Mientras varios países de América latina y el mundo, hace 50 años, decidieron impulsar procesos productivos estructurales para fortalecer su sector agrícola y las economías campesinas, iniciativas en su mayoría respaldadas económica y políticamente por la principal potencia militar e imperial del momento y sus entidades financieras, que para ese momento definieron una división internacional del trabajo, y en tal esquema nuestras economías latinoamericanas estaban perfiladas principalmente hacia las funciones de producción de materias primas y alimentos, (cosa que no ha cambiado mucho en la actualidad). A ese proceso, en ese momento se le llamó reforma agraria o con denominaciones similares. Mientras tanto, en Colombia se vivía en varias zonas rurales el despliegue de acciones militares que ponían en pugna a un Estado casi totalmente ausente y centralista, enfrentado contra facciones insurgentes que emergían en varias regiones y buscaban expandirse y mantenerse especialmente en algunos territorios rurales.
Un factor decisivo – y lamentable- visto desde el presente en retrospectiva, fue que los anhelos de una verdadera una reforma agraria en Colombia en ese momento de la historia quedaron totalmente sepultados por ser vistos desde el Estado como una amenaza a sus condiciones sociales y de poder, pues todos los caudillos, castas, o linajes políticos de Colombia crecieron con esa vieja, pero peligrosa mentalidad feudal, donde se asume que poseer la tierra es un símbolo de poder. Es decir, donde lo más importante es tener grandes extensiones y donde no importa que la tierra no sea utilizada como medio para generar riqueza, sino que el hecho de contar con las mayores extensiones era, – y todavía es- para muchos herederos de esa mentalidad medieval, una manifestación de superioridad y de poder. Y por tanto, entregar tierra a los pobres se traducía en perder o negar su condición de superioridad. Por otro lado, los sectores insurgentes reclamaban y veían en la posibilidad de una reforma agraria, el despliegue de formas organizativas y sociales que podrían ir en la perspectiva de consolidar o propiciar algún tipo de revolución, y ello llevaba a tener un doble sentimiento de temor o negación desde las élites del poder político, religioso y económico contra esa posibilidad. Es decir, en Colombia quedó prohibida si quiera la posibilidad de pensar o hablar de una verdadera reforma agraria durante 50 años. Ese es un primer síntoma del atraso del Estado y la institucionalidad con el sector rural en la Colombia de hoy.
Para el Gobierno actual, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, el tema de la reforma agraria y las políticas encaminadas al sector rural en Colombia se han convertido en un reto y en una bandera política, y no es para menos. Pues es precisamente en las zonas rurales de Colombia donde se manifiestan las condiciones más adversas para poder vivir dignamente, ello básicamente por la falta de infraestructura y por la poca o nula decisión política de invertir y fomentar procesos estructurales de desarrollo económico y social, y con ello garantizar mejores condiciones para que las personas puedan habitar y desplegar en esos territorios sus proyectos de vida.
Encuentro cinco retos importantes para este Gobierno en su loable decisión de impulsar una reforma agraria en la Colombia actual. Seguramente hay más retos de los que aquí se presentan y existirán opiniones diversas al tema. La intención con este documento es aportar elementos a un debate abierto, complejo y determinante para miles de personas empobrecidas y excluidas de los niveles de decisión política en la Colombia actual.
La formalización de la propiedad rural
Un problema estructural relacionado al problema agrario en Colombia tiene que ver con la escasa voluntad del Estado por garantizar efectivamente el acceso a la tierra a los campesinos. Miles de colombianos no han podido mantenerse en sus labores agrícolas precisamente por no contar con los títulos de propiedad o el acceso a las tierras necesarias para poder trabajar. Este problema ha generado tres efectos y características al asunto de la propiedad de las tierras en Colombia: hay una excesiva concentración, hay una inadecuada distribución, y también hay un mal e inadecuado uso del suelo de acuerdo a su vocación o potencial productivo.
De acuerdo con varios informes que han examinado el tema de las tierras en Colombia, se estima que el 52% de tierra en Colombia pertenece al 1,5% de población, eso se traduce en la escandalosa cifra de que menos de un millón de personas son dueñas de más de la mitad de las tierras del país. Situación que refleja una desigualdad más que alarmante, pues con ello se pone de manifiesta una gigantesca brecha en el acceso a las tierras y a la falta de posibilidades para millones de colombianos de poder llegar a ser propietarios de las mismas.
Respecto a la inadecuada distribución de las tierras en Colombia, merece la pena señalar lo siguiente: “Entre 1903 y 2012 el Estado adjudicó 60 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas, y a comunidades indígenas y afro, lo que representa más de la mitad de la superficie nacional, que suma 114 millones de hectáreas. El problema, dice Reyes Posada, es que muchas veces esas tierras se han “adjudicado a las personas equivocadas” 1 Es decir, el Estado en varios contextos si ha entregado tierras a particulares, pero desafortunadamente el tema de la titulación o adjudicación de baldíos ha beneficiado en mayor medida a las élites económicas, políticas y religiosas de Colombia. Cualquier revisión en profundidad al tema pone en evidencia que el Estado durante el siglo XX regaló muchos predios a la iglesia católica, a las familias representantes de las castas políticas en las regiones, a militares, ganaderos, o personas cercanas a los círculos del poder político.
Finalmente, el tercer efecto de la equivocada e ineficaz estrategia de formalización de las tierras en Colombia a los más pobres se traduce en un mal e inadecuado uso del suelo de acuerdo a su vocación, pues a pesar de que la mayoría de los suelos de Colombia tienen una vocación y potencial uso para actividades agrícolas, contrariamente, la mayoría de los suelos son utilizados para actividades de ganadería. De acuerdo con algunos estudios e investigaciones, se estima que en Colombia se están usando en pastos para ganadería 39 millones de hectáreas, cuando el potencial de Colombia para la ganadería extensiva es de 21 millones; mientras que con la agricultura pasa al revés: el país tiene 21 millones de hectáreas aptas para ser cultivadas, pero solo están usando para tan fin 4,9 millones.
Adicional a los tres elementos planteados anteriormente, hay quienes ubican como problema relacionado a la formalización de la tierra en Colombia, la demora e incapacidad del Estado para cruzar y sistematizar la información que permita una detallada y rigurosa actualización predial y catastral. Si el Estado no cuenta con información centralizada y unificada en sus oficinas de registro nacional y si dicha información no coincide con los registros notariales de cada municipio, se generan sub-registros, vacíos, contradicciones, o conflictos respecto a la titularidad de las tierras. Se estima que aproximadamente el 30 por ciento de la tierra en Colombia no aparece registrada de manera clara y en muchos casos opera una figura ambigua como la de la ‘posesión’ sobre la tierra, lo cual no permite que se tenga claro quién es su dueño, lo que en últimas termina generando violencia, despojo y habilita una práctica sistemática de aprovechamiento por parte de notarios y abogados avivatos serviles a políticos, ganaderos y empresarios quienes han aprendido mecanismos amañados para poder legalizar tierras a su beneficio.
Este Gobierno se fijó como meta formalizar 3 millones de hectáreas a los campesinos en sus 4 años de mandato, lo cual no representa sino el 2.6% de la extensión territorial del país. A pesar de ser una proporción muy limitada en comparación con la totalidad de la extensión de Colombia, algunos sectores empresariales, ganaderos y políticos, de forma miserable se han mostrado en desacuerdo y han cuestionado la entrega de estas tierras que ni siquiera están siendo expropiadas a los hijos o nietos de los despojadores que hoy gozan de total impunidad, a pesar de tener en sus manos escrituras manchadas con sangre de campesinos inocentes, sino que son tierras que están siendo compradas a precio comercial. Es decir, paradójicamente hoy el Estado está comprando algunas de las tierras en propiedades que pueden tener antecedentes directos o indirectos de despojo y violencia, pero que ya fueron “legalizados” con leguleyadas y testimonios acomodados, o se está pagando por tierras que el mismo Estado regaló a las familias de mentalidad feudal por favores políticos hace 60 años.
La seguridad humana para la permanencia de la gente en sus territorios
En Colombia se han dado varios procesos de despojo y desplazamiento de comunidades rurales en el marco del conflicto armado. Así como en varios casos las guerrillas tuvieron la responsabilidad en situaciones de desplazamiento, en otros casos fueron los paramilitares o las fuerzas estatales quienes propiciaron estos desplazamientos masivos y con ello se destruyó el tejido social, familiar y comunitario en muchos territorios.
De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, se estima que en los últimos 100 años, el número de desplazados de sus propiedades fue de más de 6’400.000 personas, y fueron despojadas más de 8,3 millones de hectáreas 2. Teniendo un pico de mayor intensidad en la ocurrencia los hechos de despojo durante los últimos 30 años.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta apenas obvio que una condición elemental que pidan y deban tener los campesinos para retornar y habitar los sectores rurales en el marco de este intento de reforma agraria, sean las condiciones de seguridad humana. Al respecto, merece la pena señalar la intención del actual Gobierno de adelantar procesos de negociación política con las organizaciones guerrilleras, así como avanzar en procesos de sometimiento con las estructuras herederas de los paramilitares, estrategia conocida en su generalidad con el nombre de “Paz total”, la cual ha despertado diversas opiniones, críticas y debates, ya que todavía no es del todo claro el alcance real de estos acercamientos y la posibilidad definitiva de sentar condiciones de estabilidad y seguridad humana en las regiones rurales donde persisten dinámicas de violencia.
Adicional a la existencia de las agrupaciones guerrilleras y paramilitares, merece la pena señalar como factor de riesgo a la seguridad humana de los posibles beneficiarios de tierras en el marco de este intento de reforma agraria, a un segmento de personas pertenecientes a los círculos ganaderos, agro-industriales y mafiosos, que seguramente estarán dispuestos a convertirse en un palo en la rueda a este intento de reforma agraria si se sienten afectados en sus intereses, como ya lo hicieron hace 25 años cuando financiaron las incursiones paramilitares que dejaron como secuela múltiples masacres y procesos de despojo principalmente en toda la región caribe colombiana. De hecho, a mediados de septiembre de 2022 algunos ya demostraron una actitud desafiante en el departamento del Magdalena, cuando un grupo de más de 300 ganaderos desfilaron en caravanas de camionetas presuntamente acompañados por personas armadas, en una zona donde a la fecha persiste la presencia paramilitar, enviando así un mensaje claro de que van a defender sus predios de cualquier tipo de invasión o expropiación y manifestaron estar dispuestos a defender a sangre y fuego sus propiedades.
En síntesis, este Gobierno debe ser muy cuidadoso y responsable haciendo los respectivos análisis de riesgos y de seguridad en los municipios donde se decidan realizar las compras de tierras, ello para que los campesinos cuenten con unas condiciones de seguridad aceptables para poder habitar estos lugares con la mayor certeza posible de que sus vidas no van a estar en peligro latente por tomar la decisión de ir a habitar en estos lugares.
La estrategia de inversión social para enfrentar el déficit en infraestructura
El Gobierno actual debe ser muy organizado al momento de planificar y ejecutar los planes de compra de tierras en los municipios donde decida realizar las inversiones para tal fin, pues necesariamente debe realizar procesos de compra donde le sea posible englobar o agrupar espacialmente a varias comunidades o grupos de beneficiarios, y de esta manera poder atender y garantizar las condiciones básicas que permitan de manera progresiva a estas personas tener el acceso a los derechos fundamentales y el suministro de los servicios básicos. En ese sentido, el Gobierno debe, desde el momento que entregue las tierras, organizar y concertar con las comunidades, cuáles van a ser los respectivos planes de inversión anual para ir cubriendo de manera progresiva las necesidades en las comunidades, pues por obvias razones el Estado no va a disponer de la totalidad de los recursos para atender y cubrir de manera inmediata todas las necesidades y falencias que se tengan, y esto implica un diálogo serio y permanente que genere confianza, entendimiento y cooperación permanente entre las comunidades y las instituciones.
Este proceso puede ser un tanto complejo, pues se pueden desatar en determinados momentos tensiones y cuestionamientos entre las partes, pero también puede ser positivo hacia el futuro, en tanto podría convertirse en un primer factor de cohesión y en un ejercicio de organización colectiva por parte de los ocupantes y beneficiarios de estos procesos de entrega de tierras. En síntesis, independientemente de la dinámica que tome esta relación entre sociedad y Estado, es evidente que sí se debe contemplar un plan progresivo de inversión social en los territorios, que defina unas reglas claras tanto para las comunidades como para el Estado y quede más o menos organizado en el tiempo. En este proceso las comunidades deben jugar un papel activo y protagónico, no sólo desde un rol de veedurías, sino también haciendo una ejecución honesta y eficiente de los recursos, aportando también con su trabajo y disposición en los momentos que sea necesario, y haciendo un aprovechamiento y uso adecuado de las tierras otorgadas para su beneficio individual y colectivo.
Los mercados y posibilidades de crecimiento de formas de economía rentables
Un factor decisivo para que este proceso de reforma agraria tenga éxito y estabilidad en el tiempo depende del margen de rentabilidad de la actividad económica que realicen los beneficiarios de las tierras. Para ello, el Estado puede asumir dos estrategias que no son antagónicas: la primera es incentivar la producción de determinados alimentos para satisfacer la demanda y el mercado para el consumo interno, y la segunda opción es identificar los mercados y productos potencialmente favorables para la exportación y comercialización a determinados países. Sea cual sea la estrategia o camino que se tome, o si se opta por una estrategia mixta, se deben realizar de manera juiciosa los estudios de mercado que permitan establecer claramente los costos de producción y comercialización, para de esta manera poder garantizar y asegurar determinado margen de ganancia a los campesinos y con ello se generen incentivos al ejercicio de su actividad económica.
Si el Estado no realiza este acompañamiento a los ejercicios iniciales de siembra y comercialización a los campesinos, estaría dejando abierta una enorme posibilidad a que se den algunas situaciones adversas tales como las siguientes: que se sature el mercado interno con la excesiva producción de determinado producto, y si eso sucede, al existir una mayor oferta se abarataría el costo del producto y el campesino entraría en una situación de pérdida, otra situación que se podría dar si no se realiza un acompañamiento inicial desde el Estado, es que no se tengan los canales logísticos y de comercialización adecuados y ello haga que los productos pierdan su valor comercial o se deterioren, o el no garantizar un precio base para la compra a los campesinos y que sus productos entren a competir con mercancías importadas de menor valor, entre otras distorsiones en los mercados que pueden des-estimular la actividad productiva.
En síntesis, para que el proceso inicial de reforma agraria sea exitoso, el Gobierno nacional debe diseñar y ejecutar un plan de comercialización agrícola mixto, que por un lado le permita cubrir una parte de la producción faltante en la demanda nacional, y por otra parte pueda aprovechar las oportunidades y ventajas de comercialización de productos agrícolas en otros mercados, todo ello para asegurar unos adecuados márgenes de utilidad a los campesinos como incentivo al desarrollo de su labor agrícola.
Lo rural más allá del economicismo: lo ambiental, lo organizativo y lo comunitario
Finalmente, podemos señalar como último desafío a la necesidad de consolidar un proceso de reforma agraria integral, una dimensión relacionada con la cuestión mental, filosófica y de conciencia. Pensar y hablar de lo rural y de lo campesino hoy, nos coloca en una situación distinta y en unos debates de análisis mucho más profundos en comparación con la realidad de hace 50 años. En la actualidad hay temas relacionados al cambio climático, al cuidado del agua, al uso de determinados insumos químicos, a la práctica de la cacería o al hecho de matar especies salvajes que transiten zonas de bosque, a la tala indiscriminada de los bosques, entre otros asuntos que no eran valorados como relevantes en el pasado, pero que hoy son demasiado importantes en la realidad rural y que por tanto el nuevo sujeto campesino debe apropiar y saber manejar en su cotidianidad.
Considero que el nuevo sujeto campesino debe tener una profunda sensibilidad y conciencia ambiental, y como parte de la reforma agraria se deben destinar los esfuerzos necesarios para promover y ayudar en la formación y cualificación de ese mayor nivel de conciencia. Así mismo, se debe avanzar en reinventar las formas organizativas acordes con las nuevas realidades, que le permitan al sujeto campesino ganar mayores niveles de protagonismo, capacidad y articulación, pues no tiene mucho sentido revivir o insistir en las formas organizativas a blanco y negro; desgastadas y anacrónicas que existieron hace 40 o 50 años, pues es apenas lógico reconocer y asumir que la sociedad, el contexto y la realidad cambiaron, y por tanto necesariamente las formas y expresiones organizativas también deben cambiar y ajustarse a estas nuevas realidades. Y finalmente, el desafío de volver a construir y pensar relaciones comunitarias en el contexto del siglo XXI teniendo en cuenta las nuevas subjetividades, visiones de mundo, realidades culturales, mentales y sociales que estamos viviendo como país y como planeta.
Considero que si este Gobierno realmente quiere apostar a un proceso estructural de reforma agraria, también debe apostarle esfuerzos a este objetivo, pues en últimas las políticas terminan teniendo continuidad cuando construyen un relato o visión común sobre el futuro y determinado sujeto se siente interpretado por esa perspectiva del “deber ser”. En este caso, es necesario repensar y ayudar a construir la proyección de futuro del sujeto o los sujetos rurales del siglo XXI, y de una reforma agraria del siglo XXI, que a mi criterio debe contemplar con mucha seriedad este debate en torno a la relación del sujeto con la naturaleza, así como le dé cabida y potencie a las nuevas formas organizativas que habrán de nacer, y finalmente, vaya en sintonía con las formas de aldeas o nuevas comunidades campesinas que irán a emerger en una realidad y escenario de posibilidad novedoso para Colombia.
Notas:
1 Tierras: balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico / Centro Nacional de Memoria Histórica, Alejandro. Reyes Posada; fotografía Camilo Ara. — Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018
2 Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia / Myriam Hernández Sabogal… [et al.]; fotografía Natalia Botero, Juan Arredondo; prologuista Gonzalo Sánchez Gómez. — Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015.
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