El pasado octubre, el Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió unas 3.000 viviendas públicas de protección oficial a EnCasa Cibeles, una empresa financiada por el fondo de inversión Goldman Sachs. Muchos vecinos mostraron entonces su malestar pero desde IVIMA aseguraron que sus condiciones de alquiler no cambiarían: «En lugar de cobrar nosotros, lo harán […]
El pasado octubre, el Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió unas 3.000 viviendas públicas de protección oficial a EnCasa Cibeles, una empresa financiada por el fondo de inversión Goldman Sachs. Muchos vecinos mostraron entonces su malestar pero desde IVIMA aseguraron que sus condiciones de alquiler no cambiarían: «En lugar de cobrar nosotros, lo harán ellos», detallaron.
Las promesas, sin embargo, se han quedado en papel mojado. Tras la venta, miles de familias se han quedado, según denuncian muchas de ellas, en absoluto desamparo y han perdido los derechos de los que disfrutaban en calidad de inquilinos de viviendas protegidas, como las ayudas al alquiler. Tampoco tienen claro si la empresa privada que ahora tiene las casas en propiedad les prorrogará el contrato y en qué condiciones lo hará.
Después de la confusión inicial, vecinos de diferentes promociones de estas viviendas, como la de Vallecas, Ventilla o Móstoles, se están organizando para, por vía judicial, tratar de paralizar el proceso. Han constituido la Asociación Afectados por la Venta de Vivienda Pública del IVIMA y convocado una asamblea para el próximo 5 de julio en el que sentarán las bases para una coordinación a nivel de todos los pueblos de Madrid.
Su presidente, José Luis de Roa, acaba de ocupar el puesto después de que el anterior lo haya abandonado por desgaste. La mayoría son parados, inmigrantes, madres solteras y otros ciudadanos con problemas socioeconómicos de diferente gravedad. «No somos gente acostumbrada a lidiar con este tipo de problemas», admite De Roa, quien tiene claro que lo importante es crear «un ente de afectados para luchar todos juntos».
El presidente de la asociación es vecino de un bloque de edificios en Vallecas vendido a Encasa Cibeles. Allí, desde octubre, comenzaron a tener problemas en la comunidad de todo tipo. El más grave, la proliferación de ocupas con un perfil muy problemático, por lo que algunos están desistiendo y marchándose del bloque. «Hay ya más ocupas que gente de alquiler; nosotros estamos convencidos de que es cosa de la empresa, ya que uno de los dos conserjes es ocupa y las puertas son blindadas, tiene que haber algún tipo de complicidad», lamenta De Roa.
Ya han establecido contactos entre varias de las promociones de viviendas, pero en la primera asamblea de afectados a nivel de Madrid pretenden dar un paso más, llegar a otros bloques, explicar a los vecinos el problema y las propuestas de soluciones. Entre estas últimas, se encuentra la de entrar en la vía judicial para que IVIMA dé marcha atrás y recupere el control de las viviendas, lo que les acarrearía unos costes de unos 30.000 euros. El plan es lograr juntar a 300 afectados que se comprometan a poner 100 euros en dos años.
Aun así, la tarea es titánica: «Con el fin de las ayudas, muchas familias ya no pueden pagar el alquiles, comienzan a acumular plazos y están llegando los desahucios. Otros abandonan porque no pueden más. Pero ves casos a tu alrededor de auténticos dramas familiares y te hierve la sangre, no entiendes cómo se puede vender patrimonio público a lo privado, pero menos estando las casas ocupadas por gente que las necesita», explica De Roa.
Los afectados, además, denuncian que Goldman Sachs ha hecho negocio con esta adquisición.»Han comprado las viviendas por una media de unos 60.000 euros y las están poniendo a la venta por más de 150.000″, denuncia el presidente de la asociación.