Las vergüenzas de la España del ladrillo salen a relucir, también en Lorca. Por si no bastara con el desproporcionado impacto social de la crisis, ahora un terremoto menor se está encargando de evidenciar que la calidad de las construcciones que afean nuestros paisajes -y que, en buena medida, han contribuido a agravar la crisis- […]
Las vergüenzas de la España del ladrillo salen a relucir, también en Lorca. Por si no bastara con el desproporcionado impacto social de la crisis, ahora un terremoto menor se está encargando de evidenciar que la calidad de las construcciones que afean nuestros paisajes -y que, en buena medida, han contribuido a agravar la crisis- deja mucho que desear.
O sea que, en tiempos pretéritos, no solo el país se endeudó hasta las cejas -con la connivencia negligente de las administraciones públicas- sino que lo hizo para adquirir inmuebles cuya calidad estructural es muy discutible.
El balance de estos años de consenso neoliberal sin freno, control ni partido, es menos tangible pero más desolador que un movimiento telúrico: entorno degradado, Estado anémico, derechos laborales adelgazados, cohesión social deshilachada y por si no bastara, nuestras casas -en las que se suelen cimentar nuestros sueños- hechas, literalmente, pedazos…
El quid de esta cuestión es muy sencillo: un terremoto de apenas 5,1º en la escala de Richter ha provocado daños estructurales en más de la mitad de las construcciones de Lorca, una localidad del sureste de España que frisa los cien mil habitantes. Y por si fuera poco, nueve personas muertas…
¿Cómo explicar -por realizar una elocuente comparación sísmica- que solamente en 2010 hubiera, en un país como México, unos 3.600 terremotos que provocaron apenas… dos víctimas mortales?
¿Y que seis días antes de que la tierra temblara en Lorca, hubiera un terremoto de 5,8º Richter en México DF que no produjo ni un solo accidente?
¿Quizás, tanta destrucción pudo deberse -como insinuó el Vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a una emisora de radio- a la poco afortunada situación geográfica de Lorca?
Cuesta creerlo: sobre todo porque, por seguir con nuestro ejemplo, México DF, no solo se asienta -como Lorca- sobre una zona sísmica sino que, además, lo hace sobre el lecho de un antiguo lago desecado. Más peligroso e inestable que un suelo así, difícil y sin embargo… en México ni se rompen cristales ni la prensa dramatiza.
Curioso ¿verdad?
Es más: tan estridente que, para que no se diga que a lo mejor México es un caso excepcional, conviene echarle un vistazo resto del mundo. La comparación, en ese caso, también es demoledora: en lo que va de año -según el Servicio Geológico de Estados Unidos– se han desencadenado 28 terremotos de intensidad variable, superiores a 3º en la escala de Richter: 24 de ellos (incluyendo algunos acaecidos en lugares como Vanuatu, las islas de la Lealtad, las Celebes o Nueva Guinea) han sido superiores al de Lorca… y salvo en casos excepcionales (como, sobre todo, el de Japón y en menor medida, los de Nueva Zelanda y Birmania) los niveles de destrucción, material y humana, han sido mucho más bajos que en Lorca.
Terremoto mediano, destrucción enorme
¿Qué ha ocurrido, entonces?
Pues algo muy sencillo sobre lo que, curiosamente, la prensa -y no se diga los poderes públicos- han pasado de puntillas en estos días: en Lorca -oficialmente considerada ‘zona de peligrosidad sísmica’- se ha incumplido la normativa vigente de edificación, dictaminada por la Comisión Permanente de Normas Sismoresistentes, dependiente del Ministerio de Fomento.
Es más, a tenor de la antigüedad de algunos de los edificios derrumbados, parece que dicho incumplimiento podría ser endémico: los gobiernos españoles llevan regulando sobre dicha materia desde hace, por lo menos, 37 años… y sin embargo los edificios, nuevos y viejos, parecieron por un momento polvorones desmigajados.
Hay un elemento comparativo que llama la atención: el año pasado se registró un terremoto de 6,2º Richter en Dúrcal (Granada) que no produjo ni una sola víctima.
¿La profundidad a la que se ha producido el temblor es, realmente -como también insinuó Pérez Rubalcaba- la única responsable de que haya habido tanta diferencia entre dos terremotos a los que les separa 1º Richter?
Para estar seguros, sería interesante que los informes oficiales sobre lo sucedido en Lorca no se limitasen a señalar qué viviendas deben ser derrumbadas, cuáles reformadas y cuáles pueden volver a ser habitadas.
Sería deseable que muchos datos duros no quedasen sutilmente tamizados bajo el manto del Plan Integral que, en un arrebato de rauda e inusitada cooperación institucional, los gobiernos central y autonómico ya están diseñando para Lorca con el trasfondo de una agresiva campaña electoral que sin embargo, teóricamente, ha quedado oficialmente «suspendida».
Resultaría clave saber qué porcentaje de las viviendas afectadas (es decir ¡la mitad del casco urbano de una ciudad de cerca de cien mil habitantes!) carecía de las llamadas estructuras sismoresistentes (homologadas, a nivel europeo, con el nombre de Eurocódigo 8).
Sería interesante saberlo porque, a partir de ahí, se podría empezar a tirar de hilos en busca de responsabilidades políticas, pero sobre todo penales. Los terremotos, lamentablemente, son difíciles de prever pero incumplir las más elementales normas de seguridad preventiva constituye una negligencia y todo lo que rodea a un temblor de 5.1º Richter que ha causado daños a la mitad de un núcleo urbano y ha matado a nueve personas, desprende un tufillo hediondo. Sencillamente, no es normal.
Y lo que pasa es que en Lorca hace tiempo que las cosas que pasan, como en el resto de la región (e incluso, del país) no son normales.
En Murcia, el desencadenante de casi todo fue la Ley de Suelo de 2001 que previó una figura jurídica que, a la larga, está demostrando ser nefasta: el «convenio urbanístico» como dispositivo de financiación municipal (que de paso frenó toda suerte de competencia por los recursos públicos por parte de los ayuntamientos frente a la bulímica Administración autonómica) pero, también, como estrategia de penetración capilar de las redes clientelares en casi todos los pueblos de la región.
Traducido a román paladino: poder, poder y más poder… Una rueda de codicia que asentó el caciquismo del siglo XXI en Murcia, llegando a convertir a la corrupción en un mal endémico en aquellas zonas que como Lorca, en origen, no solían comulgar con las ruedas de molino del neoliberalismo (durante 28 años Lorca votó a la izquierda): actualmente 23 de los 45 municipios de la Región se han visto envueltos en casos de corrupción.
Corrupción en Lorca
Lorca, de todos modos, no sólo no es una excepción en este sentido, sino que además en su momento llegó a constituir uno de los epicentros de la misma: hace cinco años el consistorio (cuyo alcalde terminó detenido) autorizó la construcción de 140.000 viviendas (¡en una ciudad de 100.000 habitantes!) a cambio de las cuales recibió un adelanto de 23.000 millones de euros.
Un tráfico de capitales de tal magnitud provocó movimientos telúricos: por una parte, muchas cooperativas y pequeñas empresas agrícolas prefirieron vender sus terrenos y en muchos casos,»deslocalizar» su producción -con la excusa de la falta de agua- y por la otra la mayor parte de los inversores inmobiliarios, como en otras zonas de Murcia, ya no fueron constructores profesionales sino inversores privados que, al apostar por un negocio que requería una inversión considerable, comenzaron a descapitalizar sus empresas, contribuyendo a precarizar, cuando no a destruir empleo: en Lorca y fuera de Lorca (actualmente casi uno de cada cuatro lorquinos está desempleado en una región que tiene una tasa de pobreza ¡del 25%!).
Lo más triste del asunto es que la Operación Lorca nunca llegó a concretarse del todo: las corruptelas y los escándalos que sacudían, por aquel entonces, los cimientos de los gobiernos local y regional (como consecuencia de calificaciones, permutas, recalificaciones, etc.) contribuyeron a frenar administrativamente el proyecto. Los ‘inversores’ comenzaron a reclamar entonces sus 23.000 millones y el ayuntamiento de Lorca (que se había dado a la abstrusa tarea de rebajar impuestos al tiempo que incrementaba el endeudamiento público en casi un 30%) se quedó, de repente, con las arcas tan vacías que tuvo que recurrir a la mendicidad institucional para sobrevivir.
Años después el terremoto no ha venido más que a remover cascotes: en Lorca se construyó mucho y mal. La codicia reinante fue tal que, a pesar de las pingües cantidades que circulaban, da la impresión de que los sucesivos Gobiernos municipales (y quizás autonómicos y nacionales) jamás se preocuparon de obligar a los constructores a trabajar con materiales sismoresistentes. Si eso fue así, el valor ‘ganancia’ primó sobre el de la ‘seguridad’. El problema, entonces, consistiría en saber de qué tipo de ganancia estamos hablando, ¿de la de los inversores o de la de los funcionarios? ¿O quizás de la de los inversores que después financian las campañas electorales de los funcionarios?
Son preguntas legítimas cuando hay nueve muertos en un terremoto de una magnitud que en otras zonas sísmicas -del planeta y del país- no provocaría ni una triste rotura de cristal.
Ahora se trata de reconstruir, sin duda, pero ¿al precio de que las deudas pasadas, pero sobre todo las responsabilidades civiles terminen quedando opacadas por la espectacularidad de un Plan Integral que parece fundamentarse en la enésima ración de ladrillo subvencionado?
¿Al precio de que, como casi siempre, el Estado pague los platos rotos?
Porque aquí los ‘inversores’ construyen edificios de cartón piedra que venden a precio de oro y el pueblo no sólo se endeuda de por vida para comprar porciones mínimas de los mismos sino que además, si se caen, se ve obligado a poner dinero -vía impuestos- para asistir a los damnificados y reconstruir los destrozos.
Los «mercados», en estos casos, se esfuman: es rentable, como mucho, reconstruir; socorrer sólo lo es si se cobra por ello (¿se imagina usted a los bomberos y a los miembros de protección civil cobrando por rescatar, a las ambulancias por transportar a los heridos, a los médicos y a las enfermeras por curar, a los militares por la utilización del material de campaña que han desplazado a Lorca y que dormir en las tiendas de campaña costara dinero? Porque en eso consiste el capitalismo: sólo así funciona el «mercado»…).
Lo peor de este asunto, lo más dramático, es que pese al contexto descrito la sarna colectiva no parece picar: las quejas ciudadanas, cuando las hay -porque en este caso, más bien, parecen estar siendo atribuidas a una fatalidad cósmica- son tan constantes como el voto mayoritario por aquellas opciones políticas que sostienen y alientan un modelo social y ecológicamente depredador. De hecho, en Murcia, las encuestas siguen apuntando a una aplastante victoria -de hasta el 61%- del actual gobierno regional en las elecciones autonómicas y municipales previstas para la semana que viene. ¿Se levantará, algún día, la España de cartón-piedra?
Juan Agulló es sociólogo y periodista: [email protected]
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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