Desde el triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, la derecha chilena y el gobierno de Estados Unidos elaboraron diversas estrategias para impedir -primero- que el médico socialista fuera ratificado por el Parlamento el 24 de octubre, y más tarde para defenestrar al gobierno de la Unidad Popular paralizando […]
Desde el triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, la derecha chilena y el gobierno de Estados Unidos elaboraron diversas estrategias para impedir -primero- que el médico socialista fuera ratificado por el Parlamento el 24 de octubre, y más tarde para defenestrar al gobierno de la Unidad Popular paralizando la economía, utilizando técnicas de guerra sicológica y múltiples otros métodos de subversión.
Las mujeres pertenecientes a los estratos sociales más acomodados, agrupadas en el llamado «Poder Femenino»; el diario El Mercurio y su cadena de publicaciones, conducido desde Washington por Agustín Edwards; los partidos de la derecha y un sector importante de la Democracia Cristiana; y algunos gremios de profesionales y empresarios, asumieron los papeles protagónicos. Entre estos destacaron los camioneros que, en octubre de 1972 y a partir de julio de 1973, encabezados por León Vilarín, paralizaron el país y pavimentaron el golpe militar del 11 de septiembre.
El primer indicio de la actitud que asumirían los transportistas de carga lo registró el diario La Nación , el 12 de septiembre de 1972. Denunció que los dirigentes de los camioneros tramaban paralizar el país. «Sus peticiones económicas son increíbles y provocarían un caos económico si se les conceden. Si se les niegan, van a un paro general que en cuatro días crearía el caos», señaló el periódico.
LLAMADOS A LA SUBVERSION
A fines de septiembre de 1972, El Mercurio publicó una inserción. Por los camioneros firmaba León Vilarín; Rafael Cumsille, por el comercio minorista; Manuel Valdés, por los agricultores; Benjamín Matte, por la Sociedad Nacional de Agricultura; Jorge Martínez, por la Cámara de Comercio; Orlando Sáenz, por la Sociedad de Fomento Fabril; Luis Sanzi, por la pequeña industria; Jorge Fontaine, por la Confederación de la Producción y el Comercio. En ella incluyeron una carta al presidente de la República pidiéndole que pusiera fin a lo que consideraban el «asedio económico a la Papelera» si quería impedir que se iniciara «un movimiento de clamor nacional para reponer tan marcada injusticia».
La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad del grupo Matte; El Mercurio y su cadena de periódicos; y las radioemisoras encabezadas por Radio Agricultura, propiedad de la SNA, que reúne a los principales empresarios agrícolas, fueron los pilares de la «libertad de expresión», que supuestamente amenazaba el gobierno de Allende, y los principales voceros de la oposición a la UP.
El 2 de octubre de 1972, Benjamín Matte, presidente de Radio Agricultura, declaró que «Chile se ahoga en una ola de violencia». Tres días después los partidos de la Confederación Democrática (Code), por medio de sus representantes: Patricio Aylwin, del PDC; Francisco Bulnes, del PN; Agustín Acuña, del PIR; y Julio Durán, de la DR, acusaron al gobierno de ponerse al margen de la ley y de emplear presiones económicas para eliminar a los medios de prensa opositores a la UP.
PRIMER PARO DE
LOS CAMIONEROS
En esa misma fecha León Vilarín anunció un paro nacional del transporte de carga si el gobierno no cancelaba una iniciativa para crear una empresa estatal de transportes en Aysén. Al mismo tiempo, Jorge Fontaine, presidente de la CPC, llamó a formar un Gran Comando de la Libertad, para garantizar el futuro de la Papelera y de los medios «libres».
Los camioneros iniciaron su primer paro el 8 de octubre, el mismo día que la Sociedad Interamericana de Prensa iniciaba su reunión anual en Santiago y que la minera norteamericana Kennecott emprendía una ofensiva internacional en contra de Chile.
El día 11 la Confederación de Dueños de Camiones proclamó el carácter indefinido de su paro. En su petitorio figuraban exigencias como la reanudación de transmisiones de Radio Agricultura y que el gobierno solucionara los problemas de la Papelera. Paralelamente, el subdirector de El Mercurio , Arturo Fontaine, recibía el premio Merganthaler de la SIP por sus artículos en defensa de la «libertad de prensa».
Dos días después, el gobierno decretó zona de emergencia en trece provincias, incluidas Santiago, Concepción y Valparaíso. En respuesta, diversos gremios se sumaron al paro de los camioneros, entre ellos la Confederación de la Producción y el Comercio, la Federación de Sindicatos de Taxis, la Confederación del Comercio Detallista, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Chilena de la Construcción y la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado.
El presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, afirmó que «la resistencia civil organizada y mantenida en todos los frentes de lucha es la única manera eficaz de impedir que Chile sea transformado en una dependencia del comunismo internacional».
LOS GREMIOS EMPRESARIALES
Y PROFESIONALES
La Democracia Cristiana, por su parte, expuso las condiciones que debía satisfacer el gobierno para solucionar el conflicto de los camioneros: 1) Libertad a los dirigentes detenidos. 2) Solucionar los problemas de los camioneros. 3) Poner término a las medidas contra las radios Minería de Viña del Mar y Agricultura de Los Angeles. 4) Término inmediato de la cadena de emisoras. 5) Solución al conflicto de la Papelera. 6) Solución a los problemas de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.
En los diarios opositores se multiplicaron las inserciones. La Sofofa instruyó a los industriales: «Se debe mantener la paralización de actividades en forma inalterable»; el Poder Femenino señaló: «Las mujeres apoyamos, con el coraje que nos es tradicional, la defensa de los derechos humanos y de la libertad»; la Confederación del Comercio Detallista, presidida por Rafael Cumsille, exigió 11 puntos, entre ellos que se terminaran las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP).
El Regional Santiago del Colegio Médico decidió sumarse al paro. Lo mismo hicieron las Bolsas de Comercio de Santiago y Valparaíso, el Colegio de Dentistas, la Feses, la Marina Mercante y el Colegio de Agrónomos. El día 17, de las 25 provincias 18 estaban en estado de emergencia. En Santiago se registraron violentos incidentes entre Carabineros y opositores que apoyaban el paro. El ejército salió a las calles. Manifestantes derechistas les tiraban maíz a los soldados, para azuzar el golpismo.
El 18 de octubre el ministro de la Corte de Apelaciones, José Cánovas Robles, envió a la cárcel a Rafael Cumsille, Jorge Martínez, Guillermo Elton y otros dirigentes del comercio por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.
EL «PLIEGO DE CHILE»
León Vilarín informó ese día que junto a la directiva de los comerciantes minoristas estaban redactando un «Pliego de Chile» para ser presentado a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El PDC, en una inserción en El Mercurio , pidió cesara la represión al derecho a huelga y el fin inmediato de las estatizaciones. Otros gremios empresariales y profesionales multiplicaron sus inserciones de protesta y apoyo al paro en los diarios de oposición.
El día 20 sumaban 21 las provincias bajo estado de excepción, cuatro con toque de queda. La locomoción particular, los estudiantes y el comercio continuaban paralizados. Benjamín Matte, presidente de la SNA, en una nueva inserción, señalaba que: «Nace un Chile nuevo. El gremialismo ha despertado». El diario comunista El Siglo informaba que la oposición controlaba 115 de las 155 emisoras del país y un 57% de la prensa escrita.
El 31 de octubre renunciaron los ministros de Allende. Dos días después, el mandatario nombró a tres militares en el nuevo gabinete: en Interior, el general Carlos Prats; en Obras Públicas, el contralmirante Ismael Huerta; y, en Minería, el general de Aviación Claudio Sepúlveda.
Allende habló por cadena radial al cumplirse el segundo año de su gobierno: «La acción del gobierno vinculada y mancomunada a la acción de las masas ha permitido alcanzar grandes logros. Pero además de ello, hemos obtenido una gran victoria. Hemos logrado, conjuntamente con el pueblo, derrotar el espectro del fascismo. Hoy hemos derrotado a la sedición».
El presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Sanhueza (DC), declaró que «las palabras del presidente Allende han sido una notificación del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de todos los sectores democráticos a aquellos grupos fascistas que querían violentar la institucionalidad en Chile».
El 5 de noviembre fue solucionado el largo conflicto gremial. Se suspendió el toque de queda. Al día siguiente se derogaron los decretos de zonas de emergencia. El general Prats informó sobre el desistimiento de las querellas; dejó sin efecto las requisiciones e intervenciones originadas en el paro; devolvió la personalidad jurídica a las organizaciones y se comprometió a respetar la carrera funcionaria, entre otras medidas.
El 15 El Mercurio publicó el documento «La tenencia de los medios de comunicación de masas». Según ese texto el gobierno controlaba el 23% ; la oposición el 64%, el 13% eran independientes.
LA OFENSIVA FINAL
Ocho meses después, a comienzos de julio de 1973, la Confederación de Dueños de Camiones denunció el incumplimiento del gobierno a sus promesas y advirtió sobre un nuevo paro nacional. Los dirigentes de Patria y Libertad, Roberto Thieme y Ernesto Millar, anunciaron su paso a la clandestinidad «para luchar hasta las últimas consecuencias y derrocar al gobierno de Allende».
El 17 de julio La Nación denunció que luego del fracaso del intento de golpe del 29 de junio, conocido como «el tanquetazo», empezó a operar en Santiago un frente secreto integrado por Pablo Rodríguez, Orlando Sáenz y Alberto Labbé, financiado por empresarios y latifundistas, residentes en Chile y Argentina.
Una semana después, el 25 de julio, la Confederación de Dueños de Camiones inició un nuevo paro indefinido bloqueando distintos tramos de la Carretera Panamericana -hoy Ruta 5-, que une a Chile desde Arica a Puerto Montt. Al día siguiente fue asesinado a tiros el edecán naval del presidente Allende, capitán de navío Arturo Araya. La prensa de la derecha y dirigentes de la oposición acusaron del crimen a miembros del Partido Socialista. Poco después quedó en claro que los asesinos eran miembros de Patria y Libertad.
A comienzos de agosto los conjurados iniciaron la ofensiva final. Hoy se sabe que había más de 25 agentes de la CIA en el país y una cantidad no precisada de militares norteamericanos asesorando los preparativos del golpe. Miembros de Patria y Libertad, apoyados por oficiales de la Armada, protegían a los camioneros en los fundos utilizados para estacionar sus máquinas. Al mismo tiempo emprendieron una oleada de atentados con explosivos.
El 1 de agosto un dinamitazo en el oleoducto de Valparaíso provocó la pérdida de 100 mil litros de gasolina. El 4 de agosto el director de Investigaciones, Alfredo Joignant, informó la detención de Mario Rojas Zegers, miembro de Patria y Libertad, quien confesó su participación y dio los nombres de los principales integrantes del comando que asesinó al edecán Arturo Araya. Sorprendió a la policía la preocupación demostrada por el senador del PN, Fernando Ochagavía, quien llegó con doce abogados a defender a Rojas Zegers, vinculado a su familia. El vespertino La Segunda calificó el asesinato del edecán naval como un «hecho fortuito llevado a cabo por jóvenes descontrolados».
El día 7 un atentado explosivo destrozó 30 metros del oleoducto en Curicó. Se registraron 14 heridos graves, tres casas destruidas y la pérdida de más de 500 mil litros de gasolina. En Limache se encontraron 20 bolsas plásticas con fusiles en poder de camioneros en huelga.
Parlamentarios del PDC expresaron su molestia con la campaña opositora seguida por el diario La Prensa , cercano a ese partido. Patricio Aylwin sostuvo que no tenía nada que ver con las publicaciones del periódico.
Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista, llamó al paro nacional de ese sector por la no solución de los problemas del gremio, el desabastecimiento y en apoyo de los camioneros.
El 9 de agosto Allende formó un nuevo gabinete que denominó «de seguridad nacional» al que se sumaron los comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. La meta de los conspiradores -involucrar directamente a los mandos militares- se había cumplido.
SE APROXIMA EL MOMENTO…
A las 18 horas del día 11 venció el plazo del gobierno a los camioneros para deponer el paro. Al no haber respuesta, se designaron interventores militares, bajo el mando del general Oscar Bonilla. Cuarenta y ocho horas después, el presidente Allende habló por red nacional de emisoras. Calificó el paro camionero de subversivo y de intentar derrocar al gobierno. Anunció que había tomado medidas «para detener el paro criminal». Mientras hablaba, un atentado explosivo contra torres de alta tensión dejó a oscuras el tramo entre La Serena y Rancagua.
El consejo de Gabinete entregó un recuento de los atentados terroristas: 253 que habían dejado cinco muertos, más de cien heridos y cuantiosos daños a la economía.
El día 15, en Temuco, el denominado Block Sur del Comando Multigremial, que agrupaba a comerciantes, profesionales, artesanos y agricultores desde Malleco a Llanquihue, acordó un paro indefinido en apoyo a los camioneros.
El 23 de agosto el general Carlos Prats renunció a sus cargos de ministro de Defensa y comandante en jefe del ejército. Ese mismo día, el senador Renán Fuentealba (DC), reconoció que en Chile actuaban organismos extranjeros que buscaban precipitar el derrocamiento de Allende.
El golpe estaba en marcha.