Más allá del indigno acto de cipayismo y entrega de la soberanía nacional por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien en forma cínica se trasladó con una numerosa comitiva a Washington dizque a celebrar el pasado 4 de febrero los 15 años del Plan Colombia, que el establecimiento de este país denomina eufemísticamente «ayuda» […]
Más allá del indigno acto de cipayismo y entrega de la soberanía nacional por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien en forma cínica se trasladó con una numerosa comitiva a Washington dizque a celebrar el pasado 4 de febrero los 15 años del Plan Colombia, que el establecimiento de este país denomina eufemísticamente «ayuda» a lo que no es más que una estrategia de saqueo y subyugación, el quid del asunto está en conocer cuáles serán las nuevas condiciones que impondrá la Casa Blanca al gobierno colombiano para «aportar» al posconflicto.
Al fin y al cabo hay que tener en cuenta como bien lo señala el historiador y docente universitario Renán Vega Cantor que en lo que concierne a la compleja y dramática realidad socioeconómica y política colombiana, «Estado Unidos no es una mera influencia, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX». (1)
Teniendo como antecedente el alto costo que ha tenido el Plan Colombia no solo en recursos económicos sino en vidas, entrega de soberanía y control militar estadounidense-israelí en este país andino, y sabiendo de antemano que los gringos no dan un «almuerzo gratis», el gobierno de Santos gurda hermético silencio sobre las nuevas condiciones que le impondrá Washington para «concederle» una nueva partida de 450 millones de dólares, cuyo destino según la propaganda oficial, contribuirá a financiar el posconflicto, una vez se suscriban los acuerdos de La Habana con los negociadores de las Farc.
Hay que recordar que para cofinanciar el Plan Colombia suscrito en el gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002), la administración Clinton puso como condiciones, entre otras, la aprobación de un leonino Tratado de Libre Comercio, la privatización de valiosos activos públicos como todas las empresas generadoras de energía y bancos públicos, el sometimiento de la economía colombiana al Fondo Monetario Internacional, la ampliación de la base del IVA, la aprobación de un impuesto sobre las operaciones financieras (denominado 4 x 1000), la reforma al sistema de seguridad social con criterio mercantilista, y recortes en el gasto público.
En estos 15 años del Plan, Colombia ha recibido alrededor de 10 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, y como contrapartida el gobierno de esta nación suramericana ha puesto 120 mil millones de dólares. Han sido tres lustros de sometimiento colonial en materia económica, política y militar. Así lo reconoció el propio Comando Sur al explicar que si en el gobierno de Pastrana se produjo «la norteamericanización de la política de seguridad colombiana», en el de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se presentó «la colombianización de la estrategia de seguridad norteamericana en el país, es decir la interiorización de los dictámenes de Washington». (2)
Durante el gobierno de un mandatario caracterizado por su estulticia y frivolidad como Andrés Pastrana Arango, el Plan Colombia se convirtió en la carta de navegación de su funesta gestión. Con la argucia de impulsar la política antinarcóticos de los Estados Unidos, se «vendió» esta iniciativa de Washington impuesta a Bogotá, pero cuyo verdadero fin era la consolidación del modelo neoliberal (3) y el dominio militar norteamericano, propósitos éstos que se han cumplido además al pie de la letra en desarrollo de los gobiernos de ultraderecha liderados por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Imposición de la agenda económica
Aunque el establecimiento colombiano a través de sus medios propagandísticos de (in)comunicación se ha empeñado en presentar un Plan Colombia edulcorado, de «cooperación» norteamericana para fortalecer la lucha antinarcóticos, la evidencia de sus alcances muestra que también fue una estrategia de imposición de la agenda económica. En efecto, estableció «que el neoliberalismo debe seguir siendo la concepción que oriente la economía colombiana, así la apertura y la privatización hayan fracasado como políticas para desarrollar el país». (4)
De esta manera y bajo el supuesto de contribuir a combatir el narcotráfico y la insurgencia guerrillera (injerencia en los asuntos internos), el Plan fue determinante para que se hicieran reformas y ajustes estructurales en la economía colombiana en consonancia con la doctrina neoliberal del denominado Consenso de Washington.
Así, Estados Unidos convirtió a Colombia en su principal base militar en Latinoamérica y en una óptima plataforma de negocios para sus transnacionales y el capital financiero especulativo.
Fracaso como estrategia militar
Si bien Washington ha logrado exitosos resultados en cuanto al expolio económico y su injerencia política con el Plan Colombia, su estrategia militar ha sido un total fracaso, por cuanto la lucha contra el narcotráfico y su empeño por derrotar a la insurgencia guerrillera no dieron los resultados que sus ideólogos y ejecutores anunciaban. Muy seguramente porque la real intención de este Plan ha sido convertir a Colombia en un enclave para sus intereses estratégicos. Además ha sido Washington el que impuso las negociaciones de paz con las Farc al gobierno de Santos para consolidar a corto y mediano plazo su injerencia.
Sobre las consecuencias en desconocimiento atroz de los derechos humanos como la violación de 52 niñas por parte de personal norteamericano en los alrededores de Melgar (Tolima); la obsecuencia total de las Fuerzas Militares colombianas al Comando Sur de los Estados Unidos; la ocupación de bases militares por parte de mercenarios gringos, no es más que leer el último libro del periodista Germán Castro Caycedo, Nuestra guerra ajena (Editorial Planeta, 2014), para entender minuciosa y detalladamente lo que ha sido el malhadado Plan Colombia.
No hay que olvidar además que durante la primera fase de ejecución del Plan Colombia en pleno gobierno de Pastrana se incrementaron las acciones del paramilitarismo e incluso la «ayuda» militar norteamericana terminó dando al traste con el proceso de paz que se había iniciado con las Farc en 1998.
Consolidar su injerencia
Cuando se está ad portas de un acuerdo histórico de paz entre el Estado colombiano y la insurgencia de las Farc, Estados Unidos que, como lo ha demostrado documental e históricamente el profesor Vega Cantor, es actor de primera línea en este inveterado conflicto, busca consolidar su injerencia en el país andino, por ello el propio presidente Obama montó toda una tramoya el pasado 4 de febrero en la mismísima Casa Blanca con la total obsecuencia de Juan Manuel Santos, para anunciar con bombos y platillos que la nueva versión del estratégico Plan se denomina «Paz Colombia» y para su implementación solicitará al Congreso estadounidense una partida de 450 millones de dólares.
Queda por conocerse cuál es el nuevo costo que tendrá que pagar el pueblo colombiano por esta nueva «ayuda», y cómo será el nuevo capítulo de acumulación por desposesión que se apresta a ejecutar el Tío Sam con la complacencia y complicidad de dirigentes de la catadura de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango y César Gaviria Trujillo, quienes han sido ampliamente recompensados por su efectivo rol de cipayos.
Notas
1.- Vega Cantor, Renán. La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Bogotá, febrero de 2015.
2.- Habla el Comandante del Sur. Semana.com, Bogotá, 11 de diciembre de 2003.
3.- Ahumada, Consuelo. Cuatro años a bordo de sí mismo. La herencia económica, social y política del gobierno de Andrés Pastrana. El Áncora Editores, Bogotá, 2002.
4.- Robledo, Jorge Enrique. Neoliberalismo, privatizaciones y servicios públicos. ARS Ediciones, Manizales, 2001.
Fuente original: http://www.cronicon.net/