¿Los acuerdos de La Habana llevarán a una nueva constituyente?

 Hoy, cuando acaban de comenzar los diálogos entre las FARC y el gobierno en búsqueda del cese del conflicto armado que dé comienzo a un proceso de paz, es bueno repasar la historia de cómo se truncó la posibilidad de que la guerrilla asistiera la Constituyente de 1991. Esto porque se habla ahora en algunos círculos de la refrendación de los acuerdos de La Habana a través de una nueva asamblea constituyente.

Un poco más de 21 años después de la firma de la nueva Constitución, -que debía ser un nuevo tratado de paz- por los 70 delegatarios uncidos el 9 de diciembre de 1990 en las elecciones con el mayor índice de abstención en toda la historia comicial del país, cerca del 75%, nunca ha estado más lejana la concordia entre los colombianos.

Incluso, en el intervalo de negociaciones en El Caguán, 1998 – 2001, jamás cesaron los enfrentamientos armados entre las FARC y las tropas del gobierno, mientras el ELN y el EPL no cejaron nunca sus acciones bélicas para no hablar de las operaciones de la insurgencia contra grupos paramilitares y viceversa.

Si se tienen en cuenta las cifras de los investigadores del curso de la guerra, que promedian por año en medio millar las bajas de parte y parte, en un extraño equilibro del terror, en estos 20 años de la Constitución del 91 tendremos que hablar de más de 20.000 combatientes caídos. Y qué decir de las decenas de miles de víctimas civiles, entre ellas los 4000 inmolados de la Unión Patriótica. La suma puede pasar fácilmente de 100.000 personas. Una verdadera catástrofe histórica.

La Corte, sintonizada con ese inmenso piélago de iniciativas ciudadanas que desbrozaron el camino hacia la Constituyente, como lo fue la Séptima Papeleta, el voto por el Sí a la Asamblea en el referéndum coincidente con las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, y la misma elección de los constituyentes, con la ineludible evocación del gestor de esta bandera que ondeara en 1984 el comandante guerrillero del EPL, y máximo líder del Partido Comunista, marxista leninista, Oscar Willian Calvo, que rápidamente hicieron suya todos los grupos insurgentes como lo veremos más adelante.

El movimiento estudiantil le apunta a esta misma iniciativa, cinco años más tarde de la propuesta de Calvo y después del magnicidio del dirigente liberal, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989. Calvo sería asesinado por agentes del Estado en Bogotá, el 20 de noviembre de 1985.

El mandato de paz de la Corte Suprema de Justicia y el proceso de exclusiones

El 9 de octubre de 1990, la Corte Suprema de Justicia, declaró constitucional el decreto presidencial 926, en cuanto a la convocatoria e integración de la ANC. Su elección quedó establecida para el 9 de diciembre de ese mismo año.

Previamente, la Corte había avalado el decreto presidencial del 3 de mayo de 1990 que convocaba para el 26 de mayo el plebiscito por el Sí o el No a la convocatoria de una Constituyente y ordenaba el escrutinio de los votos de la memorable jornada, que contó con el apoyo prácticamente unánime de la sociedad civil y la simpatía total del movimiento guerrillero que continuaba en armas. Y señalaba que «son vitales las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla, (ya el M-19 se había desmovilizado, así como parte del EPL, el Quintín Lame y el PRT) para encontrar la paz.» Establecía claramente que tal debe ser el norte supremo de la Asamblea Nacional Constituyente. El documento recordaba que los insurgentes han condicionado su presencia en la Asamblea Constituyente a los diálogos de paz.

Pero no tardaría en comenzar el proceso de exclusiones. El 2 de agosto, los dos partidos tradicionales, el liberal y conservador, y el M-19, firman un acuerdo donde establecen, sin la participación de la Unión Patriótica y el amplio movimiento social que participó en el Congreso Pereconstituyente, que la composición final de la ANC será de 70 miembros con voz y voto. Más tarde fijan cuatro cupos, pero sin voto, para los grupos guerrilleros desmovilizado: EPL, dos curules, PRT, una y Quintín Lame otra, y en un gesto de Nación que merecía otras calidades, se asignan dos asientos para los pueblos indígenas.

Definitivamente el diálogo y la paz están atados a la convocatoria de una Constituyente de carácter soberano, democrática y popular, señala en julio de 1990 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar CGSB, en respuesta al gobierno a través del consejero de paz, Rafael Pardo, quien les había enviado una carta donde conminaba a la insurgencia a ubicarse en sitios previamente acordados para iniciar el diálogo mientras se ponía en duda la buena fe de los guerrilleros. La lógica de los alzados en armas era que en medio del genocidio de la UP sería inconcebible que se aceptaran las propuestas de Pardo. También aducían que no había tiempo suficiente para desmovilizarse como lo exigía el Presidente Gaviria y participar en las elecciones. Todo el tema, entonces, se reducía a los cupos, pero previa renuncia a la lucha armada y el compromiso de una desmovilización de las tropas.

Las propuestas de cambio de la insurgencia

Francisco Caraballo, jefe de la fracción minoritaria del EPL (la mayoría de los comandantes y tropa de esta agrupación, dirigidos por Bernardo Gutiérrez, firmaron también un acuerdo de paz con el gobierno de Barco), e integrante de la CGSB, declara en Revolución, órgano del PCC M-L, el 1 de junio de 1990 ante la pregunta de cómo ve la participación del movimiento insurgente en la Constituyente: «No estamos de acuerdo con que se trate de obligar al movimiento guerrillero a hacer concesiones unilaterales a favor de simples promesas. Consideramos que son indispensables las transformaciones sociales, políticas y económicas, para que pueda haber una verdadera solución política negociada al conflicto armado».

Y añadía, desde Casa Verde, sede del secretariado de las FARC: «Rechazamos que el requisito para la participación de la insurgencia en la Asamblea Constituyente sea la desmovilización del movimiento armado… no somos partidarios que éste gire un cheque en blanco, es decir, se desmovilice o entre en una tregua prolongada sin que realmente haya algo concreto que justifique ese procedimiento. Desde luego, somos partidarios de la participación del movimiento armado en la Constituyente, pero no de la entrega de las armas como paso previo».

La V Cumbre de la CGSB, a la que asisten los tres máximos jefes insurgentes, Manuel Marulanda, Manuel Pérez y Francisco Caraballo, de las FARC, ELN y EPL, reunida a comienzos de junio de 1990 en la Uribe, da a conocer una declaración donde señala: «Hemos aportado de tiempo atrás a la lucha por una nueva Constitución y lo seguiremos haciendo combinando tanto los espacios institucionales como los extrainstitucionales, con la finalidad de estar en primera línea en la brega por esta bandera democrática, impidiendo que la oligarquía se la apropie para reforzar su sistema de dominación».

El 27 de septiembre, el comandante del ELN Manuel Pérez, señala que «he sido designado para participar en la Constituyente». La CGSB había establecido que tenía una lista de 20 comandantes para asistir a las deliberaciones de la Asamblea y de ella hacían parte los máximos jefes.

A finales de septiembre de 1990, el Presidente Gaviria abrió las posibilidades para nuevos diálogos con la CGSB, lo que fue saludado por la UP. A su vez, la CGSB celebra la nueva propuesta del Gobierno y señala que «la Asamblea Constituyente puede adquirir su verdadera dimensión si contempla realizar un acuerdo en el que confluyan todos los sectores, incluida la insurgencia y se concerten nuevos criterios para la constituyente, número de componentes, temario, instancias y procedimientos». Pero ya era demasiado tarde pues todo esto suponía el aplazamiento de las elecciones convocadas para el 9 de diciembre de 1990.

«La Asamblea Constituyente convocada por el Gobierno de Gaviria no obedece al mandato popular. Es excluyente en su conformación y limitada en su temario. No podrá avanzar al fondo de los problemas que seguirán afectando a la nación entera», y señalan los siguientes aspectos de un temario: democracia con la participación de las mayorías en las decisiones del Estado, desmilitarización de la vida nacional, erradicación de la doctrina de la seguridad nacional, la guerra sucia y los grupos paras, depuración de las FF.AA, definición de una política que rescate la autodeterminación nacional estableciendo términos favorables en la explotación de los recursos y en las relaciones con el capital extranjero.

Además añadían estos puntos: supresión de los tratados internacionales que afectan los intereses de la nación, cese del tratado de extradición, una política económica independiente y mejorar las condiciones de vida de la población, integración de las minorías étnicas a la vida democrática y respeto a sus tierras, organización y cultura una política internacional autónoma e independiente y proponen acoger el Derecho Internacional Humanitario y los Protocolos de Ginebra.

En medio de la campaña electoral y el más gigantesco financiamiento oficial en todos los medios dando a conocer las bondades de la Constituyente, el gobierno no cejaba en buscar fórmulas que pudieran hacer participar a la renuente CGSB en el propósito de cambiar la Carta de 1886. Ello, de lograrse, se constituiría en el más grande triunfo político a cambio prácticamente de nada. O quizá, como se comprobó con las curules asignadas a las guerrillas desmovilizadas, en otros cuatro o seis cupos, dos por cada destacamento.

Francisco Caraballo: el ultimátum de Gaviria llega a la CGSB

El punto crucial de este esfuerzo lo representó, un mes antes de las elecciones a la Asamblea, el apoyo para que una comisión especial de la UP (todos integrantes de las filas comunistas) llegara el 8 de noviembre en un helicóptero oficial a Casa Verde, la emblemática sede del secretariado de las FARC, para transmitir las propuestas del gobierno que facilitaran la presencia de la CGSB y a la vez conocer la última palabra de los guerrilleros.

Carlos Romero, presidente la UP, Álvaro Vásquez, secretario general del Partido Comunista, Hernán Motta Motta, senador de la UP y María Osorio, dirigente nacional de esta organización, llegaron aquel día muy temprano, pero solo pudieron regresar a Bogotá la mañana siguiente después de una borrascosa sesión con el secretariado de las FARC que contó con la presencia del jefe del EPL, Francisco Caraballo. La entrevista marcó la ruptura definitiva del Partido Comunista con esta agrupación alzada en armas tras la insistencia de algunos comisionados en las bondades de la propuesta del Gobierno, que según éste, le abriría a la CGSB un espacio político importante. Jacobo Arenas, el segundo al mando de las FARC, y considerado como el jefe político de esta guerrilla, había fallecido tres meses antes.

«La CGSB, en aras del diálogo, aceptó poner en libertad a los retenidos y presentó un temario abierto destinado a facilitar las conversaciones que posibiliten la presencia de la guerrilla en la Constituyente», dio cuenta una información del semanario Voz, el único medio que registró el hecho matizado con una fotografía del encuentro.

«La comisión traía prácticamente un ultimátum del gobierno a la Coordinadora Guerrillera para participar en la Asamblea Constituyente, con el agravante, como si fuera poco, de obtener una respuesta inmediata de todas las agrupaciones y frentes, lo que era totalmente imposible en una jornada», recuerda hoy Francisco Caraballo, otrora comandante del EPL entrevistado para estas páginas. Caraballo es el único sobreviviente de la troika de líderes de la CGSB, que integraron con él, Manuel Marulanda y Manuel Pérez.

Añade que «la propuesta del gobierno se reducía a aceptar los diálogos sobre la base de la liberación de los civiles y militares retenidos, un cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla, mientras condicionaba la presencia de la insurgencia en la Constituyente a través compromisos serios de desmovilización. En pocas palabras, se nos conminaba a rendirnos».

Recuerda que la CGSB había demostrado tanto interés en acceder a la Constituyente que esbozó una lista de 20 delegatarios, con voz y voto: once de las FARC, ocho del ELN y cuatro del EPL, «pero nunca recibimos una respuesta, mientras que en algunas altas esferas nuestra propuesta fue considera como escandalosa».

Para el ex dirigente guerrillero, quien salió de la cárcel en 2008, tras pagar una pena de 16 años, la actitud del gobierno se explica en «la repetición del mismo libreto que tiene la oligarquía desde hace más de medio siglo de cara a la solución del conflicto armado y social interno que vive el país: desmovilización, entrega de armas y reinserción, sin cambio alguno en la vida política y social del país».

«Nosotros sabíamos que íbamos a ser minoría en la Asamblea, pero nuestra participación sería un hito político sin precedentes, y subrayo, esa presencia nuestra implicaba de hecho una tregua inmediata de las acciones. Eso no lo quisieron ver en su momento. Hubiéramos sido un factor dinámico en las deliberaciones y seguramente contribuido con nuestras luces en la formulación de un nuevo país», enfatiza.

El regreso de la comisión no fue menos accidentado que las tensas conversaciones en Casa Verde: se hizo en medio de bombardeos contra la guerrilla en la región de la Uribe, que pusieron en grave peligro la vida de sus integrantes, y aciago preámbulo de lo que vendría el 9 de diciembre.

Los operativos militares contra la Uribe fueron reconocidos por el propio Presidente Gaviria, iniciados dos días antes de la visita de la comisión de la UP, lo que hizo que varios analistas se formularan la pregunta: ¿Qué sentido tenía enviar una misión, que contaba con la confianza de la guerrilla, para observar su voluntad de diálogo en medio de un operativo militar en marcha? Esos no son gestos de paz, concluyeron y más bien parece un objetivo calculado de propaganda al diálogo para ambientar una ofensiva militar. Lo que quedó claro al final es que se trataba de bloquear la presencia de la CGSB en la Constituyente. Como lo demostraron los hechos que siguieron y los que se dieron ya en pleno desarrollo de las deliberaciones que el país seguía día a día.

El domingo 9 de diciembre de 1990, cuando los ciudadanos acuden a las urnas para votar por los constituyentes, 46 aviones de combate, entre K-fir, Mirage y A-37, así como decenas de helicópteros, por orden del Presidente Gaviria, atacan la sede del secretariado de las FARC en la Uribe. Mientras las bombas arrasan con el símbolo que representaba Casa Verde, Gaviria declara ante el país que quedaba «abierto el camino para que la Constituyente sea el gran tratado de paz que reclamara la Corte Suprema de Justicia, en donde sea posible el pluralismo y la tolerancia por las ideas ajenas».

En un comunicado del 9 de diciembre, Alfonso Cano, segundo al mando de las FARC, al tiempo que condena el ataque a la Uribe, felicita a Antonio Navarro y a los demás integrantes de su lista que «apabullantemente demostraron en las urnas que Colombia reclama un cambio». Álvaro Leyva, elegido a la Constituyente por la lista del M-19, propone una comisión de diálogo con la guerrilla que tiene eco inmediato en la CGSB. Y el 16 de diciembre de 1990, una semana después del asalto a Casa Verde, Manuel Marulanda Vélez, en declaraciones a RCN, señala que «nunca hemos cerrado el diálogo».

El 10 febrero de 1991, tras una violenta contraofensiva de las guerrillas que comenzó el mismo 9 de diciembre con numerosas bajas del Ejército y cuantiosos daños a la infraestructura económica, Gaviria propone en la Constituyente, cuyas sesiones fueron abiertas el 4 de febrero de 1991, «un diálogo directo y expedito» con la insurgencia y un lugar para reunirse con las FARC y el ELN, después de haber señalado a los medios que «la ofensiva guerrilla los tomó por sorpresa».

Sólo hasta el 4 junio, cuando restaba un mes exacto para que concluyera el trabajo de la Asamblea, pudieron verse cara a cara la administración de Gaviria y la CGSB en la mesa de Caracas, instalada por el propio ministro de Gobierno, Humberto de la Calle.

Sin embargo, la Constituyente, con la directriz de la Corte Suprema de Justicia, no desanimaba en ver a los delegados de la CGSB en las deliberaciones, como fue aprobado. El ex presidente Misal Pastrana, propone en la Asamblea una comisión para que dialogue con la guerrilla «porque somos grandes personeros de la paz para Colombia y ese fue el mandato ciudadana; no podemos confundir el orden de la paz con el orden público». A esta propuesta, apoyada por la UP, se oponen Álvaro Gómez Hurtado y Angelino Garzón por el M-19, con el argumento que eso es asunto del Gobierno. Éste finalmente nombra una comisión de diálogo de bajo perfil integrada por el viceministro de Gobierno Andrés González y el asesor de la Consejería de Paz de la Presidencia, Carlos Eduardo Jaramillo.

Una audaz maniobra aleja a la guerrilla de la Constituyente

La Constituyente era el escenario perfecto para que se desplegara el espíritu de iniciativa del pueblo colombiano en la búsqueda de los cambios. Sin embargo, en el tema crucial del país, el de la paz, la acusación más severa que se le podría indilgar al establecimiento es la de haber esclavizado la iniciativa de la Constituyente. Cada vez que surgía, y no fueron pocas, una iniciativa en la Asamblea para propiciar un acercamiento con la Coordinadora, chocaba con un sinfín de obstáculos.

La paz era el gran tema de la Constituyente y se podría asegurar que la mayoría de los dignatarios estaba por agotar los esfuerzos para encontrar una salida negociada y garantizar la presencia de la insurgencia, y se reserva, como última instancia, si fracasa el proceso de diálogo con el Gobierno. Pero este escenario jamás se dio. Gaviria, en una audaz maniobra para quitarle todo protagonismo a la guerrilla en la Asamblea, se la jugó por entero a los diálogos de Caracas, que finalmente fueron un total fracaso.

«Es posible que nosotros hubiéramos caído en una trampa cuando todo el acento quizá debiéramos haberlo puesto en nuestra asistencia a la Asamblea, llamada a ser el principal escenario de paz», afirma hoy para estas mismas páginas, Francisco Caraballo. «Es que todo el país estaba pendiente de los diálogos de paz de la guerrilla y el Gobierno, tratativas que empezaron a darse a comienzos de febrero de 1991 y que solo se instalaron en Caracas el 4 de junio cuando ya la Constituyente le restaba un mes para concluir sus labores», añade.

En la sesión del 8 de febrero se recordó el fallo de la Corte sobre el decreto 926 y la importancia que éste organismo le otorgó a la paz como motivo de la convocatoria de la Asamblea.

El otro tema era el de la fecha para que los alzados en armas, inmersos en un proceso de paz, ingresen a la Constituyente. Sobre esto el copresidente de la Asamblea, Antonio Navarro Wolff, dijo: «mantenemos las puertas abiertas para recibir hasta el último día de sus sesiones a quienes, como parte de un proceso de paz negociada, puedan tener derecho con voz y voto».

Marulanda, en declaraciones a la prensa el 4 de mayo, vía radio, señala que «nunca hemos descartado la posibilidad de hacer presencia en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el tiempo está ya muy corto, no se sabe si unas conversaciones que se puedan hacer la semana entrante, dentro de 15 días, un mes o más tarde, generen las condiciones para asistir, porque para hacer unas conversaciones y arrancar de este gobierno una serie de garantías, la participación directa allí estaría demoradita, pero no hay que perder las esperanzas».

El 6 de junio de 1991, Alfonso Cano, el segundo al mando de las FARC, anota para Voz desde Caracas que «nuestra voluntad es participar en la Constituyente. Nuestra lucha desde al año anterior y desde siempre ha sido y es por una Constituyente que pueda crear un nueva constitución. Entendemos que el problema de la sociedad colombiana radica fundamentalmente en el Estado y que ese Estado es susceptible de modificaciones a través de la Constituyente. La pelea del gobierno y de sectores que no quieren el progreso, ha sido por impedirnos llegar allá, por eso el bombardeo el 9 de diciembre».

Ante la pregunta de que si van a la Constituyente, cuáles serían algunas propuestas a presentar, Cano señala dos, «nos parecen positivas muchas de las medidas que ya se han aprobada en primera vuelta. Pero nos parecen que muchas de esas propuestas tienen una base coja: no se ha abocado a fondo el problema del papel de las fuerzas armadas en la construcción de una nueva vida democrática».

«Si las FFA.A están diseñadas para la guerra y no para la paz que es el marco de referencia de la nueva Constitución entonces no se van a poder desarrollar los proyectos que se están aprobando en la Constituyente y el segundo tema es el de la soberanía nacional y pasar por encima de los problemas de los recursos naturales de su explotación, de las ganancias, si eso va a beneficiar al pueblo o las transnacionales. Ni pasar por encima del problema de la deuda externa. Si eso no se hace solo estaríamos dándole una mano de laca a los problemas de la nación».

Cano, en su intervención en la ronda de Caracas, expone tanto al Gobierno como a la Asamblea, que «en el entretanto del desarrollo de estas conversaciones de Caracas y en la aplicación del reglamento interno de la Constituyente, nos posibiliten asistir a una reunión plenaria para exponer nuestro pensamiento, en razón también de la permanente imposibilidad de asistir a que hemos sido obligados».

El 5 de junio la Constituyente invita a la plenaria a Manuel Marulanda a una sesión informal. Solamente hubo tres votos en contra: Alberto Zalamea, Álvaro Gómez Hurtado y Juan Gómez Martínez, sin embargo, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, que instaló las conversaciones de Caracas, señaló que la presencia del líder guerrillero depende de los acuerdos de Caracas y si la insurgencia antes se desarma y se desmoviliza. La Coordinadora de inmediato replicó aduciendo que este no era un gesto de paz. Navarro Wolff, que votó a favor de la invitación a Marulanda, sin embargo, una hora antes en su noticiero de televisión coincidió con el ministro, es decir, una invitación condicionada prácticamente a una rendición y en un plazo perentorio de dos semanas. La misma propuesta que transmitió Gaviria a través de una comisión de la UP, el 8 de noviembre de 1990.

No se comprende cómo si la Constituyente era un escenario para la paz, ni siquiera se logró que allí acudieran quienes actualmente están alzados en armas. El país político pocas simpatías le prodigaba a la Asamblea, hasta el punto, como lo reveló en junio de 2011 el ex copresidente de la Constituyente, Horacio Serpa, que el partido liberal en cabeza del senador revocado, Aurelio Irragori, le exigió al Presidente Gaviria disolver el foro y rodear de tropas el recinto. Con semejante clima de hostilidades era inimaginable que los sectores más poderosos, que ni siquiera aceptaban los más mínimos cambios, iban a ver con buenos ojos que los jefes máximos de la guerrilla se pavonearan, como alguien dijo, por los pasillos de la Constituyente.

Augusto Ramírez denuncia la inflexibilidad del Gobierno y su doble moral

El 5 de julio de 1991, tras cinco meses de intenso trabajo, se clausuran las sesiones de la Asamblea, aprobándose una nueva Constitución Política. La guerrilla finalmente no pudo expresar allí sus puntos de vista y menos organizar su posible participación, como lo manifestaron, en las elecciones para renovar el Congreso. Los delegatarios de los dos partidos tradicionales y el M-19, que habían renunciado a presentarse a los comicios parlamentarios, decidieron convocarlos para octubre de 1991, dejando por fuera toda posibilidad, -lo que hubiera sido un gesto de paz- de que participara la Coordinadora Guerrillera. Lo dijo el mismo constituyente Augusto Ramírez Ocampo en un reportaje a Voz el 20 de junio de ese añ1991: «Esta decisión de la Asamblea Constituyente se presta para toda clase de sospechas. Por qué la urgencia de hacer elecciones el 27 de octubre, en vez de esperar que los procesos de paz en marcha con la Coordinadora Guerrillera puedan terminar y pueda aclimatarse a la nueva vida democrática esa enorme cantidad de gente representada por ellos».

Ramírez recuerda, ante la inflexibilidad del Gobierno de no permitir la presencia de la Coordinadora en las sesiones de la Asamblea, y de excluirla de la contienda electoral hacia un nuevo Congreso, que «en el debate yo se lo indiqué al ministro de Gobierno. Le dije que eso era la doble moral, cuando él señala que era imposible para el Gobierno facilitar la posibilidad de la presencia de ellos en la Constituyente. Y le recordamos tres antecedentes: el primero, el propio caso del M-19, cuando vinieron a Bogotá, aún sin desmovilizarse, a negociar Pizarro y Navarro Wolff, y segundo, cuando se pudo hacer la reunión de Cravo Norte a pesar de que todos los asistentes estaban implicados y tenían procesos pendientes. Y en tercer lugar, cuando incluso, con el apoyo de la Constituyente, se recogió a una buena parte de los integrantes de la Coordinadora para llevarlos a Caracas, en una operación que facilitó el Gobierno. Entonces lo que no puede ser es que para eso si se puede y en cambio para que le hablen al país no se pueda. Eso es una doble moral».

Quizá para quitarse ese sambenito de no querer propiciar los acuerdos con la guerrilla, el Gobierno propone entonces, una Circunscripción Electoral de Paz con vistas a un posible acuerdo en Caracas que permitiera la participación de la CGSB en los comicios que se avecinaban. Nada de esto sucedió ante la ruptura del proceso de diálogo de Caracas.

Navarro Wolff, en una entrevista con la revista Semana, en julio de 2011, repasa la situación en forma autocrítica, respondiendo a la pregunta si no nos habríamos ahorrado muchos muertos si la guerrilla hubiera entrado en la Constituyente: «Yo creo que no estuvimos muy lejos de que eso sucediera. Pero eso no se logró por varias razones. Jacobo Arenas murió antes del proceso constituyente, el genocidio de la UP influyó negativamente, (en los 100 días hábiles de trabajo de la ANC, fueron asesinados 52 dirigentes de la UP, uno día de por medio. Nota del autor de este artículo) además, el día que hicimos las elecciones para elegir a los miembros de la Constituyente, el Ejército entró al campamento de la Uribe de las FARC. A veces creo que si la Constituyente se hubiera demorado seis meses más, probablemente habría podido negociarse un esquema para que entraran las FARC y nos hubiéramos salvado de veinte años de barbaridades».

La ANC, entonces, fue una especie de simulacro de paz. Un pacto de paz, sí, entre un sector armado, el minoritario, y el régimen como diría Álvaro Gómez Hurtado, pero dejó trunco el proceso definitivo hacia la concordia nacional. Pero hay que señalar también, en aras de la justicia histórica, que de no haberse firmado ese pacto parcial de paz por parte del M-19, que había renunciado al camino de las armas y optado por la vía del debate democrático y propiciado los acuerdos antes de esperar un arreglo definitivo con la CGSB, jamás se hubiera ensayado la paz, y que trajo, de todas maneras, una nueva realidad política para el país otorgándosele una Constitución bien diferente a la obsoleta de 1886 y donde prima el reconocimiento a los Derechos Humanos.

El M-19 hizo acelerar la historia solo un tramo. El trecho restante sigue dependiendo de un acuerdo final de paz, que seguramente demandará un nuevo acuerdo hacia otra Carta fundamental, esa sí, hacia una paz duradera.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.