Para distraer a la opinión pública de Villavicencio, el Alcalde de dicha Ciudad, Guillermo Zuluaga, montó recientemente la película de la bomba lapa que se colocaría contra él por un grupo delincuencial de uno de los barrios de invasión ubicado en la vía hacia Acacias. Sin embargo, amplios grupos populares rechazan la pésima gestión de […]
Para distraer a la opinión pública de Villavicencio, el Alcalde de dicha Ciudad, Guillermo Zuluaga, montó recientemente la película de la bomba lapa que se colocaría contra él por un grupo delincuencial de uno de los barrios de invasión ubicado en la vía hacia Acacias. Sin embargo, amplios grupos populares rechazan la pésima gestión de este burgomaestre ultraderechista uribista, asociado a los grupos paramilitares de la región de los Llanos de San Martin.
Zuluaga desde su posesion ha manejado el problema de los asentamientos informales a las patadas y pistolazos. A los nucleos familiares de La Victoria, cerca de San Antonio, donde se encontraban más de mil 300 familias les metió más de 800 efectivos entre Esmad y otros aparatos represivos, la cantidad de heridos fue gigantesca y muchas familias perdieron todo. Tanto así, que más de 50 grupos familiares debieron vivir durante 6 meses en los andenes de San Antonio, a la intemperie.
El caso se tuvo cerca y en demanda de revisión de la tutela a la Corte Constitucional aparece la sentencia T-454 del 2012, que a pesar de declarar como hecho superado los móviles del desalojo advierte a la Alcaldía de Villavicencio y a la Policía de Meta que no pueden adelantar estas acciones sin proteger los derechos fundamentales de la población ocupante en donde se encuentran: ayuda humanitaria, albergue provisional en condiciones dignas y el derecho a la vivienda.
Desconociendo a la misma Corte Constitucional meses más tarde Zuluaga, efectúa el desalojo en el barrio Girasoles, en el que de forma canalla le dicen a la gente que si no firma un acta de desalojo voluntario no le dejan sacar su trasteo, ni le dan lo de un mes de arriendo. Casas de material se fueron al piso a pesar de las lágrimas de los vecinos que estaban asentados hace 4 años y en donde ya existía lo que la Corte define como el principio de confianza legítima.
Ahora con una resolución administrativa quiere despojar, usando la fuerza, a 140 familias del sector de Playa Rica alto y Villa Lorena, con los argumentos de que están en zona de alto riesgo, sin una garantía básica que proteja sus derechos.
Firma el 30 de octubre pasado la resolución y se la entregan a la gente el 19 de diciembre y casi de manera secreta con el fin que la gente no apelara al recurso de reposición, como medida de defensa frente al proceso administrativo.
Por supuesto que Villavicencio requiere de un plan integral de reordenamiento de los asentamientos ilegales, y que existen intereses alrededor de la urbanización desordenada de muchos de ellos, pero para enfrentar ese problemática no se puede pisotear la dignidad de familias enteras como lo causa el despojo violento de sus hogares mediante la presencia sangrienta del Esmad y grupos paramilitares cercanos a Zuluaga.
Estas medidas de supuesto ordenamiento urbano no se pueden realizar sin garantizar los derechos de la gente, y más aún cuando la política de vivienda digna está amarrada por el clientelismo y la corrupción como lo fue el caso de las urbanizaciones Pinares y San Antonio.
Palo y más palo violento para los pobres de la ciudad, mientras se continua con un «POT clandestino», mientras se cierran negocios alrededor de los intereses en el mercado de tierra urbana de Villavicencio, se montan negocios privados como zonas azules y donde se continua actuando con el mayor servilismo a los grandes constructores que no le dejan a la ciudad ni siquiera espacio público como lo es el caso del CC Viva.
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