Familia que roba unida, permanece unida. Ya no se trata de ser republicano. Supongo que entre los partidarios de la monarquía, como forma de gobierno, habitan gentes honestas. Hoy deben estar pasando un calvario. La casa de los Borbones se antoja corrupta y falta de toda ética. Desde los enjuagues del rey Juan Carlos I, […]
Familia que roba unida, permanece unida. Ya no se trata de ser republicano. Supongo que entre los partidarios de la monarquía, como forma de gobierno, habitan gentes honestas. Hoy deben estar pasando un calvario. La casa de los Borbones se antoja corrupta y falta de toda ética. Desde los enjuagues del rey Juan Carlos I, con el sha de Irán, en los años 70 pidiéndole 5 millones de dólares, y con Manuel Colón de Prado y Carvajal, amiguísimo que actuó como testaferro del monarca en negocios turbios, se han sucedido casos donde se reconoce el sello de la casa real borbónica.
Cada vez que el rey coge el teléfono para interceder, apoyando proyectos fuera de España de empresas como Endesa, Telefónica, Iberdrola, Santander o La Caixa, recibe tajada. Sin duda este ejemplo lo sigue a rajatabla su yerno Iñaki Undangarín, quien se ha revelado como un caballero en el arte fino del timo y el fraude. Ahora, podemos entender las razones por las cuales, sus altezas reales, los duques de Palma, emigran a Estados Unidos. No se trataba de aprender inglés, todos, descendientes incluidos, son duchos en el manejo de la lengua de Shakespeare. Tampoco era una medida diseñada para patrocinar la marca España. Fijar la residencia en Estados Unidos, ha tenido motivos bastardos. Era el camino más fácil para no levantar sospechas de corrupción. Mejor hacerse invisible, alejarse del escenario del delito. No ser motivo de habladurías, ni carne de cañón de la prensa amarilla y las revistas del corazón, tan dadas a destapar asuntos turbios. Quienes sabían de los negocios de los duques, les dieron un buen consejo.
Lamentablemente no les ha servido de mucho. Han bastado un par de años para que salga a la luz el cobro de comisiones por más de 6 millones de euros, pagados al Instituto Nóos, cuyo estandarte, el ex jugador de balonmano Iñaki Undangarín, se había transformado en duque consorte. Le era suficiente abrir la boca y decir que estaba interesado en una concesión, un proyecto o en asesorar a tal o cual organismo oficial, para obtener el contrato sin pasar por fiscalización alguna. Su aval, el apellido, no su capacidad de trabajo. Por ser quien era, utilizó influencias y se valió de su posición para conseguir favores en forma de millones de euros. Así, vería aumentar su patrimonio personal. Los datos son claros, la Sociedad General de Autores, hoy investigada por fraude, y cuya directiva ha sido destituida, pagó 760 mil euros por gastos de gestión a la ONG presidida por Undangarín, Nóos, que debemos recordar dice en sus estatutos que es una organización sin ánimo de lucro. Igualmente, el presidente del club Villarreal entregó otros 700 mil euros; el gobierno de la Comunidad Autónoma Balear, en el mandato de Jaume Matas, le facturó por servicios la friolera de 2.3 millones de euros. Y entre 2004 y 2005, recibió fondos públicos por un total de 6 millones de euros.
En este pufo
han participado empresas como Ford, Toyota, Iberdrola, Bancaja, Volkswagen, el club Valencia y el Villarreal, además de presidentes de comunidades autónomas, políticos del Partido Popular y un amplio elenco de actores menores. Me refiero a la parafernalia que hace posible la corrupción y el traspaso de fondos. Despachos de abogados, empresas de publicidad, directores de bancos, empleados de confianza, etcétera. Nada detuvo al duque de Palma en sus ansias de amasar una buena fortuna sin gran esfuerzo. Pero no olvidemos que también su esposa, la primogénita, hoy alejada del trono por la ley sálica, también sabe el significado de recibir favores cuando se tiene un apellido real. Mientras realizaba la carrera de ciencias políticas en la Universidad Complutense, le confeccionaron un itinerario a su medida. Poca asistencia, muchos favores y un expediente inmaculado. No sólo le eligieron una tutora para la ocasión, rompiendo todos los protocolos de la decencia, además seleccionaron a los docentes. Su tutora, María del Carmen Iglesias, sería recompensada por su magnífica tarea con un título nobiliario y otorgándole un sillón en Real Academia de la Lengua. Todo un logro para un currículum académico gris y de poca monta.
La familia real no tiene empacho, goza de impunidad, inmunidad y del silencio cómplice de los medios, sobre todo cuando se trata de cubrirles las espaldas. En este sentido, la justicia no puede ser menos, condena a sus detractores y exonera a los cortesanos. Hoy, el ministerio fiscal no contempla llamar a don Iñaki Undangarín como imputado. El guión está claro, otros asumirán las culpas. Él, a pesar de todos los indicios, saldrá libre de polvo y paja. Dirá que lo engañaron, que se siente defraudado y ofrecerá disculpas. En otras palabras, para los duques de Palma el dinero, para sus testaferros la cárcel. Seguramente sus cómplices sabían el costo que suponía recibir las migajas, pero fueron felices mientras duró.
España no vive su mejor momento. Con una crisis con más de 4 millones de parados, un aumento de la desigualdad y la pobreza, que afecta a más de 8 millones de españoles, la monarquía no deja de producir escándalos financieros. Sus gastos superfluos y el despilfarro se configuran como una seña de identidad. El patrimonio nacional les permite tener empleados al margen de los presupuestos destinados a la casa real por el Parlamento. La opacidad en las cuentas es uno de los agujeros negros que presenta la monarquía. Hoy más que nunca resulta obligado pedirle cuentas y cuestionarse el mantenimiento de una institución corrupta, cuyo aporte a la democracia ha sido poco o nulo. La sociedad española, aunque sea lentamente, toma conciencia de su inutilidad en medio del siglo XXI. El movimiento por la Tercera República es muy incipiente y minoritario, aunque lentamente cobra fuerza, lo cual, al menos, es un oasis de esperanza en el medio plazo.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/12/04/opinion/022a1mun