Con esta consigna salimos a las calles las organizaciones de la Izquierda Libertaria en conmemoración del 41º aniversario del golpe militar. Marchamos con la convicción de que sigue pendiente desmontar la herencia del pinochetismo y reivindicar la defensa y promoción de nuestros derechos sociales. Marchamos también en memoria de compañeros y compañeras militantes de nuestra […]
Con esta consigna salimos a las calles las organizaciones de la Izquierda Libertaria en conmemoración del 41º aniversario del golpe militar. Marchamos con la convicción de que sigue pendiente desmontar la herencia del pinochetismo y reivindicar la defensa y promoción de nuestros derechos sociales. Marchamos también en memoria de compañeros y compañeras militantes de nuestra izquierda, de los cuales nos sentimos continuadores en la tarea de construir un Chile más justo, digno y soberano. Caminamos con la memoria puesta en el futuro, pensando en la construcción del Chile que viene, y no solo lamentando el horror de la tiranía. Nuestras ideas y convicciones no están en el panteón de la derrota, sino que son fuerza social popular que vive en las y los que luchan.
Este 11 de septiembre se cumplen además seis meses de gobierno de la Nueva Mayoría, por lo que se hace preciso, fijar nuestra posición como Izquierda Libertaria.
Cada vez se hace más claro que el impulso inicial de reformas al modelo promovido por Bachelet ha perdido fuerza, abriendo un escenario de reacomodo de piezas al interior del conglomerado oficialista.
A partir del acuerdo entre sectores de la Nueva Mayoría y la derecha en torno a la reforma tributaria, se producen efectos que alteran los equilibrios iniciales. La Democracia Cristiana se instala como una fuerza con poder de veto sobre el gobierno, lo que re oxigena a la desgastada derecha neoliberal, generando espacios que le permite movilizar a su base social en contra de las reformas. Esta situación se ve refrendada por la emergencia de un ciclo económico internacional regresivo que impacta en la agenda pública, asumiendo directamente el gran empresariado monopólico el protagonismo en la aplicación de frenos a las reformas anunciadas.
Es así como tras 6 meses de gestión, el gobierno no ha logrado generar cambios significativos que cumplan las expectativas ciudadanas; pese a ello, el capital político de Bachelet permanece blindado por los partidos que le apoyan; ejemplo de ello es que la presidenta no ha pagado los costos políticos del pacto por la reforma tributaria, pese a que lo promovió y contó con su visto bueno.
Del mismo modo, ha quedado en evidencia que la Nueva Mayoría no constituye un pacto programático, sino que es un acuerdo netamente electoral (como se han apurado en aclarar sectores de la DC), siendo Bachelet el único factor que une a las distintas fuerzas políticas. Por ende, podemos afirmar que no existe proyecto político con vocación transformadora en la Nueva Mayoría. Su apuesta fue recoger ciertas demandas del movimiento social, administrar un discurso de corte reformista, pero conservando la lógica de gobernanza del viejo ciclo, resguardando los equilibrios y acuerdos con el bloque en el poder. Es decir, se opta por reeditar una versión 2.0 de la democracia de los consensos.
Esto devela, a muy temprana hora, el diseño político que ha asumido Bachelet: la política de dilatar y desgastar al movimiento social, para erigirse como mediadora de conflictos invitando a las organizaciones sociales a consensuar directamente sus demandas con la derecha y el empresariado, lo que le permitiría legitimar los acuerdos de cara a la ciudadanía, para luego reducir y cerrar el debate en el Parlamento. Este diseño explica por qué el gobierno ha optado por no impulsar reformas de fondo, sino que recién comienza a trazar su real programa, que tiene como fin conciliar los intereses del bloque en el poder y así volver a la extraviada gobernabilidad que caracterizó al modelo chileno. Ejemplo de ello constituye el papel jugado por el Ministerio del Trabajo como mediador entre empresarios y trabajadores en plena tramitación de la Ley Corta Portuaria, y del MINEDUC tanto en el Plan de Participación Ciudadana como en la Agenda Corta con el Colegio de Profesores. El rechazo de la CONFECH y de las bases del Colegio de Profesores a esta estrategia del MINEDUC, son una señal alentadora y evidencian que hoy por hoy, el movimiento social no está disponible para simulacros de participación, ni va a poner su capital político a disposición de parchar el modelo.
La derecha política y económica, que hasta ahora había sido la gran derrotada tras el ciclo de movilizaciones abierto desde 2006, ha vuelto a surgir a un ritmo más rápido del pensado hace 9 meses atrás, ocupando hábilmente los espacios dejados por las tensiones al interior de la Nueva Mayoría. En general, la derecha ha desplegado un discurso centrado en el alarmismo y con tintes criminalizadores, enfocado en dos elementos: 1) denunciar que las distintas reformas buscan quitar la libertad de elección a los ciudadanos, sobre todo aquellas que se han impulsado desde el movimiento social: la reforma tributaria, la reformulación del sistema previsional y la construcción de un sistema nacional de educación pública en el país, y 2) acusando a la izquierda y a la movilización social de violenta y denunciando que su objetivo es generar caos, para que estos actores sean marginados de la política. Los ejes anteriores, claramente instalados para tensar a la Nueva Mayoría y aislar al Movimiento Social de los debates trascendentes para la sociedad chilena. Es por esto que la derecha chilena sobrerreacciona a los alcances de una reforma tributaria tímida y una reforma educacional, que tal como está planteada por el MINEDUC, no afecta los pilares centrales del «negocio» educativo.
En este escenario, vemos con preocupación cómo los sectores progresistas de la Nueva Mayoría, encabezados por el Partido Comunista, muestran una actitud en extremo condescendiente con el gobierno. Aun siendo vapuleados en el acuerdo por la reforma tributaria y viendo el estancamiento de la agenda de reformas en materia laboral, previsional y educacional, no han hecho sentir su voz crítica desde el interior del conglomerado. Parecen más preocupados de dar señales de buena conducta, que de generar avances reales en materia social. Claramente han perdido la capacidad de iniciativa política, siendo desplazados por los sectores conservadores de la coalición oficialista.
Desde la Izquierda Libertaria, estaremos atentos para evitar transformar al movimiento social en una correa de transmisión para defender un programa ajeno y poco claro, como es el programa de la Nueva Mayoría, e instrumentalizar decisiones inconsultas para ganar posiciones favorables a los consensos con sectores conservadores y la derecha, donde inevitablemente se producirá una tensión que solo le hará el juego a estos últimos. Nosotros estimamos que aún es factible sostener un acuerdo entre las fuerzas antineoliberales, pero ello solo es posible sobre la base de la defensa irrestricta del programa de los movimientos sociales y el respeto a la democracia interna de las organizaciones sociales. No toleraremos ningún tipo de conducta que atente contra estos pilares construidos sobre la base de amplios consensos programáticos y políticos al interior del campo popular.
Finalmente queremos dejar en claro que no estamos disponibles para cerrar este ciclo político sobre la base de reformas consensuadas con los sectores de la derecha más recalcitrante del país; que no se equivoquen las organizaciones de izquierda al interior de la Nueva Mayoría. Somos parte de una fuerza que se ha ganado un legítimo espacio en la lucha social y política con aciertos y errores, pero siempre con consecuencia. Sostenemos que esta coyuntura histórica, que el pueblo chileno se regaló en las hermosas jornadas de lucha del 2011, debe permanecer abierta; pero también tenemos el desafío de avanzar en las reformas reales que fortalezcan al campo popular, involucrando el protagonismo de las organizaciones sociales en su elaboración y un estado general de movilización que las impulse.
El movimiento social debe tener claridad del marco de reformas posibles en el actual contexto, movilizarse y conquistarlas, tal como ocurrió con el acuerdo de derogación del DFL 2 de 2010 por parte del Movimiento Estudiantil; pero asimismo debe promover la necesaria apertura democrática en el plano institucional, que haga posible los cambios estructurales anhelados. Lo anterior implica levantar la cabeza y preparase para constituirse en alternativa política para las grandes mayorías nacionales. Ese es el desafío de esta generación, y que no es otro que cumplir fielmente el mandato que el 4 de septiembre de 1970 el pueblo de Chile entregara a Salvador Allende: Construir el socialismo, ser libres y felices en nuestra patria.
Por un Chile Digno y Soberano
¡¡¡Venceremos!!!
IZQUIERDA LIBERTARIA
Septiembre de 2014