humanitaria internacional que sea garante de los procedimientos y resultados.
No conviene a un país que quienes son agentes de crímenes atroces y de lesa humanidad, se desmovilicen y se conviertan en agentes del Estado y garantes de la seguridad ciudadana. Su reincorporación a la vida civil debe ser en el ámbito de lo social y lo productivo.
Retos y preocupaciones
Avanzar en la construcción y legitimación de una verdad histórica (polifónica) sobre el fenómeno paramilitar que determine su naturaleza, responsabilidades, alcances y perspectivas postdesmovilización, desde donde se pueda ejercer justicia reparativa y reconciliación.
Darle vida y protección a una comisión alterna de verdad que vele por la defensa de los derechos de las víctimas.
Asumir como único agente y responsable del proceso de reparación de las víctimas al Estado, atender las reivindicaciones en demanda de ejercicio de justicia en forma prioritaria y las reparaciones en forma integral e inmediata.
Prever el proceso de delincuencialización de las bases del paramilitarismo que puede seguir a la etapa de desmovilización.
Atención efectiva a los desplazados de la violencia y reinserción de las zonas paramilitares a la institucionalidad democrática.
Establecer y tratar en ley la relación entre paramilitarismo, narcotráfico, Fuerzas Armadas y delincuencia organizada y común.
Ponderar positivamente las observaciones, informes y recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y generar con la sociedad civil un equipo de observación y monitoreo del proceso con los paramilitares.
Descartar cualquier posibilidad que los desmovilizados terminen siendo parte de las Fuerzas Armadas o formando empresas de seguridad privada.
Llenar las expectativas creadas a las bases del paramilitarismo en relación con la oferta de atención económica, educativa y productiva y, establecer los criterios de reinserción social, económica y política con las elites locales y regionales paramilitares de tal manera que el fenómeno se desmonte realmente.
Carlos Medina Gallego es docente e investigador en la Universidad Nacional de Colombia. Éste es un documento de trabajo que proporciona insumos para madurar colectivamente un punto de vista frente al proceso de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares.
Notas
[1] Una definición lo más sintética posible, y por lo tanto lo más general y comprensible, sobre la tesis de la doctrina de la razón de estado, afirma que la seguridad del estado es una exigencia de tal importancia que los regidores de los estados se ven constreñidos, para garantizarla, a violar las normas jurídicas, morales, políticas y económicas, que consideran a su vez imperativas cuando tales exigencias no están en peligro.