Este mes se cumplió un año desde que el Relator de la ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentara su informe sobre Chile ante la Comisión de Derechos Humanos de esta organización internacional. En dicho Informe Stavenhagen señaló que a pesar de los avances verificados los últimos años en el país en la materia, […]
Este mes se cumplió un año desde que el Relator de la ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentara su informe sobre Chile ante la Comisión de Derechos Humanos de esta organización internacional. En dicho Informe Stavenhagen señaló que a pesar de los avances verificados los últimos años en el país en la materia, los indígenas siguen viviendo una situación de marginación. Constató además las limitaciones del ordenamiento jurídico vigente para la protección de sus derechos. Criticó la criminalización de las demandas indígenas y las acusaciones en su contra por delitos «terroristas» por hechos relacionados con sus reclamos de tierras. Propuso al gobierno la declaración de una amnistía general para los indígenas procesados por dichos reclamos. Recomendó al Estado desarrollar acciones legislativas, administrativas, políticas y económicas con miras a lograr un mayor reconocimiento y vigencia de estos derechos, así como la creación de mecanismos de dialogo para la resolución de los conflictos interétnicos.
Lamentablemente, a un año del Informe, no son muchos los avances que se pueden observar en el cumplimiento de las recomendaciones del Relator. En materia social el Coordinador de Política Indígena de gobierno, Jaime Andrade, dio cuenta hace poco ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de una serie de acciones públicas en beneficio de los indígenas. Estas incluían un programa especial de Chile Solidario, la política de tierras – que habría significado la trasferencia de 230 mil has. a indígenas entre el 2000 y el 2004- , el programa de becas indígenas – que totalizó 33 mil el 2005-, y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe.
Se trata de iniciativas valorables. Estas, sin embargo, deben ser analizadas con mayor profundidad para determinar sus reales implicancias en favor del desarrollo indígena. La política de tierras indígenas, por ejemplo, ha adolecido de muchos defectos, como no haber ido acompañada de programas de apoyo al desarrollo. Por otro lado, la mayor parte de las tierras consideradas como trasferidas a indígenas, son en verdad tierras ancestrales indígenas cuya propiedad es regularizada. Más grave, la desprotección en que se encuentran las tierras indígenas, así como los recursos naturales y culturales que hay en ellas, frente a proyectos de inversión, sigue siendo la misma. La central Ralco, que hace exactamente un año atrás inundara, sin previo aviso, un cementerio indígena en momentos en que la comunidad dialogaba con CONADI en torno a su relocalización, es un ejemplo de ello. La forestación por privados con especies exóticas -con el apoyo del Estado- de tierras indígenas o tierras reclamadas por sus comunidades, se mantiene hasta la fecha con grave impacto para las comunidades y su medio ambiente.
Otra realidad que sigue vigente es la del desconocimiento jurídico de los derechos indígenas. Para enfrentar esta situación el ejecutivo ha propuesto recientemente al Congreso Nacional un proyecto para lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. La iniciativa, si bien incorpora al artículo 1 el reconocimiento a los «pueblos indígenas que habitan el territorio nacional», no considera, como lo hacen los textos constitucionales de numerosos países latinoamericanos, y lo propone el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el reconocimiento de derechos políticos, territoriales o culturales que permitan que este reconocimiento resguarde efectivamente a los indígenas en el país.
Esta situación se ve agravada con la negativa del parlamento de ratificar el Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más relevante de protección de derechos indígenas.
Finamente, en materia de justicia, el ejecutivo siguió durante 2004 haciéndose parte en juicios por hechos ocurridos en el marco de los conflictos de tierras que involucran a los mapuche, solicitando la aplicación de la ley antiterrorista. Tales juicios, que obstaculizan el debido proceso al permitir el uso de testigos sin rostro, así como la detención preventiva por largos períodos de los imputados, han resultado en la condena de cerca de una decena de mapuche a elevadas penas de cárcel, en algunos casos – como el de los lonkos Pichún y Norín- a cinco años y un día por la mera amenaza de una acción calificada arbitrariamente como terrorista.
En un intento por explicar esta conducta, Jaime Andrade señaló ante la ONU que la legislación antiterrorista en estos casos ha sido invocada solo en situaciones de «extrema gravedad», y que en ningún caso han estado encaminadas a criminalizar al movimiento indígena.
Como hemos señalado en reiteradas oportunidades desde el Observatorio, no se trata de no perseguir los delitos que puedan haber cometido los mapuche en el marco de estos conflictos, sino de hacerlo utilizando para ello la legislación ordinaria, y no tipos especiales como el de la ley antiterrorista que no se ajusta a los hechos que quiere sancionar. Del mismo modo, hemos sostenido que el gobierno y el Ministerio Público deben perseguir también, con el mismo celo que en estos casos, los delitos cometidos en contra de mapuche, como aquellos que son imputables a propietarios agrícolas aledaños a sus comunidades o los abusos policiales que, no en pocas oportunidades, se han registrado en sus comunidades, afectando incluso a niños y ancianos.
La voluntad manifestada por el Subsecretario Andrade de no utilizar la legislación antiterrorista en contra de los mapuche sino en casos de extrema gravedad se pondrá a prueba en el nuevo juicio que deberá realizarse en Temuco en contra de los mapuche a quienes el Ministerio Público, el mismo gobierno y particulares, entre ellos el ex Ministro Figueroa, acusó de integrar una asociación ilícita terrorista. Ello luego de que la Corte Suprema anulara el fallo absolutorio del Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad en esta causa.
Dada la inexistencia de pruebas que permitan demostrar que los acusados son parte de una asociación que reviste caracteres de ilícita y terrorista, el gobierno tiene aquí una buena oportunidad para demostrar, a través de su desistimiento en la causa, su voluntad de no criminalizar las demandas de los mapuche como lo solicitara el Relator Stavenhagen en su Informe.
Esperamos que así sea.
* José Aylwin, abogado y director del Observatorio de Derechos ´de los Pueblos indígenas