En Puerto Rico existen solo siete clínicas de aborto. En el 2006 se descubrió que en el presupuesto de la isla se destina solo un centavo de cada dólar para el desarrollo de las mujeres
Pagán indicó, como ejemplos de la indivisibilidad de los derechos, que «una mujer que vive en pobreza no va a tener acceso a una terminación de embarazo; una persona trans que no es reconocida por el Estado como mujer, no va a tener acceso ni a los tratamientos hormonales ni al reconocimiento de su identidad de género y eso es una violación de sus derechos sexuales y reproductivos». «El reto principal cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es mirar a las mujeres en todas sus diversidades; saber que hay mujeres de las que no vamos a escuchar sus voces porque no hay forma de que lleguen a nosotras si no abrimos unas brechas económicas y educativos que les den el acceso que no tienen al día de hoy», dijo la candidata a senadora por el PPT ante el grupo de estudiantes de derecho y otras disciplinas que estuvo presente en el Centro de Estudiantes de la UPR. Uno de los aspectos que limita el pleno disfrute de los derechos sexuales se encuentra en la gran influencia que ha logrado el sector religioso fundamentalista en la Legislatura.
Pagán recordó que en la isla, la apertura de los trabajos legislativos se inicia con una invocación religiosa «en clara violación de la separación entre la iglesia y el estado». Las mujeres, para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, enfrentan varios desafíos, entre ellos la poca accesibilidad a clínicas de aborto o lo costoso de los procesos de terminación de embarazos, lo inaccesible que son los métodos de planificación familiar y la escasa educación sobre temas de sexualidad. «En Puerto Rico solo hay aproximadamente siete clínicas de aborto, casi todas en la zona metro, una en Aguadilla. La planificación familiar no es accesible.
La educación sexual, que es un tema de política pública, se estructuró durante muchos años sobre la promoción de la abstinencia, sin importar lo que ocurra luego con los embarazos no deseados», dijo Pagán a los estudiantes. Entre las propuestas de trabajo que detalló la candidata como prioridades en el Senado se encuentran eliminar el aborto como delito del Código Penal y retomar una práctica que se inició en el 2006 de evaluar el presupuesto del país desde una perspectiva de derechos humanos. «En el 2006 se descubrió que en Puerto Rico se gasta un centavo de cada dólar en los derechos y desarrollo de las mujeres. Si eso no cambia, no hay desarrollo económico, no hay derechos sexuales y reproductivos, no hay equidad y por lo tanto seguiremos siendo vulnerables ante la violencia y seguiremos siendo las más pobres dentro de las pobres», concluyó Pagán.
AMÁRILIS PAGÁN JIMÉNEZ. La aspirante al Senado, es abogada y se ha destacado por mantenerse militante a favor de las causas sociales, especialmente los derechos humanos, las luchas de las mujeres y comunidades LGBTTIQ, el acceso a formas dignas de trabajo, el desarrollo de microempresarias y la lucha contra la pobreza. Es graduada de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y está certificada como Administradora de Incubadora de Empresas por la National Business Incubator Association.
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