Texto de la querella interpuesta por la ejecución del camarógrafo que filmó su propia muerte frente a La Moneda, apunta al abogado de Pinochet como instigador del Tanquetazo, la primera sublevación militar que sufrió Allende. El empleo de la violencia armada para derrocar al gobierno de la Unidad Popular por medio de acciones sabotaje del […]
Texto de la querella interpuesta por la ejecución del camarógrafo que filmó su propia muerte frente a La Moneda, apunta al abogado de Pinochet como instigador del Tanquetazo, la primera sublevación militar que sufrió Allende.
El empleo de la violencia armada para derrocar al gobierno de la Unidad Popular por medio de acciones sabotaje del grupo de ultra derecha Patria y Libertad, encabezado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, es la acusación que puede llevar al abogado jefe de la defensa jurídica del ex dictador Augusto Pinochet a que declare, e incluso sea procesado por homicidio calificado, asociación ilícita y crímenes de lesa humanidad.
Así se solicita en la querella interpuesta esta semana ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago por el crimen del periodista argentino Leonardo Henrichsen, quien grabó su propia muerte el 29 de junio de 1973, mientras cubría la sublevación del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como ‘Tanquetazo’.
El libelo, al que tuvo acceso Lanacion.cl, afirma que esta acción militar, la primera en contra del Presidente Salvador Allende, fue instigada por Rodríguez Grez y otros integrantes de Patria y Libertad. De allí que se le responsabilice por el homicidio del camarógrafo, al tiempo que se intente establecer la responsabilidad en su deceso del suboficial (R) del Ejército Héctor Hernán Bustamante Gómez, jefe de la patrulla que actuó en la insurrección.
La querella sostiene que «el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad se destacó, en su acción cotidiana a conspirar, promover la sedición y ejecutar actos criminales tendientes a subvertir el orden institucional».
«Sus contactos con mandos de las Fuerzas Armadas chilenas no fueron en principio lo suficientemente efectivos», agregan, «porque se estrellaron con una notoria desconfianza en el seno del Ejército, sobre todo al asumir Pablo Rodríguez, como abogado, la defensa del ex general Roberto Viaux, artífice intelectual del asesinato ‘por traición’ del general René Schneider». «Sólo la Marina -puntualiza el escrito-, a través del grupo de Infantería de Marina, prestó apoyo a su adiestramiento y provisión de armas de gran calibre. En el Ejército, consiguieron una brecha en la provincia de Atacama a través de su jefe militar, el teniente coronel Oscar Haag Blaschke, para contrabandear armas desde Argentina y Bolivia. En Santiago, reclutaron al coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blindados Nº 2″, señala el documento, que además establece que el último de los militares mencionados tenía un hermano en las filas de la agrupación de ultra derecha».
Sobre la responsabilidad de Patria y Libertad en los hechos se incluye además una declaración del entonces dirigente del movimiento, Manuel Fuentes, que afirma que «en la madrugada del jueves 29 nos avisaron en nuestras casas que los oficiales del regimiento Tacna – en una reunión, me imagino con bastante pisco- habían decidido a las 4:00 de la mañana ir al Golpe… Y nosotros rápidamente salimos a la 5:00 de la mañana, como gallinas desplumadas, a una casa de seguridad, y ahí esperamos la evolución de los acontecimientos».
El levantamiento fue sofocado cerca del mediodía de esa jornada. Por su parte, la cúpula de Patria y Libertad integrada por Pablo Rodríguez Grez, Manuel Fuentes Wendling, John Shaeffer, Benjamín Matte y Juan Hurtado se asiló durante una semana en la embajada de Ecuador, prueba fehaciente, según la parte acusatoria, de su responsabilidad en los hechos.
El caso de Henrichsen fue instruido por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago (Rol 2765-73), pero las diligencias dirigidas por el coronel Juan Francisco Saavedra Moreno no establecieron responsables. Por ello, los hijos del malogrado profesional, Josephine Anne y Andrés Ricardo Henrichsen,, con el patrocinio del abogado de la Corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, buscan que la justicia civil reabra el proceso.