Borrar significa «hacer desaparecer por cualquier medio lo representado». O también, » hacer rayas sobre lo escrito, para que no pueda leerse». Ambas acepciones registradas por el diccionario resultan pertinentes para describir lo sucedido con Londres 38, donde funcionó uno de los más importantes centros de detención, tortura y exterminio de detenidos políticos y el […]
Borrar significa «hacer desaparecer por cualquier medio lo representado». O también, » hacer rayas sobre lo escrito, para que no pueda leerse». Ambas acepciones registradas por el diccionario resultan pertinentes para describir lo sucedido con Londres 38, donde funcionó uno de los más importantes centros de detención, tortura y exterminio de detenidos políticos y el único, de los que operaron en la Región Metropolitana, que se mantiene intacto.
En este lugar fue donde se dio inicio a la implementación de la desaparición forzada como práctica sistemática del Estado. Entre mayo y septiembre de 1974, un número aún no determinado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas. Desde allí la DINA hizo desaparecer o ejecutó a 95 personas; en promedio, un prisionero por día, la mayoría de los cuales eran militantes del MIR. Esto sucedió en pleno centro de la ciudad, a escasas cuadras del Palacio de la Moneda, de los Tribunales de Justicia y de las oficinas de los que eran los principales diarios de entonces, los mismos de hoy.
Como una forma de borrar lo sucedido, la dictadura sustituyó la numeración original que designaba al inmueble, por el número 40. Así, las denuncias realizadas comenzaron a apuntar, a partir de ese momento, a una dirección inexistente. Luego, en 1978, mediante decreto firmado por el propio Augusto Pinochet, la propiedad del recinto fue transferida gratuitamente a un organismo estrechamente vinculado al Ejército, el Instituto O’Higginiano. Esta fue la primera «borradura».
En el año 2001, el Partido Socialista de Chile renunció a la recuperación del inmueble que hasta septiembre de 1973 le había pertenecido, acogiéndose a los beneficios de la Ley de Bienes Confiscados durante la dictadura y reclamando, a cambio, una indemnización monetaria. Ello, a pesar de que en este recinto también permanecieron secuestrados algunos de sus militantes, y siete de ellos fueron hechos desaparecer, incluyendo a Joel Huaiquiñir, miembro de su Comité Central. Esta fue la segunda «borradura».
Así, durante treinta años, 17 de ellos en democracia, Londres 38 habría permanecido «borrado» –ocupado por el Instituto O’Higginiano, oculto bajo el número 40 e ignorado por sus primeros propietarios–, de no haber sido por diversos «emprendimientos de la memoria», llevados a cabo por familiares de las víctimas, sobrevivientes, testigos directos de los hechos y diversas organizaciones sociales. De hecho, fue gracias a la iniciativa, trabajo y movilización de estos grupos – y no a la del Estado– que se obtuvo la protección y declaratoria del lugar como Monumento Nacional; se realizó el diseño de una intervención conmemorativa en la calle Londres cuya construcción se iniciará próximamente; se avanzó en la investigación y difusión de su historia, así como también en la elaboración de una propuesta concreta de uso de este espacio, una vez que fuera recuperado por el Estado, la que fue presentada ante diversas autoridades del actual y anterior gobierno de la Concertación, sin obtener hasta el día de hoy una respuesta.
Como el significado de un sitio histórico está determinado por el valor que las personas y la sociedad le asignan, y por la existencia de un relato que haga posible la transmisión de las diversas memorias, propusimos que, una vez desocupado, se diera un uso público al inmueble, abriéndolo a la comunidad e instalando una señalética básica de carácter provisorio que informara a los visitantes sobre la historia del recinto. Ese ejercicio participativo permitiría recoger las propuestas de quienes quisieran ejercer ese derecho y hacerse parte del debate necesario para definir cómo representar y transmitir lo que fue el Terrorismo de Estado en Chile, así como las experiencias, memorias y prácticas de quienes lo sufrieron. Hacerlo desde el centro de la ciudad, tal como el propio terror operó, era y es todo un desafío ya que implica otorgar una nueva visibilidad al lugar, distinta a la mayoría de las intervenciones y monumentos realizados hasta ahora en los cementerios, espacios cerrados o en la periferia de las ciudades.
No obstante, con fecha 14 de agosto, el gobierno ha informado que el Estado recuperará, mediante una permuta, la propiedad del inmueble para convertirlo en las oficinas del aún inexistente e indefinido Instituto de Derechos Humanos sobre el cual el Congreso no termina de pronunciarse. De materializarse, esta decisión significaría la tercera «borradura» de Londres 38. Guardando las proporciones, es como si Auschwitz, espacio símbolo de los crímenes contra la humanidad, hubiera sido convertido en sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno ha desperdiciado, una vez más, la oportunidad de contribuir a abrir un debate en torno al uso de este tipo de sitios históricos, ha renunciado a asumir su responsabilidad con una política de largo plazo, y no puramente reactiva, y ha desoído las propuestas y demandas planteadas al disponer una medida que sólo concitará rechazo.
Quienes deseen suscribir esta demanda pueden agregar su nombre a la lista y reenviarlo a sus contactos, con copia al correo: [email protected]