Aunque la norma establece que sus salarios deben tener como referencia el SMI, mientras este ha subido un 47% desde 2018, los módulos en las prisiones estatales lo han hecho un 14%. En muchos casos cobran poco más de 3 euros la hora.
Las 12 páginas de un decreto de 2001 regulan el trabajo en prisión. Una mini normativa comparada con las 95 páginas, a las que habría que sumar todas sus regulaciones derivadas, del Estatuto de los trabajadores. Dentro de las cárceles, las normas del exterior que regulan el trabajo desaparecen. De hecho, el propio decreto arranca diciendo de forma explícita que el trabajo en prisión es una “relación laboral especial” y que, por defecto, los derechos del resto de la ciudadanía no se aplican dentro de esos muros.
Esto afecta entre otras cosas a los descansos, los despidos, los permisos o bajas y, por supuesto, al sueldo. El decreto establece que las personas presas cobrarán teniendo en cuenta unos módulos establecidos por la administración responsable, “para cuyo cálculo se tomará como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento”. Y eso, ¿qué significa? Lo que seguro que no significa es que cobren el SMI. En 2023, el salario mínimo era de 6,39 euros la hora para los temporeros y, dependiendo de puesto y categoría, una persona presa trabajando en cárceles gestionadas por el Gobierno podía cobrar entre 3,24 y 5,68 euros la hora, muy por debajo. Y eso teniendo en cuenta que los salarios más altos, para personal más cualificado, son menos numerosos que los salarios más bajos del rango, los más habituales. En las cárceles vascas el rango es un pelín más alto: entre 3,32 y 5,75 euros la hora.