Un chat de WhatsApp fue el punto de
reunión desde el que 300 vecinos de Los Cármenes y Puerta del Ángel
comenzaron a organizarse. A finales de agosto, el Ayuntamiento publicó
una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM)
para recalificar el actual centro comercial de La Ermita para la
construcción de dos rascacielos con 600 viviendas y un macroparking de
2.000 plazas, parecido al también planeado junto al complejo hospitalario Niño Jesús, en El Retiro. El plazo fijado para presentar alegaciones era el 2 de octubre. Se presentaron 1.972 alegaciones.
“Enseguida organizamos reuniones vecinales y se hicieron grupos de trabajo de jurídico, comunicación, de contenidos, alegaciones… Empezamos a armar la historia”, explica a El Salto Laura de Miguel, una de las vecinas del barrio que han trabajado para intentar frenar lo que consideran un pelotazo urbanístico. “Sobre todo nos centramos en las alegaciones; hicimos talleres vecinales para enseñar a la gente a hacerlas, también hicimos manuales para que se pudiesen presentar vía online y físicamente en las oficinas del registro”, continúa.
El de Ermita del Santo es uno de los cambios en la ciudad planeados por el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida que han puesto en pie de guerra a buena parte de los barrios de Madrid. Le siguen muchos más, algunos con años de trayectoria y otros que, como en el barrio de Los Cármenes, han sido anunciados recientemente. En muchos de ellos los vecinos denuncian cesión de suelo a intereses privados, en otros la pérdida de servicios públicos. En todos los casos, los vecinos reclaman su derecho a la ciudad, una reivindicación que da nombre a la plataforma en la que se han unido y que ha convocado la concentración por la que esta tarde se concentraron frente al Ayuntamiento de Madrid.
“Hay plataformas ciudadanas que llevan años peleando por temas concretos, pero no llegan a la opinión pública, así que decidimos hacer una plataforma y aunar este malestar que está disperso por toda la ciudad frente al Ayuntamiento para hacerlo visible”, explica a este periódico Nines Nieto, miembro de esta plataforma y de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que la conforman, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Club de Debates Urbanos, el Sindicato de Inquilinas, Madrid Ciudadanía y Patrimonio y varias docenas de colectivos vecinales.
La Plataforma por el Derecho a la Ciudad no ha nacido ahora. Surgió en 2014, como reacción al intento del Ayuntamiento de Ana Botella de reformar el PGOUM para convertir zonas de dotaciones públicas en espacios de viviendas y comercios. El proyecto entonces no salió, según recuerda Nieto, tras salir a información pública se paralizó la tramitación. Después llegó el gobierno de Manuela Carmena y la plataforma continuó. El PGOU se dejó quieto, pero se siguieron aprobando cambios puntuales para aumentar la edificabilidad. “Y ya con esta legislatura está siendo horroroso, rara es la semana que no sale un plan especial para ampliar las zonas terciarias, las destinadas a hoteles, o comercios”, lamenta Nieto. La plataforma ha elaborado un mapa en perpetua actualización en el que van ubicando cada uno de los conflictos urbanísticos.
Uno de esos planes especiales es el de la antigua fábrica Clesa, cercana al Hospital Ramón y Cajal. La fábrica, cerrada desde la quiebra de Rumasa y actualmente propiedad de Metrovacesa, cuyo accionista mayoritario —49%— es el Banco Santander. “Con el paso del tiempo, el recinto se ha ido deteriorando”, señala Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, quien subraya el valor arquitectónico de este edificio, estudiado como ejemplo en las universidades de Arquitectura de medio mundo. También con el gobierno de Ana Botella, la propietaria presentó entonces un proyecto para convertir el solar donde se levanta la fábrica en zona residencial. “Cuando llegó el gobierno de Carmena, ese proyecto se vino abajo”, recuerda Pérez.
El nuevo proyecto, con el gobierno de Ahora Madrid suponía convertir la zona en zona terciaria, para oficinas, y, a cambio, Metrovacesa cedía al Ayuntamiento el recinto de la antigua fábrica de Clesa para convertirlo en matadero. Pero volvió a cambiar el ayuntamiento, y con él, el futuro de la fábrica. Metrovacesa ya tenía en su mano el cambio de uso en el resto del terreno para poder construir dos edificios de oficinas, pero, a su llegada a la alcaldía, el equipo de José Luíz Martínez-Almeida decidió hacer un concurso de ideas sobre el futuro del recinto de la antigua fábrica, y la ganadora fue la inmobiliaria holandesa Kadans, la única que, según denuncia Pérez, no respetaba en su proyecto la estructura original del edificio y que, además, resalta, va asociada a Metrovacesa.
Para Pérez el resumen está claro y es sangrante: Metrovacesa consigue el cambio de uso del suelo a cambio de ceder la antigua fábrica al Ayuntamiento, como manda la legislación, y la antigua fábrica vuelve a la empresa inmobiliaria con una cesión gratuita de 75 años a través de Kadans para convertirla en un vivero de compañías del sector sanitario. Mientras, la escasez de dotaciones en el barrio se mantiene. La operación ya está aprobada, pendiente ahora, según apunta Pérez, a que se firme la cesión de la nave a Kadans.
El coste medioambiental
A veinte minutos andando del Ramón y Cajal, los vecinos de Moncloa y Tetuán llevan dos años intentando recuperar la piscina pública Don Quijote, en el centro deportivo Francos Rodríguez. “La cerraron en 2018”, señala Charo Baeza, vecina de la zona. La caída de un árbol provocó el anuncio de obras en el centro deportivo, pero cuando los vecinos acudieron a ver las obras y pidieron los planos vieron que los cambios en su piscina iban mucho más allá de lo que ellos veían necesario, que era quitar el amianto, que denuncian que no se ha retrasado, y en su lugar les han quitado el prado de césped, han talado los árboles, han puesto césped artificial y han ampliado las pistas de pádel. “Esta piscina tenía un carácter familiar, yo, que vivo enfrente, veía todos los años las colas de gente con su nevera, era el divertimento de la gente que no se puede permitir unas vacaciones fuera de Madrid ni tiene piscina privada. La van a convertir en un piscina a la que la gente que vaya se dé un chapuzón, y se marche”, afirma Baeza, quien lamenta sobre todo el “arboricidio” hecho en el centro, con 24 árboles talados. “No sé qué tiene en contra de los árboles”.
“Arboricidio” es también lo que los vecinos de La Cornisa denuncian que están haciendo con su parque, donde ya cuentan 28 árboles talados, y sobre todo en el de Comillas, donde, tras las obras de ampliación de estaciones prevista para la línea 11 de Metro de Madrid, solo se prevé que sobrevivan once árboles. “Bajo la excusa de la mejora o remodelación de calles, lo que se está haciendo es un talado masivo de árboles, tanto urbanos, los que dan sombra en las calles, como en los parques”, denuncia Nieto.
Mientras desaparecen los árboles, aparecen las carpas e infraestructuras en zonas verdes. Es lo que denuncian los vecinos de Casa de Campo, donde el Ayuntamiento ha dado permiso para la instalación del Circo del Sol hasta enero, o los de Delicias. “En vez de defender el interés de los ciudadanos y cumplir la ley, el Ayuntamiento hace dejación de sus funciones”, lamenta Miguel Martínez, de la organización Stop Espacio Delicias, que denuncia la apertura de tres carpas destinadas a albergar eventos de ocio gestionados por una empresa privada en unos terrenos públicos de uso dotacional en Arganzuela. Aunque inicialmente la cesión comprendía una única prórroga de seis meses, Martínez señala que en octubre este espacio recibió una licencia definitiva. “Una decisión que estudiamos recurrir”, afirma.
La lista de pelotazos y conflictos sigue en la zona norte de la ciudad con la decana y cambiante operación Chamartín, que el BBVA, San José y Merlin Properties ya han llevado a su fase de ejecución; con la operación Campamento, desbloqueada en octubre por el Gobierno de Pedro Sánchez al aprobar la venta; o el nuevo Estadio Civitas Metropolitano, que supondrá la cesión durante 75 años al Atlético de Madrid de tres grandes parcelas para actividades deportivas y comercios.
“Se está produciendo una transición continua de la ciudad pasando de ser un espacio habitable a un espacio dedicado al turismo y al consumo”, concluye Nieto, que resalta también como esto afecta al ya de por sí grave problema habitacional. “Frente a esa imagen de ciudad europea, que no es más que una fachada, raspas un poco y nos encontramos problemática a nivel ambiental, de contaminación, de saturación de vehículos, invasión de terrazas que generan ruidos, incomodidad… Encuentras una ciudad que no se puede habitar”.