El fantasma de la Concertación de Partidos por la Democracia sigue penando en los salones de la Nueva Mayoría. Cuando muchos hablaban de un «nuevo ciclo» político en el país, resurgieron viejas prácticas como la «política de los acuerdos» que se creía superada, toda vez que la coalición gobernante tiene mayoría en ambas Cámaras del […]
El fantasma de la Concertación de Partidos por la Democracia sigue penando en los salones de la Nueva Mayoría. Cuando muchos hablaban de un «nuevo ciclo» político en el país, resurgieron viejas prácticas como la «política de los acuerdos» que se creía superada, toda vez que la coalición gobernante tiene mayoría en ambas Cámaras del Congreso y un programa que se ha impuesto por más del 60 por ciento del electorado que votó en la elección presidencial (el 60% de los inscritos se abstuvo).
Inicialmente el impulso reformador un la NM pareció incontrarrestable, con una derecha derrotada y dividida en cuatro partidos. Pero desde la trastienda ha resucitado un estilo de hacer política, cuyo lenguaje usa metáforas relacionadas con la gastronomía. El senador Andrés Zaldívar Larraín (DC) habló de «cocina» y «cocineros» para referirse a los acuerdos logrados entre un sector de la Nueve Mayoría y la derecha en la última fase de la aprobación de la reforma tributaria, excluyendo a sectores del conglomerado oficialista como el Partido Comunista (PC), Izquierda Ciudadana (Sergio Aguiló), MAS (Alejandro Navarro) y Revolución Democrática (Giorgio Jackson).
La manera como se hizo el acuerdo tributario abrió una polémica al interior del bloque de gobierno, que se expresa en el temor del sector «progresista» a la posibilidad de que la política de los consensos Concertación-derecha se imponga también en los proyectos que el Ejecutivo prepara para concretar la reforma educacional.
MATRIMONIO POR CONVENIENCIA
La alianza de socialistas y democratacristianos se funda en el principio de los socorros mutuos. El objetivo del sector más conservador de la DC, representado por el senador y presidente del partido, Ignacio Walker, parece ser la defensa de los intereses de empresarios del sector educación subvencionada y de los colegios de la Iglesia Católica.
Por su parte, el PS se asume básicamente como un partido de gobierno, cuyo principal interés es garantizar la estabilidad de la administración Bachelet. Osvaldo Andrade, su presidente, es en esto un aventajado discípulo de Camilo Escalona, quien fue el más oficialista entre los oficialistas desde el gobierno de Ricardo Lagos, cuando llegó a afirmar que su lealtad con el presidente era «perruna». En este sentido, el objetivo de Andrade es mantener grata a la DC en la NM y asegurar los votos de ese partido para las iniciativas del gobierno.
El eje PS-DC parece haber recobrado su vigor y repuesto su preeminencia sobre el llamado «eje progresista» de la NM, en que se sitúan el Partido por la Democracia (PPD), el PC y actores menores.
UN EQUILIBRISTA EN LA CUERDA FLOJA
Cuando Nicolás Eyzaguirre asumió la cartera de Educación, sabía que el cargo no sería un lecho de rosas. La reforma emblemática de la Nueva Mayoría lo obligaría a moverse con extremo cuidado, en un contexto de intereses opuestos, en torno a los cuales están involucrados fuertes grupos de presión económica, social y política.
Instalar la educación como un derecho social y los costos políticos para lograr ese objetivo, resultan de consideración y con inciertos resultados. Las presiones no sólo vienen de opositores del gobierno abiertamente contrarios a la reforma, sino también de algunos que dicen respaldarla.
Los dirigentes estudiantiles han sido porfiados en declarar que la reforma educacional es ambigua y deja demasiado espacio para la interpretación. Es precisamente en esos vacíos en los que se atrincheran aquellos que veladamente se oponen a cumplir los compromisos programáticos de la Nueva Mayoría: gratuidad universal, fin del lucro y no discriminación en la educación.
Osvaldo Andrade se ha sumado de manera entusiasta a quienes defienden los acuerdos «cocinados» con la oposición: «Lo que estamos haciendo es el uso adecuado de una mayoría en forma inteligente; porque lo que hemos visto hoy con este acuerdo (tributario) es un avance contra la desigualdad y cuando se logran acuerdos sensatos en esa dirección, es Chile el que gana» (1).
Andrade pidió al ministro Nicolás Eyzaguirre que guardara silencio, después que el secretario de Estado dijo que no habrá «arreglines» en la reforma educacional, en directa alusión a la posibilidad de que los acuerdos adoptados en el Senado sobre la reforma tributaria se extiendan al plano de la educación.
Luego que Eyzaguirre opinara el 20 de julio (2) que el financiamiento a la educación superior se limitaría a los primeros cuatro años de cada carrera, Osvaldo Andrade y el jefe de la oposición interna de la DC, senador Jorge Pizarro, respaldaron a Eyzaguirre, y le sugirieron al gobierno «reordenar» el debate sobre los proyectos de educación.
Las palabras del ministro, poniendo en discusión uno de los pilares del planteamiento gubernamental sobre reforma de la educación, fueron contradichas tajantemente por la propia presidenta Bachelet el 22 de julio. En presencia de Eyzaguirre, reafirmó el criterio de la gratuidad universal: «Para que a nadie le quepa duda, habrá gratuidad en la educación superior para todos los jóvenes que estudien en instituciones universitarias o técnicas que tengan convenios con el Estado», dijo.
EL ACTOR ESTUDIANTIL
En paralelo y con notable flexibilidad política, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) decidió participar en diálogo con el gobierno en relación con los proyectos sobre educación que el Ejecutivo enviará al Congreso. Ello ocurrió luego que el ministro accediera a derogar el decreto, originado en dictadura, que impide organizarse y participar a los estudiantes de planteles privados de educación superior.
Entre los estudiantes secundarios las opiniones sobre el diálogo estuvieron divididas, ya que mientras la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), dirigida por un militante comunista, accedió al espacio ofrecido por el gobierno, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) se restó.
La participación estudiantil constituye un importante respaldo para los intentos del ministro Eyzaguirre de mantener vigentes los planteamientos originales del gobierno. Pero en caso alguno constituye un cheque en blanco del movimiento estudiantil, porque la decisión de participar en los diálogos generó fuerte debate al interior de la Confech y no todos están por «prestarle ropa al ministro».
Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), que propicia el diálogo, acusó al gobierno de ambigüedad, y pidió al ministro más seriedad y claridad. «Creo que ha habido suficientes señales a otros señores: a la derecha, a la Iglesia, a los sectores conservadores de la Nueva Mayoría. Sin embargo, no ha habido ninguna señal clara hacia los movimientos sociales y creemos que estamos a tiempo de tener una reforma que nos represente…Es difícil trabajar en un escenario así (…), creo que ya es momento de empezar a ser más transparente con las posturas…»(3), dijo.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Takuri Tapia, entregó a PF sus opiniones sobre los conflictos que aquejan a la Nueva Mayoría: «El gobierno no está dispuesto a erradicar el mercado en materia educacional. La DC y sectores de otros partidos siguen empeñados en defender el lucro. Estas indefiniciones paralizan al Ministerio. Aunque los nuevos asesores del ministro intentan ordenar la casa, siguen sin escuchan a los movimientos sociales. Esperamos que se abra un espacio vinculante en el diálogo con los actores sociales de la educación, que actualmente no tienen carácter resolutivo ni buscan una solución integral al problema».
Agrega Takuri Tapia: «Queremos que el gobierno pase de la mera información a acciones concretas, que se expresen en el contenido de los proyectos de ley. Si bien tomamos la decisión de asistir al diálogo, no seguiremos conversando si no hay instancias reales de decisión y resultados concretos que contribuyan a terminar con el modelo de educación de mercado. Apoyamos, por ejemplo, la derogación del decreto que impide participar a los estudiantes de planteles de educación, pero queremos que esta medida se concrete a la brevedad. Ante este incierto panorama, en agosto nos seguiremos movilizando hasta lograr nuestros objetivos».
Al dar inicio al Plan Nacional de Participación para recoger la opinión ciudadana sobre la reforma educacional, el ministro Eyzaguirre dijo a los estudiantes: «El compromiso del gobierno es que los acuerdos alcanzados en este proceso se conviertan en los fundamentos y bases de los proyectos de ley que forman parte sustancial de la reforma que debemos ingresar al Congreso en los próximos meses». Habló también de un nuevo «contrato social», que abarcará a los profesores y a los asistentes de la educación. Los diálogos con los actores sociales de la educación se extenderán por siete semanas.
SOBRE AZUL PARA ENEMIGOS DEL LUCRO
La creciente influencia de la DC en la NM se ha manifestado en las últimas semanas también en la remoción de dos personeros socialistas en entidades dependientes del Ministerio del Trabajo. Los desplazados son el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Julio Salas, y el superintendente de Pensiones, Alvaro Gallego Alfonso, luego de mostrar significativas diferencias con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco (DC).
Julio Salas Gutiérrez asumió como director en el Sence, organismo encargado de administrar los fondos que el Estado destina a fomentar la capacitación del personal de las empresas privadas, que concursan a través de Organismos Técnicos de Capacitación (Otec) a cursos que pueden descontar luego mediante franquicias tributarias.
Las discrepancias de Salas con la ministra Blanco se manifestaron desde el inicio de su gestión. Julio Salas proponía que dos de los programas estrella del Ejecutivo, que involucrarán a partir de 2015 la suma de 700 mil millones de pesos para capacitar 150 mil jóvenes y 300 mil mujeres, debían asignarse a Otecs sin fines de lucro, a liceos técnicos del Estado o de universidades, porque según estudios del propio Sence son los más eficientes en su labor, ya que con menos recursos obtienen mejores resultados que sus homólogos con fin de lucro.
Según Sence, los Otec con fines de lucro son menos transparentes en su gestión, ofrecen cursos poco adecuados a las necesidades de los trabajadores y sus utilidades promedio son cercanas 27%, muy superiores a los excedentes capturados por los Otecs sin fin de lucro.
La gestión de Sence ha estado en tela de juicio desde 2011, cuando una comisión revisora del sistema de capacitación, propiciada por el gobierno de Sebastián Pïñera, entregó cifras que demostraban que la franquicia tributaria cumple de manera deficiente su misión básica, debido a un manifiesto sesgo favorable a las grandes empresas y a aquellos trabajadores con mayor calificación profesional.
Luego de su salida, Salas fue sucedido en el cargo por Pedro Goic Boroevic, hermano de la senadora Carolina Goic (DC).
SUPERINTENDENTE QUE INCOMODÓ A LAS AFP
El efímero paso de Alvaro Gallegos por la Superintendencia de Pensiones, organismo encargado de fiscalizar el sistema de administradoras privadas de pensiones (AFPs), fue incómodo para muchos empresarios y sectores del gobierno.
La posición de Gallegos marcó un giro respecto a la conducta de sus antecesores. Asumió desde el inicio una posición crítica respecto al desempeño de las administradoras, que se expresó en las opiniones vertidas por el superintendente a principios de mayo en el seminario «Optimizando las Inversiones del Sistema de Pensiones», organizado por el círculo de finanzas del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), que reúne a lo más conspicuo del empresarial chileno.
En esa reunión dijo: «¿Cómo podemos explicar las inversiones que se hicieron en La Polar? (…) Ahí había un fraude controlado y, sorprendentemente, ningún agente del mercado fue capaz de preverlo. Ni siquiera nuestras AFPs, que tenían directores en esa compañía. No sólo uno, tres directores». Aludiendo a la cautividad de los afiliados a las AFPs, Gallegos dijo a los presentes en Icare que los cotizantes están en un «corralito», porque no pueden rescatar los fondos empozados y quedan a merced de las decisiones comerciales de las AFPs.
El ahora ex superintendente fustigó también la campaña de algunos empresarios que para desacreditar la reforma tributaria afirmaron, sin exponer mayores antecedentes, que impactaría negativamente en 6% el monto de las pensiones de jubilación que recibirían los afiliados al sistema.
Las críticas de Alvaro Gallegos y las presiones de los empresarios y sectores de gobierno identificados con el modelo actual de AFPs, detonaron la decisión de la ministra Blanco de sacarlo del cargo a fines de junio.
La sucesora de Gallegos en la Superintendencia de Pensiones es la ingeniera comercial Tamara Agnic. Responde al mismo estilo de compromiso con la «industria de la previsión» que caracterizó a Solange Berstein, que ejerció el cargo durante el gobierno de Piñera.
Notas
(1) La Tercera, 20 de julio de 2014.
(2) Entrevista para El Mercurio del columnista y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
(3) Radio Bío Bío, 21 de julio de 2014.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 810, 8 de agosto, 2014