18 personas fueron detenidas y enviadas a prisión provisional en Sevilla en 2018 por la ocupación de viviendas para personas en situación de calle tras un desalojo mediado por la violencia policial. En julio se celebra el juicio contra los imputados.
“Tenía la cabeza abierta, tenía
múltiples golpes, estaba mareado, me atendieron tarde y malamente, y en
el parte de lesiones no ponía nada prácticamente”, J., seudónimo para
preservar el anonimato de la fuente, narra cómo fueron los momentos
posteriores a la detención en el edificio número 42 de la calle Macarena (Sevilla)
en una ocupación de unos inmuebles vacíos para dar alternativas
habitacionales a personas en situación de calle el 16 de febrero de
2018.
Esta ocupación venía precedida por un movimiento que se inició en la ciudad en el año 2017, cuando varias personas sin hogar en el barrio de la Macarena, cansadas de depender de los escasos recursos institucionales, ocuparon varios establecimientos para poder vivir en ellos; la Corrala Dignidad y la Corrala por nuestros derechos, en esta segunda habitaban varias familias monomarentales con hijes. “A mí me aportó mucha tranquilidad, podía por fin tener una casa propia y ponerla a mi gusto”, recuerda Rosa, nombre ficticio, que antes de participar en las corralas llevaba cinco años en situación de calle.
La tercera ocupación del proyecto habitacional quería seguir dando solución a las más de 1.100 personas en situación de calle que se encuentran en la ciudad, una localidad en que, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se registran anualmente más de mil desahucios.
Sin embargo, aquel día 16 de febrero, minutos antes de hacer pública la ocupación, la policía entró en el inmueble, agentes pertenecientes a la Brigada de Información. “Se llenó de policía, un efectivo muy grande, todos los que estábamos dentro recibimos palos, palos y palos sin preguntar”, relata J.
Tras el desalojo, según narra el
colectivo, se produjeron varias detenciones tanto de las personas que se
encontraban dentro del inmueble como a quienes apoyaban desde fuera.
“Nos pusieron las esposas de forma aleatoria”, concluye J. La actuación
policial se saldó con seis detenciones.
“Nos mandaron al punto cero con bastante violencia”, comenta M., seudónimo, al que detuvieron fuera del inmueble. “Luego —continúa— nos enteramos de que la casa la había comprado un agente policial. Lanzó un código QRR que es el aviso de que un agente está en peligro de muerte, vinieron todos los policías que había en la ciudad y por eso la fuerza fue desmedida”. Una información que, según aseguran los detenidos, no sabían a la hora de realizar la ocupación.Luis de Santos, abogado de la causa, cree que la actuación policial durante el desalojo fue desmedida: “Para justificar la violencia de la actuación de los agentes la policía engordó el atestado, criminalizando a las personas que estaban dentro y las que estaban fuera, con penas de hasta cinco años de prisión y 21.000 euros”.
Además
de a los seis detenidos, la policía identificó a otras 12 personas, que
el próximo 15 de julio tendrán que enfrentarse a un juicio en el que,
entre otros cargos, se les imputa los delitos de atentado, desórdenes
públicos y lesiones. “Hay policías que tienen un parte de lesiones de
ese día compatibles con un acometimiento para echar a las personas del
edificio”, sostiene el letrado. J., además, añade que “los policías
vinieron con parte de lesiones falsas, como la fractura de nudillos”.
Él fue uno de los detenidos con el que los agentes más se ensañaron, según comenta, por cuestiones raciales. “En el calabozo, un agente me escupió mientras estaba pidiendo un médico porque tenía la cabeza abierta, fui además al único al que desnudaron y me pusieron a hacer sentadillas”.
Los seis detenidos pasaron casi dos meses en prisión preventiva, una situación que no esperaban. “Ninguno estaba mentalizado para el tema de la preventiva, porque era algo que por una movida de ocupación nunca ocurre. No estaba en nuestro planteamiento”, sostiene M.
El señalamiento no acabó en los más de 50 días que pasaron encarcelados, según relata J.: “El primer día en el módulo un funcionario dijo al resto de los presos que iban a entrar dos violadores para que no pegase todo el patio”. Además, el abogado De Santos explica que “la prisión provisional es una medida que se utiliza normalmente para situaciones en las que en las que ha existido mucha violencia, no era el caso, fue para desalentar acciones similares en Sevilla”.
Tras la prisión, los detenidos pasaron a libertad provisional y cada 15 días desde hace seis años tienen que ir a los juzgados a firmar. Seis años de espera e incertidumbre sobre su futuro que han tenido condiciones negativas para sus desarrollos vitales. “No puedo tener proyectos a largo plazo, me he visto estancado en el barrio sin poder salir a fuera, a trabajar fuera y montar una vida”, comenta J. Por su parte Rosa añade, “yo estoy mala de los nervios y esta situación me pone aún peor, he estado encerrada en el psiquiátrico”.
A partir del próximo 15 de julio, tendrán lugar los juicios en torno a la causa de los 18 de la Macarena. Un proceso en el que podrán contar su versión de los hechos, ya que, según denuncian, la fiscalía ha basado todo el proceso en la versión de los agentes policiales.
“Desde que ocurrió todo aquello, he tenido una pérdida de fe totalmente por las instituciones del Estado, soy muy consciente de que la Justicia no, no es real, es arbitraria y castiga a los pobres, imprimir miedo a una parte de la población y desalentarla de hacer ciertas cosas”, concluye M.