El caso de montes de María, sobre el que he realizado dos debates de control político en el Congreso, resulta útil para analizar la matriz del despojo de tierras que han llevado a cabo en la última década poderosas empresas con el auspicio del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En esa matriz se destacan […]
El caso de montes de María, sobre el que he realizado dos debates de control político en el Congreso, resulta útil para analizar la matriz del despojo de tierras que han llevado a cabo en la última década poderosas empresas con el auspicio del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En esa matriz se destacan tres fases.
La primera consistió en la compra abusiva a campesinos en condición de miseria que habían abandonado sus predios por el terror paramilitar. Esa fase tuvo su origen en diciembre del 2007, en una reunión en Medellín a la que asistieron el entonces presidente Uribe y una veintena de sus amigos, entre los que se encontraba el empresario Luis Esteban Echavarría, quien fue gerente de su campaña a la Gobernación de Antioquia en 1994.
El mandatario dijo a los asistentes que en montes de María se había alcanzado la paz, pero que la fértil región se encontraba vacía por el desplazamiento. Para Echavarría el mensaje fue claro. Decidió en ese momento aceptar la invitación hecha por el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, quien venía comprando allá predios a menos de 300 mil pesos por hectárea usando copias de resoluciones de adjudicación, obtenidas ilegalmente.
En la segunda fase se constituyeron 25 empresas antioqueñas, que se volcaron sobre la región para adquirir de manera masiva las tierras. Tiraron cercas, destruyeron vías veredales, contrataron para la seguridad a desmovilizados. Los compradores de la primera fase traspasaron a las nuevas empresas las tierras adquiridas para ir dejando atrás la huella fraudulenta. De esa operación hicieron parte Tierras de Promisión -la empresa que constituyeron Echavarría y Echeverría-, así como Cementos Argos, que había aportado fondos para la campaña presidencial de Uribe en el 2002. La intervención del Gobierno en estimular las compras volvió a aparecer el 3 de septiembre del 2009 durante una reunión en María la Baja (Bolívar), en la que el entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, instó a los campesinos a vender sus predios a empresarios amigos suyos, y ordenó a funcionarios del Incoder gestionar el levantamiento de las medidas de protección que impedían la comercialización de las tierras.
En la tercera fase, que materializa la gran concentración de la tierra, las empresas consignaron los predios adquiridos en dos grandes fideicomisos, que definieron como objeto el negocio de la reforestación comercial. Lo único que hacía falta era el capital para sostener el negocio durante los años que toma la tala final de la especie. Y aquí apareció de nuevo la mano salvadora del gobierno Uribe. En el 2007 creó el Fondo de Inversión Forestal Colombia (FIFC), en el que invirtió 10 millones de dólares de Finagro. Tanto inversionistas del FIFC como compradores masivos disfrutan hoy de millonarios incentivos y subsidios del Gobierno. Mientras tanto, los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución incierta, pues las tierras de los fideicomisos, según el Código de Comercio, no pueden ser perseguidas.
Discrepo de funcionarios del actual gobierno que catalogan a los promotores de esta asociación inescrupulosa como «terceros de buena fe». De lo que se trata en realidad es del concierto para delinquir del despojo, compuesto por una compleja red (notarios, alcaldes, funcionarios del Incoder, ministros, empresarios); una amplia gama de métodos fraudulentos para burlar las medidas de protección de tierras abandonadas, y jugosos beneficios otorgados por el Gobierno. La apertura de investigaciones por la Fiscalía es un paso en la dirección correcta. Pero, además, la justicia debe procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios involucrados, incluyendo a los directivos de Cementos Argos.
(*) Iván Cepeda es representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).