El trabajo conjunto que emprendieron una serie de facultativos junto a varios de los organismos de inteligencia creado por el régimen de Augusto Pinochet tiene sus raíces no sólo en profesionales que pertenecían al Ejército, sino también en civiles que hoy están en el mundo privado. Esta desconocida historia incluye la duda sobre el destino […]
El trabajo conjunto que emprendieron una serie de facultativos junto a varios de los organismos de inteligencia creado por el régimen de Augusto Pinochet tiene sus raíces no sólo en profesionales que pertenecían al Ejército, sino también en civiles que hoy están en el mundo privado. Esta desconocida historia incluye la duda sobre el destino de hijos de detenidas desaparecidas.
A fines de 1974, sólo a meses de la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), este organismo -que agrupó tanto a uniformados como a civiles que trabajaban para este ex organismo de seguridad-, se vio en la necesidad de disponer de un recinto hospitalario donde poder atender los requerimientos de sus agentes, de los cuales, en su mayoría, era necesario preservar su identidad para fines propios del oficio. Con este fin nació la primera clínica clandestina de este servicio, Santa Lucía, la cual también albergó tenebrosas historias de violaciones a los derechos humanos.
Estos hechos quedaron establecidos en la investigación sobre la desaparición de la cúpula clandestina del PS, la cual fue detenida a mediados de 1975 y trasladada hasta Villa Grimaldi, varios de cuyos integrantes aún permanecen como detenidos desaparecidos hasta la fecha: Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Lagos, Michelle Peña y Carlos Lorca, entre otros. En estas detenciones participaron agentes de la ex DINA, pero en estos casos también hubo participación de personal médico de esa clínica, ubicada en calle Santa Lucía 120, hoy 164, debido al cambio de numeración con que se quiso borrar su existencia.
En dicho expediente, que ahora es tramitado por el ministro Jorge Zepeda, quedó establecido que la Clínica Santa Lucía no sólo se dedicó a atender a los integrantes del organismo liderado por el general (r) Manuel Contreras, así como a sus cargas familiares, sino también a los opositores detenidos en las cárceles secretas del servicio de seguridad, entre ellos al menos dos mujeres embarazadas, hoy detenidas desaparecidas: Michelle Peña y Reinalda Pereira, militante comunista esta última, quienes al momento de ser detenidas estaban embarazadas de varios meses.
Según el testimonio de un ex enfermero del establecimiento, Ramón Muñoz R., esta clínica tuvo su origen en la antigua enfermería de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE), ubicada en Rinconada de Maipú, la cual comenzó a atender las necesidades del personal, y también a los prisioneros políticos, los cuales era auxiliados para «darles un segundo aliento» y así poder seguir torturándolos. De esta instalación provenía una parte del personal que luego trabajó en la clínica Santa Lucía.
Los pacientes de Orvietto
Los antecedentes recogidos en esta investigación dan cuenta que el director de Santa Lucía, que no contaba con ningún permiso sanitario ni existencia legal, fue el médico pediatra y coronel (r) Vittorio Orvieto, quien el año pasado fue procesado por el ministro Alejandro Solís por delitos de torturas contra ex prisioneros en Tejas Verdes.
Este facultativo fue quien tuvo a cargo la supervisión de los tres pisos que habrían compuesto dicho establecimiento. El primero, en el que habría funcionado una clínica dental; el segundo, destinado a habitaciones y casinos del personal; y el tercero, en el cual se dispuso de piezas para internar a pacientes.
Pero hay testimonios de ex prisioneros políticos que dan cuenta que durante su período de detención fueron trasladados a un edificio cercano al cerro Santa Lucía, ya que se orientaban en el tiempo y el espacio por el típico cañonazo de las 12.00 horas. En ese sentido, la ex prisionera María Isabel Romero M, declaró que vio a Michelle Peña, pareja de Carlos Lorca, en Villa Grimaldi, muy delgada y pálida, quien le contó que le habían matado a su hijo de 8 meses en el vientre, para lo cual fue trasladada al mencionado establecimiento asistencial clandestino.
También existen antecedentes que apuntan a que Carolina Wiff Sepúlveda, Ariel Masilla Ramírez, Alfredo Rojas Castañeda y Mireya Rodríguez Díaz, también habrían pasado por ese centro médico para recibir reanimación después de los intensos interrogatorios a los que fueron sometidos. El doctor Patricio Bustos Streeter sostuvo en una declaración que consta en expedientes judiciales que «en la clínica Santa Lucía fui torturado con asistencia médica».
A esto se suman además declaraciones de ex funcionarios de la DINA que también entregaron antecedentes sobre el recinto donde se trasladaba a los prisioneros, como las de Marcia Merino Vega «la flaca Alejandra», o Basclay Zapata, «el Troglo», quien sólo dijo que estuvo destinado a la atención de personal de la DINA, negando queahí se atendiera a detenidos.
Pero el relato de uno de los doctores que se desempeñaron en dicha clínica, Juan Pablo Figueroa Y., confirmó que a dicho recinto iban personas detenidas para ser atendidas, aunque aclaró que él no tuvo mayor contacto con ellos. Este médico sostuvo que en 1975 pasó a integrar la DINA, trabajando primero en este recinto y luego en la Clínica London, lugar al que se trasladaron por razones de espacio y por la «publicidad» que había adquirido esa primera instalación.
Según los últimos antecedentes que obran en el proceso, la plana directiva de Santa Lucía estuvo compuesta además por el otorrino Eugenio Fantuzzi, el médico internista Sergio Priscoff, el pediatra Sergio Costa y las enfermeras Eliana Bolumburú e Isabel Margarita Jarpa, quienes a inicios de 1977, junto a otras 13 personas, pasaron a conformar el personal de la llamada Clínica London, ubicada en calle Almirante Barroso, recinto también clandestino que se habría utilizado para asesinar a opositores al régimen de Pinochet, así como al cabo de la DINA Manuel Leyton.