Los 726

Exactamente 726 son los requerimientos al ministro Mario Carroza formulados la semana pasada por la fiscal Beatriz Pedrals de la Corte Suprema para que investigue un número similar de crímenes de la dictadura nunca examinados. Se trata de un hecho trascendente que honra al Poder Judicial de estos días; al menos a aquellos ministros y jueces de entre los actuales que han hecho posible reparar en parte la enorme culpa que pesa sobre los tribunales chilenos de los años del pinochetismo por su larga complicidad con las violaciones a los derechos humanos. Delitos de la derecha chilena ejecutados a través de militares antipatriotas que actuaron a sus órdenes como perros guardianes de bolsillos ajenos. Estos requerimientos debieron haberse efectuado en su momento, cuando se cometieron los crímenes. Pero en fin, los sectores realmente democráticos de las nuevas generaciones de magistrados hacen factible que, aunque tarde, la justicia llegue.

La noticia recorrió el mundo porque entre esos casos está el presidente Salvador Allende cuya muerte jamás nadie indagó. Cuando en enero del 98 junto a Gladys Marín un grupo de abogados presentamos la querella formal contra Pinochet, el proyecto era que en primer término se investigara la muerte del mandatario. Sería largo enumerar las dificultades de todo tipo que impidieron que se cumpliera ese anhelo que ya antes habían expresado varios colegas abogados en el país. Luego vendrían los estudios del doctor Luis Ravanal y ahora, en concreto, el tema a tribunales. ¿Suicidio? Puede ser, ¿pero es posible que en su defunción se registre un alto número de disparos en su cuerpo si se trató de un suicidio? Militares rastreros y descerebrados bajo el mando del general Palacios y por órdenes de Pinochet ametrallaron su cuerpo. Entonces, ¿cuál fue la bala que causó su muerte?

Hay otras figuras conocidas entre los 726, como el general Cantuarias, asesinado por mandato del tirano pese a que el militar había albergado a su familia el día del golpe. O el intendente de Concepción, compañero Fernando Álvarez. En fin, todos son importantes, todos son nuestros. Por lo mismo indigna que haya quienes que, habiendo servido antes a la Dina o a la CNI, hayan conseguido destacados puestos y privilegios en los gobiernos de la Concertación, primero, y con Piñera, después. Como es nada menos que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro, al que el ministro Hinzpeter defiende.

Son indefendibles también los uniformados corruptos que hoy investiga la Contraloría. O sus cómplices de otras instituciones como los que desbaratan la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para dificultar las investigaciones. Son los que destituyeron al subcomisario Sandro Gaete. Son también indefendibles los ministros o subsecretarios que se han negado a suscribir las querellas preparadas por los abogados del programa respectivo.

Pero la historia de los 726 es más amplia. Porque esos episodios son sólo parte de casi mil 200 casos no investigados y que desde hace poco menos de un año se empezaron a convertir en querellas criminales trabajadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), con el concurso de abogados y estudiantes de derecho. Lo del Poder Judicial son requerimientos de oficio que hace el Ministerio Público que representa a la sociedad pero no a los familiares o querellantes particulares. Lo de la AFEP son querellas propiamente tales que reforzarán esos requerimientos en nombre de los familiares directos de las víctimas y que llegarán a cerca de 800 más en los primeros meses de este año. Esas querellas no deben entenderse como agresión a las fuerzas armadas. Al contrario, contribuyen a su depuración y saneamiento. Hay que democratizarlas para que el pueblo las sepa de verdad suyas y no de los grupos de poder económico.