«No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España» afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que agrupa a ecologistas y consumidores, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, «y es […]
«No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España» afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que agrupa a ecologistas y consumidores, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, «y es la punta del iceberg».
«La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta (…) sobre las compensaciones a determinadas sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica por los denominados costes de transición a la competencia». Así comienza el Informe jurídico de la Abogacía del Estado que destapa un posible fraude provocado por las puertas giratorias entre el poder político y las grandes eléctricas, según ha publicado El País.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañías eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidos en exceso por estas empresas.
Las puertas giratorias
Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que denunció el 3 de junio de 2013 en Anticorrupción este fraude, asegura que «de todas las estafas y de todos los casos de corrupción que conocemos hasta la fecha, no hay ninguno de tanta cuantía y demuestra una vez más la connivencia de los dos partidos políticos que nos han gobernado hasta la fecha con las grandes corporaciones energéticas», y añade, «esto es solo la punta del iceberg porque pretendemos deshacer toda la estafa del sector eléctrico y gasístico que se ha enriquecido a costa de los bolsillos de todos los consumidores y especialmente de las familias españolas».
Asegura Romero que «si se destapase toda la estafa que hay detrás de las grandes eléctricas, se podría subsanar no solo la pobreza energética en España, sino la pobreza en general», y añade «según un estudio realizado en 2012, solo en ese año se realizaron 1,4 millones de cortes de suministros a familias sin recursos, dejándoles sin este bien esencial para poder tener una vida digna, y en este contexto, en el que sube la luz, en el que aumenta el número de hogares abocados a la pobreza energética, el Gobierno deja prescribir una deuda multimillonaria. Es una vergüenza».
Auditoría y los windfall profits
«Ahora nuestro siguiente paso es conseguir que Fiscalía realice una auditoría del sector y especialmente nuestro objetivo es sacar a la palestra los windfall profits, (beneficios caídos del cielo), es decir, unos 3.400 millones de euros al año en beneficios que se llevan limpios la nuclear y la gran hidráulica», y añade «hemos calculado que ese dinero que ha salido todos estos años del bolsillo de todos los españoles podría suponer una suma en torno a 20.000 millones de euros».
Los windfall profits se producen por el sistema que funciona en el mercado eléctrico mayorista de electricidad que funciona basado en fijar un precio marginalista. Esto quiere decir que todos los productores que logran vender su electricidad lo hacen al precio del último ofertante, que es el más caro de todos. Y las centrales que se llevan un margen mayor entre precio de venta y coste de producción son precisamente las grandes presas hidráulicas y las centrales nucleares que están, desde hace décadas, amortizadas en su gran mayoría. Pueden ofertar su electricidad muy barata basándose en unos costes minúsculos y sin embargo, cobran lo máximo. Es un «regalo caído del cielo».
Cronología de la deuda
Los hechos se remontan al año 1997, cuando las eléctricas y el Gobierno del PP pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.
La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el incremento de los precios del mercado eléctrico -en el que tres de las eléctricas ostentan un notorio poder de mercado- permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.
Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más, a lo que concluye Cote Romero, «una vez más se demuestra que son las denuncias ciudadanas las que destapan la corrupción en nuestro país y los supervisores brillan por su ausencia».