Con el patrocinio del gobierno ingresará hoy al Congreso con carácter de urgencia un proyecto de ley que garantizaría la libertad condicional de todos los indígenas condenados en Chile por la ley antiterrorista.La iniciativa forma parte de un acuerdo logrado ayer por una comisión mediadora, integrada por los senadores Alejandro Navarro y Jaime Naranjo, el […]
Con el patrocinio del gobierno ingresará hoy al Congreso con carácter de urgencia un proyecto de ley que garantizaría la libertad condicional de todos los indígenas condenados en Chile por la ley antiterrorista.
La iniciativa forma parte de un acuerdo logrado ayer por una comisión mediadora, integrada por los senadores Alejandro Navarro y Jaime Naranjo, el lonco José Cariqueo y el obispo de Temuco, monseñor Manuel Calmilo Vial, con los cuatro mapuches en huelga de hambre.
Los hermanos Jaime y Juan Patricio Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso aceptaron deponer la protesta tras 63 días en ayuno total a condición de que el gobierno hiciera suyo el proyecto de ley y le concediera el carácter de urgencia.
La comisión mediadora ofreció a los indígenas servir de garantes de que la normativa sería efectivamente presentada hoy, en cuyo caso podría ser tramitada y eventualmente aprobada dentro de los próximos 10 días.
Los huelguistas, que habían dado un plazo al gobierno hasta el miércoles para que buscara una solución a sus demandas, se comprometieron a cambio a deponer la huelga y someterse a tratamientos médicos para estabilizar su precario estado de salud.
Alegando la separación de los poderes del Estado, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, había declarado el viernes que el gobierno no tenía facultades para intervenir en el caso, ya que éstos cumplen prisión por una sentencia judicial, ratificada por la Corte Suprema.
La normativa, que fue propuesta por el senador Navarro, plantea una solución político-jurídica para que los huelguistas, así como otros cinco presos mapuches acusados bajo la ley antiterrorista, puedan recibir libertad condicional con el beneficio retroactivo pro-reo.
Ellos son José Huenchunao y Federico Licán (prófugos), sancionados también a 10 años y al pago de una indemnización en el mismo proceso; Pascual Pichun y Aniceto Norin (cinco años por amenaza terrorista) y Víctor Ancalaf (cinco años por incendio terrorista).
El beneficio estaría condicionado a un compromiso previo de los condenados a no utilizar la violencia en la reivindicación de los derechos establecidos en la Ley Indígena. Pero La Moneda también se compromete a no aplicar más contra ellos la norma antiterrorista.
El reclamo por la liberación de los indígenas y la eliminación de esta ley, aprobada por la dictadura militar para reprimir a sus opositores políticos, persiguió como un fantasma a la presidenta Michelle Bachelet durante su reciente recorrido por Europa.
Primero fue el Premio Nobel de Literatura 1999, José Saramago: «Hágame el favor de mirar a los mapuches (…) los chilenos más antiguos», dijo el escritor en un encuentro de destacados intelectuales con la mandataria chilena en Madrid.
Horas más tarde, siguiendo el ejemplo de Saramago, una veintena de miembros de asociaciones civiles se manifestaron frente a la Casa de América de Madrid para pedir a la Presidenta chilena la libertad de los presos mapuches encarcelados con leyes de la dictadura.
En carta que hicieron llegar a la gobernante cuando estaba reunida con los cancilleres iberoamericanos, colectivos de diversas asociaciones civiles reclamaron «que no se aplique más esa ley y la revisión de la causa por la que han sido condenados injustamente».
«Señora Bachelet -señalaron- es incomprensible que hoy día existan más de 200 procesos judiciales en contra de los mapuches; que se hayan aplicado leyes de carácter especial creadas durante el régimen militar para reprimir a la oposición de la dictadura».
COMUNICADO ÍNTEGRO